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Por Nilza Florentín

Miembros de las comisiones de  Bienestar Rural y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados  dictaminaron a favor de la aprobación del proyecto de Ley de expropiación de las tierras para la comunidad Sawhoyamaxa.  La semana anterior la Comisión de Pueblos Indígenas  dictaminó, por unanimidad de sus miembros, por la expropiación.

De esta manera las tres comisiones a las que fue girado el proyecto de ley solicitarán a los diputados que participarán mañana de la sesión ordinaria de la Cámara, la aprobación final de este proyecto de Ley.

“Estamos ansiosos esperando la decisión de los diputados. Atendiendo a que las comisiones asesoras dictaminaron a favor creemos que nuestro proyecto será aprobado mañana. Además, hemos conversado con varios diputados y diputadas de las diferentes bancadas, ellos nos aseguraron que votarán a favor de la expropiación. Estamos expectantes y creemos que quienes prometieron aprobar la expropiación van a cumplir con nosotros” explicó Eriberto Ayala, representante de la comunidad.

“De aprobarse la expropiación, vamos a esperar que el presidente Cartes promulgue esta Ley y así, en poco más de una semana Sawhoyamaxa volverá a tener tierras aseguradas” , finalizó Ayala.

 

Audiencia ante la Corte IDH

Mañana, en horas de la tarde, también se llevará a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, la audiencia de supervisión de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo.

Durante esta audiencia, los jueces de la Corte IDH recibirán los informes del Estado paraguayo sobre los avances en el cumplimiento de las tres sentencias que recaen sobre el mismo por violar los derechos humanos de tres comunidades indígenas, entre éstas, Sawhoyamaxa.

Albino Gómez, líder de Yakye Axa, Carlos Marecos, de Sawhoyamaxa y Clemente Dermott, de Xákmok Kásek, estarán presentes en esta sesión de la Corte IDH para exponer, junto con sus representantes convencionales, los abogados de Tierraviva, Oscar Ayala y Julia Cabello, acerca de la situación en que se encuentran sus comunidades.

20 de Mayo de 201417:02

Por: EFE

Los líderes de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, de la etnia Enxet, pidieron este martes con una marcha en Asunción y puerta a puerta en los despachos de la Cámara Baja que los diputados aprueben mañana expropiar 14.404 hectáreas de tierra a un empresario alemán que les expulsó hace más de 20 años.

“Venimos por nuestra tierra, queremos tranquilidad para nuestras familias. Queremos la vida que nos robaron”, dijo a Efe Belén Galarza, una de las ancianas líderes del grupo, que llegó a Asunción desde el extremo norte del país para aguardar frente al Congreso a la votación de mañana.

El proyecto de ley de expropiación ya cuenta con la aprobación del Senado casi por unanimidad y mañana será estudiado en el pleno de la Cámara Baja, donde hoy tres comisiones dieron su voto favorable al texto.

La Cámara de Diputados lo puede refrendar, enviar de vuelta al Senado o aplazar su votación.

“Tienen nuestro apoyo, hablo en forma particular pero creo que hay ese sentimiento en la propia bancada del partido”, dijo hoy a Efe la diputada Cristina Villalba, líder de uno de los tres grupos en que está dividido el gobernante Partido Colorado, con mayoría en esa cámara.

“Hay que devolverles el derecho a nuestros ancestrales y ésta es una buena oportunidad”, dijo Villalba.

La comunidad indígena Sawhoyamaxa, oriunda del Chaco Paraguayo (noroeste), lucha desde hace 23 años por recuperar las tierras de las que fue expulsada por el terrateniente de origen alemán Heribert Roedel, que posee en la zona cerca de 60.000 hectáreas, según la ONG Tierraviva.

En 2006 la CorteIDH sentenció que antes de tres años el Estado paraguayo debía restituir esas tierras, en manos de Roedel, condenado en su país en la década de 1980 por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.

Según Tierraviva, el Estado Paraguayo es el único en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la CorteIDH en materia territorial indígena.

Casi dos centenares de personas de la comunidad Sawhoyamaxa realizaron una marcha hoy por las calles del centro de Asunción hasta llegar frente al Congreso.

“Hemos recorrido 23 años de lucha y de reclamar. Varios miembros de la comunidad fallecieron por el camino, no aguantaron la lucha”, dijo a Efe Leonardo González, uno de los líderes de la comunidad, mientras esperaba para reunirse con distintos diputados para pedirles su voto favorable.

“Entendemos que es de estricta justicia otorgarles a los pueblos originarios las tierras que legalmente les corresponde, algo que es responsabilidad del Estado”, dijo a Efe el diputado Walter Hams, líder de la segunda bancada mayoritaria del Partido Colorado en la Cámara Baja.

“Estamos de acuerdo con acompañar la aprobación en el Legislativo para que pueda ser promulgado por el Ejecutivo, no solamente yo sino toda la bancada colorada va a apoyar”, manifestó el legislador.

Según Hams, en Paraguay “la cuestión indígena siempre ha sido un caballito de batalla electoral, pero pocos presidentes que prometieron cumplieron”.

“Lo que hoy se está haciendo es hacer justicia con ellos. Y no solo en este caso, sino en muchos otros debe empezar a hacerse lo mismo”, declaró.

Para el abogado de Tierraviva Ireneo Tellez el trato que se está dando al tema en el Legislativo es “increíble”.

“Hace diez años veníamos a hablar de derechos indígenas y nos sacaban a patadas”, afirmó.

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Por Nilza Florentín

Los indígenas de Yakye Axa, del pueblo Enxet, que viven el Km 349 de la Ruta que une Concepción con Pozo Colorado en el Departamento de Presidente Hayes, decidieron emplazar al Estado paraguayo para que habilite el camino que les sirva como vía de comunicación y desplazamiento permanente hasta las tierras donde se asentará la comunidad.

“Hasta diciembre de este año les damos tiempo para terminar el mejoramiento del camino, Si no terminan esa obra vamos a renunciar a mudarnos a las tierras que adquirió el Estado hace dos años y en que hasta ahora no podemos ingresar” explicaba Inocencia Gómez, promotora de salud y miembro de la comunidad Yakye Axa.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) adquirió, en enero de 2012 más de 12.000 has. de tierras que posteriormente fue entregado a la comunidad Yakye Axa. La adquisición de este inmueble se dio luego de un acuerdo entre la Yakye Axa y el Estado, que ofreció tierras alternativas a la comunidad. Esta aceptó el ofrecimiento pero solicitó, entre otras cosas, el mejoramiento de las vías de acceso hasta el nuevo asentamiento, ubicado a unos 35 kilómetros del sitio original reivindicado por los indígenas de Yakye Axa, ya que el camino vecinal estaba, y aún sigue estando, intransitable para realizar la mudanza.

Pero del compromiso de las autoridades paraguayas sólo quedó la promesa de que el camino de tierra sería mejorado para que sea utilizable, pero hasta hoy día este compromiso no fue cumplido. Mientras tanto los nativos siguen viviendo al costado de la ruta, expuestos a todo tipo de peligros y con las incomodidades que ello trae consigo.

Albino Gómez, líder de Yakye Axa, indicó que el problema del camino vecinal para acceder hasta las tierras comunitarias se agudizó a raíz de la negación del dueño de una propiedad privada, colindante a las tierras comunitarias y por donde cruza el camino a ser reparado.

Esta situación impide que los trabajos -iniciados hace más de un año y que ahora están parados- prosigan su curso y consecuentemente, toda la comunidad sea afectada. Ante esta situación presentaron una nota de intervención al INDI, para que a través de su asesoría jurídica se haga cumplir el derecho al libre tránsito, violentado por el dueño de estas tierras que no permite la prosecución de las obras.

Inocencia Gómez, por su parte, dijo que es sumamente necesario que el INDI, el Ministerio de Obras Públicas y todas las instituciones estatales involucradas, actúen de forma inmediata para salvar esta situación, que obliga a los nativos a vivir en condiciones infrahumanas.

Finalmente, el líder de Yakye Axa seguirá mencionó que seguirán resistiendo y que exigen a las autoridades paraguayas a no olvidar que la condena que pesa por el Estado, dictada en el 2005 por Corte IDH, a través del cual el Paraguay está obligado a devolverles sus tierras ancestrales, condicionando que mientras este cumplimiento no se ejecute, deberá ofrecerles alternativas de vida digna.

Reparación histórica a favor de una Comunidad que lucha hace 23 años

Por Nilza Florentín

Ciento cuarenta y seis familias de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, celebran que el Senado de la Nación haya aprobado por amplia mayoría el proyecto de ley de expropiación de sus tierras ancestrales. Consideran que este ha sido un gran paso hacia la recuperación de esas tierras reclamadas desde hace más de 20 años.

Pese a que hace más de un año los nativos han reocupado estas tierras,  ahora la lucha se concentra en lograr la aprobación de la Cámara de Diputados y que el Estado paraguayo cumpla finalmente con la sentencia de la Corte IDH, que en el año 2006 condenó al Paraguay a devolver sus tierras a los Sawhoyamaxa.

No habiéndose cumplido con este mandato, la Comunidad inició una incansable lucha y reclamó ante todas las instancias, recibiendo el apoyo nacional e internacional de organizaciones e instituciones y particulares. Una gran campaña de recolección de firmas, logró que dos mil personas se sumen a esta causa, y en prueba de ello, el documento fue entregado al Poder Legislativo.

El hecho considerado como reparación histórica, sienta un precedente importante en nuestro país, ya que sobre el Paraguay pesan otras dos condenas similares, relacionadas con las Comunidades Indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek.

Tras conocerse la deliberación de los y las senadoras, miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, no ocultaron su alegría y celebraron con llanto la agonía que generó la espera y la demora del tratamiento de este tema en la Cámara.

La sesión del Senado (desarrollada el pasado jueves) fue presenciada por varios nativos, quienes dejaron sus tierras para ser partícipes de esta histórica decisión. Durante sus discursos, los Senadores hablaron sobre el despojo histórico sufrido por los pueblos indígenas y la necesidad de restituirles sus derechos con la devolución de las tierras, la necesidad de cumplir con los derechos humanos por los que el Estado fue condenado en este caso por la Corte IDH y sobre todo hacer justicia, entre otros temas que se hablaron.

Por Maximiliano Mendieta Miranda*

Cuyabia es el nombre de una comunidad del pueblo indígena Ayoreo que vive en unas 25.000 hectáreas de su territorio ancestral, en el distrito de Mcal. Estigarrabia del Chaco paraguayo.

Las familias de Cuyabia viven en una profunda conexión con sus tierras, bosques y recursos naturales, elementos esenciales de su cultura para ser libres y sobrevivir como pueblo. Algunas de las actividades de la comunidad consisten en la caza, recolección y artesanía, independientemente a su forma de vida colectiva, que se centra en la vida comunitaria.

En Cuyabia, los hijos y las hijas, no son sólo de sus padres y madres, sino, literalmente, de la comunidad. Es por eso que los niños y las niñas tienen el privilegio que les brinda su cultura de contar con varias madres, padres, hermanos, hermanas así como contar con la formación decisiva por parte de los ancianos y las ancianas, quienes muestran el camino de la sabiduría y la dignidad.

La existencia de la comunidad Cuyabia es fundamental para entender el concepto de Resistencia. Esto es así teniendo en cuenta que la comunidad Cuyabia – así como tantas otras comunidades indígenas – es un ejemplo de oposición a la acción de la fuerza del modelo político-económico paraguayo construido a través de una burguesía empresarial y agro-ganadera, funcional a una clase política de derecha que hasta ahora gobierna el país.

Cuyabia es la única comunidad indígena de la zona rodeada de estancias que hoy se asientan en lo que antes era (y sigue siendo) territorio tradicional del pueblo Ayoreo. Así también, Cuyabia debe resistir al monocultivo de la soja que ahora también, se profundiza en el Chaco paraguayo, con todas las implicancias nocivas que ésta significa para la salud, la vida y la permanencia en sus tierras.

En el contexto de la resistencia también, luego del golpe de Estado ocurrido en Paraguay, en junio de 2012, perpetrado por los partidos políticos tradicionales y de derecha, Rubén Darío Quesnel, una persona sin experiencia, compromiso e idoneidad en relación con los pueblos indígenas, fue designado como titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), por el Presidente de-facto Federico Franco.

Quesnel, en un acto casi sin precedentes en el INDI, vendió las tierras de Cuyabia a una particular, con las familias viviendo adentro, transgrediendo flagrantemente no sólo la Constitución Nacional de la República del Paraguay, sino violando derechos humanos fundamentales de las familias de Cuyabia que se subsumen en los hechos punibles de Lesión de Confianza y Abandono. En ese contexto, estos delitos no sólo violan los derechos de la comunidad en relación con sus tierras como patrimonio, sino que vulneran sus vida, su integridad cultural y física.

Así las cosas, luego de un largo camino de lucha del pueblo Ayoreo en el contexto de las manifestaciones y movilizaciones así como de una querella adhesiva y proceso que formulamos como representantes convencionales de la comunidad, el Ministerio Público, a través de la Fiscala Alba Delvalle, imputó y acusó a los y las responsables. Las personas que se encuentran acusadas y que deberán afrontar un juicio oral y público son Rubén Darío Quesnel, la compradora ilegal Julia Beatriz Vargas Meza y la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro.

Si bien todavía no existe fecha de juicio oral y público, la comunidad está expectante en que se haga justicia en la jurisdicción penal paraguaya, independientemente que para la justicia indígena, la comunidad jamás pensó salir de sus tierras ancestrales ni piensa salir, aunque actualmente sigan resistiendo superposición de títulos, depredación, deforestación y apropiación de los recursos naturales de sus tierras.

 

* Abogado, defensor de Derechos Humanos.

EFE, 23/04 19:54 CET

Asunción, 23 abr (EFE).- Cerca de un centenar de indígenas de la etnia Enxet, llegados del Chaco paraguayo, entregaron hoy en el Congreso miles de firmas que apoyan la restitución de sus tierras ancestrales, un proyecto de ley que se votará mañana en el Senado.

“Esperamos un dictamen a favor mañana, llevamos 20 años luchando por esto”, dijo a EFE Carlos Mareco, líder de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, que tiene a su favor una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), incumplida por Paraguay desde 2006, para que 14.400 hectáreas de tierra les sean devueltas.

“Nuestro pueblo vivía en 600.000 hectáreas de tierra, donde podíamos cazar, recolectar frutas y conservar nuestras costumbres. Tras 20 años en el borde de una ruta esperamos que al menos nos dejen ese pedazo de tierra”, añadió Mareco.

Los nativos entregaron más de 2.000 firmas al presidente del Senado, Julio Cesar Velázquez, quien se comprometió a apoyar la iniciativa de expropiación, que será debatida mañana en sesión ordinaria del Senado.

El proyecto de ley ya cuenta con el voto favorable de las tres comisiones asesoras donde debía ser evaluado y, en caso de ser aprobado mañana en la Cámara alta, iría después a la de Diputados para ser refrendado o devuelto al Senado.

“Si mañana se aprueba se habrá dado un paso muy importante para los pueblos originarios del país y para la imagen internacional de Paraguay”, dijo a Efe Julia Cabello Alonso, coordinadora de la ONG local Tierraviva, que lucha por esta causa y otras que conciernen a los aproximadamente 160.000 nativos que hoy en día viven en el país.

El proyecto pretende hacer cumplir una de las tres sentencias que la CorteIDH emitió en 2006 contra las violaciones de derechos a los pueblos indígenas en Paraguay que hasta hoy siguen produciéndose.

Ese año, la CorteIDH sentenció que antes de tres años el Estado paraguayo debía restituir esas tierras, en manos de Heribert Roedel, un agroganadero de origen alemán condenado en su país en la década de 1980 por estafar a inversores de su país con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.

Roedel posee cerca de 60.000 hectáreas en la región norteña donde vivían estos indígenas antes de ser expulsados, y es amigo personal de senadores como Silvio Ovelar, del gobernante Partido Colorado, según reconoció públicamente el propio legislador, que hoy decidió no asistir a la Comisión de Reforma Agraria donde se trató el tema.

Cerca de medio millar de miembros de la tribu Sawhoyamaxa han vivido durante más de 20 años en una carretera frente a las tierras reclamadas, incluidas en la estancia de Roedel, un vasto territorio de explotación vacuna, a la espera de que el Poder Legislativo dictamine la expropiación del terreno.

Las tierras que tienen que ser restituidas aún siguen tituladas a nombre de Kansol S.A. y Roswell S.A., firmas del ciudadano alemán.

Según Tierraviva, el Estado Paraguayo es el único en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la CorteIDH en materia territorial indígena.

La ONG Amnistía Internacional también reclama la aprobación de la expropiación, como también hizo el grupo de música puertorriqueño Calle 13 durante su visita a Asunción hace unos dos meses.

 Miembros de la Comunidad aguardan con esperanza resolución del Senado

Por Nilza Florentín

Alrededor de 50 indígenas de la Comunidad Sawhoyamaxa ya se encuentran en nuestra capital para estar presentes en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el próximo jueves 24, cuando está previsto el tratamiento del proyecto de Ley que expropia las 14.404 hectáreas de tierra que deben ser tituladas y entregadas a la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, de conformidad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dictada en el año 2006.

El pleno de la Cámara de Senadores tratará el proyecto de Ley, “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, las Fincas N°s 16.784, Padrón N° 12.936 y 16.786, Padrón N° 12.935, ambas del Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, Chaco, perteneciente a las firmas Roswell y Cia. y Kansol  S.A.”

Los nativos confían que después de más de dos décadas de espera, volverán a recuperar sus tierras, pese a que hace más de un año que la reocupan, después de abandonar el costado de la ruta, donde vivieron expuestos a todo tipo de peligros.

“Estamos con mucha motivación, tenemos fe de ganar en esta ocasión. Creemos que ahora los Senadores van a aprobar la expropiación y que en este año el Estado hará justicia con Sawhoyamaxa”, manifestó Leonardo González, líder de la comunidad.

Sahwoyamaxa, que quiere decir “lugar donde se acabaron los cocos” está ubicada en la Ruta Coronel Rafael Franco, a la altura del kilómetro 370, uniendo las localidades de Concepción y Pozo Colorado, en el Departamento de Presidente Hayes.

Más de dos décadas de lucha

Desde la década de 1990, los indígenas de Sawhoyamaxa, perteneciente al pueblo Enxet Sur, viven junto a la carretera que une Pozo Colorado y Concepción. Ante la inacción del Estado paraguayo para resolver sus reclamaciones de tierras, unas 14,000 hectáreas, la comunidad llevó su caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se habían violado los derechos de la comunidad a un juicio justo, a la protección judicial, a la propiedad y a la vida. La sentencia de la Corte Interamericana obligaba a las autoridades de Paraguay a restituir a la comunidad sus tierras ancestrales en un plazo de tres años. El plazo venció el 19 de mayo de 2009.

Luego de aguardar que el Estado paraguayo cumpla la sentencia de la Corte IDH los miembros de Sawhoyamaxa decidieron, el 21 de marzo de 2013, reocupar sus tierras. Desde esa fecha, hace más de un año, los indígenas han demostrado que al vivir en sus tierras es la única forma de mantener viva la comunidad.

Hoy día, los Sawhoyamaxa disfrutan de su espacio y han sabido aprovechar cada centímetro de la tierra, produciendo en ella alimentos que les sirven de autosutento.

 

 

 

 

El próximo jueves tratarán proyecto de expropiación 

Por Nilza Florentín

El pleno de la Cámara de Senadores tratará, el jueves 24 de abril próximo, el proyecto de Ley, “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, las Fincas N°s 16.784, Padrón N° 12.936 y 16.786, Padrón N° 12.935, ambas del Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, Chaco, perteneciente a las firmas Roswell y Cia. y Kansol  S.A.”

Durante esta sesión sería aprobado el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la expropiación de las 14.404 hectáreas de tierra que deben ser tituladas y entregadas a la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, de conformidad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2006.

La Comunidad Sawhoyamaxa, ubicada en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado y Concepción, en el departamento de Pdte. Hayes, vivió al costado de la ruta “Cnel. Rafael Franco” expuesta a todo tipo de peligros, hasta que en marzo del año pasado reocupó sus tierras ancestrales, mientras aguardaba el cumplimiento del fallo judicial emitido por la Corte IDH en el que se condenó al Estado de Paraguay por la violación de los derechos indígenas y cosecuentamente devolverles sus tierras.

Las tierras que tienen que ser restituídas por el Estado están reocupadas por las familias Enxet de Sawhoyamaxa desde el 21 de marzo de 2013, pero aún siguen tituladas a nombre de Kansol S.A. y Roswell S.A., firmas del  ciudadano alemán Heribert Roedel, propietario de más de 61.000 hectáreas en la zona.

Desde que las familias de Sawhoyamaxa reocuparon sus tierras, hace más de un año, han convertido el lugar en espacios seguros y productivos, donde en huertas y chacras comunitarias siembran todo tipo de productos que les sirven de alimentos; además de habilitar en el sitio una escuela con docentes indígenas que se encargan de la educación de los niños y niñas de la comunidad. Asimismo, los mayores y ancianos, ocupan su tiempo en la caza, la pesca y recolección de frutos de la tierra, además de actividades artesanales con materia prima obtenida en el lugar.

El Estado Paraguayo es el único en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la Corte IDH en materia territorial indígena. El cumplimiento de las mismas y la restitución de sus tierras a la Comunidad Sawhoyamaxa es un paso importante que ayudará a subsanar la imagen del país ante la comunidad internacional.

La MESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE se dirige a la opinión pública para denunciar graves falencias en el operativo que está realizando el INDERT en el asentamiento Santa Lucía, distrito de Itakyry, con el cual pretende trasladar a 540 familias pertenecientes a la Comisión Vecinal de Ñacunday, Alto Paraná.

Las comunidades indígenas Ava Guaraní de YUKYRY, Ko´eju  y Pilikokue-Arroyo Guazú,  se sienten amenazadas por el peligro real de que sus tierras sean ocupadas por el INDERT, pues 3120 (tres mil ciento veinte)  hectáreas, pertenecientes a   dichas comunidades están dentro de las tierras que el INDERT pretende utilizar para el traslado y asiento de campesinos de Ñancunday.

Pese a los reiterados pedidos realizados por dichas comunidades indígenas al Presidente del INDERT a los efectos de dar una salida, documentada e  inmediata al problema planteado,  no ha habido respuesta favorable, solamente promesas verbales que se van diluyendo en el tiempo.    Las 3.120 hectáreas pertenecientes a las Comunidades indígenas señaladas, se encuentran dentro del mapeo/demarcación realizado por la institución estatal y que corresponden a las fincas 23874 y 25367 pertenecientes al distrito de Itakyry, que el INDERT pretende destinar a las quinientas cuarenta  familias de Ñacunday, esta superficie  sería totalmente insuficiente, por lo que existe un peligro real de que el área faltante para los campesinos, sean completadas con una invasión a dichas tierras, teniendo en cuenta de que se pretende otorgar seis hectáreas por familia, lo que equivale a tres mil cuatrocientos cincuenta hectáreas, sin contar los espacios públicos necesarios,  con lo cual, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas estaría propiciando la invasión de territorios indígenas.

Así mismo, causa una enorme preocupación el procedimiento legal utilizado para el efecto, y en especial la manipulación del Poder Judicial, en el sentido de que a través de un juicio, cuyo procedimiento se halla claramente establecido en el Código Procesal Civil, el Poder Judicial, sin notificación, ni  sustanciación alguna,  le haya otorgado al INDERT la posesión de una extensa superficie, totalmente poblada, sin haber dado intervención a ninguno de los poseedores, tanto campesinos como indígenas, violando claramente el precepto constitucional del derecho a la defensa.  El procedimiento y la sentencia en consecuencia son totalmente arbitrarios, más aún tratándose de pobladores antiguos, que no pueden pasar desapercibidos. Los juicios de Interdictos son contenciosos y no voluntarios.

El operativo del Presidente del INDERT se parece más a un plan de liberar de ocupantes las tierras de Tranquilo Favero y de esa manera, alejar el peligro de que el estado descubra los orígenes irregulares y falsos de dichas tierras. Ese sería el motivo real disfrazado de un plan de recuperación de tierras del estado detentados en forma ilegal por sojeros brasileños. Esa sospecha se acentúa si se tiene en cuenta que, además del caso Santa Lucía, no existen otras acciones del INDERT para recuperar tierras del estado detentados en forma irregular por especuladores nacionales y brasileños. Así el gobierno actual, a través del INDERT no estaría recuperando tierras malhabidas sino blanqueándola. A eso debemos agregar la inexplicable urgencia de sacar a cualquier precio a los campesinos de las tierras que Favero detentaría en forma ilegal, en tierras que no tienen ninguna infraestructura como caminos, agua, energía eléctrica y mínimos planes de producción. Para llevarlos apresuradamente a los campesinos de Ñacunday a Santa Lucía, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas sacrifica y utiliza en forma irregular la zona urbana del asentamiento Santa Lucía, zona destinada a los servicios públicos básicos como escuelas, sistemas de salud, agua potable, centros de recreación, iglesias, etc. Existe el peligro de que las familias trasladadas de Ñacunday se queden solamente con una hectárea de la zona urbana y sin las tierras para la zona rural que estará destinada a las chacras y cultivos, lo que sería ilegal y violatorio del Estatuto Agrario, que prohíbe al INDERT la creación de minifundios, insostenibles en lo económico, productivo y social.

La MESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE está integrada por Pastorales Sociales Diocesanas Indígenas, Pastorales Diocesanas campesinas, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de la CEP, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con pueblos indígenas y campesinos.

Exigimos al Presidente del INDERT:

• Abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen, impidan, toleren o auspicien, directa o indirectamente, sólo o en asociación con otros, la ocupación, apropiación o invasión de los territorios indígenas afectados;
• Adoptar medidas que protejan dichos territorios
• Recibir y escuchar los planteamientos y reclamos de las comunidades indígenas Ava Guaraní;
• Continuar con la investigación de los orígenes de los títulos de Tranquilo Favero en Ñacunday, cuyas tierras pertenecerían al estado;
• Garantizar el acceso a la tierra a las familias de la comisión vecinal de Ñacunday
• La ejecución de acciones coherentes de recuperación de las tierras del estado del poder de terratenientes y adjudicatarios ilegales.

 

 

 

Rev. Padre Ignacio Espínola                     Alberto Alderete                     Hna. Raquel Peralta

Coordinador General                                     Secretario                          Equipo Coordinador