Las mujeres artesanas indígenas cumplen un rol fundamental para el desarrollo de las comunidades y para la preservación de la cultura de los pueblos indígenas. Su trabajo, basado en la relación armónica entre los pueblos indígenas y el territorio es una forma de expresión cultural al mismo tiempo de ser una parte importante de la economía de las comunidades. Desde sus realidades y su conocimiento ellas elaboraron propuestas dirigidas a incidir en los planes y programas de los entes públicos y los gobiernos locales para promover y proteger la artesanía indígena.

“La artesanía es nuestra identidad como mujeres indígenas de cada Pueblo, es la expresión de nuestra cultura y el diálogo con todo lo que nos rodea. Es la expresión del amor a nuestra tierra, a nuestros montes, lo que nos posibilita ser nosotras. Podemos hablar diferentes idiomas, pero nuestra piel de mujer es la misma y también es el mismo amor que ponemos en cada obra” señala la declaración final del Encuentro Intercultural de Mujeres Indígenas del Chaco realizado en octubre pasado.

Según señalan las artesanas sus productos son un aporte para su propia economía “es nuestro aporte familiar, es nuestra identidad, es la forma que tenemos de compartir y también de dialogar con las personas no indígenas” indican. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para los pueblos y comunidades indígenas la artesanía, esta actividad aún no es plenamente reconocida y apoyada por el Estado, como una forma de promoción y mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas.

Muchas son las dificultades que amenazan el desarrollo del arte indígena, la perdida del territorio es uno de los principales problemas que identifican las artesanas, los carteles de “Propiedad Privada” la pérdida de los montes, hacen que ya no sea tan simple conseguir la materia prima para elaborar las artesanías de cada pueblo; además la pérdida del territorio tiene también una consecuencia cultural muy grave que repercute en muchos casos en la pérdida de las tradiciones y costumbres.

Además de lo referente al territorio también existen otras limitantes, como la posibilidad de acceder a los mercados, muchas de las artesanas no tienen forma de transportar sus productos a lugares de exhibición donde podrían ser adquiridos por las personas interesadas, los caminos intransitables y la falta de espacios adecuados para la exhibición y venta de sus productos es otro de los inconvenientes que atraviesan las artesanas que con mucho esfuerzo elaboran cada pieza dejando en ellas un poco de su cultura y sus tradiciones.

A partir de esta realidad las artesanas indígenas construyeron una serie de propuestas para las autoridades; en ellas incluyen diversas formas de apoyo, protección y promoción del arte indígena como una forma de preservar la diversidad cultural y étnica del país y valorizar el trabajo de las mujeres indígenas. Entre sus propuestas de políticas públicas construidas desde una mirada intercultural, las artesanas solicitan apoyo al Estado para proteger los territorios, garantizar espacios para la exposición y venta de sus productos, acceso a créditos y subsidios, además de espacios de capacitación y formación para las artesanas.

Con estas propuestas las mujeres artesanas indígenas buscan incidir en los planes de desarrollo de los municipios y gobernaciones así como en los planes y programas de las instituciones públicas que se encuentran relacionadas a la temática. Por ello el pasado 12 de octubre realizaron la entrega oficial de estas propuestas a autoridades y referentes de diversos entes públicos a quienes solicitan adopten estas propuestas y las conviertan en políticas públicas con un enfoque intercultural.

A pedido de las artesanas indígenas se instalará una Mesa de Monitoreo a estas propuestas, la mesa estará coordinada por el Instituto Paraguayo de Artesanía y participarán diversos Entes públicos que están de alguna manera vinculados a la temática. La instalación de este espacio de coordinación se dará el próximo 12 de Diciembre en el marco de la Semana por los Derechos Humanos.

Conocé la propuesta intercultural de mujeres para la Artesania indígena del Chaco

Ante los últimos acontecimientos en relación al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Tierraviva manifiesta cuanto sigue

 

La crisis que atraviesa el Instituto Paraguayo del Indígena es una consecuencia clara de la marginación institucional de la entidad dentro del propio Estado y de la nula importancia que tiene la cuestión indígena en la agenda de este gobierno y de los que le antecedieron que se expresa, entre otras cosas, en la ausencia de políticas públicas para los Pueblos Indígenas del Paraguay.

Desde Tierraviva, como institución que acompaña reivindicaciones territoriales de comunidades y Pueblos Indígenas, hemos conversado con referentes de los grupos que acompañan a la presidenta del INDI y con quienes piden su destitución. Los años de experiencia que acumulamos nos lleva a afirmar de forma categórica que los reclamos de uno y otro grupo son genuinos, justos y concretos; y exigen una respuesta clara así como un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo que de una buena vez debe empezar a construirse.

El INDI, como la instancia de representación más alta del Estado paraguayo ante los Pueblos Indígenas, es la entidad responsable de gestionar, procurar y dar las respuestas necesarias a estos reclamos; y el Estado en su conjunto debe proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

Resulta preocupante, actualmente, que la interlocución con los Pueblos Indígenas que se encuentran en protesta no está garantizada por un pronunciamiento y presencia clara de la actual titular del INDI; absolutamente necesarios para destrabar la actual crisis; por lo que instamos a no renunciar al diálogo y la genuina construcción colectiva, en que deben involucrase todas las partes del actual conflicto.

Recordamos al Estado que el derecho a la protesta como forma de la libre expresión de los Indígenas que se manifiestan con sus diferentes posturas es un derecho que debe ser garantizado. Y que su participación y consulta sobre las formas de interlocución con el Estado es también un derecho que les asiste.

Asimismo recordamos la necesidad de transparentar toda acción pública que abarca el resguardo de los documentos relacionados a las comunidades indígenas y a sus miembros, así como a la propia gestión del INDI y bienes institucionales. Más aún cuando se cuentan con experiencias nefastas de años anteriores en el que con mudanzas sin planificación se han perdido valiosos documentos que ya no pudieron recuperarse. Por ello señalamos la responsabilidad del Estado en el resguardo de los mismos.

Por último, y sobre todo, instamos a tomar las medidas necesarias para evitar todo tipo de violencia y enfrentamiento hacia y entre los grupos indígenas en ejercicio del derecho a la protesta.

 

Asunción, 30 de noviembre de 2018

 

Contacto: 0985 319 810

Abog. José Paniagua, Coordinación Ejecutiva

El 30 de noviembre se cumple un año de la visita de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado paraguayo acumula tres sentencias sobre derechos indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su contra; todos los casos están vinculados a la falta de restitución territorial. En noviembre del 2017, Patricio Pazmiño, juez de la Corte IDH visitó las comunidades indígenas de Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, para hacer un monitoreo del estado de cumplimiento de los puntos resolutivos de las sentencias. Ante la falta de avances en el cumplimiento pleno de las mismas, dirigentes de las tres comunidades llegarán nuevamente hasta la capital para reclamar a las autoridades.

Durante su visita Pazmiño recordó que las tres comunidades indígenas fueron víctimas de un ilícito internacional y que por ende cuentan con una protección reforzada y se constituyen en casos emblemáticos que deben ser correctamente atendidos para inaugurar una “nueva forma de hacer Estado con las comunidades indígenas” señaló Julia Cabello, integrante de la Organización Tierraviva que lleva la representación convencional de las tres comunidades. Los fallos de la Corte IDH establecieron que el Estado paraguayo debía restituir su territorio a estas comunidades y garantizar condiciones para una vida digna para los integrantes de las mismas.

Yakye Axa

El caso más antiguo es el de la Comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet, ubicada en el Bajo Chaco y que desde hace 25 años lucha por recuperar su territorio. Desde el año 2005 la comunidad cuenta con una sentencia favorable de la Corte IDH que obliga al Estado a restituirles sus territorios; si bien las tierras ya fueron adquiridas por el Estado para ser entregadas a la comunidad los pobladores no pueden acceder a ellas porque la falta de un camino de 33 kilómetros que les permita ingresar al territorio.

Hace un año la situación era prácticamente igual, las aproximadamente 60 familias de Yakye Axa, siguen viviendo al costado de la Ruta Pozo Colorado-Concepción por no poder ingresar a sus tierras. Un año después de que el Juez Pazmiño haya constatado esta situación y pedido un compromiso real y serio al Estado, el camino sigue sin construirse y la comunidad privada de sus tierras.

Sawhoyamaxa

La Comunidad Sawhoyamaxa, también perteneciente al Pueblo Enxet y ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, reclama su territorio ancestral desde 1991, en el año 2006 la Corte IDH falló a favor de la restitución de las tierras reclamadas por la comunidad. En el año 2014 las más de 100 familias de la comunidad pudieron acceder de nuevo a sus tierras sin embargo hasta el momento las tierras aún no fueron tituladas a favor de Sawhoyamaxa por lo que los pobladores no pueden acceder a partes del territorio y continúan los conflictos y hasta casos de violencia en el territorio.

El ganadero que reclama la propiedad de las tierras, exige un pago mayor al previsto en la Ley de Expropiación de las 14 mil hectáreas que conforman el territorio de la comunidad, mediante chicanas jurídicas y con cierta venia del Poder Judicial se sigue postergando la titulación de tierras para la comunidad lo que impide el cumplimiento pleno de la sentencia.

Xamók Kásek

El caso Comunidad Xámok Kásek data también de principios de 1990, desde ese momento las familias pertenecientes al Pueblo Sanapaná iniciaron la lucha por recuperar los territorios que le habían sido despojados por ganaderos. La de esta comunidad es la Sentencia más reciente de la Corte IDH contra el Estado paraguayo, el fallo data del 2010 y entre otros aspectos incorpora una multa al Estado paraguayo por cada mes de atraso en la restitución de las tierras a la comunidad, esto basándose en las experiencias anteriores de incumplimiento por parte del Estado.

En 2015 los miembros de la comunidad ocuparon nuevamente sus tierras, el Estado adquirió unas 7 mil hectáreas de las 10 mil que reclaman los pobladores de Xámok Kásek, el resto del territorio, continúa en manos de una Cooperativa Mennonita, y los miembros de la comunidad exigen el cumplimiento rápido de la totalidad de la sentencia.

Líderes llegarán a Asunción

A un año de la visita “in locco” (en el lugar) del juez Pazmiño en representación de la Corte IDH y ante los escasos avances por parte del Estado en el cumplimiento pleno de las sentencias dirigentes de las tres comunidades indígenas involucradas en los casos llegarán hasta la capital Asunción el próximo 12 de Diciembre. En el marco de la Semana por los Derechos Humanos llegarán hasta las oficinas de autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado para exigir el respeto a sus derechos, el cumplimiento pleno de las sentencias y de los compromisos asumidos por el Estado ante la Corte IDH hace un año.

Además de la restitución de las tierras, las sentencias sobre los casos Yakye Axa, Sawhoyamxa y Xámok Kásek prevén el desembolso de Fondos de Desarrollos para las tres comunidades indígenas que deben ser utilizadas en proyectos que beneficien a los pobladores de las mismas. Hasta el momento y a pesar de las insistencias estos fondos nunca fueron desembolsados por el Estado, por lo que las comunidades siguen sosteniéndose en medio de precariedades por la falta de cumplimiento de la sentencia.

Según establecen las sentencias el Estado debía invertir una cantidad cercana a los dos millones y medio de dólares en las tres comunidades, sin embargo, esa inversión no se realizó hasta el momento. Incluso una parte de esos fondos fueron desviados en actos de corrupción cometidas por ex autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena.

Para garantizar el desembolso de, al menos, una parte de los fondos los líderes de las comunidades afectadas presentarán durante su visita a las autoridades una propuesta de Decreto y un Proyecto de Ley que garantice el uso correcto de los Fondos de Desarrollo que deben ser entregados a Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek.

 

El sociólogo e investigador Víctor Imas visitó el programa Saber es tu Derecho, allí analizó la situación de desigualdad que se vive en nuestro país, poniendo sobre el tapete las causas y consecuencias de esta realidad. Según manifestó el catedrático Paraguay es uno de los países más desiguales de la región.

Basado en cifras y estadísticas oficiales publicadas por el Gobierno Nacional y por organismos internacionales Imas manifestó que el país es profundamente desigual, lo que afecta a amplios sectores de la población. Señaló que el 66% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y 34% en extrema pobreza; la pobreza afecta en total al 26,4% de la población en general afectando principalmente a los pobladores del área rural.

A esta realidad se debe agregar que existen unas 300 mil personas viviendo en la extrema pobreza, la mayoría de ellos son del área rural. El investigador destacó que durante los últimos 5 años la pobreza no disminuyó e incluso creció la cantidad de pobres en el país.

Para Imas la desigualdad, es decir la diferencia entre quienes más ganan y los que menos tienen, es uno de los aspectos más preocupantes de la realidad nacional; el 10% más pobre lleva el 1,7% de la riqueza y el 10% más rico casi el 40% de la riqueza, es decir los más ricos ganan 28 veces más que los más pobres”. Las cifras indican también que el 1% más rico de la población gana 84 veces más que el sector más pobre de la población.

Se recauda mal y se gasta mal

El analista señaló que a esta realidad de desigualdad se debe sumar que el propio Presupuesto General de la Nación es un elemento reproductor de las desigualdades sociales. En ese sentido cuestionó la forma en que se recaudan los fondos para el presupuesto y también la forma en que se distribuyen los ingresos públicos.

Imas aseguró que el Estado paraguayo es un Estado rentista que está diseñado para que los “ricos con sus empresas mamen del Estado” además señalo que se destina gran parte de los fondos públicos a gastos rigidos lo que crea una clase media de funcionarios públicos que viven en las ciudaddes y que solo una parte residual del prespuesto nacional se destina a la asistencia social que practicamente no llega a los sectores rurales, campesinos e indígenas.

Otra de las situaciones señaladas por el analista es que “Paraguay es el país con menor carga tributaria en la región” según indicó la media en América Latina es del 20% y en nuestro país alcanza apenas el 12%. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para que un pueblo aspire a poder desarrollarse la presión tributaria debe alcanzar al menos el 20%, indicó el entrevistado. “Si vamos a revisar los impuestos gran parte de los impuestos son indirectos, el famoso IVA, el 69% son indirecto y el 31% son directo. El agronegocio es el que menos aporta al fisco a pesar de ser el sector que mayor peso tiene en el economía nacional” indicó mencionando que el peso del agronegocio en el PIB del país es del 24,8% y su aporte impositivo no alcanza al 5% de lo recaudado.

“El país es un paraíso fiscal para el agroneogico” indicó Imas y añadió que la falta de una mejor distribución de la riqueza y la desatención al sector rural hace que campesinos e indígenas sean quienes más sufren los impactos de la pobreza y la violencia como el despojo de sus tierras, los desalojos y las fumigaciones.

 

Escuchá la entrevista completa con Víctor Imas

Jóvenes indígenas de unas 50 comunidades respondieron a una encuesta respecto a como ven la situación actual de los pueblos indígenas y específicamente del sector juvenil, en los resultados se refleja el reclamo de mayor participación y la necesidad de elaborar políticas públicas con un enfoque intercultural que permitan superar las carencias de la población indígena.

Los ejes centrales de la consulta fueron respecto a salud, educación, tierra y vivienda y trabajo. También se relevaron datos respecto a la participación política y la cultura e identidad indígena. Más de 500 jóvenes formaron parte de la investigación que estuvo a cargo de la antropóloga Anai Vera y la Fundación Yvy Porã.

Según los datos recabados el 91% de los jóvenes encuestados son alfabetizados, sin embargo solo dos de cada 10 culminaron la Educación Media. En materia de salud los jóvenes tienen una percepción positiva acerca de su salud pero el acceso a los servicios públicos es muy limitado; el 35% de los entrevistados recibió tratamiento tradicional indígena( rezos y remedios naturales) y muchos expresaron una preocupación por el abuso del alcohol y el ingreso de drogas que existe en las comunidades.

En el ambito del trabajo la mayoría de los jóvenes indígenas empieza a trabajar en edades muy tempranas ayudando a sus familias, los empleos a los que acceden tienen una baja remuneración y al rededor del 50% de los jóvenes indígenas consideran que es difícil conseguir un empleo y cree que existe discriminación ya que los indígenas siempre ganan menos. La consulta también hizo notar que la tierra y la vivienda están muy vinculadas a la cosmovisión indígena, la perdida del territorio tiene graves consecuencias para la continuidad cultural; la mayor parte de los jóvenes considera importante mantener su cultura y su identidad como pueblos indígenas.

Participación y propuestas

La encuesta también sirvió para escuchar las propuestas de los jóvenes indígenas respecto políticas públicas para la juventud indígena en Paraguay, las ideas de los jóvenes abarcan distintas aristas como la economía, territorio, salud, educación, participación, deportes y más aspectos que atañen a su día a día.

Según señalaron los jóvenes participantes de la encuesta la base para conseguir políticas públicas que atiendan realmente a la necesidad de los jóvenes de los pueblos indígenas es que las mismas tengan incorporada una mirada intercultural y que sean construidas de forma participativa.

Al respecto Tania Vera, una joven indígena conversó con el programa radial Devuelvan Nuestra Tierra y manifestó que como jóvenes tienen mucho que aportar y que deben ser tenidos en cuenta, agregó que permanentemente están activando y luchando por sus comunidades y por mantener la identidad de los pueblos indígenas.

“Es importante que nos den la posibilidad de decir lo que nos pasa, cuales son nuestras necesidades y cuáles son las soluciones que proponemos” señaló la joven perteneciente al pueblo Avá Guaraní.

Las aldeas Colonia 96 y Buena Vista, pertenecientes a la comunidad indígena Payseya-mexyempa’a, del Pueblo Enxet, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, se encuentran completamente aisladas y atravesando por una grave crisis debido a la imposibilidad de acceder a alimentos y a una asistencia regular por parte del Estado.

“La situación es delicada, atendimos casos de niños con parasitósis, desnutrición leve, problemas respiratorios y estomacales” señala el Doctor Hugo Cabrera, director de la I Región Sanitaria, que realizó ayer una visita a la zona ante la acuciante situación. Según relató el galeno debieron llegar al lugar mediante el helicóptero de la Fuerzas de Tarea Conjunta, ya que las comunidades están totalmente rodeadas de agua debido a las últimas lluvias y prácticamente no existen caminos que permitan llegar a estas zonas.

La asistencia se logró mediante la coordinación de los Directores de las Regiones Sanitarias de Concepción y Presidente Hayes, Hugo Cabrera y Maida Barrios respectivamente, y permitió atender a 35 personas entre niños y adultos. “Es necesario llegar con más insumos, alimentos, sueros, vitaminas y antiparasitarios para atender a la población” señaló el Dr Cabrera quién agregó que el promotor de salud más cercano se encuentra en la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, distante a unos 40 kilómetros del lugar, pero que no puede ingresar a estas comunidades debido al aislamiento casi permanente en que se encuentran las mismas por la falta de caminos.

“Ellos tienen algunos cultivos para sus sustento pero se nota que la última granizada destruyó casi todo, están subsistiendo con lo que pueden sacar del monte, pero no es suficiente, nosotros dejamos lo que teníamos pero es necesario que se llegue con alimentos para garantizar la nutrición de la comunidad” agregó el Dr. Cabrera al tiempo de señalar que según el relato de los pobladores hace casi dos años que no reciben asistencia por parte de instituciones del Estado.

En Colonia 96 solo quedan 11 personas, el resto de la comunidad se desplazó hasta el costado de la Ruta Concepción-Pozo Colorado buscando alguna forma de subsistencia, escapando de del hambre y el aislamiento. “Llevaron artesanías y algunas cosas para vender al costado de la Ruta porque allí en la comunidad ya no podían hacer nada y estaban pasando hambre” relata el Dr Cabrera.

Santiago Bobadilla, Coordinador de la Organización Tierraviva, señaló que es muy importante el trabajo y la coordinación realizada por los médicos de las regiones sanitarias de Concepción y Presidente Hayes prestar atención médica a los indígenas de Colonia 96 y Buena Vista. “Es importante este tipo de reacción ante situaciones extremas que se generan en estas comunidades donde en realidad hay una ausencia total del Estado desde hace años” señaló Bobadilla.

Desde 1996 año en que las 25 mil hectáreas de tierra donde se encuentran ubicadas ambas aldeas fueron aseguradas por el Instituto Paraguayo del Indígena, los pobladores sufren el abandono por parte del Estado señaló el referente de Tierraviva “nunca se construyeron caminos de acceso a las comunidades, para ingresar se debe atravesar por establecimientos ganaderos que no siempre permiten el paso lo que impide el ingreso de asistencia médica y otro tipo de asistencias, en epoca de lluvias ya ellos quedan totalmente aislados en sus comunidades sin posibilidad muchas veces de acceder a atenciones básicas y a alimentos, como está sucediendo ahora”

Buena Vista y Colonia 96, son aldeas de la comunidad indígena Payseyamexyempa´a, del Pueblo Enxet, se encuentran en el Departamento de Presidente Hayes en el tramo Pozo Colorado – Concepción a la altura del km 352 y a unos 60 km al este de la misma ruta.

La Fundación Yvy Porã, presenta mañana los resultados de la investigación “Consulta a Jóvenes Indígenas” que aborda varias aristas de la realidad juvenil indígena. La presentación se realizará mañana desde las 10 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional.

El material refleja la visión de los jóvenes de los pueblos indígenas respecto a su situación social, económica, política, cultural y un relevamiento de su cosmovisión sobre el futuro de los Pueblos Indígenas en el Paraguay. El proyecto de investigación fue ejecutado por la Fundación Yvy Porã y contó con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FONACIDE).

El evento será realizado el día de mañana miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (Río Aquidabán y Río Ypané – Costanera de Asunción), con acceso libre y gratuito para las personas interesadas.

Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público con escaso presupuesto

Dora Penayo, responsable de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, visitó el programa Devuelvan Nuestra Tierra y abordó el importante trabajo que realiza el órgano a su cargo en medio de inmensas precariedades que limitan la posibilidad de atender adecuadamente las necesidades de las comunidades indígenas.

Penayo señaló que muchas veces el trabajo de recorrer las comunidades y atender los casos que le son derivados se hace muy difícil, ya que cuentan con un sólo móvil y seis funcionarios para las tareas, “en muchos casos no tenemos combustible, en otros no se puede pagar al personal que viaja, los recorridos son muy largos lo que hace que el vehículo también a veces se dañe” señaló.

En Paraguay existen más de 700 comunidades y alrededor de 120 mil indígenas; según relató la funcionaria la Dirección de Derechos Étnicos tiene la tarea de atender los casos en que algún indígena esté involucrado como víctima o victimario, también se atienden las denuncias vinculadas a la pérdida o despojo de territorio indígena y otros conflictos. La Dirección de Derechos Étnicos es la encargada de emitir dictámenes respecto a estos casos para que la Fiscalía a cargo de las causas pueda tomar decisiones adecuadas a la legislación vigente y al respeto al derechos consuetudinario de los pueblos indígenas.

En este sentido Penayo señaló que no todos los casos que involucran a indígenas deberían llegar hasta el Ministerio Público, ya que la legislación reconoce el derecho de las comunidades a dirimir muchas situaciones según sus propias tradiciones. “Anteriormente los líderes resolvían muchas situaciones y casos menores que se podían manejar según el derecho consuetudinario dentro de la comunidad” señaló Dora, y agregó que “sin embargo la pérdida del territorio y el debilitamiento de la vida comunitaria de los indígenas que esto conlleva ha llevado a que los líderes en muchos casos no puedan tener un manejo adecuado de las comunidades”.

Penayo hizo un llamado a prestar mayor atención a las comunidades indígenas, pidió apoyo a la ciudadanía y a las autoridades a fin de conseguir mayores recursos que le permitan desarrollar adecuadamente la difícil tarea que tiene a cargo de la Dirección de Derechos Étnicos.

Durante el programa Dora Penayo respondió diversas inquietudes de referentes indígenas que se contactaron con el programa. Además adelantó que según el entender de la Dirección a su cargo las tierras reclamadas por las comunidades de Takuara’i (Canindeyú) y Makutinga (Itapúa), son territorios indígenas ancestrales que deben ser entregados a los indígenas siguiendo el protocolo establecido por el Estado.

“Devuelvan Nuestra Tierra” es un programa impulsado por Tierraviva que se emite todos los viernes de 13:30 a 15:00 horas por Radio Pa’i Puku

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) emitió hoy un comunicado denunciando que “En un contexto de agro-negocios y zona de frontera el Estado deja en desamparo a los indígenas de Tacuara’í”. Una comitiva de la institución visitó la zona días atrás y pudo recabar datos importantes que comprueban que el territorio pertenece ancestralmente a los indígenas y que la comunidad no está siendo protegida adecuadamente por parte de los órganos del Estado.

En el comunicado la CODEHUPY expresa su preocupación ante “el anuncio hecho el día de la víspera sobre la existencia de un “acuerdo” para abandonar el área ocupada, presuntamente consentido por los avá guaraní, dado que los principales dirigentes que encabezan la ocupación están con órdenes de captura y los miembros de la comunidad denunciando un nuevo atropello que se habría registrado en la madrugada de este domingo, circunstancia aún sin aclarar.”

La Coordinadora cuestiona el accionar de los organismos del Estado en la zona “que hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia”

A continuación compartimos el pronunciamiento de la Coordinado de Derechos Humanos del Paraguay

En un contexto de agro-negocios y zona de frontera el Estado deja en desamparo a los indígenas de Tacuara’í

La CODEHUPY visitó a los avá guaraní que están en conflicto, en un área que es considerada una parte constitutiva del territorio tradicional de este pueblo, en el Distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindejú. Las tierras en cuestión, en la actualidad están tituladas a nombre de terceros, pero hay evidencias que hasta mediados de los años ’80 fue el hábitat tradicional de la Comunidad indígena Tacuara’í.

El accionar de los avá guaraní, estaría expresando la voluntad de reivindicar como propia esas tierras con las cuales los indígenas de este pueblo claramente tienen un vínculo histórico, muy presente aún en su memoria colectiva, según hemos podido saber a partir de las entrevistas realizadas por abogados y defensores de derechos humanos, técnicos especializados en reivindicaciones territoriales indígenas y gente del lugar. También se realizaron entrevistas a policías de la zona. 

En este sentido, nos preocupa el anuncio hecho el día de la víspera sobre la existencia de un “acuerdo” para abandonar el área ocupada, presuntamente consentido por los avá guaraní, dado que los principales dirigentes que encabezan la ocupación están con órdenes de captura y los miembros de la comunidad denunciando un nuevo atropello que se habría registrado en la madrugada de este domingo, circunstancia aún sin aclarar.

La denegación estructural de derechos que enfrentan los indígenas en Paraguay se expresa, entre otras cosas, en la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven, y suele dar lugar al aprovechamiento del estado de necesidad derivado de dicha condición para imponerles “acuerdos” muchas veces contrarios a sus derechos, favorecidos en algunos casos también por actuaciones impropias de algunos líderes, que se apartan de la representación que tienen para actuar por cuenta propia.    

Al respecto, la CODEHUPY ha visto con mucha preocupación el accionar público, que hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia.

Por otra parte, hemos encontrado como algo inaceptable que el gobierno declinara casi por completo su deber de protección a las personas inmersas en el conflicto, especialmente a aquellas adultas mayores, niños y niñas, quienes fueron expuestas a lo largo de los más de dos meses de ocupación precaria, a circunstancias que de por sí son muy violentas, sin atención médica ni asistencia de orden humanitario alguno.

La CODEHUPY ha constatado la quema de dos casas construidas con elementos tradicionales y ha recibido denuncias que señalan a civiles armados como los perpetrados de la destrucción. Durante el trabajo de campo, del cual también participaron agentes de la pastoral indígena de la iglesia católica, los miembros de la comitiva de defensores de derechos humanos pudo oír disparos de armas de fuego en una zona próxima al lugar donde se encontraban los indígenas.

Dado los grandes intereses económicos vinculados al agro-negocio que rodean el caso Tacuara’í y las características propias de una zona de frontera, la CODEHUPY encuentra indispensable, en primer lugar, disponer la protección efectiva e inmediata de la integridad física de los indígenas, al tiempo de profundizar la investigación de todos los hechos de violencia denunciados, especialmente la desaparición como presunción de homicidio del joven Isidoro Barrios, sin importar la nacionalidad o adscripción étnica de sus eventuales perpetradores.

Por último, en relación a la cuestión territorial, consideramos como medida oportuna auditar la legalidad de todos los títulos de propiedad registrados a favor de extranjeros de origen brasileño en la franja de seguridad fronteriza, al tiempo de realizar la delimitación y demarcación de las tierras indígenas, con base en la ocupación tradicional de las comunidades.

Asunción, noviembre 12 de 2018

 

 

Atentamente.

 

José Paniagua, Coordinador Ejecutivo de Tierraviva, a los Pueblos Indígenas del Chaco.

 

Salustiana Caballero, Coordinación Ejecutiva del Grupo Sunu de Acción Intercultural.

 

Enrique Gaska, Coordinador General de la Coordinadora Nacional Pastoral Indígena (Conapi).

 

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).