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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas pertenecientes a  Heribert Roedel contra la Ley Nº 5194/14, que expropió 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa.

Con este histórico fallo, que lleva la firma de los ministros Victor Núñez, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, miembros de la Sala Constitucional, se dará cumplimiento a la sentencia, dictada en el 2006, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se  condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de los indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa.

La mencionada Ley, sancionada y promulgada en junio de este año  conforme a lo previsto en la Constitución de la República, expropió 14.404 hectáreas a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y para posteriormente restituir sus tierras ancestrales a la comunidad Sawhoyamaxa, cuyos miembros, hombres y mujeres, vivieron varios años a la vera del camino.

Esta acción de inconstitucionalidad, planteada por Roedel,  pretendía frenar el paso dado por el Estado paraguayo para cumplir, luego de varios años de mora, la sentencia de la Corte IDH y, por ende, el goce al derecho a la propiedad comunitaria de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet Sur.

Los fundamentos de la resolución, emitida por la Sala Constitucional, recogen estándares establecidos en la sentencia de la Corte IDH y, a su vez, deja como jurisprudencia antecedentes importantes para resolver casos cuando hay colisión entre la propiedad comunitaria y propiedad privada.

Entre otros argumentos, se menciona que “…la propiedad privada se ha formado sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos y es por ello que el reconocimiento constitucional de los ´pueblos indígenas como preexistentes al Estado Paraguayo´ es de naturaleza declarativa y no constitutiva, por cuanto las mismas (comunidades indígenas), existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de ´propiedad´. Sin embargo, la declaración constitucional permite que hoy las tierras vuelvan al estado anterior de sus poseedores originarios, bajo las reglas de la ´propiedad comunitaria´”.

“Mi comunidad Sawhoyamaxa ha vencido en esta lucha, por eso recibimos la noticia del rechazo de la inconstitucionalidad con mucha alegría. Después de 23 años de lucha por nuestra tierra la justicia nos dio la razón. Hemos ganado en todos los ámbitos, tanto nacional como internacional, y ahora mi comunidad está tranquila, con mucha esperanza porque se hizo justicia” expresó Basilio García, uno de los líderes de la comunidad.

Añadió que esperan que el Estado les entregue el título de propiedad de su tierra en el menor tiempo posible para ejecutar los proyectos de desarrollo conforme a lo establecido en la sentencia de la Corte IDH.

“Hemos comenzado a trabajar en los proyectos para desarrollarnos como comunidad indígena; la sentencia establece un monto de casi un millón de dólares que se debe invertir en el mejoramiento comunitario. Queremos vivir mejor después de tantos años de sufrimiento y vamos a dignificar a cada uno de los miembros de mi comunidad” indicó el líder comunitario.

Por su parte, Eriberto Ayala, representante comunitario, mencionó  además que en los próximos días se realizará una reunión comunitaria para entregar a los miembros de Sawhoyamaxa una copia del documento de la Sala Constitucional y fijar una fecha de celebración por el logro obtenido.

“Nuestra gente quiere ver el documento que demuestra el resultado de nuestra lucha comunitaria, es además para demostrar que la justicia paraguaya está comenzando a compensar una deuda histórica con los pueblos indígenas, cuyos derechos siempre han sido violados y en especial en el caso de mi comunidad Sawhoyamaxa” dijo finalmente Ayala.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó, finalmente, el pedido de inconstitucionalidad, planteado por Heribert Roedel, de la Ley 5.194 que expropia 14.404 a favor del INDI para su posterior adjudicación a la comunidad indígena de Sawhoyamaxa, del pueblo Enxet Sur.

Ireneo Téllez, abogado de la ONG Tierraviva y representante convencional de la comunidad, indicó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia es la aplicación interna, en el ámbito judicial, de lo que decidió la Corte IDH en el 2006 a favor de Sawhoyamaxa.

“Con este fallo de la Sala Constitucional se pune un punto final a las artimañas judiciales a las que vienen apelando los representantes de las empresas que ostentan la titularidad de las tierras de la comunidad y que tenía como objetivo frenar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Además, con esta resolución la Corte Suprema de Justicia refirma la preeminencia de la propiedad comunitaria por sobre la propiedad privada, dejando un antecedente importante en ese sentido” dijo el abogado de la ONG Tierraviva.

(Agencia EFE)

 

Asunción, 2 oct.- La Corte Suprema de Justicia paraguaya rechazó hoy por unanimidad un pedido de inconstitucionalidad presentado por la empresa que durante dos décadas ocupó la tierra ancestral de la comunidad indígena Sawhoyamaxa y reafirmó así la legalidad de la expropiación llevada a cabo en favor de los nativos.

La Sala Constitucional de la Corte aseguró en su escrito que la propiedad privada de la empresa ganadera se formó “sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos”, en referencia al pueblo indígena enxet que habita la zona desde antes de la colonización española, informó a Efe la ONG Tierraviva.

“A la empresa ya no le quedan recursos legales para frustrar los derechos de la comunidad”, dijo el abogado Ireneo Téllez, de la organización dedicada a la defensa de los derechos de los indígenas de la región del Chaco, mitad occidental de Paraguay.

Los Sawhoyamaxa aseguraban que la empresa ganadera Grupo Liebig, del alemán Heribert Roedel, atrasaba “con maniobras jurídicas” el cumplimiento por parte del Estado paraguayo de la sentencia internacional que le obliga a devolverles 14.404 hectáreas de tierra.

Después de que el Congreso y el Gobierno aprobaran la expropiación que exige la sentencia internacional, los abogados de Roedel presentaron una acción de inconstitucionalidad aduciendo que la ley violaba “principios constitucionales de la propiedad privada”.

Sin embargo, la Corte respondió este jueves que la ley no viola ningún principio constitucional y que la figura de expropiación está prevista en la Constitución.

La decisión de la Corte da vía libre al Gobierno del presidente Horacio Cartes para acatar una de las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Paraguay arrastra sin cumplir en materia de derecho territorial indígena.

La Sala Constitucional remarcó que las comunidades indígenas de la zona “existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de ‘propiedad'” por lo que las mismas deben volver “al estado anterior de sus poseedores originales bajo las reglas de la propiedad comunitaria”.

“Era de esperar, no había mucho que discutir. Era cuestión de que Paraguay por su parte reconozca y compense una deuda histórica con los pueblos originarios”, dijo a Efe uno de los líderes de la comunidad Sawhoyamaxa, Eriberto Ayala.

“Esto significa tranquilidad para nosotros a pesar de los amedrentamientos de la empresa, y no solo eso, también es una repuesta a las tantas fallas jurídicas que se hizo con Sawhoyamaxa”, añadió Ayala.

El Estado paraguayo fue condenado en 2006 por la CorteIDH por violar los derechos a la vida, la integridad personal, a la identidad y a la integridad territorial, entre otros, de los indígenas Sawhoyamaxa.

Esta comunidad, proveniente del Chaco Boreal, en la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por Roedel, según la sentencia de la CorteIDH.

Durante dos décadas se vieron obligados a emigrar de su territorio e instalarse en el margen de una carretera, donde nunca tuvieron asistencia del Estado.

Abogados de Tierraviva acompañarán denuncia ante el Ministerio Público

Representantes indígenas de cuatro comunidades ubicadas en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, solicitarán al Ministerio Público la investigación de los hechos que involucra a supuestas organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos del Estado para realizar proyectos de mejoramiento comunitario que nunca fueron ejecutados.

La denuncia será presentada ante la Unidad de Delitos Económicos del  Ministerio Público, ubicado en las calles Haedo y Chile, el martes 9 de setiembre a las 9:30 horas, por miembros de las comunidades indígenas Primavera, de La Herencia; Chaco´i y 4 de Agosto, de  Pozo Amarillo y 3 Tamarindo de El Estribo, que aparecen como beneficiarias de un proyecto que no fue realizado.

Abogados de la ONG Tierraviva acompañaran la denuncia de los indígenas chaqueños, cuyos nombre fueron utilizados para consumar estos presuntos hechos. De confirmarse la veracidad de la denuncia significaría un perjuicio a las arcas del Estado paraguayo que financió los proyectos que supuestamente beneficiarían a las comunidades indígenas del Chaco.

Este caso salió a la luz a partir de publicaciones periodísticas en las que se mencionan la realización de proyectos de construcción y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en las citadas comunidades indígenas del Chaco, realizadas por supuestas organizaciones no gubernamentales que recibieron más de 300 millones de guaraníes de los fondos del Estado.

Los indígenas mencionan en su denuncia, que en sus comunidades no se han realizado  ninguna obra de infraestructura y que ni siquiera conocen a los miembros de la organización que supuestamente ejecutó los proyectos. Además, desmienten que hayan participado de reuniones con la organización no gubernamental financiada por el Estado y cuyo nombre aparece en los reportes de prensa.

Los representantes comunitarios solicitarán al Ministerio Público la investigación de este caso por tratarse de un hecho grave en el que se utiliza el nombre de sus comunidades para saquear las arcas del Estado paraguayo.

Miembros de las comunidades indígena Enxet Sur de Sawhoyamaxa y Yakye Axa, cuyos casos cuentan con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocan a una conferencia de prensa que se realizará mañana miércoles 3 de setiembre, a las 08:30 horas,  en la explanada del Palacio de Justicia, ubicada en las calles Alonso y Testanova.

Los indígenas de estas comunidades Enxet Sur, víctimas de la violación de sus derechos y por cuyas denuncias el Estado paraguayo fue condenado, se encuentran en nuestra capital para presenciar el 51 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que desde la tarde del lunes se encuentra sesionando en la sede central del Poder Judicial.

“Convocamos a los diferente medios, nacionales e internacionales, para expresar primeramente nuestra satisfacción porque la Corte IDH sesione en el Paraguay. Además, queremos dar a conocer que el Estado paraguayo, condenado en tres ocasiones por la violación de los derechos indígenas, sigue sin cumplir las condenas emanadas por la Corte Interamericana” señaló Carlos Marecos, líder de  Sawhoyamaxa.

Por su parte, Albino Gómez, líder de la comunidad Yakye Axa, expresó que si la Corte IDH está sesionando en el país es porque el Estado paraguayo reconoce su jurisdicción, pero que es una incoherencia que en el Paraguay no se cumplan con las sentencias dictadas por dicha Corte internacional.

La comunidad Yakye Axa, cuya sentencia es del 2005, sigue viviendo en el kilómetro 350, al costado de la ruta Coronel Rafael Franco, en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, a pesar de contar con un inmueble de unas 12 mil hectáreas, adquirido por el Estado pero que no cuentan con un acceso adecuado para el traslado de la gente.

En el caso Sawhoyamaxa la sentencia data del 2006 y hasta la fecha, a pesar de la aprobación y promulgación de una Ley de expropiación de las tierras reivindicadas por la comunidad, hasta el momento no se cumple tampoco la sentencia de la Corte.

“Los indígenas de Sawhoyamaxa exigimos a los ministros y ministras de la Corte Suprema de Paraguay el rechazo de la inconstitucionalidad planteada contra la Ley de expropiación de las tierras a favor de mi comunidad, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo en junio pasado” explicó Eriberto Ayala, miembro de la comunidad

El representante indígena añadió que “si la Corte paraguaya tiene ánimos de cumplir con las sentencias de la Corte IDH debe rechazar la inconstitucionalidad. Si no es así, el Estado seguirá siendo un violador de los derechos indígenas y un prófugo de la justicia”.

Compartimos la primera parte de una serie de tres reportajes audiovisuales sobre la depredación del Chaco paraguayo. La actual situación de esta región abre el debate sobre el cambio climático.

Un equipo de periodistas de E’a realizó una seria de reportajes sobre la depredación de la biodiversidad del Chaco paraguayo. Como parte de este trabajo se fueron publicando las crónicas chaqueñas, y a partir de hoy difundimos además una serie de tres reportajes audiovisuales sobre dicha temática.

“Chaco: La mayor deforestación en el planeta” es el primer material que aborda la alarmante situación que registran estudios científicos y monitoreos de organizacines ambientalistas, que identificaron que en esta región se dio en los últimos 12 años la mayor tasa de deforestación en el mundo. Los actores locales, autoridades, ganaderos, colonos, empresarios extranjeros y ambientalistas opinan sobre el tema y sus posibles efectos en el cambio climático.

Luego de vivir una prolongada sequía, este año la región occidental así como otras partes del país vivió un gran inundación, totalmente atípica para esta época. ¿Ya es parte de la consecuencia?

Si bien existen leyes que ponen límites a la depredación, ¿de qué dispone el Estado para asegurar eso?

Son algunos cuestionamientos que aborda el material.

El trabajo fue realizado, al igual que las crónicas chaqueñas, gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Aquí el video:

Créditos:

Dirección: Miguel Armoa
Producción: Arístides Ortíz, Sady Barrios, Miguel Armoa
Cámara: Juan Carlos Lucas
Edición: Juan Carlos Lucas/ Sofía Paoli
Móvil: Santiago Bobadilla

(Parte V) Ausencia de instituciones, corrupción y descontrol ambiental fomentan la tasa de deforestación más alta del mundo

Por Arístides Ortíz

Una pieza de tres metros cuadrados es el lugar donde nos recibe el fiscal auxiliar de delitos ambientales de Filadelfia, Alan Schaerer; es tan pequeña, que debemos apiñarnos para entrar todos en ella.

“Y… se hace lo que se puede…aquí estoy yo con dos funcionarios y un agente fiscal para investigar las denuncias de delitos contra el medio ambiente que se presenten”, nos dice. Mirando desde la entrada, la casa donde está la oficina de la fiscalía parece la de un vecino pobre de Filadelfia.

Shaerer, sus tres ayudantes y sus pilas de documentos en esa precaria casa son el reflejo de las extremas limitaciones de la Fiscalía General de Estado para combatir la agresiva deforestación de los bosques chaqueños. “Tengo una camioneta que debe recorrer toda la jurisdicción que nos corresponde”, nos informa. Shaerer y sus ayudantes deben fiscalizar 91.600 kilómetros cuadrados del departamento de Boquerón y 60 mil kilómetros cuadrados (el 75% del total) del departamento de Alto Paraguay.

El fiscal dice que recibe un mínimo de 10 denuncias de delitos ambientales al mes. “Con una camioneta, nos cuesta…”, comenta resignado.

El otro fiscal de delitos ambientales está en el departamento de Presidente Hayes. Debe fiscalizar todo el territorio de este departamento, de 73 mil kilómetros cuadrados, y 20 mil kilómetros (25% del total) de Alto Paraguay. Sus limitaciones son calcadas a las de la fiscalía de Filadelfia.

Durante la entrevista, mencionamos a Shaerer que en los últimos tres años se deforestaron 1.147.000 hectáreas de bosques en el Chaco y que imágenes satelitales de toda la geografía chaqueña realizadas por técnicos de la Universidad de Mariland de EE.UU. revelaron que padece la tasa de deforestación más alta del mundo. “Si…” nos dice con tono ausente. Insistimos si alguna persona fue penada con cárcel por delitos ambientales en esta región: “Yo no conozco casos”, dice lacónicamente.

La soledad del ingeniero Casco

A la altura del kilómetro 415 de la Transchaco, en el llamado Cruce Pionero, desde la camioneta divisamos un letrero que dice: “INFONA”, en la entrada de una casa. Es la “administración” del Instituto Forestal Nacional. Entramos a la casa y encontramos a un hombre que tecleaba en una computadora. Estaba solo. Es el ingeniero agrónomo Arnaldo Casco, director general regional del Infona.

“Se supone que en esta oficina confluyen tres oficinas del Infona, cada una perteneciente a cada uno de los tres departamentos de la región; pero la verdad es que estoy yo solo aquí…”comenta Casco.

El Infona tiene la responsabilidad de fiscalizar la extracción de bosques en todo el territorio nacional y la de verificar in situ y dictaminar sobre denuncias de actos de violación de la ley forestal que investigue la Fiscalía. Es decir, debe estar presente en todas las intervenciones de los dos fiscales de delitos ambientales del Chaco. Además, es el ente encargado de verificar si los ganaderos cumplen con el Plan de uso forestal que el Infona les aprueba para la explotación de sus propiedades.

Casco parece tener mucho trabajo, a juzgar por la cantidad de explotaciones ganaderas que, en el 2012, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, había en el Chaco: 20.000, distribuidos en los tres departamentos.

“Mirá el vehículo como está. Acabamos de llegar de un inmueble que está cerca del río Pilcomayo…no es fácil”, nos comenta Casco, con más limitaciones en recursos humanos e infraestructura que la fiscalía del chaco: debe fiscalizar los 246.000 kilómetros cuadrados de todo el Chaco con un vehículo y un ayudante. “Me da el número del teléfono de la línea baja de aquí…”, le solicito. “No tenemos aquí línea baja”, responde sonriendo.

Casco da pena. En un intento de animarlo, Diego Rivas, nuestro fotógrafo, le dice que por lo menos debe tener el apoyo de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente (SEAM), la institución con rango ministerial responsable de la protección del medio ambiente a nivel nacional, “¿Verdad?”, le pregunta Rivas. “La Seam no tiene oficina aquí en el Chaco, no tiene ningún local”, responde.

Seguro de que el funcionario nos está mintiendo, a mi regreso a Asunción llamo a la sede central de la Seam en Asunción. “Buen día, llamo del Chaco –simulo-, quiero pedir una intervención de la Seam en un caso de atropello a un área de reserva protegida de aquí”

–Cuál es la dirección de ustedes aquí en el Chaco?– , pregunto.

-No tenemos oficina allá-, responde.

-¿Y cómo hago?

-Nos escribe un correo o viene a Asunción-, dice la voz.

Licencia ambiental al mejor postor

Todas las grandes y medianas explotaciones ganaderas del Chaco tienen licencia ambiental expedida por la Seam y la aprobación del plan de uso forestal expedida por el Infona. Funcionan con todas las reglas ambientales. Nevercindo Bairros Cordeiro, un próspero agroganadero brasileño, lo confirma: “Paraguay tiene una de las leyes más buenas en cuestiones medioambientales y las instituciones encargadas están aplicándolas. Los productores no tienen problemas”.

¿Pero cómo es que toda esta región registra la tasa de deforestación más alta del mundo? Alberto Alderete, abogado, ex presidente del Indert, ilustra cómo funcionan las instituciones estatales. “Las empresas y particulares consultoras del medio ambiente, habilitados por la Seam, tienen los contactos con los funcionarios de la Seam para que, comisiones mediante, salgan rápido las licencias para que los ganaderos modifiquen el medio ambiente. Hay una connivencia entre consultores y funcionarios estatales”, relata.

Respecto de quiénes estudian los proyectos de explotación ganadera para otorgar o no la licencia, Juan Olmedo, funcionario de la Dirección general de control ambiental de la Seam, nos informa que lo hacen apenas ocho técnicos de la institución. Estos estudian un promedio de 500 carpetas de proyectos de explotación que solicitan licencia cada mes.

-¿Cómo pueden estudiar todas en 30 día?

-Los técnicos sólo se abocan a las carpetas cuyos dueños pagan las comisiones, responde Alberto Alderete

-¿Y las demás?

-Las demás tienen aprobación de hecho, ya que la ley establece que aquellas que no son tratadas, aprobadas o desaprobadas en un plazo de dos meses, se aprueban automáticamente, responde el ex presidente del Indert.

Jorge Vera, coordinador de la onegé ambientalista GAT, expresa que lo que ocurre en la Seam también ocurre en el Infona con los pedidos de aprobación del plan de uso forestal por parte de los ganaderos.

“Salen rápido aquellas carpetas aceitadas con comisiones. Las demás tiene aprobación automática”, comenta.

-¿Y las verificaciones de cumplimiento del plan de uso forestal por parte de los ganaderos?

-Infona no tiene ni la voluntad ni la posibilidad material de dar seguimiento al cumplimiento del plan de las miles de explotaciones ganaderas del Chaco, responde Vera.

Si alguien recorre el Chaco, la pregunta que inevitablemente se hace es ¿Hay un Estado en esta región?