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Pedido de auxilio por falta asistencia a las familias damnificadas del Chaco

Se agrava la situación de las familias indígenas que viven en las zonas afectadas por la inundación que azota gran parte del  Chaco paraguayo. Más de veinte comunidades pertenecientes a los pueblos Enxet Sur, Angaité y Sanapaná, asentadas en el Departamento de Presidente Hayes, se encuentran asiladas y reciben una escasa o nula asistencia de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de la gobernación departamental.

Uno de los casos extremos se registra en la comunidad Rodolfito, ubicada a unos 260 kilómetros de la capital, transitando unos 35 kilómetros de camino de tierra, y que se encuentra aislada desde hace dos meses por la inundación, según los líderes de la misma no hay caminos transitables en la zona.

Bernardo Torales, miembro de la citada comunidad, en comunicación telefónica explicó que hace casi un mes que no reciben asistencia de ninguna institución. “Hay muchos niños enfermos y la gente ya está padeciendo de hambre, hace días que no comen nada. No recibimos ningún tipo de asistencia y tampoco tenemos carne de animales silvestres,  porque debido a la inundación no hay forma de mariscar en esta zona” indicó.

Según el representante indígena de la comunidad Rodolfito  son 12 las familias que viven allí y que están en esta situación de hambre. “Las autoridades del Estado se olvidaron de nosotros, tenemos miedo que haya muertos a causa de esta situación. Les pedimos por favor que hagan algo para ayudarnos” sostuvo Torales.

Otra comunidad indígena que se encuentra en emergencia es la de Tempelá, ubicada en la zona de Laguna Pato, cercana a la Colonia Nueva Mestre, que también se encuentra aislada. En la misma viven más de una veintena de familias Enxet Sur que desde hace varias semanas no reciben ningún tipo de asistencia por parte de la SEN.

Juan de la Cruz González, líder de la comunidad, dijo que no hay accesos por tierra hasta ese asentamiento y que las familias indígenas están atravesando el peor momento desde que comenzó la inundación, porque ya no tienen nada que comer y que los más afectados son los niños y ancianos.

Solicitó una a las autoridades la inmediata asistencia médica, provisión de alimentos y ropas de invierno para evitar una desgracia en la comunidad.

Algunas de las comunidades indígenas chaqueñas que aún encuentran aisladas debido a la inundación son las de Buena Vista, Colonia 96, La Patria –que cuenta con 17 aldeas, Laguna Pato, San Fernando, Cerrito Hamaquera y La Esperanza. Asimismo, las comunidades de Espinillo, Maxklawaiya, Monte Alto y parte del Estribo se encuentran semi-aisldas, pues existen caminos disponibles pero solamente transitables para vehículos pesados  tipo tractor.

Ancianos indígenas obligados a deambular por las oficinas públicas

La insensibilidad de los funcionarios públicos, fieles servidores de la burocracia estatal, sobresale a la hora de atender a la gente humilde, a gente pobre. Pero es aún más agresivo en el momento de atender a los indígenas.

Esta es la situación que se vivió esta semana cuando dos ancianos, miembros de la comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet sur, que están tramitando su pensión de adultos mayores tuvieron que llegar hasta la capital para acceder a este derecho.

Abel Fernández, de 70 años y que padece de una enfermedad que lo dejó ciego, y Alejandro Flores, de ochenta años y que apenas ve por su avanzada edad, vinieron hasta Asunción para “firmar” los documentos exigidos por el Ministerio de Hacienda para poder cobrar su pensión. La avanzada edad de ambos, la ceguera y el desconocimiento de la ubicación de los locales donde funcionan las instituciones estatales hizo que este recorrido sea un riesgo para estos ancianos indígenas.

“Roju ro cobrasé rupi, roju roñemokua hü’ími kuatiare. Ndo rojuiramo paraguaype avave ndo pagamoai oréve (Vinimos porque queremos cobrar, vinimos a marcar con nuestra huella digital los documentos. Si nosotros no veníamos hasta Asunción nadie nos va a pagar)” mencionaba Abel Fernández, lamentando su cansancio debido al ajetreo físico que realizó en estos días.

Añadió que solamente ellos podían firmar los papeles que acrediten que son beneficiarios del subsidio estatal para los adultos mayores. Sin embargo, no solo el viaje desde su comunidad fue cansador, también lo fue el tener que ir a varias dependencias del Ministerio de Hacienda, del Banco Nacional de Fomento y de Identificaciones de la Policía Nacional.

“Che ndaikuaai moopa aime. Ajegueraha ape ha amogotyo, che mokua hü hikuái. (No sé ni donde estaba. Me llevaban de acá para allá para marcar mi huella digital) mencionaba por su parte Alejandro Flores, que pidió volver rápidamente a su comunidad porque según dijo le cansa mucho el ruido de la ciudad.

Este sistema burocrático nos demuestra una vez más la humillación a la que son sometidos los ancianos indígenas, quienes son obligados a salir de su comunidad, realizar largos viajes en colectivos y deambular por los edificios estatales para acceder a un derecho que por Ley les beneficia.

Por EFE

Miles de personas de distintos pueblos indígenas de Paraguay han sufrido un gran éxodo desde sus comunidades inundadas hacia Asunción y capitales regionales en busca de alimentos y asistencia sanitaria porque la ayuda gubernamental no les llega, según denuncian sus representantes.

Sus cultivos y animales, las zonas donde cazaban, todo está bajo el agua desde hace dos meses. Llegar a su comunidad lleva dos días a pie en un camino de barro y lodo rojizo plagado de serpientes, describe Cristino Aguirre, nativo de la etnia angaité, llegado a Asunción para pedir socorro médico para su líder.

Aguirre, proveniente de Puerto Pinazco, departamento de Presidente Hayes, a 440 kilómetros de la capital, se refugia en las instalaciones que una ONG local ha provisto para algunos de los cientos de representantes de distintos pueblos originarios que van llegando pidiendo al Gobierno que preste atención a sus reclamos.

“Donde estamos nadie nos ve, nadie nos escucha”, explica el nativo angaité, cuya comunidad de unas 5.000 personas, ubicada en la región del Bajo Chaco, ha visto marcharse a unos 500 miembros caminando más de 60 kilómetros hasta la principal carretera de la región, la Transchaco.

“De esa manera la gente no se va a morir de hambre en la comunidad, que es lo que va a pasar si esto sigue así”, manifestó Aguirre que dice que en su zona de residencia solo pueden alimentarse de cogollos de palma y eventualmente de pescado, porque hace tres semanas que no reciben ayuda estatal.

Unos 25.000 indígenas paraguayos de los aproximadamente 116.000 censados están desplazados de sus comunidades, según cifras del estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI).

“La institución no tiene capacidad para atenderlos a todos, solo en el Bajo Chaco (oeste) tenemos a 3.150 familias fuera de sus tierras por el agua”, dijo a Efe el antropólogo que dirige el Instituto encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país, Jorge Servín.

La subida de los ríos por las lluvias de los últimos meses ha desplazado a 240.125 personas en todo Paraguay, 80.060 de ellas en Asunción, según la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) que dispone de un solo helicóptero para atender a toda la mitad occidental del país, donde se encuentran la mayor diversidad étnica.

Una buena parte de los nativos de Paraguay, ya de por sí azotados por un índice del 76 % de pobreza, están “en una situación de extrema vulnerabilidad”, según dijo a Efe Ireneo Téllez, de la ONG Tierraviva, dedicada a asistir jurídicamente a los pueblos originarios de la región del Chaco.

“Estamos hablando de que no hay alimentos, ni medicamentos ante cualquier problema de salud que tengan y que los niños no pueden asistir a clase”, añadió el abogado.

Miembros de los pueblos indígenas ayoreo, chamacoco, maskoy, angaité, enxet, sanapaná y nivaclé, habitantes de las distintas regiones del extenso Chaco, son hoy los más castigados por la subida de los ríos, según la ONG.

Representantes de las comunidad Karaja Vuelta, de la etnia enxet, y de las comunidades Sarîa y Tajamar Kavajú, ambas de la etnia angaité, todos del distrito de Puerto Pinazco, considerado en estado crítico por las autoridades, están refugiados en el local de Tierraviva, donde destacaron a Efe que hace un mes que no reciben alimentos por parte del Gobierno.

“La última vez que trajeron ayuda tuvimos que acarrearla 20 kilómetros con el agua por las rodillas”, explicó Fernando Damasco, del asentamiento Tajamar Kavajú, que recordó que en mayo sí les atendieron dos veces con el helicóptero pero con paquetes de comida que solo duraron tres días.

La comunidad Karaja Vuelta está recluida en una pequeña extensión de tierra seca rodeada de agua sin posibilidad de salir con los niños y ancianos expuestos a enfermedades propiciadas por el agua y las bajas temperaturas del invierno austral, dijo Celso Benítez, indígena enxet de ese asentamiento.

Benítez explicó que la única forma de llegar a su comunidad es con un barco comercial que pasa una vez a la semana desde la ciudad de Concepción, lugar donde pueden abastecerse pero solo ocasionalmente pues no pueden costear el pasaje.

“Además no sirve para emergencias y desde que comenzó la inundación no hemos recibido asistencia médica”, dijo el joven que llegó a Asunción tras cuatro días de viaje para reclamar al Estado que les asistan de manera urgente.

 

Santi Carneri

 

Por EFE

ASUNCIÓN. Un 25 por ciento de los aproximadamente 116.000 indígenas están desplazados por las inundaciones que afectan al país desde hace meses, dándose casos de comunidades aisladas por el agua que no tienen acceso a ayuda humanitaria.

La crecida del río Paraguay por las lluvias en los últimos meses ha dejado a unos 25.000 indígenas desplazados en el territorio paraguayo en situaciones críticas por falta de comida, acceso a agua potable o atención sanitaria, según explicó el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín.

“La institución no tiene capacidad para atenderlos a todos, solo en el Bajo Chaco (oeste) tenemos a 3.150 familias fuera de sus tierras por el agua”, dijo el antropólogo que dirige el Instituto encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Los nativos, ya de por si azotados por la pobreza, un 76 por ciento vive en esa situación según el INDI, ahora llevan meses sin poder cazar o trabajar en las estancias ganaderas donde lo hacen temporalmente.

“Esto pone a muchos en una situación crítica”, admitió el experto.

La subida de los ríos por las lluvias de los últimos meses ha desplazado a 240.125 personas en todo Paraguay, 80.060 de ellas en Asunción, según la Secretarían de Emergencia Nacional (SEN).

“Se está prestando asistencia en la medida de las posibilidades”, declaró Servín, quien explicó que la SEN solo tiene un helicóptero para atender a toda la región del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país y es donde se concentra la mayor diversidad étnica del país.

“El helicóptero puede llevar muy poca ayuda”, destacó.

Servín calificó de “crítico” el estado del distrito de Puerto Pinazco en Presidente Hayes, donde al menos cuatro comunidades de los pueblos aborígenes angaite y enxet están demandando ayudas porque están totalmente aislados y anegados.

Líderes de esas comunidades y muchas otras no cesan de llegar a Asunción desde hace meses, pues fue en el Chaco donde empezó a sentirse el efecto de la crecida del río y donde más población desplazada hay, según destacó a Efe la ONG Tierraviva, dedicada a la protección y asistencia legal a esos pueblos.

Los representantes indígenas y algunos familiares se alojan en locales de organizaciones no gubernamentales o acampan en plazas y aceras del centro de la ciudad para cada día protestar ante las puertas de las distintas instituciones de las que esperan asistencia.

“La única forma de llegar a mi comunidad es a través de un barco que pasa una vez a la semana”, dijo a Efe Cristino Aguirre, de la comunidad La Patria, del pueblo angaite, en Puerto Pinazco, ahora refugiado en el local de Tierraviva a donde vino para pedir socorro porque uno de sus compañeros fue picado por una serpiente.

“Lo sacaron en el helicóptero y fue traído a Asunción, pero lamentablemente falleció. Tenía 30 años y deja huérfanos. Esperamos tres días el helicóptero”, añadió Aguirre, que lleva ya tres semanas en la capital pidiendo ayuda para La Patria, donde sobreviven unas 5.000 personas.

Por Milda Rivarola.

El patrón, el modelo es el mismo. En algún lento proceso judicial, las tierras son pretendidas por algún inversionista extranjero, normalmente ausente. O son fiscales y algún jerarca –antiguo o nuevo- se apropió de ellas, pagando nada o una miseria. Porque desde hace un siglo y medio, desde los tiempos de Don Carlos pasando por los de B. Caballero y A. Stroessner, con sus respectivas y ambiciosas familias y amigos, para eso nomás mandan. Para quedarse con los bienes y tierras públicas.

Ciertamente había otra gente allí, desde antes. Eran campesinos o indígenas. O son ahora hijos de campesinos sin trabajo, a los que el Estado prometió falsamente un trozo de tierra. Algunos pocos siguen siendo indígenas, cada vez más acorralados por grandes fazendas en expansión. Ese combate, viejísimo, tiene hoy nuevos alicientes. Las tierras decuplicaron su valor. Y tras deforestar todos los bosques y rentar todas las estancias aptas para la agricultura, el agronegocios está quedando sin lugar para expandirse.

Entonces revisaron con atención los sitios ya ocupados. Y descubrieron que aún había nichos con buenas tierras y montes y arroyos para seguir creciendo. Allí vive la población más vulnerable, la que no tiene apoyo político, parlamentarios defensores, prensa amiga, ni dinero para comprar justicia. Y hacia allá se dirigen, con su insaciable hambre de tierras. Van raudos y seguros de sí mismos, armados hasta los dientes.

Ya tenían un ejército de fiscales, jueces y comisarios policiales amigos que los seguían en esa nueva “cruzada sobre el desierto”. Ahora, tranquilos con sus colegas en el mismísimo gobierno, para abreviar el procedimiento contratan –porque llevan mucho apuro- miles de sicarios y “guardias de seguridad”. Esos antes conocidos con un término más idóneo, “capangas”.

Y los lugares dónde persisten esos refugios de antiguos habitantes se están manchando de sangre. Los auto-designados “productores” se dan el lujo de celebrar macabros aniversarios: el 15 de junio de 2012 es conmemorado con el 15 de junio del 2014, el ataque armado a los Avá de Y´apó, en Corpus Christi. Hay matices: los campesinos de Curuguaty habían sido “haraganes” y “asesinos”, hasta quizá “EPP”, los Avá Guaraní son apenas unos pobres “indios sucios” empeñados en guardar sus templos ancestrales.

Como los titulares de prensa siempre acusan a las víctimas de agresores y delincuentes, la justicia actúa en consecuencia. Las víctimas, los familiares o sobrevivientes de estas masacres son inmediatamente procesados por la fiscalía y van a parar a la cárcel. Para que ya no piensen en bregar por sus derechos, para que jamás sueñen en recibir justicia donde la corrupción impera.

El ataque de un batallón de capangas a Y’apó es emblemático: los Avá son, entre los Guaraní, el pueblo más pacífico, el más manso. Días antes, centenares de policías -armados como para combatir peligrosos guerrilleros- quemaron sus ranchos y destruyeron sus cultivos. Con orden de la fiscalía, como siempre. Pero ellos volvieron allí, serenos y tristes, con sus mujeres y sus niños. Debían hacerlo, era el lugar de sus dioses, el sitio sagrado de sus ancestros. Y quizá sólo para morir en ellas, retornaron a su tierra. Como sus hermanos de Curuguaty, silenciosos y harapientos, simbolizan lo poco de coraje y dignidad que resta en ella.

Veronica Smink

BBC Mundo, Cono Sur

 

“Se trató de un hecho histórico: por primera vez, una comunidad indígena 

logró que el Estado de Paraguay le devuelva sus tierras ancestrales 

a través de una ley de expropiación”.

 

Los más de 600 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa podrán volver a vivir en las 14.404 hectáreas de tierra que poseen en la región del Chaco, en el noroeste del país, luego de que el pasado 11 de junio el presidente Horacio Cartes promulgara una ley que les restituye su terreno.

La firma del mandatario puso fin a una larguísima batalla judicial y política entablada por este pueblo originario, perteneciente a la etnia Enxet, que venía luchando hace 23 años para recuperar su tierra.

El largo derrotero de los Sawhoyamaxa comenzó durante el gobierno militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando un ganadero de origen alemán los expulsó de sus terrenos, ubicados a unos 270 kilómetros de la capital, Asunción.

Desde entonces, las cerca de 160 familias que componen la comunidad debieron subsistir al borde de una carretera, frente a la tierra que antes ocupaban, viviendo en condiciones de pobreza.

Leonardo González, uno de los líderes de la comunidad, le dijo a BBC Mundo que casi medio centenar de personas perdieron la vida en ese tiempo como consecuencia de las malas condiciones sanitarias y de los accidentes causados por vivir al lado de una ruta.

“Estamos muy agradecidos de poder volver a nuestra tierra, que es como nuestra madre. Esto nos da vida, nos permite volver a tener contacto con nuestros bosques y nuestras medicinas tradicionales”, exclamó González.

 

Batalla legal

Los Sawhoyamaxa comenzaron en 1991 su campaña para recobrar sus tierras, pero no tuvieron éxito en las Cortes paraguayas.

También iniciaron procesos parlamentarios, presentando dos proyectos de expropiación que fracasaron por falta de apoyo.

Las cosas cambiaron en 2006, luego de que decidieran buscar ayuda afuera de Paraguay ante la falta de respuestas en su país.

Ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la comunidad, obligando al Estado paraguayo a restituirle sus tierras.

A pesar de esa victoria, los Sawhoyamaxa siguieron sin poder volver a casa. El gobierno cumplió con parte del fallo al pagarles una indemnización por el daño que sufrieron, pero no logró restituirles su tierra ya que el ganadero que la ocupaba, Heribert Roedel, se negó a venderla al precio ofrecido por el Estado.

Fue así como finalmente el Congreso tomó cartas en el asunto y aprobó una ley para expropiar los terrenos y cumplir con la orden de la Corte IDH.

Ricardo Morínigo, de Tierraviva, una ONG creada para dar sustento legal a las comunidades indígenas del Chaco, dijo a BBC Mundo que los legisladores actuaron como consecuencia de la fuerte presión que recibieron por parte de grupos dentro y fuera de Paraguay, que abogaron por la devolución de terrenos de los Sawhoyamaxa.

“Paraguay es el único país del mundo que tiene tres sentencias en la Corte Interamericana por casos de violación de derechos a los pueblos originarios. Si bien el proceso ha sido lento, gracias al trabajo de las propias comunidades y de las ONGs que los acompañan se han logrado avances”, afirmó.

 

Los tres casos de la Corte IDH

Además de los Sawhoyamaxa, que deberán esperar hasta que concluya el proceso de expropiación para poder tomar control total de sus tierras, otra comunidad con un fallo favorable de la Corte IDH aún espera recobrar su hogar ancestral.

Se trata de los Xákmok Kásek, quienes también lograron que el Tribunal internacional arbitre a su favor en 2010. Según Morínigo, el Estado paraguayo acordó un plazo hasta septiembre de este año para cumplir con la orden, y ya negocia con el ganadero de ascendencia estadounidense que ocupa las tierras para poder devolverlas a sus dueños originales.

También el primer caso que fue llevado ante la Corte IDH, la del pueblo Yakye Axa –que al igual que las otras comunidades vive en la región del Chaco- llegó a su final, en 2012. Si bien no lograron recobrar sus tierras, como consecuencia del fallo de 2005 aceptaron recibir un terreno cercano, además de la indemnización del Estado.

¿Significan todos estos pasos un cambio de actitud del gobierno paraguayo con respecto a los reclamos de los pueblos originarios?

Morínigo cree que no. “El Estado cumplió, es cierto”, señaló. “Pero mientras les paga a algunas comunidades, sigue expulsando a otras”, acusó.

El activista de los derechos humanos denunció al caso del pueblo Y’apo, que un día antes de la sanción de la ley de expropiación que favoreció a la comunidad Sawhoyamaxa sufrió un intento de desalojo por parte de fuerzas policiales, y pocos días después de la promulgación de la ley volvió a ser atacada por grupos armados.

No obstante, el gobierno de Horacio Cartes subrayó su compromiso con las comunidades indígenas.

Además de los US$8 millones que pagará para expropiar las tierras de los Sawhoyamaxa, también anunció que creerá un fondo de desarrollo comunitario para proveer educación, asistencia sanitaria y ayuda a la tercera edad para ese pueblo, tal como exigió la Corte IDH.

“El Estado está para eso”, dijo el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín, quien aseguró que el gobierno respetará los derechos de los pueblos originarios.

 

“Entraron –policías del grupo anti-abigeato–  a la comunidad en busca de supuestas evidencias que demostrarían que nosotros somos abigeos. Los policías estaban armados, nos maltrataron e inclusive nos obligaron a acostarnos en el suelo como si fuéramos delincuentes. Nosotros no tenemos ninguna participación en los casos de abigeato. No es la primera vez que la policía actúa en forma ilegal y prepotente”.

“Luchar por los derechos colectivos quizás es el acto más noble y la mejor herencia que una persona deja a su pueblo”

Eso lo demostró Cirilo Fernández, un joven indígena angaité de la comunidad Laguna Teja de La Patria, quien falleció el fin de semana pasado, víctima de la mordedura de serpiente. Fernández nació en su comunidad, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, adquirida en la década de los años 80´ por la Iglesia Anglicana y entregada, luego, al Pueblo Angaité. Fue uno de los responsables de la creación de una nueva aldea, denominada Laguna Teja, dentro de la misma comunidad y donde se instalaron más de una veintena de familias.

Entre los años 2003 y 2004 los miembros de la comunidad La Patria  fueron acusados de abigeato por un fiscal, debido la denuncia de un ganadero cuyo establecimiento linda con la propiedad indígena. En esa ocasión, y en realidad, en varias otras, agentes policiales irrumpieron a la fuerza en tierras indígenas maltratando verbal y físicamente a las personas, apresando a Cirilo  Fernández y a otros cinco miembros de la Comunidad La Patria, quienes fueron llevados a Tacumbú, donde, finalmente, permanecieron por más de tres meses, sin ninguna prueba responsable que lleve a suponer la autoría sobre el hecho punible en cuestión.

Desde Tierraviva asumimos la defensa de estas seis personas y para nuestra institución es sumamente importante resaltar lo siguiente: Días antes de la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, ante el absurdo construido por él mismo en contra de los indígenas, propuso una salida alternativa al conflicto, a través de una de las figuras contempladas en el Código Penal. Los indígenas, liderados por Cirilo, decidieron no aceptar y por lo tanto, proseguir con el juicio, en primer lugar por no considerar justo reconocer un hecho que no cometieron (condición impuesta en la propuesta) y en segundo lugar, por considerar que su caso, eventualmente anulado y ganado, podía servir de precedente y a favor de otros indígenas que fueran inculpados injustamente como ellos; vale recalcar, estuvieron dispuestos al riesgo de 10 años de privación de libertad, con la esperanza de aportar al esclarecimiento de futuros hechos de injusticia. Y efectivamente fue así. Se logró la anulación de todo el proceso y este caso, en años posteriores, fue puesto como precedente en otros procedimientos, como el de siete indígenas de la comunidad Kelyenmagategma, también acusados injustamente, dos indígenas de Puente Kaigué, un adolescente indígena, entre otros. En todos, se pudo conservar el sentido procesal ganado en el caso de Cirilo.

Comentando este acto de nobleza y valentía, es que queremos, desde Tierraviva, recordar a Cirilo y compartir con todos y todas, el testimonio de vida de una  persona como él, que deja un legado de lucha y de justicia para todos nosotros.

Quesnel está acusado por el robo de unos Gs. 3.000 millones del  fondo de desarrollo para Sawhoyamaxa y Yakye Axa

La tercera es la vencida, podría titularse el anuncio de la audiencia preliminar del caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado en el caso del millonario robo de fondos indígenas perpetrado el año pasado en la citada institución estatal.

Por tercera vez el juez Oscar Delgado convocó a Rubén Dario Quesnel, Marlene Mendoza, ex administradora del INDI y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución, procesados por la desaparición de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa.

Esta nueva audiencia preliminar se realizará mañana a partir de las 8:00 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, de la ciudad de Asunción. Durante este acto judicial, eljuez Delgado determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.

El pasado 28 de mayo, el magistrado a cargo del caso decidió suspender la audiencia debido a que los abogados defensores de los acusados no recibieron las copias los expedientes, según informaron funcionarios del juzgado.

Los ex funcionarios del INDI están acusados por la comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, por el Agente Fiscal René Fernández y por los abogados que ejercen la querella adhesiva, por el desvío de más de 3.127.191.527 de guaraníes, que la institución indigenista estatal tenía depositado en el Banco Nacional de Fomento y que debía ser destinado para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, como parte del cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Rubén Quesnel también está procesado en otro caso, ocurrido durante su presidencia en el INDI, por la venta ilegal a un particular de un inmueble de 25 mil hectáreas perteneciente a la comunidad indígena Cuyabia, del pueblo Ayoreo.

La Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas, considera especialmente grave el atropello a los indígenas Avá Guaraní de Canindejú, perpetrado por civiles armados en la madrugada del pasado día 15 de junio, a instancias de la firma Luguna S.A., y que dejara más de una decena de heridos y una persona fallecida.

Al respecto, es particularmente grave que civiles armados, con inocultable aquiescencia estatal, hayan actuado nuevamente con total impunidad, amenazando y atropellando con disparos de armas de fuego, como ocurrió en el distrito de Corpus Chisti, en ocasión del último episodio que denunciamos, así como durante el desalojo del pasado 20 de mayo en contra de la Comunidad Y’apo.

La delegación de hecho que se observa, en el uso de la fuerza, a empresas privadas de “seguridad”, por parte de agentes estatales que la toleran, constituye de por sí una situación inaceptable que debe ser erradicada por las autoridades, para salvaguardar la legitimidad de la autoridad pública y el estado de derecho.

Asimismo, el hecho que las tierras en disputa de la Comunidad Y’apó estén en manos de un particular no le otorga a éste, ni a organismo estatal alguno, la atribución o facultad de autorizar o ejecutar desahucio alguno, dado que la posesión tradicional, profusamente documentada, de los indígenas Avá Guaraní sobre sus tierras ancestrales tienen, por imperio de la Constitución de la República y el marco jurídico vigente, efectos equivalentes al título de pleno dominio que concede el Estado. Vale mencionar también, que la posesión tradicional de los indígenas de Y’apó, también faculta a la comunidad a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro, que debe ser atendida y satisfecha por los organismos estatales correspondientes de conformidad a sus obligaciones.

Por lo dicho, con independencia al título que pueda tener la firma Laguna S.A., los agentes estatales involucrados en la autorización y ejecución del desalojo del 21 de mayo, así como los civiles que atropellaron el asentamiento indígena el 15 de junio, violaron abiertamente los derechos de la Comunidad Indígena Y’apó. La ley 43/89 en este sentido es muy clara y, expresamente, prohíbe la innovación de hecho y de derecho en los asentamientos indígenas que se encuentren en inmuebles titulados a nombre de terceros, hasta tanto se proceda a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de ocupación y dominio ancestral de la comunidad.

Este caso, una vez más, revela la aplicación discriminatoria del derecho, al privilegiarse la propiedad privada por encima de la propiedad comunitaria indígena, con lo cual se sitúa en condiciones de extrema vulnerabilidad a los indígenas Avá Guaraní, hoy, privado de sus tierras y gravemente afectados por el ataque sufrido, comprometiéndose de este modo un conjunto de derechos humanos que están siendo violados a cada uno de sus miembros, entre quienes se encuentran niños y ancianos afectados por la represión.

Ante esta grave situación, que afecta a decenas de familias indígenas, exigimos al Instituto Paraguayo del Indígena y al Ministerio Público, la promoción inmediata de acciones judicialmente de salvaguarda y protección para la Comunidad Y’apó, que estén orientadas a la restitución inmediata del inmueble despojado a los mismos, así como la correspondiente indemnización por el daño material e inmaterial sufrido a raíz de la destrucción de sus casas, sitios sagrados y lesiones graves de sus miembros. Asimismo, aguardamos justa sanción penal a los responsables y civiles armados que perpetraron el hecho violento.

 

Asunción,  junio 16 de 2014

Teresa Vargas  – Tekoha

Julia Cabello Alonso – Tierraviva

Por la Coordinación de Turno de la REDESPI

 

Para mayor información, comunicarse:

Abg. Oscar Ayala Amarilla (tel. 0971 284292) Santiago Bobadilla (tel. 0971 142444)

Por Lorna Quiroga*

Luego de largos años de lucha, habiendo sido despojados de sus tierras y viviendo en precarias condiciones al costado de la ruta, la comunidad indígena Sawhoyamaxa recuperó sus tierras.

Esperaron pacientemente 20 años, transitaron la pesada burocracia nacional y sin encontrar respuesta recurrieron al sistema interamericano de Derechos Humanos para que en el 2006 la Corte IDH sentenciara al Estado paraguayo por violar los derechos de la comunidad, pero recién este año el congreso trató y sancionó por unanimidad la ley de expropiación de tierras a su favor. Hoy, la comunidad junto a otras organizaciones marcharon por el centro de Asunción, donde hacía 10 días estaban acampando en vigilia permanente hasta que el presidente firmara. Finalmente, todos y todas festejaron la promulgación de la Ley, ahora las tierras vuelven a sus dueños originarios, la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet Sur.

La perseverancia de su lucha constituye un ejemplo de la resistencia de los Pueblos Indígenas que a pesar de ser olvidados por sus Estados, se mantienen firmes exigiendo que se respeten sus derechos y se restituyan sus tierras ancestrales, por eso, hoy “la victoria es para todos“, como decía Eriberto Ayala, miembro de la comunidad.

Por encima de los intereses económicos y particulares, se respetaron los derechos de los Pueblos Indígenas y se aprobó la Ley 5.194 que declara de interés social y expropia las tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Rebosantes de alegría la comunidad gritó: “Viva Sawhoyamaxa, vivan los Pueblos Indígenas!” y agradeció públicamente a todas las personas que acompañaron y se acercaron en el día de hoy a compartir su felicidad recordando además a quienes ya no están: “este es un momento histórico para Sawhoyamaxa, no podemos olvidarnos de aquellos hermanos nuestros que están enterrados al costado de la ruta”, decía Eriberto Ayala.

Por su parte, Aparicia González, rememoró todo el sufrimiento por el que pasaron y la valentía de todas las mujeres de su comunidad que se atrevieron a entrar nuevamente a sus tierras hace un año atrás sin pensar por un segundo en retroceder y volver a vivir sobre la ruta donde ya no tenían futuro. Sawhoyamaxa resistió por la fortaleza de estas mujeres que no han dado ni un paso atrás en la lucha por lo que es justo, siempre pensando en que el mejor legado para sus hijos e hijas serían sus tierras ancestrales, allí donde está su historia, su cultura, su vida.

“A pesar de tantos años de sufrimiento ahora demostramos que el derecho indígena es superior a cualquier derecho o interés comercial. Ahora pudimos recuperar nuestra tierra, ahora le pedimos al gobierno que  den los recursos para que nos desarrollemos como comunidad. Finalmente y para estar totalmente felices como comunidad, le exigimos al gobierno la inmediata transferencia del título de propiedad a nombre de Sawhoyamaxa” decía Eriberto Ayala al volver del Palacio de los López con la Ley promulgada en la mano de su su líder, Carlos Marecos.

 

¡Viva la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet!

Oscar Ayala, Abogado de la comunidad y miembro de Tierraviva: “A los héroes y heroínas de Sawhoyamaxa que ya no están, que iluminaron con sus vidas los primeros años de esta larga lucha, como: Teresio González, Pedro Fernández, Severa Benítez y Mario Florentín, mi especial reconocimiento y gratitud así como a los actuales miembros de la Comunidad, por la confianza con la cual nos han distinguido siempre, a quienes hacemos parte de Tierraviva – a los pueblos indigenas del Chaco, en los momentos más difíciles de las últimas dos décadas. Para ellos, a modo de breve homenaje, lo dicho por uno de los jueces de la Corte IDH: “No podría dejar de rendir, en este Voto Razonado un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas silenciosas del presente caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, -así como del anterior caso congénere de la Comunidad Yakye Axa,-y evocar, en particular, la memoria de los inocentes que perdieron su vida en la vera de una carretera, y al dolor de sus familiares que sobreviven, en la vera de la misma carretera, en la miseria impuesta a ellos por la codicia y avaricia humanas” (Voto Razonado del Juez A.A. Cancado Trindade, sentencia del 29 de marzo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

¡Honor y gloria a los Pueblos que luchan!”

 

* Investigadora, Área Campo e Investigación, Tierraviva