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El próximo jueves tratarán proyecto de expropiación 

Por Nilza Florentín

El pleno de la Cámara de Senadores tratará, el jueves 24 de abril próximo, el proyecto de Ley, “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, las Fincas N°s 16.784, Padrón N° 12.936 y 16.786, Padrón N° 12.935, ambas del Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, Chaco, perteneciente a las firmas Roswell y Cia. y Kansol  S.A.”

Durante esta sesión sería aprobado el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la expropiación de las 14.404 hectáreas de tierra que deben ser tituladas y entregadas a la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, de conformidad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2006.

La Comunidad Sawhoyamaxa, ubicada en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado y Concepción, en el departamento de Pdte. Hayes, vivió al costado de la ruta “Cnel. Rafael Franco” expuesta a todo tipo de peligros, hasta que en marzo del año pasado reocupó sus tierras ancestrales, mientras aguardaba el cumplimiento del fallo judicial emitido por la Corte IDH en el que se condenó al Estado de Paraguay por la violación de los derechos indígenas y cosecuentamente devolverles sus tierras.

Las tierras que tienen que ser restituídas por el Estado están reocupadas por las familias Enxet de Sawhoyamaxa desde el 21 de marzo de 2013, pero aún siguen tituladas a nombre de Kansol S.A. y Roswell S.A., firmas del  ciudadano alemán Heribert Roedel, propietario de más de 61.000 hectáreas en la zona.

Desde que las familias de Sawhoyamaxa reocuparon sus tierras, hace más de un año, han convertido el lugar en espacios seguros y productivos, donde en huertas y chacras comunitarias siembran todo tipo de productos que les sirven de alimentos; además de habilitar en el sitio una escuela con docentes indígenas que se encargan de la educación de los niños y niñas de la comunidad. Asimismo, los mayores y ancianos, ocupan su tiempo en la caza, la pesca y recolección de frutos de la tierra, además de actividades artesanales con materia prima obtenida en el lugar.

El Estado Paraguayo es el único en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la Corte IDH en materia territorial indígena. El cumplimiento de las mismas y la restitución de sus tierras a la Comunidad Sawhoyamaxa es un paso importante que ayudará a subsanar la imagen del país ante la comunidad internacional.

La MESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE se dirige a la opinión pública para denunciar graves falencias en el operativo que está realizando el INDERT en el asentamiento Santa Lucía, distrito de Itakyry, con el cual pretende trasladar a 540 familias pertenecientes a la Comisión Vecinal de Ñacunday, Alto Paraná.

Las comunidades indígenas Ava Guaraní de YUKYRY, Ko´eju  y Pilikokue-Arroyo Guazú,  se sienten amenazadas por el peligro real de que sus tierras sean ocupadas por el INDERT, pues 3120 (tres mil ciento veinte)  hectáreas, pertenecientes a   dichas comunidades están dentro de las tierras que el INDERT pretende utilizar para el traslado y asiento de campesinos de Ñancunday.

Pese a los reiterados pedidos realizados por dichas comunidades indígenas al Presidente del INDERT a los efectos de dar una salida, documentada e  inmediata al problema planteado,  no ha habido respuesta favorable, solamente promesas verbales que se van diluyendo en el tiempo.    Las 3.120 hectáreas pertenecientes a las Comunidades indígenas señaladas, se encuentran dentro del mapeo/demarcación realizado por la institución estatal y que corresponden a las fincas 23874 y 25367 pertenecientes al distrito de Itakyry, que el INDERT pretende destinar a las quinientas cuarenta  familias de Ñacunday, esta superficie  sería totalmente insuficiente, por lo que existe un peligro real de que el área faltante para los campesinos, sean completadas con una invasión a dichas tierras, teniendo en cuenta de que se pretende otorgar seis hectáreas por familia, lo que equivale a tres mil cuatrocientos cincuenta hectáreas, sin contar los espacios públicos necesarios,  con lo cual, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas estaría propiciando la invasión de territorios indígenas.

Así mismo, causa una enorme preocupación el procedimiento legal utilizado para el efecto, y en especial la manipulación del Poder Judicial, en el sentido de que a través de un juicio, cuyo procedimiento se halla claramente establecido en el Código Procesal Civil, el Poder Judicial, sin notificación, ni  sustanciación alguna,  le haya otorgado al INDERT la posesión de una extensa superficie, totalmente poblada, sin haber dado intervención a ninguno de los poseedores, tanto campesinos como indígenas, violando claramente el precepto constitucional del derecho a la defensa.  El procedimiento y la sentencia en consecuencia son totalmente arbitrarios, más aún tratándose de pobladores antiguos, que no pueden pasar desapercibidos. Los juicios de Interdictos son contenciosos y no voluntarios.

El operativo del Presidente del INDERT se parece más a un plan de liberar de ocupantes las tierras de Tranquilo Favero y de esa manera, alejar el peligro de que el estado descubra los orígenes irregulares y falsos de dichas tierras. Ese sería el motivo real disfrazado de un plan de recuperación de tierras del estado detentados en forma ilegal por sojeros brasileños. Esa sospecha se acentúa si se tiene en cuenta que, además del caso Santa Lucía, no existen otras acciones del INDERT para recuperar tierras del estado detentados en forma irregular por especuladores nacionales y brasileños. Así el gobierno actual, a través del INDERT no estaría recuperando tierras malhabidas sino blanqueándola. A eso debemos agregar la inexplicable urgencia de sacar a cualquier precio a los campesinos de las tierras que Favero detentaría en forma ilegal, en tierras que no tienen ninguna infraestructura como caminos, agua, energía eléctrica y mínimos planes de producción. Para llevarlos apresuradamente a los campesinos de Ñacunday a Santa Lucía, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas sacrifica y utiliza en forma irregular la zona urbana del asentamiento Santa Lucía, zona destinada a los servicios públicos básicos como escuelas, sistemas de salud, agua potable, centros de recreación, iglesias, etc. Existe el peligro de que las familias trasladadas de Ñacunday se queden solamente con una hectárea de la zona urbana y sin las tierras para la zona rural que estará destinada a las chacras y cultivos, lo que sería ilegal y violatorio del Estatuto Agrario, que prohíbe al INDERT la creación de minifundios, insostenibles en lo económico, productivo y social.

La MESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE está integrada por Pastorales Sociales Diocesanas Indígenas, Pastorales Diocesanas campesinas, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de la CEP, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con pueblos indígenas y campesinos.

Exigimos al Presidente del INDERT:

• Abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen, impidan, toleren o auspicien, directa o indirectamente, sólo o en asociación con otros, la ocupación, apropiación o invasión de los territorios indígenas afectados;
• Adoptar medidas que protejan dichos territorios
• Recibir y escuchar los planteamientos y reclamos de las comunidades indígenas Ava Guaraní;
• Continuar con la investigación de los orígenes de los títulos de Tranquilo Favero en Ñacunday, cuyas tierras pertenecerían al estado;
• Garantizar el acceso a la tierra a las familias de la comisión vecinal de Ñacunday
• La ejecución de acciones coherentes de recuperación de las tierras del estado del poder de terratenientes y adjudicatarios ilegales.

 

 

 

Rev. Padre Ignacio Espínola                     Alberto Alderete                     Hna. Raquel Peralta

Coordinador General                                     Secretario                          Equipo Coordinador

Por Nilza Florentín

Sawhoyamaxa empezó a ver los frutos de sus cultivos en huertas y chacras comunitarias, ya que verduras y hortalizas como maíz, mandioca, mamón y otros productos fueron favorecidos por la naturaleza. Mucho ayudó los 260 milímetros de agua que cayó en la zona, según indicó Leonardo González, líder de la comunidad indígena ubicada en el Km 370 de la ruta Cnel. Rafael Franco, en el Departamento de Presidente Hayes.

La cosecha ayuda principalmente al autosustento, ya que todas las familias aprovechan sus tierras para plantar todo tipos de semillas que posteriormente les sirven de alimentos.

Pero a pesar del trabajo comunitario los miembros de Sawhoyamaxa siguen esperando que el Estado cumpla con la Sentencia de la Corte IDH obliga al Estado paraguayo a brindar asistencia y servicios básicos a todos los pobladores de la Comunidad.

En ese sentido, Leonardo comentó que tras el reclamo a las autoridades, la semana pasada llegó un cargamento de víveres a la comunidad, enviado por la Secretaría de Emergencia Nacional, correspondiente a dos meses.

“Después de nuestros reclamos, por fin el miércoles a la mañana llegaron los víveres”, dijo Leonardo González y añadió que los productos no son de la mejor calidad ni la cantidad necesaria para que alcance a todos.

En otro punto, los pobladores lamentan la muerte de José González, un anciano poblador de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, quien falleció recientemente  ante la falta de atención y tratamiento médico a tiempo. La denuncia la hizo el líder de ésta comunidad, quien mencionó que la carencia de asistencia sanitaria es un gravísimo problema que afecta principalmente a los niños, niñas y personas de avanzada edad que viven en el lugar.

Además reclamó el cumplimiento de lo estipulado en la Sentencia de la Corte IDH, que establece que la Unidades de Salud Familiar, dependientes del Ministerio de Salud Pública deben visitar la comunidad indígena dos veces al mes. “Este punto sigue sin cumplirse”, añadió.

Agregó además que cuando los especialistas en salud acuden a la comunidad, llevan solamente los medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol, calmantes y enalapril, entre otros. “Si el paciente requiere otro tipo de medicamento ya debe ir a consultar en el hospital de la zona y pedir ahí que le mediquen”, comentó el líder indígena.

Educación

En materia educativa, requieren de rubro para un docente indígena que está trabajando con los niños y niñas de la comunidad, que suman alrededor de 150 en total. Igualmente, Sawhoyamaxa solicita que la merienda escolar llegue en tiempo y forma, además de pedir que el Ministerio de Educación, coordine el envío, en lo que respecta a la cantidad real necesaria, para que ningún escolar quede sin su merienda.

 Por Nilza Florentín

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, dictaminó a favor de la expropiación de las 14.404 hectáreas de tierra que deben ser  tituladas y entregadas a la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, de conformidad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2006. Este pronunciamiento es el segundo del senado, que se suma al realizado en el mismo sentido por la Comisión de Control y Cuentas de la Administración del Estado, en diciembre próximo pasado.

El dictamen  de la citada Comisión del Senado se produce  luego que una comitiva parlamentaria visitará el pasado 21 de marzo la comunidad Sawhoyamaxa, ubicada en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado y Concepción, en el Dpto. de Pdte. Hayes. Esta actividad parlamentaria se llevó a cabo en el marco de las conmemoraciones por el primer  año de la reocupación de sus tierras ancestrales. Los senadores que visitaron la comunidad fueron Miguel Ángel López Perito, Esperanza Martínez y Pedro Santacruz, quienes recorrieron las tierras reocupadas por Sawhoyamaxa y prometieron apoyar las reivindicaciones indígenas.

Los indígenas Enxet, exigieron a los miembros de la Cámara Alta del Congreso el cumplimiento del fallo judicial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se condenó al Estado de Paraguay por la violación de los derechos indígenas y a devolver sus tierras ancestrales a Sawhoyamaxa.

Las tierras que tienen que ser restituidas por el Estado están parcialmente reocupadas por numerosas familias enxet, pero aún siguen tituladas a nombre de Kansol S.A. y Roswell S.A., firmas del  ciudadano alemán Heribert Roedel, propietario de más de 61.000 hectáreas en la zona.

El líder de la Comunidad, Carlos Marecos, opinó que “es un acto de justicia que hace mucho están esperando”. Asimismo, el abogado de la Comunidad, Oscar Ayala Amarilla, señaló luego de conocerse la noticia que “el logro alcanzado es un paso muy importante que puede acabar con largos años de humillación que pesan sobre los Enxet de Sawhoyamaxa, quienes se vieron privados de sus tierras ancestrales por mucho tiempo, mientras otros disfrutaban y se enriquecían con las mismas”.

A partir de ahora, solo se aguarda el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Social, para que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sea tratado en el plenario de la Cámara Alta.

Dominga Benítez (29) vive con cuatro hijos y su compañero en una pequeña choza hecha de karanda’y y techo de zinc. Desde que ella y su familia volvieron a ocupar parte de las tierras ancestrales que les fueron arrebatadas, ya pueden cultivar algunos alimentos en la tierra para el autoconsumo, mejorando, en parte, su calidad de vida. Es que durante 23 años, Benítez, sus hijos y otras 143 familias de la comunidad sawhoyamaxa, de la etnia enxet, debieron vivir al costado de la ruta que une a Pozo Colorado y Concepción, en el kilómetro 370.

Pero en parte, la situación cambió desde que reingresaron al territorio, en una fría noche del 21 de marzo del año pasado.

“Ahora que entramos de nuevo a nuestro territorio podemos cultivar por lo menos mandi’o (mandioca) y jety (batata), a veces también tenemos tomates y otras verduras”, cuenta, mientras posa frente a su chacra en compañía de su hijo.

Recolección. Otra de las actividades que pueden realizar los nativos tras reingresar a sus territorios es la recolección de miel, para el propio consumo y para la venta.

Faustino Chávez, quien vive con 7 hijos y su esposa, cuenta que salen durante varios días a colectar miel de los panales de abeja que encuentran en los árboles de toda la zona.

“Mientras podemos juntamos la miel y el resto del día trabajamos en las plantaciones, que nos permiten alimentar a la familia”, relata.

Chávez vende cada litro de miel a G. 15.000.

Uno de los líderes de la comunidad, Leonardo González, comentó que hubo muchos cambios desde que reingresaron a su territorio, pero que necesitan el título de propiedad para poder iniciar proyectos sustentables de desarrollo. Sin el título tampoco tienen garantías de permanecer en el sitio y temen perder nuevamente los cultivos y la vida que iniciaron desde el año pasado.

“Muchas cosas buenas pasaron desde que decidimos reingresar, pero lo que ahora queremos es el título de propiedad, que esperamos desde el 2006”, apunta González.

En el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó la restitución de unas 14.400 hectáreas del territorio chaqueño del kilómetro 370 a favor de los sawhoyomaxa, que debían ser expropiadas por el Estado paraguayo en un periodo máximo de tres años.

Hasta la fecha, el Estado no cumple con la sentencia en ninguno de sus puntos, y los enxet permanecen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades, expresa la directora de Amnistía Internacional, Rosalía Sánchez, durante un encuentro en el norte del país, donde se recordó el primer año de reocupación.

Promesa. Los senadores Esperanza Martínez (Frente Guasu), Miguel López Perito (Avanza País) y Pedro Santacruz (PDP), presentes en territorio enxet el viernes pasado, se comprometieron a trabajar en el proyecto de expropiación en favor de los indígenas desde esta semana, a fin de que tengan el título y puedan vivir tranquilos.

Por Nilza Florentín

 

Senadores prometieron a la comunidad Sawhoyamaxa acompañar el proyecto de ley para la restitución de sus tierras ancestrales. Fue durante una visita a los indígenas, que llevan 23 años reclamando al Estado paraguayo reconocimiento.

Hace un año, miembros de la comunidad Sawhoyamaxa decidieron reingresar a sus tierras ancestrales.

Cansados ante la falta de respuesta por parte del Estado paraguayo para el cumplimiento de la sentencia que en 2006 había dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomaron esa decisión.

Con motivo del aniversario del reingreso a las tierras de la comunidad, las organizaciones Amnistía Internacional y Tierraviva organizaron una visita.

Para la ocasión, se extendieron invitaciones para miembros del Senado, donde se encuentra pendiente un proyecto de ley para la expropiación de las tierras.

Estuvieron presentes los senadores Esperanza Martínez, Miguel López Perito y Pedro Santacruz, además del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Servín.

Leonardo González, vicelíder de la comunidad, indicó que actualmente el problema no es la tierra sino los títulos de la misma.

Manifestó que está en manos de los parlamentarios el ayudar a que la lucha de 23 años de la comunidad tenga una respuesta.

Esperanza Martínez aseguró que a su regreso a Asunción se establecerán mesas de trabajo para impulsar el tratamiento y la aprobación de ley de expropiación de las tierras de la comunidad.

López Perito y Santacruz comprometieron el voto y apoyo de los miembros de sus respectivas bancadas.

El senador de Avanza País señaló a la comunidad que en dos o tres meses se podría tener la ley para que accedan a los títulos de sus tierras.

El titular del Indi, por su parte, aseguró que existe voluntad para otorgar los títulos y que se realizará todo lo necesario para cumplir con la ley una vez promulgada.

El caso de la comunidad Sawhoyamaxa es uno de los tres por los cuales pesan sentencias de la CIDH sobre el Estado paraguayo. En 2006, el organismo internacional estableció que Paraguay debía ceder unas 14.400 hectáreas que actualmente se encuentran a nombre de un empresario alemán.

El tiempo establecido para el cumplimiento de la sentencia era de tres años, pero hasta el momento han pasado 7 años sin solución alguna. En agosto de 2013, el entonces presidente Federico Franco presentó un proyecto de ley para la expropiación de las tierras que hasta ahora no ha sido tratado en la plenaria de las Cámaras del Poder Legislativo.

Por Nilza Florentín

 

A un año de reocupar sus tierras los indígenas de Sawhoyamaxa recibirán este viernes 21 de marzo a miembros de la Cámara de Senadores que realizarán una visita de observación de la comunidad, ubicada en el kilómetro 370 de la ruta Coronel Rafael Franco -que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción- en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco. El 21 de marzo del año pasado esta comunidad del pueblo Enxet Sur decidió reocupar su tierra ancestral, luego de 23 años de vivir al costado de la ruta, mientras esperaba que el Estado paraguayo les reconozca su derecho a vivir en su territorio.

Los legisladores, miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores, visitarán la comunidad indígena de Sawhoyamaxa, actividad organizada por la comunidad para conmemorar  así el primer aniversario de recuperación de su tierra.

Amnistía Internacional y Tierraviva apoyan esta visita de los senadores y senadoras, que tendrá como objetivo el constatar la situación de la comunidad, que reclama al Estado paraguayo la restitución de sus tierras de manera a dar cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  

En su sesión del 12 de marzo los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores, cuyo dictamen se aguarda en relación al proyecto de ley de expropiación de las tierras que deben ser entregadas y tituladas a los Enxet de Sawhoyamaxa, resolvió aceptar la invitación cursada por el líder comunitario y, en consecuencia, visitar el asentamiento indígena.

Al respecto, el Líder de los Sawhoyamaxa, Carlos Marecos manifestó que está contento por la oportunidad que tendrá toda su comunidad de conversar directamente con los Senadores, de plantearles los sentimientos y reclamos que tienen y que pasan fundamentalmente por el deseo de una pronta aprobación del proyecto de ley de expropiación.

Por su parte, Rosalía Vega, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay declaró que “el Estado Paraguayo no puede dar más dilación a este caso y en particular, el Poder Legislativo tiene una alternativa, y es la de aprobar este proyecto de ley. La ausencia de una solución definitiva a la situación dramática que vive de esta comunidad, sería condenar a los integrantes de esta comunidad a seguir viviendo una constante violación de sus derechos humanos”.    

Proyecto de Ley de expropiación

En agosto del 2013, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Senado para la expropiación de las 14.404 hectáreas que le corresponde a esta comunidad, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. El Estado paraguayo fue sentenciado por violar el derecho colectivo a las tierras ancestrales de la comunidad Sawhoyamaxa, e inclusive fue responsabilizado por la muerte de varios integrantes de la misma, quienes perdieron la vida por razones prevenibles.

El proyecto de ley recibió un dictamen favorable por parte de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado a finales de 2013. Una tercera Comisión, la de Hacienda y Presupuesto, también está estudiando el proyecto de ley sobre la expropiación e igualmente está invitada para la visita a la comunidad indígena el 21 de marzo.

De ser aprobado en el ámbito del Poder Legislativo dicho proyecto de ley, se estaría cumpliendo una parte importante de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con las obligaciones adquiridas por la Constitución Nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Agente Fiscal de Delitos Económicos, René Fernández y los abogados de la querella adhesiva, Ireneo Tellez y Maximiliano Mendieta, presentaron acusación contra el ex presidente del INDI, Rubén Quesnel, por los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, y requirieron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Además se presentó acusación contra Marlene Mendoza, Ever Otazo y Rubén Viera, procesados en la causa.

Según la acusación, entre los meses de enero y febrero de 2013, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de la suma de 3.127.191.527.- Gs (Guaraníes tres mil ciento veintisiete millones ciento noventa y un mil quinientos veintisiete), que estaba depositado en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. El hecho fue denunciado en setiembre de 2013 por el actual presidente del Indi, Jorge Servín, por no encontrar ningún comprobante del uso de dicho monto.

El monto de dinero debía ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, respectivamente. La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de las comunidades y sus miembros, entre ellos a la vida y la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales.

Ireneo Tellez, abogado de la querella, manifestó: “la desaparición de esta importante suma de dinero es de por sí muy grave, pero se agrava aun más por el hecho de que se trata de la violación de un derecho patrimonial que se había originado como consecuencia de condenas de violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Las cuentas fueron creadas para dar cumplimiento a dos condenas de la Corte IDH contra el Estado. Además, el principal acusado era el presidente del Indi, y como tal debía tener un rol tutelar hacia los pueblos indígenas”.

Agregó, además, que: “El Estado se ve obligado a informar a la Corte IDH que no podrá satisfacer uno de los puntos resolutivos de las condenas debido a la corrupción. Vale recordar que el señor Quesnel, en otra causa, ya tiene fijado un juicio oral y público por vender 25.000 hectáreas de las tierras de los Ayoreo, cuando también era presidente del Indi”.

 

Sentencias de la Corte IDH contra el Paraguay

Las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, luego de ser despojadas de sus tierras ancestrales, viven al costado de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción, dpto. de Pdte. Hayes, desde hace más de 20 años.

Luego de más de una década de trámites administrativos y judiciales para la recuperación de sus tierras y ante la negativa del Estado de restituirles las tierras, entre los años 2000 y 2001 ambas comunidades acudieron ante el sistema interamericano de derechos humanos.

La Corte IDH condenó al Estado paraguayo por violar los derechos humanos de las comunidades, obligándolo, entre otros puntos, a restituir las tierras reivindicadas a las comunidades, que se encuentran en manos de ganaderos. Sin embargo, a nueve años de la sentencia de la Corte en el caso de la comunidad Yakye Axa, y a ocho años en el caso de Sawhoyamaxa, las sentencias aun no fueron cumplidas integralmente. El plazo máximo que había otorgado la Corte IDH al Estado paraguayo fue de tres años.

En enero de 2012 el Estado adquirió tierras para la comunidad Yakye Axa, donde viven unas 99 familias, pero por falta de una vía de acceso adecuado los indígenas no pueden trasladarse hasta las tierras que fueron adquiridas. El Ministerio de Obras Públicas inició trabajos de apertura del camino en agosto de 2012, en un trayecto no superior a 60 km, pero dado el escaso interés puesto por esta y otras instituciones de seguimiento, el trabajo no tuvo ningún avance.

Por su parte, los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa, poblada por unas 150 familias, reocuparon sus tierras ancestrales en la noche del 20 de marzo de 2013, luego de esperar siete años para el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Actualmente, se encuentra en estudio un proyecto de ley de expropiación a favor de la comunidad en la Cámara de Senadores.

El presidente del Instituto Nacional del Indígena de Paraguay (INDI), Jorge Servín, dijo hoy a Efe que su institución ha emitido dos informes favorables a la expropiación de terreno de un empresario alemán en favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa expulsada de sus tierras ancestrales hace 23 años.

“Creemos que es importante que este caso salga adelante porque servirá para apoyar a todas las comunidades indígenas del país”, dijo Servín.

Unas 300 personas de la comunidad Sawhoyamaxa, pertenecientes a la etnia Enxet, permanecen al borde de una carretera desde que el empresario agroganadero Heribert Roedel adquirió en plena dictadura de Alfredo Stroessner las 14.000 hectáreas del territorio indígena y los expulsó.

En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció que antes de tres años el Estado paraguayo debía restituir esas tierras, en manos de Roedel, condenado en su país en la década de 1980 por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.

Los sawhoyamaxa han vivido durante más de veinte años en una carretera frente a las tierra reclamadas, hasta que en marzo de 2013 se instalaron en una pequeña franja de la estancia de Roedel, un vasto territorio de unas 70.000 hectáreas en total de explotación vacuna, a la espera de que el Poder Legislativo dictamine la expropiación del terreno.

El titular del INDI recordó que la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado del Senado paraguayo se pronunció a favor de la expropiación de las 14.404 hectáreas reclamadas.

Y añadió que aún falta que las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda estudien el proyecto de ley, para después pasar al plenario del Senado.

“Se ha intentado negociar con el propietario en reiteradas ocasiones, pero no se consiguió nada. La conversación se ha agotado. La Constitución prevé la expropiación, será indemnizado económicamente pero no al precio que él exige”, añadió Servín.

El presidente de la institución encargada de velar por los derechos de los 116.000 indígenas que viven en territorio paraguayo aseguró que la comunidad Sawhoyamaxa se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Servín reconoció que el Gobierno tiene “conocimiento de violaciones” sexuales a algunas mujeres de la comunidad por parte de trabajadores de la estancia ganadera de Roedel, como estrategia de amedrentamiento a los nativos.

“En este momento tenemos toda la energía puesta en que se expropie el terreno”, espetó, y recordó que de igual modo están trabajando con las comunidades Yakye Axa y Xamok Kasek que están en una situación similar.

El abogado y activista paraguayo de la ONG TierraViva, Oscar Ayala, dijo hoy a Efe que están a la espera del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria “que es determinante para que el caso llegue al pleno”.

“Nos da la impresión, al menos inicial, de que habría un ambiente favorable para aprobar la expropiación este año”, manifestó Ayala.