La comunidad Xákmok Kásek exige al Estado el inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
E’a marzo 1, 2015. Por Paulo López
Tras 25 años de tramitar la restitución de su territorio por las “vías institucionales”, la comunidad Xákmok Kásek ha reingresado a sus tierras ancestrales exigiendo que el Estado cumpla una sentencia de la Corte IDH.
Apenas al llegar se constata la precisión descriptiva de la toponimia indígena. En las tierras ancestrales de la comunidad Xákmok Kásek, que en castellano significa lugar donde hay muchos loritos, en efecto abundan estas aves bullangueras en variados tamaños y colores. Además de las especies salvajes que planean sobre los cañadones chaqueños, algunos ejemplares domesticados saltan de rama en rama por los árboles que guarecen las carpas del campamento.
Mientras caminamos por un sendero que bordea los humedales, intento vanamente arrancar a Serafín López, líder de la comunidad, alguna explicación sobre el lugar que ocupa esta ave en la cosmogonía sanapaná. Me pongo a fabular, pues, que quizá una cotorra primigenia fue la portadora del canto originario que infundió el hálito vital al mundo y las cosas. Pero me consuela con una confesión: la cualidad que destacan de esta ave es la nobleza.
Serafín tiene 57 años, de los cuales ha pasado al menos 45 fuera de su hogar hasta que a inicios de la semana pasada, tras 25 años de pacientes gestiones para reivindicar sus derechos por las “vías institucionales”, reingresaron a sus tierras. La porción reivindicada se encuentra a unos 13 km de la ruta Transchaco, a la altura del Km 340, en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.
Nos cuenta que hacia los setenta empezaron a llegar los ganaderos y empresarios, que progresivamente fueron adquiriendo grandes extensiones en la zona y echando abajo los bosques. Así, los habitantes originarios iban siendo arrinconados hasta que tuvieron que salir y unos pocos emplearse en las estancias, donde eran esclavizados a cambio de víveres y ropas a la manera de los mensú. Relata que muchos murieron en accidentes de trabajo o enfermedades, siendo abandonados sin asistencia alguna.
Serafín subraya la importancia de la educación para la comunidad. Apunta que gracias a ella los indígenas empezaron a conocer sus derechos y conquistaron mejores condiciones laborales. “Roguereko guive escuela roñepyrû romaña mombyryve”, dice en un guaraní que se ha impregnado y en muchos casos ha reemplazado a la propia lengua por efecto del éxodo y la impuesta necesidad de hacer changas en las estancias para sobrevivir. Mientras, nos muestra un pedazo de tierra limpiado para la escuela, donde asistirán unos 60 niños del preescolar hasta el sexto grado. “Péa omombarete ore lucha”, irrumpe Milciades González, profesor de la comunidad.
La sentencia
En 2010 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había obligado al Estado paraguayo a devolver parte del territorio ancestral a la comunidad, la habilitación de un fondo de desarrollo y el pago de una indemnización por las muertes de niños acaecidas, según comprobó el tribunal, a raíz de las condiciones en que vivían, en total vulneración de sus derechos.
El plazo para el cumplimiento de la condena era de tres años, habiéndose otorgado una prórroga de un año, que venció en setiembre de 2014. Hasta ahora el Estado no ha devuelto las 10.700 hectáreas que manda la sentencia alegando un “déficit financiero”. Este pretexto es rechazado por la comunidad, que señala que de acuerdo a los datos que manejan el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) dispondría este año de un presupuesto de 86.000 millones de guaraníes.
La firma estancia Salazar, de Roberto Eaton y Stanley Mobsby, posee unas 44.000 hectáreas y presentó una oferta por 7.700 hectáreas a un precio total de 27.000 millones de guaraníes. Las 3.000 restantes están en poder de la cooperativa menonita Chortitzer, que ante el avance del caso creó en el lugar la reserva natural Laguna He’ê. Este es un subterfugio legal al que a menudo apelan los propietarios rurales para que determinados territorios sean declarados no aptos para asentamientos humanos, y por lo tanto inexpropiables, además de acogerse a exoneraciones fiscales. Sin embargo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de estas leyes y decretos, que no pueden obstruir el cumplimiento de disposiciones de rango constitucional, como es el caso de restitución territorial a indígenas.
“Ndoikói mba’eve ha upéare rojapo la ocupación ikatu haguãícha oje cumplí la sentencia. Mba’eve ndaipóri de parte del Indi, pero sí o sí oje cumplí vaerã la sentencia”, enfatiza Clemente Dermott, otro líder de la comunidad. Antes de reingresar a sus tierras, las aproximadamente 200 personas de la colectividad vivían a unos 18 km más adentro, en territorio de una comunidad angaité. Además de encontrarse fuera de su medio, las 1.500 hectáreas resultaban insuficientes para vivir y realizar sus actividades de subsistencia. Cercados por estancias privadas, ya no podían cazar ni recolectar ante el acoso de los guardias armados, que hasta hacían las veces de policía exigiendo documentos a los indígenas para transitar.
Los productos de la selva
Los miembros de la comunidad alternan los alimentos tradicionales, que cada vez escasean más por la deforestación, con los aceites, fideos o galletas que obtienen en sus empleos temporales en los establecimientos ganaderos. En cierta medida pueden aún hacerse del alimento a través de la recolección de algarrobo, miel, karanda’y, tuca, la pesca y la caza de guasu y kure kaaguy. También se proveen de sus medicamentos como el jasy’y, viñal, yegua de lucero, typycha kuratû, ysypo, mbokaja’i, entre otras especies. Refieren además que los rubros que cultivaban en el otro asentamiento no crecían por el calor y la falta de agua, pero que ahora esperan que esto cambie con el retorno a su genuino hogar.
Los sanapaná evocan especialmente la inmensa laguna que se encuentra dentro de la “reserva” menonita, que además de ser fuente de recursos alimenticios es un reservorio de agua en un ecosistema en que la mayor parte del vital líquido es salobre. De hecho, la formación de las lagunas de agua dulce es motivo frecuente en la narrativa chaqueña, en que las más de las veces las aguadas surgen a partir de la inmolación de algún miembro de la comunidad. Al menos por ahora los tajamares formados con la lluvia son el único manantial del que disponen.
La espera
La tarde avanza e intentamos ganarle de mano a la noche. Nos dirigimos al asentamiento 25 de Febrero, en el que aún permanecen algunas familias en custodia de las pertenencias de la comunidad, entre gallinas, vacas y un par de avestruces. “Rohoséma ko hína pero norohejaséi la ore róga. Apenas ojejogua la yvy rohóta”, dice Inocencia, la más anciana entre las mujeres que aguardan por la compra de las tierras para retornar.
Unas nubes negras empiezan a esbozarse en el cielo. El viento levanta la polvareda. Alzamos rápidamente unas cosas para llevar al campamento y Ricardo, de Tierraviva, acelera la marcha intentando infructuosamente ganarle a la lluvia. Un aguacero de unos pocos minutos bastó para que el camino hecho arcilla nos arroje a una quebrada.
Tras más de doce horas de maldormir sin provisiones y ante el ataque sin tregua de los mosquitos, al despuntar la claridad algunos faroles asomaron lentamente hacia el levante. Un tractorista nos remolcó hasta salir del empantanamiento y ya con las primeras luces de la mañana llegamos nuevamente al reducto. Allí nos reciben entre risas ante nuestra peripecia. “Oi porã avei pehasami la ore rohasáva todo el año ko Chaco-pe”, nos alienta el primero que sale a nuestro encuentro.
Al desandar el camino, tras un breve trecho empezó nuevamente la polvareda de la tierra blanca y seca. Era como si hubiera llovido solo sobre nosotros. Desde los árboles los loros nos ofrecían una bulliciosa despedida. Parecía que hasta se regodeaban un tanto de nuestra suerte.
