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El sociólogo e investigador Víctor Imas visitó el programa Saber es tu Derecho, allí analizó la situación de desigualdad que se vive en nuestro país, poniendo sobre el tapete las causas y consecuencias de esta realidad. Según manifestó el catedrático Paraguay es uno de los países más desiguales de la región.

Basado en cifras y estadísticas oficiales publicadas por el Gobierno Nacional y por organismos internacionales Imas manifestó que el país es profundamente desigual, lo que afecta a amplios sectores de la población. Señaló que el 66% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y 34% en extrema pobreza; la pobreza afecta en total al 26,4% de la población en general afectando principalmente a los pobladores del área rural.

A esta realidad se debe agregar que existen unas 300 mil personas viviendo en la extrema pobreza, la mayoría de ellos son del área rural. El investigador destacó que durante los últimos 5 años la pobreza no disminuyó e incluso creció la cantidad de pobres en el país.

Para Imas la desigualdad, es decir la diferencia entre quienes más ganan y los que menos tienen, es uno de los aspectos más preocupantes de la realidad nacional; el 10% más pobre lleva el 1,7% de la riqueza y el 10% más rico casi el 40% de la riqueza, es decir los más ricos ganan 28 veces más que los más pobres”. Las cifras indican también que el 1% más rico de la población gana 84 veces más que el sector más pobre de la población.

Se recauda mal y se gasta mal

El analista señaló que a esta realidad de desigualdad se debe sumar que el propio Presupuesto General de la Nación es un elemento reproductor de las desigualdades sociales. En ese sentido cuestionó la forma en que se recaudan los fondos para el presupuesto y también la forma en que se distribuyen los ingresos públicos.

Imas aseguró que el Estado paraguayo es un Estado rentista que está diseñado para que los “ricos con sus empresas mamen del Estado” además señalo que se destina gran parte de los fondos públicos a gastos rigidos lo que crea una clase media de funcionarios públicos que viven en las ciudaddes y que solo una parte residual del prespuesto nacional se destina a la asistencia social que practicamente no llega a los sectores rurales, campesinos e indígenas.

Otra de las situaciones señaladas por el analista es que “Paraguay es el país con menor carga tributaria en la región” según indicó la media en América Latina es del 20% y en nuestro país alcanza apenas el 12%. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para que un pueblo aspire a poder desarrollarse la presión tributaria debe alcanzar al menos el 20%, indicó el entrevistado. “Si vamos a revisar los impuestos gran parte de los impuestos son indirectos, el famoso IVA, el 69% son indirecto y el 31% son directo. El agronegocio es el que menos aporta al fisco a pesar de ser el sector que mayor peso tiene en el economía nacional” indicó mencionando que el peso del agronegocio en el PIB del país es del 24,8% y su aporte impositivo no alcanza al 5% de lo recaudado.

“El país es un paraíso fiscal para el agroneogico” indicó Imas y añadió que la falta de una mejor distribución de la riqueza y la desatención al sector rural hace que campesinos e indígenas sean quienes más sufren los impactos de la pobreza y la violencia como el despojo de sus tierras, los desalojos y las fumigaciones.

 

Escuchá la entrevista completa con Víctor Imas

Jóvenes indígenas de unas 50 comunidades respondieron a una encuesta respecto a como ven la situación actual de los pueblos indígenas y específicamente del sector juvenil, en los resultados se refleja el reclamo de mayor participación y la necesidad de elaborar políticas públicas con un enfoque intercultural que permitan superar las carencias de la población indígena.

Los ejes centrales de la consulta fueron respecto a salud, educación, tierra y vivienda y trabajo. También se relevaron datos respecto a la participación política y la cultura e identidad indígena. Más de 500 jóvenes formaron parte de la investigación que estuvo a cargo de la antropóloga Anai Vera y la Fundación Yvy Porã.

Según los datos recabados el 91% de los jóvenes encuestados son alfabetizados, sin embargo solo dos de cada 10 culminaron la Educación Media. En materia de salud los jóvenes tienen una percepción positiva acerca de su salud pero el acceso a los servicios públicos es muy limitado; el 35% de los entrevistados recibió tratamiento tradicional indígena( rezos y remedios naturales) y muchos expresaron una preocupación por el abuso del alcohol y el ingreso de drogas que existe en las comunidades.

En el ambito del trabajo la mayoría de los jóvenes indígenas empieza a trabajar en edades muy tempranas ayudando a sus familias, los empleos a los que acceden tienen una baja remuneración y al rededor del 50% de los jóvenes indígenas consideran que es difícil conseguir un empleo y cree que existe discriminación ya que los indígenas siempre ganan menos. La consulta también hizo notar que la tierra y la vivienda están muy vinculadas a la cosmovisión indígena, la perdida del territorio tiene graves consecuencias para la continuidad cultural; la mayor parte de los jóvenes considera importante mantener su cultura y su identidad como pueblos indígenas.

Participación y propuestas

La encuesta también sirvió para escuchar las propuestas de los jóvenes indígenas respecto políticas públicas para la juventud indígena en Paraguay, las ideas de los jóvenes abarcan distintas aristas como la economía, territorio, salud, educación, participación, deportes y más aspectos que atañen a su día a día.

Según señalaron los jóvenes participantes de la encuesta la base para conseguir políticas públicas que atiendan realmente a la necesidad de los jóvenes de los pueblos indígenas es que las mismas tengan incorporada una mirada intercultural y que sean construidas de forma participativa.

Al respecto Tania Vera, una joven indígena conversó con el programa radial Devuelvan Nuestra Tierra y manifestó que como jóvenes tienen mucho que aportar y que deben ser tenidos en cuenta, agregó que permanentemente están activando y luchando por sus comunidades y por mantener la identidad de los pueblos indígenas.

“Es importante que nos den la posibilidad de decir lo que nos pasa, cuales son nuestras necesidades y cuáles son las soluciones que proponemos” señaló la joven perteneciente al pueblo Avá Guaraní.

Las aldeas Colonia 96 y Buena Vista, pertenecientes a la comunidad indígena Payseya-mexyempa’a, del Pueblo Enxet, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, se encuentran completamente aisladas y atravesando por una grave crisis debido a la imposibilidad de acceder a alimentos y a una asistencia regular por parte del Estado.

“La situación es delicada, atendimos casos de niños con parasitósis, desnutrición leve, problemas respiratorios y estomacales” señala el Doctor Hugo Cabrera, director de la I Región Sanitaria, que realizó ayer una visita a la zona ante la acuciante situación. Según relató el galeno debieron llegar al lugar mediante el helicóptero de la Fuerzas de Tarea Conjunta, ya que las comunidades están totalmente rodeadas de agua debido a las últimas lluvias y prácticamente no existen caminos que permitan llegar a estas zonas.

La asistencia se logró mediante la coordinación de los Directores de las Regiones Sanitarias de Concepción y Presidente Hayes, Hugo Cabrera y Maida Barrios respectivamente, y permitió atender a 35 personas entre niños y adultos. “Es necesario llegar con más insumos, alimentos, sueros, vitaminas y antiparasitarios para atender a la población” señaló el Dr Cabrera quién agregó que el promotor de salud más cercano se encuentra en la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, distante a unos 40 kilómetros del lugar, pero que no puede ingresar a estas comunidades debido al aislamiento casi permanente en que se encuentran las mismas por la falta de caminos.

“Ellos tienen algunos cultivos para sus sustento pero se nota que la última granizada destruyó casi todo, están subsistiendo con lo que pueden sacar del monte, pero no es suficiente, nosotros dejamos lo que teníamos pero es necesario que se llegue con alimentos para garantizar la nutrición de la comunidad” agregó el Dr. Cabrera al tiempo de señalar que según el relato de los pobladores hace casi dos años que no reciben asistencia por parte de instituciones del Estado.

En Colonia 96 solo quedan 11 personas, el resto de la comunidad se desplazó hasta el costado de la Ruta Concepción-Pozo Colorado buscando alguna forma de subsistencia, escapando de del hambre y el aislamiento. “Llevaron artesanías y algunas cosas para vender al costado de la Ruta porque allí en la comunidad ya no podían hacer nada y estaban pasando hambre” relata el Dr Cabrera.

Santiago Bobadilla, Coordinador de la Organización Tierraviva, señaló que es muy importante el trabajo y la coordinación realizada por los médicos de las regiones sanitarias de Concepción y Presidente Hayes prestar atención médica a los indígenas de Colonia 96 y Buena Vista. “Es importante este tipo de reacción ante situaciones extremas que se generan en estas comunidades donde en realidad hay una ausencia total del Estado desde hace años” señaló Bobadilla.

Desde 1996 año en que las 25 mil hectáreas de tierra donde se encuentran ubicadas ambas aldeas fueron aseguradas por el Instituto Paraguayo del Indígena, los pobladores sufren el abandono por parte del Estado señaló el referente de Tierraviva “nunca se construyeron caminos de acceso a las comunidades, para ingresar se debe atravesar por establecimientos ganaderos que no siempre permiten el paso lo que impide el ingreso de asistencia médica y otro tipo de asistencias, en epoca de lluvias ya ellos quedan totalmente aislados en sus comunidades sin posibilidad muchas veces de acceder a atenciones básicas y a alimentos, como está sucediendo ahora”

Buena Vista y Colonia 96, son aldeas de la comunidad indígena Payseyamexyempa´a, del Pueblo Enxet, se encuentran en el Departamento de Presidente Hayes en el tramo Pozo Colorado – Concepción a la altura del km 352 y a unos 60 km al este de la misma ruta.

La Fundación Yvy Porã, presenta mañana los resultados de la investigación “Consulta a Jóvenes Indígenas” que aborda varias aristas de la realidad juvenil indígena. La presentación se realizará mañana desde las 10 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional.

El material refleja la visión de los jóvenes de los pueblos indígenas respecto a su situación social, económica, política, cultural y un relevamiento de su cosmovisión sobre el futuro de los Pueblos Indígenas en el Paraguay. El proyecto de investigación fue ejecutado por la Fundación Yvy Porã y contó con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FONACIDE).

El evento será realizado el día de mañana miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (Río Aquidabán y Río Ypané – Costanera de Asunción), con acceso libre y gratuito para las personas interesadas.

Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público con escaso presupuesto

Dora Penayo, responsable de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, visitó el programa Devuelvan Nuestra Tierra y abordó el importante trabajo que realiza el órgano a su cargo en medio de inmensas precariedades que limitan la posibilidad de atender adecuadamente las necesidades de las comunidades indígenas.

Penayo señaló que muchas veces el trabajo de recorrer las comunidades y atender los casos que le son derivados se hace muy difícil, ya que cuentan con un sólo móvil y seis funcionarios para las tareas, “en muchos casos no tenemos combustible, en otros no se puede pagar al personal que viaja, los recorridos son muy largos lo que hace que el vehículo también a veces se dañe” señaló.

En Paraguay existen más de 700 comunidades y alrededor de 120 mil indígenas; según relató la funcionaria la Dirección de Derechos Étnicos tiene la tarea de atender los casos en que algún indígena esté involucrado como víctima o victimario, también se atienden las denuncias vinculadas a la pérdida o despojo de territorio indígena y otros conflictos. La Dirección de Derechos Étnicos es la encargada de emitir dictámenes respecto a estos casos para que la Fiscalía a cargo de las causas pueda tomar decisiones adecuadas a la legislación vigente y al respeto al derechos consuetudinario de los pueblos indígenas.

En este sentido Penayo señaló que no todos los casos que involucran a indígenas deberían llegar hasta el Ministerio Público, ya que la legislación reconoce el derecho de las comunidades a dirimir muchas situaciones según sus propias tradiciones. “Anteriormente los líderes resolvían muchas situaciones y casos menores que se podían manejar según el derecho consuetudinario dentro de la comunidad” señaló Dora, y agregó que “sin embargo la pérdida del territorio y el debilitamiento de la vida comunitaria de los indígenas que esto conlleva ha llevado a que los líderes en muchos casos no puedan tener un manejo adecuado de las comunidades”.

Penayo hizo un llamado a prestar mayor atención a las comunidades indígenas, pidió apoyo a la ciudadanía y a las autoridades a fin de conseguir mayores recursos que le permitan desarrollar adecuadamente la difícil tarea que tiene a cargo de la Dirección de Derechos Étnicos.

Durante el programa Dora Penayo respondió diversas inquietudes de referentes indígenas que se contactaron con el programa. Además adelantó que según el entender de la Dirección a su cargo las tierras reclamadas por las comunidades de Takuara’i (Canindeyú) y Makutinga (Itapúa), son territorios indígenas ancestrales que deben ser entregados a los indígenas siguiendo el protocolo establecido por el Estado.

“Devuelvan Nuestra Tierra” es un programa impulsado por Tierraviva que se emite todos los viernes de 13:30 a 15:00 horas por Radio Pa’i Puku

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) emitió hoy un comunicado denunciando que “En un contexto de agro-negocios y zona de frontera el Estado deja en desamparo a los indígenas de Tacuara’í”. Una comitiva de la institución visitó la zona días atrás y pudo recabar datos importantes que comprueban que el territorio pertenece ancestralmente a los indígenas y que la comunidad no está siendo protegida adecuadamente por parte de los órganos del Estado.

En el comunicado la CODEHUPY expresa su preocupación ante “el anuncio hecho el día de la víspera sobre la existencia de un “acuerdo” para abandonar el área ocupada, presuntamente consentido por los avá guaraní, dado que los principales dirigentes que encabezan la ocupación están con órdenes de captura y los miembros de la comunidad denunciando un nuevo atropello que se habría registrado en la madrugada de este domingo, circunstancia aún sin aclarar.”

La Coordinadora cuestiona el accionar de los organismos del Estado en la zona “que hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia”

A continuación compartimos el pronunciamiento de la Coordinado de Derechos Humanos del Paraguay

En un contexto de agro-negocios y zona de frontera el Estado deja en desamparo a los indígenas de Tacuara’í

La CODEHUPY visitó a los avá guaraní que están en conflicto, en un área que es considerada una parte constitutiva del territorio tradicional de este pueblo, en el Distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindejú. Las tierras en cuestión, en la actualidad están tituladas a nombre de terceros, pero hay evidencias que hasta mediados de los años ’80 fue el hábitat tradicional de la Comunidad indígena Tacuara’í.

El accionar de los avá guaraní, estaría expresando la voluntad de reivindicar como propia esas tierras con las cuales los indígenas de este pueblo claramente tienen un vínculo histórico, muy presente aún en su memoria colectiva, según hemos podido saber a partir de las entrevistas realizadas por abogados y defensores de derechos humanos, técnicos especializados en reivindicaciones territoriales indígenas y gente del lugar. También se realizaron entrevistas a policías de la zona. 

En este sentido, nos preocupa el anuncio hecho el día de la víspera sobre la existencia de un “acuerdo” para abandonar el área ocupada, presuntamente consentido por los avá guaraní, dado que los principales dirigentes que encabezan la ocupación están con órdenes de captura y los miembros de la comunidad denunciando un nuevo atropello que se habría registrado en la madrugada de este domingo, circunstancia aún sin aclarar.

La denegación estructural de derechos que enfrentan los indígenas en Paraguay se expresa, entre otras cosas, en la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven, y suele dar lugar al aprovechamiento del estado de necesidad derivado de dicha condición para imponerles “acuerdos” muchas veces contrarios a sus derechos, favorecidos en algunos casos también por actuaciones impropias de algunos líderes, que se apartan de la representación que tienen para actuar por cuenta propia.    

Al respecto, la CODEHUPY ha visto con mucha preocupación el accionar público, que hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia.

Por otra parte, hemos encontrado como algo inaceptable que el gobierno declinara casi por completo su deber de protección a las personas inmersas en el conflicto, especialmente a aquellas adultas mayores, niños y niñas, quienes fueron expuestas a lo largo de los más de dos meses de ocupación precaria, a circunstancias que de por sí son muy violentas, sin atención médica ni asistencia de orden humanitario alguno.

La CODEHUPY ha constatado la quema de dos casas construidas con elementos tradicionales y ha recibido denuncias que señalan a civiles armados como los perpetrados de la destrucción. Durante el trabajo de campo, del cual también participaron agentes de la pastoral indígena de la iglesia católica, los miembros de la comitiva de defensores de derechos humanos pudo oír disparos de armas de fuego en una zona próxima al lugar donde se encontraban los indígenas.

Dado los grandes intereses económicos vinculados al agro-negocio que rodean el caso Tacuara’í y las características propias de una zona de frontera, la CODEHUPY encuentra indispensable, en primer lugar, disponer la protección efectiva e inmediata de la integridad física de los indígenas, al tiempo de profundizar la investigación de todos los hechos de violencia denunciados, especialmente la desaparición como presunción de homicidio del joven Isidoro Barrios, sin importar la nacionalidad o adscripción étnica de sus eventuales perpetradores.

Por último, en relación a la cuestión territorial, consideramos como medida oportuna auditar la legalidad de todos los títulos de propiedad registrados a favor de extranjeros de origen brasileño en la franja de seguridad fronteriza, al tiempo de realizar la delimitación y demarcación de las tierras indígenas, con base en la ocupación tradicional de las comunidades.

Asunción, noviembre 12 de 2018

 

 

Atentamente.

 

José Paniagua, Coordinador Ejecutivo de Tierraviva, a los Pueblos Indígenas del Chaco.

 

Salustiana Caballero, Coordinación Ejecutiva del Grupo Sunu de Acción Intercultural.

 

Enrique Gaska, Coordinador General de la Coordinadora Nacional Pastoral Indígena (Conapi).

 

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Durante una entrevista en el programa Saber es tu Derecho, el sociólogo e investigador José Carlos Rodríguez, analizó la actual crisis que se vive en el campo en el marco del inicio de una nueva zafra sojera y la resistencia de las comunidades campesinas al avance del modelo de agronegocios. Rodríguez aseguró que los grandes gremios de la producción mantienen capturado al estado y eso debilita la democracia.

“Tenemos un 2% que tiene el 85% de las tierras, unas 7 u 8 mil personas que son todos los beneficiados de esta situación de monopolio de la tierra que nunca fue subsanada, no hay una regulación de posesión de la tierra. Entre el acaparamiento de la tierra, la destrucción de los recursos naturales y la falta de una política agraria para el campesino se genera una crisis en el campo” señaló Rodríguez al ser consultado sobre la situación actual. Además agregó que el Estado promueve el latifundio “al ser la única actividad empresarial que no paga impuestos y que no tiene ninguna responsabilidad en términos salariales o ecológicos; lo que se hace es una política de destrucción del campesino” sentenció.

Al dar una mirada sobre como afecta esta realidad a la democracia paraguaya Rodríguez fue tajante al señalar que los poderes fácticos, vinculados a los gremios del agronegocio como la Unión de Gremios de la Producción o la Asociación Rural del Paraguay, tienen cooptado al Estado y son los que deciden respecto a las políticas que se aplican en el país “ellos son los que hacen la política, sino no se explica que la gente que más plata está haciendo, sea la que no paga impuestos, ni salarios, ni cuidan la tierra; ellos hacen las leyes” cuestionó. Señaló que la ciudadanía debería despertar y aferrarse a lo que dice la Constitución Nacional “La Constitución no dice que el país deba ser gobernado por el 2% sino por la mayoría, la Constitución no dice que los ricos tienen derecho a destruir el patrimonio nacional, no dice que esto deba ser una oligocracia, dice que esta es una democracia” sostuvo.

“Hay un 88% de la gente que dice, y esta convencida, de que el Estado sirve solo a una minoría poderosa yeso no está en la Ley, esa es la practica perversa y anti constitucional de la política paraguaya” relató el investigador citando al observatorio Latinobarómetro. Finalmente Rodríguez hizo un llamado a la conciencia ciudadana para cambiar las cosas fortaleciendo la democracia para no permitir que el Estado continúe secuestrado por los poderosos.

Saber es tu Derecho, se emite todos los sábados de 13 a 15 horas por Radio 1000 AM. Es un programa impulsado por la organización Tierraviva con el apoyo de Codehupy, Icco y la Unión Europea.

foto: UltimaHora.com

En el marco del proyecto Promoviendo Transparencia y el derecho de acceso a Información Pública desde propuestas Interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay un grupo de jóvenes de distintas comunidades indígenas del Chaco se encuentran realizando evaluaciones y análisis de las tareas realizadas por diferentes municipios con relación a los pueblos indígenas.

La Red de Veeduria Juvenil Indígena, compuesta por decenas de jóvenes de diferentes pueblos y comunidades, busca acceder a información pública de los municipios y a partir de esta información analizan las acciones llevadas adelante por las autoridades locales para atender a la población indígena.

Ana Romero, de la Comunidad Guaraní de Mariscal Estigarribia, es una de las veedoras juveniles; según comentó ya han realizado una Audiencia Pública con la Municipalidad de Irala Fernández dónde recibieron una rendición de cuentas por parte del Intendente de esa localidad.

“Ahora estamos evaluando lo realizado por el municipio de Loma Plata, recibimos informaciones por parte del municipio respecto a sus fondos y presupuestos 2017 y 2018, eso estuvimos analizando, debatiendo y preparándonos para la audiencia pública de rendición de cuentas” señaló Romero

“Lo que pudimos encontrar es que la información no se entregó con mucho detalle como debe ser, además hemos visto que se han dado recortes a los fondos de asistencia a comunidades indígenas sin consulta previa, eso vamos a reclamar a las autoridades locales” agregó la integrante de la red de jóvenes veedores.

Respecto a la importancia de la participación y el acceso a la información pública Romero señaló que para los ellos como jóvenes indígenas es fundamental abrir espacios y participar como ciudadanos, “tenemos derecho a pedir a las autoridades el acceso a la información y así poder controlar lo que es la ayuda para indígenas y así también dar propuestas” añadió

Ana recordó también que el trabajo que realizan les costó mucho esfuerzo ya que el Estado no tiene voluntad de abrirse a la participación de los pueblos indígenas, pero que con mucho trabajo están logrando abrir los espacios necesarios para que se respeten sus derechos.

Una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) viajó hasta el Departamento de Canindeyú para interiorizarse de la situación en la que se encuentran unas 70 familias indígenas del pueblo Avá Guaraní que desde hace semanas denuncian ataques por parte de civiles armados bajo el mando de colonos brasileños que pretenden cultivar soja en ese territorio.

Según señaló Idelfonsa Ortiz, antigua integrante de la comunidad, en esas tierras vivieron sus abuelos y sus padres, sin embargo años atrás fueron expulsados del territorio y debieron vivir mucho tiempo en tierras ajenas, pertenecientes a estancieros de la zona. Hace meses la comunidad resolvió retomar su territorio ancestral y se ubicaron en las tierras que se encuentran en el Distrito de Villa Ygatimí, zona fronteriza con el Brasil.

Desde que se instalaron nuevamente en sus tierras los indígenas fueron permanentemente atacados por parte de sojeros brasileños. Según relatan los miembros de la comunidad, civiles armados en varias ocasiones abrieron fuego contra los indígenas quienes debieron resguardarse en el bosque existente en la zona, los ataques han dejado ya varios heridos y un joven desaparecido, Isidoro Barrios, quien según señalan los indígenas habría sido asesinado por los matones.

Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY, señaló que estas tierras pertenecen ancestralmente a la comunidad de Takuara’i, según señaló existen varias pruebas que demuestran que dicho territorio estuvo ocupado por los indígenas y que segṕun establecen los tratados internacionales y las normas vigentes, en estos casos se debe respetar la propiedad ancestral. Además señaló que el Estado paraguayo debe garantizar la vida y los derechos fundamentales de esta comunidad que se encuentra atacada de forma permanente, “hasta el momento lo único que dicen las autoridades de la zona es que ellos deben proteger la propiedad privada, pero no hablan sobre los derechos de la comunidad que están siendo violentados” agregó.

La comitiva de la Codehupy que viajó hasta Takuara’i será recibida el próximo miércoles 7 del corriente por miembros de la Corte Suprema de Justicia para exponer la situación que atraviesa la comunidad y exigir acciones por parte del Estado para garantizar los derechos de los indígenas