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Por Milda Rivarola.

El patrón, el modelo es el mismo. En algún lento proceso judicial, las tierras son pretendidas por algún inversionista extranjero, normalmente ausente. O son fiscales y algún jerarca –antiguo o nuevo- se apropió de ellas, pagando nada o una miseria. Porque desde hace un siglo y medio, desde los tiempos de Don Carlos pasando por los de B. Caballero y A. Stroessner, con sus respectivas y ambiciosas familias y amigos, para eso nomás mandan. Para quedarse con los bienes y tierras públicas.

Ciertamente había otra gente allí, desde antes. Eran campesinos o indígenas. O son ahora hijos de campesinos sin trabajo, a los que el Estado prometió falsamente un trozo de tierra. Algunos pocos siguen siendo indígenas, cada vez más acorralados por grandes fazendas en expansión. Ese combate, viejísimo, tiene hoy nuevos alicientes. Las tierras decuplicaron su valor. Y tras deforestar todos los bosques y rentar todas las estancias aptas para la agricultura, el agronegocios está quedando sin lugar para expandirse.

Entonces revisaron con atención los sitios ya ocupados. Y descubrieron que aún había nichos con buenas tierras y montes y arroyos para seguir creciendo. Allí vive la población más vulnerable, la que no tiene apoyo político, parlamentarios defensores, prensa amiga, ni dinero para comprar justicia. Y hacia allá se dirigen, con su insaciable hambre de tierras. Van raudos y seguros de sí mismos, armados hasta los dientes.

Ya tenían un ejército de fiscales, jueces y comisarios policiales amigos que los seguían en esa nueva “cruzada sobre el desierto”. Ahora, tranquilos con sus colegas en el mismísimo gobierno, para abreviar el procedimiento contratan –porque llevan mucho apuro- miles de sicarios y “guardias de seguridad”. Esos antes conocidos con un término más idóneo, “capangas”.

Y los lugares dónde persisten esos refugios de antiguos habitantes se están manchando de sangre. Los auto-designados “productores” se dan el lujo de celebrar macabros aniversarios: el 15 de junio de 2012 es conmemorado con el 15 de junio del 2014, el ataque armado a los Avá de Y´apó, en Corpus Christi. Hay matices: los campesinos de Curuguaty habían sido “haraganes” y “asesinos”, hasta quizá “EPP”, los Avá Guaraní son apenas unos pobres “indios sucios” empeñados en guardar sus templos ancestrales.

Como los titulares de prensa siempre acusan a las víctimas de agresores y delincuentes, la justicia actúa en consecuencia. Las víctimas, los familiares o sobrevivientes de estas masacres son inmediatamente procesados por la fiscalía y van a parar a la cárcel. Para que ya no piensen en bregar por sus derechos, para que jamás sueñen en recibir justicia donde la corrupción impera.

El ataque de un batallón de capangas a Y’apó es emblemático: los Avá son, entre los Guaraní, el pueblo más pacífico, el más manso. Días antes, centenares de policías -armados como para combatir peligrosos guerrilleros- quemaron sus ranchos y destruyeron sus cultivos. Con orden de la fiscalía, como siempre. Pero ellos volvieron allí, serenos y tristes, con sus mujeres y sus niños. Debían hacerlo, era el lugar de sus dioses, el sitio sagrado de sus ancestros. Y quizá sólo para morir en ellas, retornaron a su tierra. Como sus hermanos de Curuguaty, silenciosos y harapientos, simbolizan lo poco de coraje y dignidad que resta en ella.

Veronica Smink

BBC Mundo, Cono Sur

 

“Se trató de un hecho histórico: por primera vez, una comunidad indígena 

logró que el Estado de Paraguay le devuelva sus tierras ancestrales 

a través de una ley de expropiación”.

 

Los más de 600 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa podrán volver a vivir en las 14.404 hectáreas de tierra que poseen en la región del Chaco, en el noroeste del país, luego de que el pasado 11 de junio el presidente Horacio Cartes promulgara una ley que les restituye su terreno.

La firma del mandatario puso fin a una larguísima batalla judicial y política entablada por este pueblo originario, perteneciente a la etnia Enxet, que venía luchando hace 23 años para recuperar su tierra.

El largo derrotero de los Sawhoyamaxa comenzó durante el gobierno militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando un ganadero de origen alemán los expulsó de sus terrenos, ubicados a unos 270 kilómetros de la capital, Asunción.

Desde entonces, las cerca de 160 familias que componen la comunidad debieron subsistir al borde de una carretera, frente a la tierra que antes ocupaban, viviendo en condiciones de pobreza.

Leonardo González, uno de los líderes de la comunidad, le dijo a BBC Mundo que casi medio centenar de personas perdieron la vida en ese tiempo como consecuencia de las malas condiciones sanitarias y de los accidentes causados por vivir al lado de una ruta.

“Estamos muy agradecidos de poder volver a nuestra tierra, que es como nuestra madre. Esto nos da vida, nos permite volver a tener contacto con nuestros bosques y nuestras medicinas tradicionales”, exclamó González.

 

Batalla legal

Los Sawhoyamaxa comenzaron en 1991 su campaña para recobrar sus tierras, pero no tuvieron éxito en las Cortes paraguayas.

También iniciaron procesos parlamentarios, presentando dos proyectos de expropiación que fracasaron por falta de apoyo.

Las cosas cambiaron en 2006, luego de que decidieran buscar ayuda afuera de Paraguay ante la falta de respuestas en su país.

Ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la comunidad, obligando al Estado paraguayo a restituirle sus tierras.

A pesar de esa victoria, los Sawhoyamaxa siguieron sin poder volver a casa. El gobierno cumplió con parte del fallo al pagarles una indemnización por el daño que sufrieron, pero no logró restituirles su tierra ya que el ganadero que la ocupaba, Heribert Roedel, se negó a venderla al precio ofrecido por el Estado.

Fue así como finalmente el Congreso tomó cartas en el asunto y aprobó una ley para expropiar los terrenos y cumplir con la orden de la Corte IDH.

Ricardo Morínigo, de Tierraviva, una ONG creada para dar sustento legal a las comunidades indígenas del Chaco, dijo a BBC Mundo que los legisladores actuaron como consecuencia de la fuerte presión que recibieron por parte de grupos dentro y fuera de Paraguay, que abogaron por la devolución de terrenos de los Sawhoyamaxa.

“Paraguay es el único país del mundo que tiene tres sentencias en la Corte Interamericana por casos de violación de derechos a los pueblos originarios. Si bien el proceso ha sido lento, gracias al trabajo de las propias comunidades y de las ONGs que los acompañan se han logrado avances”, afirmó.

 

Los tres casos de la Corte IDH

Además de los Sawhoyamaxa, que deberán esperar hasta que concluya el proceso de expropiación para poder tomar control total de sus tierras, otra comunidad con un fallo favorable de la Corte IDH aún espera recobrar su hogar ancestral.

Se trata de los Xákmok Kásek, quienes también lograron que el Tribunal internacional arbitre a su favor en 2010. Según Morínigo, el Estado paraguayo acordó un plazo hasta septiembre de este año para cumplir con la orden, y ya negocia con el ganadero de ascendencia estadounidense que ocupa las tierras para poder devolverlas a sus dueños originales.

También el primer caso que fue llevado ante la Corte IDH, la del pueblo Yakye Axa –que al igual que las otras comunidades vive en la región del Chaco- llegó a su final, en 2012. Si bien no lograron recobrar sus tierras, como consecuencia del fallo de 2005 aceptaron recibir un terreno cercano, además de la indemnización del Estado.

¿Significan todos estos pasos un cambio de actitud del gobierno paraguayo con respecto a los reclamos de los pueblos originarios?

Morínigo cree que no. “El Estado cumplió, es cierto”, señaló. “Pero mientras les paga a algunas comunidades, sigue expulsando a otras”, acusó.

El activista de los derechos humanos denunció al caso del pueblo Y’apo, que un día antes de la sanción de la ley de expropiación que favoreció a la comunidad Sawhoyamaxa sufrió un intento de desalojo por parte de fuerzas policiales, y pocos días después de la promulgación de la ley volvió a ser atacada por grupos armados.

No obstante, el gobierno de Horacio Cartes subrayó su compromiso con las comunidades indígenas.

Además de los US$8 millones que pagará para expropiar las tierras de los Sawhoyamaxa, también anunció que creerá un fondo de desarrollo comunitario para proveer educación, asistencia sanitaria y ayuda a la tercera edad para ese pueblo, tal como exigió la Corte IDH.

“El Estado está para eso”, dijo el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín, quien aseguró que el gobierno respetará los derechos de los pueblos originarios.

 

“Entraron –policías del grupo anti-abigeato–  a la comunidad en busca de supuestas evidencias que demostrarían que nosotros somos abigeos. Los policías estaban armados, nos maltrataron e inclusive nos obligaron a acostarnos en el suelo como si fuéramos delincuentes. Nosotros no tenemos ninguna participación en los casos de abigeato. No es la primera vez que la policía actúa en forma ilegal y prepotente”.

“Luchar por los derechos colectivos quizás es el acto más noble y la mejor herencia que una persona deja a su pueblo”

Eso lo demostró Cirilo Fernández, un joven indígena angaité de la comunidad Laguna Teja de La Patria, quien falleció el fin de semana pasado, víctima de la mordedura de serpiente. Fernández nació en su comunidad, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, adquirida en la década de los años 80´ por la Iglesia Anglicana y entregada, luego, al Pueblo Angaité. Fue uno de los responsables de la creación de una nueva aldea, denominada Laguna Teja, dentro de la misma comunidad y donde se instalaron más de una veintena de familias.

Entre los años 2003 y 2004 los miembros de la comunidad La Patria  fueron acusados de abigeato por un fiscal, debido la denuncia de un ganadero cuyo establecimiento linda con la propiedad indígena. En esa ocasión, y en realidad, en varias otras, agentes policiales irrumpieron a la fuerza en tierras indígenas maltratando verbal y físicamente a las personas, apresando a Cirilo  Fernández y a otros cinco miembros de la Comunidad La Patria, quienes fueron llevados a Tacumbú, donde, finalmente, permanecieron por más de tres meses, sin ninguna prueba responsable que lleve a suponer la autoría sobre el hecho punible en cuestión.

Desde Tierraviva asumimos la defensa de estas seis personas y para nuestra institución es sumamente importante resaltar lo siguiente: Días antes de la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, ante el absurdo construido por él mismo en contra de los indígenas, propuso una salida alternativa al conflicto, a través de una de las figuras contempladas en el Código Penal. Los indígenas, liderados por Cirilo, decidieron no aceptar y por lo tanto, proseguir con el juicio, en primer lugar por no considerar justo reconocer un hecho que no cometieron (condición impuesta en la propuesta) y en segundo lugar, por considerar que su caso, eventualmente anulado y ganado, podía servir de precedente y a favor de otros indígenas que fueran inculpados injustamente como ellos; vale recalcar, estuvieron dispuestos al riesgo de 10 años de privación de libertad, con la esperanza de aportar al esclarecimiento de futuros hechos de injusticia. Y efectivamente fue así. Se logró la anulación de todo el proceso y este caso, en años posteriores, fue puesto como precedente en otros procedimientos, como el de siete indígenas de la comunidad Kelyenmagategma, también acusados injustamente, dos indígenas de Puente Kaigué, un adolescente indígena, entre otros. En todos, se pudo conservar el sentido procesal ganado en el caso de Cirilo.

Comentando este acto de nobleza y valentía, es que queremos, desde Tierraviva, recordar a Cirilo y compartir con todos y todas, el testimonio de vida de una  persona como él, que deja un legado de lucha y de justicia para todos nosotros.

Quesnel está acusado por el robo de unos Gs. 3.000 millones del  fondo de desarrollo para Sawhoyamaxa y Yakye Axa

La tercera es la vencida, podría titularse el anuncio de la audiencia preliminar del caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado en el caso del millonario robo de fondos indígenas perpetrado el año pasado en la citada institución estatal.

Por tercera vez el juez Oscar Delgado convocó a Rubén Dario Quesnel, Marlene Mendoza, ex administradora del INDI y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución, procesados por la desaparición de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa.

Esta nueva audiencia preliminar se realizará mañana a partir de las 8:00 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, de la ciudad de Asunción. Durante este acto judicial, eljuez Delgado determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.

El pasado 28 de mayo, el magistrado a cargo del caso decidió suspender la audiencia debido a que los abogados defensores de los acusados no recibieron las copias los expedientes, según informaron funcionarios del juzgado.

Los ex funcionarios del INDI están acusados por la comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, por el Agente Fiscal René Fernández y por los abogados que ejercen la querella adhesiva, por el desvío de más de 3.127.191.527 de guaraníes, que la institución indigenista estatal tenía depositado en el Banco Nacional de Fomento y que debía ser destinado para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, como parte del cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Rubén Quesnel también está procesado en otro caso, ocurrido durante su presidencia en el INDI, por la venta ilegal a un particular de un inmueble de 25 mil hectáreas perteneciente a la comunidad indígena Cuyabia, del pueblo Ayoreo.

La Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas, considera especialmente grave el atropello a los indígenas Avá Guaraní de Canindejú, perpetrado por civiles armados en la madrugada del pasado día 15 de junio, a instancias de la firma Luguna S.A., y que dejara más de una decena de heridos y una persona fallecida.

Al respecto, es particularmente grave que civiles armados, con inocultable aquiescencia estatal, hayan actuado nuevamente con total impunidad, amenazando y atropellando con disparos de armas de fuego, como ocurrió en el distrito de Corpus Chisti, en ocasión del último episodio que denunciamos, así como durante el desalojo del pasado 20 de mayo en contra de la Comunidad Y’apo.

La delegación de hecho que se observa, en el uso de la fuerza, a empresas privadas de “seguridad”, por parte de agentes estatales que la toleran, constituye de por sí una situación inaceptable que debe ser erradicada por las autoridades, para salvaguardar la legitimidad de la autoridad pública y el estado de derecho.

Asimismo, el hecho que las tierras en disputa de la Comunidad Y’apó estén en manos de un particular no le otorga a éste, ni a organismo estatal alguno, la atribución o facultad de autorizar o ejecutar desahucio alguno, dado que la posesión tradicional, profusamente documentada, de los indígenas Avá Guaraní sobre sus tierras ancestrales tienen, por imperio de la Constitución de la República y el marco jurídico vigente, efectos equivalentes al título de pleno dominio que concede el Estado. Vale mencionar también, que la posesión tradicional de los indígenas de Y’apó, también faculta a la comunidad a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro, que debe ser atendida y satisfecha por los organismos estatales correspondientes de conformidad a sus obligaciones.

Por lo dicho, con independencia al título que pueda tener la firma Laguna S.A., los agentes estatales involucrados en la autorización y ejecución del desalojo del 21 de mayo, así como los civiles que atropellaron el asentamiento indígena el 15 de junio, violaron abiertamente los derechos de la Comunidad Indígena Y’apó. La ley 43/89 en este sentido es muy clara y, expresamente, prohíbe la innovación de hecho y de derecho en los asentamientos indígenas que se encuentren en inmuebles titulados a nombre de terceros, hasta tanto se proceda a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de ocupación y dominio ancestral de la comunidad.

Este caso, una vez más, revela la aplicación discriminatoria del derecho, al privilegiarse la propiedad privada por encima de la propiedad comunitaria indígena, con lo cual se sitúa en condiciones de extrema vulnerabilidad a los indígenas Avá Guaraní, hoy, privado de sus tierras y gravemente afectados por el ataque sufrido, comprometiéndose de este modo un conjunto de derechos humanos que están siendo violados a cada uno de sus miembros, entre quienes se encuentran niños y ancianos afectados por la represión.

Ante esta grave situación, que afecta a decenas de familias indígenas, exigimos al Instituto Paraguayo del Indígena y al Ministerio Público, la promoción inmediata de acciones judicialmente de salvaguarda y protección para la Comunidad Y’apó, que estén orientadas a la restitución inmediata del inmueble despojado a los mismos, así como la correspondiente indemnización por el daño material e inmaterial sufrido a raíz de la destrucción de sus casas, sitios sagrados y lesiones graves de sus miembros. Asimismo, aguardamos justa sanción penal a los responsables y civiles armados que perpetraron el hecho violento.

 

Asunción,  junio 16 de 2014

Teresa Vargas  – Tekoha

Julia Cabello Alonso – Tierraviva

Por la Coordinación de Turno de la REDESPI

 

Para mayor información, comunicarse:

Abg. Oscar Ayala Amarilla (tel. 0971 284292) Santiago Bobadilla (tel. 0971 142444)

Por Lorna Quiroga*

Luego de largos años de lucha, habiendo sido despojados de sus tierras y viviendo en precarias condiciones al costado de la ruta, la comunidad indígena Sawhoyamaxa recuperó sus tierras.

Esperaron pacientemente 20 años, transitaron la pesada burocracia nacional y sin encontrar respuesta recurrieron al sistema interamericano de Derechos Humanos para que en el 2006 la Corte IDH sentenciara al Estado paraguayo por violar los derechos de la comunidad, pero recién este año el congreso trató y sancionó por unanimidad la ley de expropiación de tierras a su favor. Hoy, la comunidad junto a otras organizaciones marcharon por el centro de Asunción, donde hacía 10 días estaban acampando en vigilia permanente hasta que el presidente firmara. Finalmente, todos y todas festejaron la promulgación de la Ley, ahora las tierras vuelven a sus dueños originarios, la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet Sur.

La perseverancia de su lucha constituye un ejemplo de la resistencia de los Pueblos Indígenas que a pesar de ser olvidados por sus Estados, se mantienen firmes exigiendo que se respeten sus derechos y se restituyan sus tierras ancestrales, por eso, hoy “la victoria es para todos“, como decía Eriberto Ayala, miembro de la comunidad.

Por encima de los intereses económicos y particulares, se respetaron los derechos de los Pueblos Indígenas y se aprobó la Ley 5.194 que declara de interés social y expropia las tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Rebosantes de alegría la comunidad gritó: “Viva Sawhoyamaxa, vivan los Pueblos Indígenas!” y agradeció públicamente a todas las personas que acompañaron y se acercaron en el día de hoy a compartir su felicidad recordando además a quienes ya no están: “este es un momento histórico para Sawhoyamaxa, no podemos olvidarnos de aquellos hermanos nuestros que están enterrados al costado de la ruta”, decía Eriberto Ayala.

Por su parte, Aparicia González, rememoró todo el sufrimiento por el que pasaron y la valentía de todas las mujeres de su comunidad que se atrevieron a entrar nuevamente a sus tierras hace un año atrás sin pensar por un segundo en retroceder y volver a vivir sobre la ruta donde ya no tenían futuro. Sawhoyamaxa resistió por la fortaleza de estas mujeres que no han dado ni un paso atrás en la lucha por lo que es justo, siempre pensando en que el mejor legado para sus hijos e hijas serían sus tierras ancestrales, allí donde está su historia, su cultura, su vida.

“A pesar de tantos años de sufrimiento ahora demostramos que el derecho indígena es superior a cualquier derecho o interés comercial. Ahora pudimos recuperar nuestra tierra, ahora le pedimos al gobierno que  den los recursos para que nos desarrollemos como comunidad. Finalmente y para estar totalmente felices como comunidad, le exigimos al gobierno la inmediata transferencia del título de propiedad a nombre de Sawhoyamaxa” decía Eriberto Ayala al volver del Palacio de los López con la Ley promulgada en la mano de su su líder, Carlos Marecos.

 

¡Viva la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet!

Oscar Ayala, Abogado de la comunidad y miembro de Tierraviva: “A los héroes y heroínas de Sawhoyamaxa que ya no están, que iluminaron con sus vidas los primeros años de esta larga lucha, como: Teresio González, Pedro Fernández, Severa Benítez y Mario Florentín, mi especial reconocimiento y gratitud así como a los actuales miembros de la Comunidad, por la confianza con la cual nos han distinguido siempre, a quienes hacemos parte de Tierraviva – a los pueblos indigenas del Chaco, en los momentos más difíciles de las últimas dos décadas. Para ellos, a modo de breve homenaje, lo dicho por uno de los jueces de la Corte IDH: “No podría dejar de rendir, en este Voto Razonado un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas silenciosas del presente caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, -así como del anterior caso congénere de la Comunidad Yakye Axa,-y evocar, en particular, la memoria de los inocentes que perdieron su vida en la vera de una carretera, y al dolor de sus familiares que sobreviven, en la vera de la misma carretera, en la miseria impuesta a ellos por la codicia y avaricia humanas” (Voto Razonado del Juez A.A. Cancado Trindade, sentencia del 29 de marzo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

¡Honor y gloria a los Pueblos que luchan!”

 

* Investigadora, Área Campo e Investigación, Tierraviva

Agencia EFE.

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, dio hoy vía libre a la devolución de 14.404 hectáreas de tierra a la comunidad indígena Sawhoyamaxa, la mayor expropiación con ese fin de la historia democrática del país, según la ONG Tierraviva.

Después de agotar todos los cauces jurídicos posibles a nivel nacional e internacional y acompañados por una sentencia a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los Sawhoyamaxa celebraron hoy una victoria que consideraron “histórica” tras 23 años de lucha.

La sentencia de 2006 de la CorteIDH determinó que el ganadero alemán Heribert Roedel ocupó de forma irregular parte del territorio ancestral de ese pueblo de la etnia enxet y por ello exigió que el Estado les devolviera 14.404 hectáreas de tierra.

Desde que fue expulsada, la comunidad ha vivido en condiciones de indigencia al borde de una carretera cercana a la propiedad.

 

“Hemos recuperado nuestra madre, que es la tierra, porque sin tierra nadie puede vivir, ni tener libertad, ni caminar, ni tener felicidad”, dijo a Efe Leonardo González, vicelíder de la comunidad.

González dormía desde el 3 de junio junto con unos 150 miembros de la comunidad en los soportales de la catedral de Asunción, para exigirle a Cartes que firmara el proyecto de ley que establece la expropiación de los terrenos.

Hoy mismo volverán a su tierra, situada en la región del Chaco, a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción.

Los indígenas festejaron con gritos y cantos la decisión de Cartes y vitorearon a los líderes comunitarios, así como a los activistas de las ONG Tierraviva y Amnistía Internacional, y al presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín, que entregó en mano a los nativos la copia de la ley firmada.

“Hoy nos amanecimos con suerte y estamos muy contentos, después de nuestros 23 años de lucha, de nuestro recorrido, de nuestro reclamo, pidiendo al gobierno que nos devuelva nuestra tierra”, dijo González.

El mes pasado el Congreso aprobó casi por unanimidad el proyecto de ley de expropiación y Cartes tenía la opción de vetarlo o firmarlo, como finalmente hizo.

Oscar Ayala Amarilla, abogado de la comunidad, dijo a Efe que la decisión supone “un momento histórico”, aunque alertó de que “queda camino por recorrer”.

El letrado explicó que el INDI deberá indemnizar a Roedel por la tierra con unos 34.000 millones de guaraníes (casi 8 millones de dólares), según una tasación realizada por el Ministerio de Obras Públicas en 2012.

Tras ese pago, el título será formalizado a nombre de la comunidad, indicó.

Ayala recordó que según el fallo de la CorteIDH el Estado paraguayo también deberá crear un fondo de desarrollo comunitario.

“Es lo que permitirá que la comunidad viva en condiciones dignas en un ambiente donde puedan desarrollarse y tener esperanza de un futuro mejor”, dijo.

El presidente del estatal INDI dijo a Efe que ahora les queda “jugar el segundo tiempo del partido”.

“No es solo restituir las tierras, el Estado tiene responsabilidad de proveer educación, asistencia sanitaria, ayuda a la tercera edad, el Estado está para eso”, manifestó.

El antropólogo y titular de la institución dijo que en este caso “se alinearon los astros porque no es fácil en un país tan conservador como este”.

“Fue la lucha de mucha gente, que pese a todas las adversidades, nunca desistió”, añadió.

Servín recordó que dos casos similares, también con sentencias de la CorteIDH que condenan a Paraguay por violar los derechos territoriales indígenas, aguardan aún a ser resueltos.

Uno afecta a la comunidad Yakye Axa, cuyos miembros no pueden ingresar a su tierra porque los ganaderos que poseen las fincas colindantes se niegan a permitir que se haga un camino por su terreno que las una con la carretera principal.

El otro fallo se refiere a los Xákmok Kásek, que aún no tienen los terrenos que les corresponden, explicó Servín.

Indígenas Enxet se instalaron en la Catedral de Asunción

Indígenas de Sawhoyamaxa se instalaron desde la tarde de ayer en la explanada de la Catedral Metropolitana, lugar donde permanecerán hasta que el presidente Horacio Cartes promulgue la Ley de expropiación de las tierras a favor de esta comunidad perteneciente al pueblo Enxet Sur.

Más de un centenar de  indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa, y de otras comunidades Enxet Sur, llegaron en la tarde de ayer a la capital para acompañar el proceso de promulgación del proyecto de Ley de expropiación sancionado la semana pasada por el Parlamento Nacional.

“Llegamos nuevamente hasta la capital para exigirle al presidente Cartes que firme la promulgación, vamos a estar acá hasta que salga el documento. Queremos volver a la comunidad con la ley promulgada en la mano, hasta que eso no salga vamos a instalarnos en Asunción” señaló Leonardo González, vice líder de Sawhoyamaxa.

Los representantes comunitarios mencionaron que  desde hoy, y hasta que  se promulgue la Ley de expropiación, realizarán movilizaciones por el centro capitalino. El objetivo de estas acciones es para recordarle al presidente de la República que Sawhoyamaxa sigue esperando el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que en el 2006 condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos de los miembros de Sawhoyamaxa.

“El Estado sigue en deuda con Sawoyamaxa, seguimos esperando que nos entreguen nuestras tierras, que hace menos de una semana fueron expropiadas por el Parlamento. Ahora la solución del caso está en manos del presidente Cartes, ya no podemos seguir esperando, por eso llegamos hasta la capital para que el titular del Poder Ejecutivo nos escuche” mencionó González.

Finalmente añadió, que solicitaron una audiencia con el presidente de la República pero que hasta ahora no fueron recibidos.

 

Sawhoyamaxa purahei

La ciudadanía no estará ausente en las reivindicaciones de la comunidad Sawhoyamaxa, por ello  en la noche de hoy se llevará a cabo una peña artística denominada “Sawhoyamaxa  purahéi” del que participarán varios artistas populares.

El evento, que es una autoconvocatoria de diferentes referentes de la música popular, se llevará a cabo esta noche (martes 3 de junio), a partir de las 18 horas, en la explanada de la Catedral Metropolitana.

Algunos de los artistas que estarán acompañando a los indígenas de Sawhoyamaxa son Marivi Vargas, Cristian Silva, Hugo Flecha, Norma Avila, Rolando Chaparro y Mario Casartelli. Asimismo, participarán los cantautores Hugo Ferreira, Alberto Rodas, Norma Ortega y Claudia Miranda.

Todos los artistas populares que quieran participar de este evento pueden llegar hasta la Catedral y brindar su apoyo a la Comunidad Sawhoyamaxa, cuyos miembros estarán brindando su “choqueo”, uno de sus bailes tradicionales.

Por Maximiliano Mendieta Miranda *

 

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellas condiciones inherentes a la naturaleza humana que le permiten acceder a una vida digna, y que deben ser garantizados y no violados por el Estado.

Así como explica la definición, por un lado, en el contexto de la garantía, el Estado es el sujeto activo que debe asegurar la vigencia de los derechos humanos para todos y todas. En ese sentido, a modo de ejemplo, el Estado tiene la obligación de asegurar que todas las personas accedan sin limitaciones, entre otros derechos humanos, a salud, educación, agua, vivienda digna y salario mínimo.

Por otro lado, en el marco de la obligación de la no violación, el Estado es el sujeto que debe respetar y abstenerse de quebrantarlos. A modo de ejemplo, el mismo no puede torturar a ninguna persona, ni perseguir política o ideológicamente, ni coartar el derecho a la defensa en juicio o el principio de inocencia.

¿Para que se defienden?

Para que toda persona alcance una vida digna – principio fundamental de la democracia y del derecho constitucional paraguayo – es necesario la plena vigencia de todos y cada uno de los derechos humanos.

Así las cosas, la trascendencia del acceso a todos ellos radica en que los mismos tienen la característica de interdependencia, es decir, que dependen unos de otros y que no tienen jerarquía. Dicho de otra manera, están enganchados entre sí y todos tienen la misma importancia. En ese marco, los mismos se complementan, se relacionan y se condicionan unos con otros.

¿Quiénes son los beneficiados y beneficiadas de los derechos humanos?

Todas y todos, sin excepción, tenemos el derecho de gozar de los derechos humanos y el Estado, la obligación de hacerlos realidad. Sin embargo, en la práctica, a causa de la desigualdad social impuesta por la ausencia manifiesta del Estado paraguayo, sólo un grupo privilegiado de personas puede  acceder a los mismos, en base a la clase social, los recursos financieros, el poder político y/o el capital económico. Sin embargo, las personas que viven en situación de vulnerabilidad a causa del empobrecimiento y la exclusión social impuestos por el sistema dominante, son relegadas, marginadas vilipendiadas o explotadas, condiciones que impiden el acceso de las mismas a los derechos humanos.

Es en ese contexto en que, fehacientemente, a través del principio de no-discriminación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prevalece la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas como las y los jóvenes prisionizados, torturados y ejecutados extrajudicialmente, debido a la criminalización de la pobreza, impuesto por el modelo penal clasista y represivo.

En ese marco también, podemos citar a los pueblos indígenas, los cuales son víctimas de la expoliación y usurpación de sus tierras por parte de la inacción del Estado, cuando grupos de poder relacionados con el agro-negocio, avanzan sobre ellas y vulneran la supervivencia de los mismos, teniendo en cuenta la profunda conexión que existe entre la tierra indígena y la vida.

Por citar otro ejemplo, tenemos a las trabajadoras domésticas reducidas al trabajo esclavo, la explotación y la discriminación institucionalizada en base al género y la clase social, es decir, ser mujer y empobrecida. En ese sentido, el Código Laboral impone una violenta diferencia con los demás trabajadores y trabajadoras, que consiste en que las mismas cobren menos del sesenta por ciento del salario mínimo legal.

Por otro lado, la defensa de los derechos humanos también se centra, con especial énfasis, en reivindicar los derechos de toda persona que se ve en una situación de vulnerabilidad debido a todo el peso del aparato estatal, a través del Ministerio Público o el Ministerio del Interior, instituciones, que en el nombre de la seguridad, sistemáticamente violan derechos y principios básicos del garantismo constitucional en relación con derechos humanos civiles.

En ese marco, si nos referimos a secuestros es importante aclarar que las víctimas de ellos tienen todo el derecho a ser amparadas en sus derechos y el Estado, la obligación de protegerlas, integralmente. Pero lo que incomoda o lo que ignoran varias personas que desprecian los derechos humanos, es que la defensa de éstos se da justamente a favor de las personas que están siendo violentadas por el sujeto que debería garantizarlos y no violarlos, es decir, el Estado. En ese sentido, es obvio que los y las defensoras de derechos humanos trabajemos, activemos y exijamos el respeto de los mismos, para estas personas, pues su vigencia es la piedra angular de una verdadera democracia.

En ese tenor, es importante decir, que durante algunos secuestros se violaron derechos humanos en relación con el debido proceso, las detenciones arbitrarias, la defensa en juicio, la prueba, el principio de inocencia y la tortura, esta última, crimen de lesa humanidad. Así también, se vieron violentadas familias enteras de campesinos y campesinas, que emprenden una permanente y admirable lucha por la tierra,  y que viven en zonas rurales cercanas a zonas de conflicto y violentadas  por parte de militares y policías así como criminalizadas por parte del Ministerio Público. En ese marco también, existieron claras persecuciones ideológicas como en la época de la dictadura estronista, a aquellas personas, en la zona en cuestión, que son de izquierda.

¿Y las ideologías?

El desprecio hacia los derechos humanos lo podemos observar, generalmente, de una parte de la sociedad que goza de todos los privilegios así como de los medios hegemónicos y comerciales de comunicación que, constantemente, mienten, repudian, menosprecian y criminalizan la defensa de los derechos humanos, promueven el populismo penal y desinforman, confunden, estigmatizan y condenan las ideologías de izquierdas que no concuerdan con su visión política, claramente conservadora, liberal y discriminadora.

La repetida y clásica frase de estos medios así como de algunos políticos y políticas consiste en manifestar, con una connotación profundamente negativa, que las y los defensores de derechos humanos ¨estamos ideologizados¨. Sin embargo, la libertad ideológica es un derecho humano que es protegido, vale la pena recordarlo, no sólo por la Constitución Nacional de la República del Paraguay sino por los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado paraguayo. Y no los olvidemos, de una u otra forma, todas y todos tenemos ideología.

¿Pero que significa estar ideologizado? Significa estar impregnadas e impregnados de ideología. Y estar impregnadas e impregnados de ella significa aprenderla, sentirla, amarla, vivirla, practicarla y militarla. En este tenor, es válido – y hasta necesario – estar convencidas y convencidos de que a través de la lucha para conquistar una ideología, el Estado pueda constituirse en una verdadera democracia en que los derechos humanos sean garantizados para todos y todas, en pie de igualdad y sin excepciones.

En síntesis, un defensor o una defensora de derechos humanos puede estar o no en sintonía con una ideología y no tiene absolutamente nada de negativo, al contrario, es profundamente positivo que las personas – defensores o defensoras o no de derechos humanos – se organicen y movilicen reivindicando y luchando en aras por una ideología, más aún, si esta apunta a la transformación de la sociedad de la mano de una verdadera democracia en donde todos y todas, sin excepción, accedan a todos y cada uno de los derechos humanos.

¿Quiénes son defensoras y defensores de derechos humanos?

Son todas aquellas personas que trabajan para incidir en que el Estado cumpla con su obligación de garantizar y no violar los derechos humanos, como habíamos visto en la definición. Las mismas, pueden o no trabajar para una institución u organización constituida para el efecto.

Por otra parte, la defensa de los derechos humanos también se da a través del trabajo voluntario, sin más interés que la justicia, y, sobre todo, a través de la lucha. Así, el concepto de lucha se relaciona, principalmente, con la organización, la formación y la movilización en contra de estas vejaciones y en ese marco, la lucha de las organizaciones de base, son un ejemplo.  No nos olvidemos que la historia y el presente nos demuestran que no hay conquista de derechos sin organización y lucha.

Desde un lugar u otro, todas y todos podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos. Todas y todos podemos tener ese orgullo.

 

* Abogado, activista de Derechos Humanos

 

Indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa  se sienten burlados

 

Por Nilza Florentín

 

Para el próximo 19 de junio quedó suspendida la audiencia preliminar en el caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizado en Proyectos de Desarrollo para las Comunidades Indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, del Chaco. En este caso están procesados además, ​​Marlene Mendoza, ex administradora del INDI y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución.

La audiencia preliminar debía realizarse en la mañana de este miércoles en el Juzgado Penal de Garantías N º 3, de la ciudad de Asunción, a cargo del juez Oscar Delgado, pero fue suspendida (por segunda vez) debido a que la defensa de los cuatro imputados todavía no tuvo acceso a las copias del expediente, según la información emitida por el juzgado.

El malestar por esta nueva suspensión fue manifestado por los nativos, que llegaron a la capital para asistir a la audiencia.

En ese sentido, Inocencia Gómez de la Comunidad Indígena Yakye Axa se refirió a que van dos veces de la suspensión. “Esto no vemos bien; si las cosas se van a realizar bien, esto ya debe realizarse. No nos pueden pedir que vengamos tantas veces.  A nosotros nos cuesta mucho venir hasta Asunción para que luego el juez suspenda nuevamente estas audiencias, nos cuesta tiempo y dinero, pues nosotros pagamos de nuestro bolsillo los pasajes, no los paga el juez”, dijo.

La mujer asegura que no es justo lo que Quesnel hizo por la comunidad. “Prácticamente se burló de nosotros y ahora el juez no tiene en cuenta esta situación, el ex presidente del INDI debe ser juzgado y condenado por lo que nos hizo, por lo que le hizo al Estado, apoderándose de la plata que era para nuestra comunidad y que salió del Estado”, apuntó tras conocer la suspensión –por segunda vez- de la audiencia preliminar.

Ante este caso, que considera una burla, refirió que Quesnel  tiene que reponer de nuevo ese fondo que debe ser utilizado en las comunidades indígenas.

Por su parte, Ireneo Téllez, abogado de la institución Tierraviva,  quien ejerce la querella en representación de las comunidades afectadas, significó que no puede ser que esta audiencia se siga suspendiendo por una cuestión meramente administrativa. “Tanto la querella adhesiva como la fiscalía, han solicitado al juzgado que se cumpla con el pedido de la defensa  y que en un plazo de cinco días, antes de la próxima audiencia, de modo que el procedimiento judicial no se vuelva a suspender”, refirió el profesional.