Indígenas contentos por documentarse

Después de mucho insistir indígenas tuvieron oportunidad de documentarse en su misma comunidad sin la necesidad de trasladarse a otro lugar.

Se tratan de las comunidades Colonia 96, Buena Vista, Ana Victoria, Espartillar y Kyelemgategma, quienes se encuentran aislados, pues carecen de un camino de todo tiempo. Además, sin acceso al agua potable, vivienda digna, sistema eléctrico, entre otras necesidades básicas

La comunidad se encuentra asentada en el kilómetro 352 de la ruta Pozo Colorado-Concepción y a unos 60 km aproximadamente al norte de la misma Ruta, en el Departamento de Presidente Hayes.

La actividad se realizó del 13 al 17 de noviembre pasado en el marco de una campaña ejecutada gracias a dos convenios interinstitucionales firmados por la Organización Tierraviva con el Instituto Paraguayo del Indígena, por un lado y otro con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la ejecución del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”.

Tener documentos de identidad es un derecho que tenemos todos y todas como ciudadanos, nos permite acceder a derechos civiles y políticos y, además acceder a programas y servicios que brinda el estado

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Tierraviva en jornada de documentación indígena

En la comunidad Payseyamexyempa’a, que incluye a Colonia 96, Buena Vista y Ana Victoria, se realizó una jornada de documentación en la cual los indígenas pudieron tramitar documentos como la Cédula de Identidad, tanto por primera vez como renovación; Certificado de Nacimiento y Carnet Indígena.

En la elaboración participaron funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena, de la Dirección de Registro Civil y del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

La misma actividad luego se realizó en Espartillar y Kelyenmagategma, todas ellas del Pueblo Enxet del Departamento de Presidente Hayes.

Fue del 13 al 17 de noviembre pasado en el marco de una campaña ejecutada gracias a dos convenios interinstitucionales firmados por la Organización Tierraviva con el Instituto Paraguayo del Indígena, por un lado y otro con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la ejecución del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”.

El acceso a la documentación oficial, además de un derecho fundamental, es una necesidad sentida en las comunidades del país como puerta de ingreso a programas sociales y políticas públicas que tiene el Estado dirigida a la población indígena.

Más de 8 mil personas indígenas accedieron a documentación oficial

La Campaña de Documentación a comunidades indígenas en el Paraguay llegó a más de 8 mil personas indígenas entre los meses de febrero y octubre del corriente año. Esta campaña es ejecutada en el marco dos convenios interinstitucionales firmados por la Organización Tierraviva con el Instituto Paraguayo del Indígena, por un lado y otro con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la ejecución del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”.

 

Según los reportes fueron visitadas unas 100 comunidades indígenas, ubicadas en 20 distritos de 5 departamentos del paí. En las comunidades visitadas los pobladores y pobladoras pudieron acceder a Cédula de Identidad, tanto por primera vez como renovación; Certificado de Nacimiento y Carnet Indígena. En la elaboración y entrega de documentos participan funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena, Dirección de Registro Civil y del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

 

El acceso a la documentación oficial, además de un derecho fundamental, es una necesidad sentida en las comunidades del país como puerta de ingreso a programas sociales y políticas públicas que tiene el Estado dirigida a la población indígena.

Camino de todo tiempo, principal reclamo en Naranjaty

Indígenas de la comunidad Naranjaty, ubicada hacia el nor-este del distrito de Villa Hayes (Presidente Hayes), Pueblo Enxet, reclaman al Estado un camino de todo tiempo pues se encuentran aisladas consecuencia de esta situación.

Así cuenta Cecilio Pacheco, líder de dicha comunidad relatando las condiciones infrahumanas en la cual diariamente se desenvuelven. “Nosotros no tenemos caminos, no accedemos a agua potable ni energía eléctrica”, afirmó.

Naranjaty tiene una extensión de 15 mil hectáreas y se encuentra rodeada de grandes establecimientos agropecuarios. Aparte del aislamiento, los indígenas igualmente soportan la contaminación de un riacho producto las fumigaciones de los arrozales del lugar.

Pablo Blanco, quien vive hacia la otra punta de la comunidad Narajanty, reitera que el camino es la mayor preocupación de los indígenas. Sin una ruta de todo tiempo no podemos desarrollarnos, indicó.

Recientemente, en una tarea de campo (del 25 al 27 de octubre pasado),  parte del equipo de trabajo de Tierraviva visitó la zona interiorizándose de la realidad indígena.

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Indígenas sin atención medica y viviendo en condiciones infrahumanas

Teresa Gómez, indígena, promotora de salud de la comunidad Naranjaty, distrito de Villa Hayes, lleva viviendo alrededor de 20 años en la zona. Viven en condiciones sumamente precarias, sin energía eléctrica ni vivienda digna y los chicos no van a escuela.

La gente igualmente carece de una adecuada atención sanitaria, por ejemplo, más de un año no reciben brigada médica; si bien ella es promotora de salud, no dispone de un lugar para la atención, ni si quiera cuenta con medicamentos. En caso de urgencias la gente acude al pueblito de Yvapovô, debe cruzar en canoa el río Paraguay

Otra preocupación comunitaria es la contaminación provocada por una empresa arrocera colindante con Naranjaty, pues según los indígenas permanentemente tiran sus desechos en un riacho del cual ellos consumen agua.

Naranjaty, Emha Solyatekta en Enxet, asentada en frente de Pto. Yvapovō, pero hacia la Región Occidental en el Departamento de Presidente Hayes. La zona es considera como tierras ancestrales de los Enxet.

El antiguo Líder de la Comunidad Don Sebastián Talavera, (ya finado), inició el reclamo de las tierras con el acompañamiento Jurídico de Tierraviva. Se consiguió unas 15 mil hectáreas mediante un Proyecto de desafectación.

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Tierraviva participa en Diálogo Regional “Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia”

Del 24 al 26 de octubre se desarrolla en Santiago de Chile el Diálogo Regional “Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia”, espacio promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), que busca fomentar el compromiso de los actores nacionales, regionales e internacionales para superar los principales obstáculos que enfrentan los Pueblos Indígenas para acceder a la justicia. El abogado Oscar Ayala, integrante de Tierraviva, representó a la organización en este espacio realizando una exposición sobre la situación en Paraguay.

Según señala la ACNUDH se calcula que existen más de 800 Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe cuya población estimada es de 58 millones de personas al 2018, cifra que representa alrededor del 10% de la población total de la región. En este marco la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha identificado en las últimas décadas, la intensificación de conflictos en torno a la tierra que involucran a los Pueblos Indígenas, bajo la presión de las industrias extractivas y la agricultura a escala industrial. El escaso reconocimiento jurídico por parte de los Estados de territorios históricamente ocupados es un obstáculo para el ejercicio de la justicia propia con base en el pluralismo jurídico y el ejercicio del derecho a la libre determinación. A ello se suma el fenómeno de los desalojos masivos en zonas rurales que afectan actualmente a los Pueblos Indígenas”.

Otra preocupación señalada por la ACNUDH son “los casos de amenazas, asesinatos y criminalización de los cuales son víctimas las personas defensoras de derechos humanos de los Pueblos Indígenas que defienden su tierra, territorio y el medio ambiente. Hay evidencia que América Latina es la región más afectada por los asesinatos a personas defensoras, sobre todo a los relacionados al medio ambiente”.

En este marco, dada la prioridad que tienen los Pueblos Indígenas para ACNUDH en la región, en
particular, lo relacionado con la justicia y la reparación por la violación a sus derechos humanos, “la
Oficina toma la oportunidad de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), para llevar a cabo un diálogo abierto entre actores, Pueblos Indígenas,
personas defensoras, actores de Cortes de Justicia y constitucionales, a fin de contribuir a la toma de
acción para en el ámbito del acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas y su relación con la coordinación entre sistemas; la conflictividad en torno a territorios y recursos; y, la situación de
personas defensoras”

Según datos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) entre noviembre de 2021 y octubre del 2022 se habrían realizado, al menos, 12 desalojos contra comunidades indígenas que afectaron a por lo menos 278 familias indígenas. Estos desalojos forzosos a su vez arrojaron la judicialización de 47 personas defensoras del territorio indígena.

Dignidad en movimiento

La tercera marcha nacional de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) congregó a miles de hombres y mujeres de diferentes pueblos indìgenas tanto en Asunción como en Pozo Colorado y otros puntos del país donde comunidades y organizaciones salieron a mostrar, una vez más, su resistencia ante un Estado, y un modelo económico, que los excluye y discrimina.

La recordación del 11 de octubre como último día de libertad para los Pueblos Indígenas trajo hasta el pleno centro de la capital toda la fuerza de más de 500 años de resistencia de los Pueblos Indígenas expresados en sus danzas, cantos y rituales. El cambio de clima, de un calor intenso a un fresco casi invernal, acompañó el paso de la recordación a la lucha, a la acción y a la protesta que se vivió en este 12 de octubre.

Al igual que años anteriores, la ANIVID presentó un amplio pliego de reclamos que abarca varias aristas de la vida de los Pueblos Indígenas, desde sus necesidades más básicas hasta cambios estructurales necesarios para garantizar la continuidad de su existencia como Pueblos. “Tierra, autonomía y participación”, el lema elegido por la organización para esta tercera marcha, resume de manera cabal los principales puntos de exigencia de la Articulación que fueron presentados a los tres poderes del Estado.

Desafiando a la llovizna y al repentino frío, la marcha partió en horas de la mañana llegando hasta las sedes de algunas de las Instituciones públicas que deben dar respuestas a los reclamos. Ante la sede del Ministerio Público y el Ministerio del Interior el grito unánime fue por el fin de los desalojos violentos y la criminalización de los indígenas que luchan en defensa de su territorio. Mientras, en Pozo Colorado, unos 1500 indígenas Chaqueños se manifestaban en la Ruta Transchaco con las mismas exigencias y reclamos, aguardando ser escuchados. 

Fue justamente el Ministro del Interior, Enrique Riera, autor de la llamada Ley de Criminalización – que penaliza con hasta 10 años de prisión la lucha por la tierra – el responsable de recibir a la dirigencia de la ANIVID, en una mesa de diálogo que incluyó a la Presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena y a representantes de diferentes entes públicos.

“Aquí estamos trayendo nuestros reclamos y nuestra resistencia, queremos ser escuchados y que estas situaciones tan duras que pasamos, los desalojos, la falta de agua, de educación, de salud y otras ya no se repitan” señaló la Coordinadora Nacional de la ANVID, Maria Luisa Duarte, al inicio de la reunión. La organización reclamó que desde hace dos años vienen presentando los mismos pedidos a los entes del Estado sin encontrar respuestas concretas a sus pedidos.

De los 34 puntos planteados en el pliego de reivindicaciones de la movilización, se destacaron ante las autoridades la urgencia de dar respuesta a la necesidad de garantizar el acceso a la tierra, con medidas como el fin de los desalojos, aumento de presupuesto para la compra de tierras por parte del INDI, y el fin de la aplicación de la Ley 6830 (Ley Zavala-Riera) que criminaliza la lucha por la tierra; también se reclamó el respeto al Derecho a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, exigiendo que las autoridades dejen de impulsar leyes que afectan a los Pueblos Indígenas sin darles participación real.

La justeza de los reclamos y la firmeza de las mujeres y hombres indígenas llevaron a que el nuevo gobierno, representado por Riera, deba aceptar la apertura de una Mesa de Trabajo con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, cuya primera sesión fue establecida para el próximo 13 de noviembre. 

Tanto para quienes marchaban en Asunción, como para los manifestantes en Pozo Colorado, la firma del acta de compromiso para la apertura de esta mesa, fue una conquista de la movilización y representa la posibilidad de discutir con las instituciones las medidas necesarias para garantizar una vida digna para los Pueblos Indígenas.

La Tercera Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas ha sido una demostración de la vigencia del movimiento indígena como parte fundamental de la vida política del país. “El movimiento indígena tiene hoy visibilidad, articulación, movilización e incidencia, manteniendo sus propias características, como la representatividad de lo colectivo y la fortaleza de los liderazgos” señala el antropólogo e integrante de Tierraviva Rodrigo Villagra al analizar el avance de la ANIVID y de la lucha indígena en los últimos años. 

Villagra señala que el movimiento indígena “en su planteamiento apunta a una transformación de esa estructura desigual, racista y discriminatoria sobre la que se constituyó el Estado paraguayo, negando su raíz indígena”. Además agrega que la presencia continua de las luchas indígenas en los últimos años, muestra claramente un mayor vigor del movimiento, pero también “la urgencia y permanencia de sus reclamos, que se profundizan justamente como consecuencia de un modelo que los excluye”.

El analista indica también que la acción de la ANIVID muestra que hay una capacidad de madurez, de contestación y de reclamo que replantea la relación que el Estado paraguayo, y la sociedad en general, tiene con los Pueblos Indígenas. Así también indica que el movimiento se seguirá fortaleciendo ya que los reclamos, como el derecho a la tierra y otros puntos, están plenamente justificados e incluso reconocidos en los marcos normativos tanto a nivel nacional como internacional, lo que crea una tensión entre las aspiraciones del movimiento y el intento de mantener el status quo que predomina en las autoridades.

“El movimiento indígena viene a plantear una fuerza de renovación y de recuperación de la lucha por una sociedad más justa y sustentable en todos los sentidos” concluye Rodrigo Villagra.

Tierra, autonomía y participación contra la discriminación estructural

Hace pocos días un oficio del Ministerio Público ordenaba un nuevo desalojo irregular en el territorio de la Comunidad Indígena Cerrito de Alto Paraná. La comunidad resiste, en medio de la violencia, protegiendo su territorio y su cultura desde hace años, lo mismo sucede con decenas de comunidades cuyas tierras fueron avasalladas por sojeros y ganaderos.

Mientras, en el Chaco las Comunidades Indígenas soportan la falta de agua potable, producto de una prolongada sequía, que se profundiza como efecto de la Crisis Climática, causada principalmente por el avance del modelo extractivista. Al mismo tiempo, la falta de caminos, escuelas, puestos de salud, golpean fuertemente a la población indígena del Chaco; las grandes obras de infraestructura sólo apuntan a satisfacer los intereses empresariales que se extienden en el territorio chaqueño, olvidando y excluyendo a la población indigena.

Muestra de esto es el reciente caso de una joven parturienta que falleció a causa de la falta de atención médica adecuada en la Comunidad Indígena Kurupa’yty, del Pueblo Enxet, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Por su parte, la comunidad Virgen Santísima, del Pueblo Yshir, en Bahía Negra, que reclama la restitución de 100 hectáreas de su territorio ancestral, no puede acceder a estas tierras ya que aguardan una mensura judicial hace más de un año, que se vió frustrada recientemente porque el INDERT, no previó el traslado de sus funcionarios hasta la zona.

En el Parlamento se plantean y debaten leyes que afectan a los Pueblos Indígenas sin darle si quiera el derecho a la participación, y ni hablar del derecho a la consulta previa, libre e informada. El presupuesto previsto para la compra de tierras desde el INDI para el año 2024 alcanza apenas para la adquisición de 120 hectáreas, cuando son decenas las comunidades que requieren acceder a este derecho.

Este breve relato de apenas algunos de los últimos hechos que afectan la vida de los Pueblos Indígenas en Paraguay, muestra la dura situación que atraviesan y la constante violación a sus derechos humanos, es muestra de una discriminación Estructural, por parte de un Estado que destina recursos a atender las necesidades de sectores poderosos pero se niega a brindar atenciones y derechos básicos a las comunidades indígenas.

En medio de esta situación surgió, hace algunos años, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna que organiza este 12 de octubre la tercera marcha nacional indígena, bajo el lema “Para una vida digna: Tierra, autonomía y participación”.

La construcción de un Paraguay con justicia y pleno respeto a los Derechos Humanos pasa por atender fundamentalmente a los sectores más postergados, los Pueblos Indígenas son, sin dudas, uno de ellos. Políticas públicas participativas y financiadas adecuadamente, que garanticen la satisfacción de las necesidades mas urgentes, como acceso a la tierra, agua potable, alimentos, salud, educación y caminos de todo tiempo, son urgentes y necesarias para poner un punto final a la discriminación y exclusión que sufren las personas indígenas en Paraguay.

Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización con 30 años de lucha por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, reiteramos al Estado su obligación respecto a garantizar los Derechos Humanos y poner fin a esta discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas que habitan en Paraguay.

Indígenas con derecho a pensión alimentaria

En Paraguay, conforme a la ley número 3728/09, se estable el derecho a la Pensión Alimentaria para las personas adultas mayores.

La normativa está dirigida a todas las personas mayores de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad social, residente en el territorio nacional, que recibirá una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario mínimo vigente.

Recientemente, del 18 al 22 de septiembre pasado, Tierraviva acompañó al INDI a jornadas de inscripción de adultos mayores indígenas en el Alto Paraguay.

La señora Mercedes Noguera, de la comunidad Machete Vaina (Maskoy), en el distrito de Puerto Casado, una de las anotadas, cifra esperanza en que pueda recibir la pensión pues según dijo carece de muchas necesidades básicas por ende urge dicha pensión. Igualmente resalta a su comunidad que, a pesar del abandono y olvido estatal, mantiene viva su cultura y tradición.

Desde hace dos años se viene desarrollando una Campaña de Documentación a comunidades indígenas, en el marco del convenio interinstitucional firmado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Organización Tierraviva para la ejecución del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea y busca garantizar el acceso a documentación oficial a los miembros de más de seiscientas Comunidades Indígenas a nivel nacional.

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Con apoyo de Tierraviva, Payseyamexyempa’a sigue luchando por la protección de su territorio

La Comunidad Payseyamexyempa’a, del Pueblo Enxet, se encuentra asentada en el kilómetro 352 de la ruta Pozo Colorado-Concepción y a unos 60 km aproximadamente al norte de la misma Ruta, en el Departamento de Presidente Hayes. Está compuesta por aldeas Colonia 96, Buena Vista, y Ana Victoria – en las que viven aproximadamente 60 familias, en el 2022 luego de 26 años, accedió al titulo de sus 25 mil hectáreas de tierra.

En el mes de noviembre de 2022, los lideres de la comunidad Cleto Recalde (+) y Rosalino Moreira, patrocinados por abogados de Tierraviva, presentaron denuncia por invasión de inmueble contra el titular de la estancia contigua, en la unidad fiscal de Pozo Colorado. Numerosos escritos fueron presentados ante dicha fiscalía buscando que la Dra. Norma Paredes se constituya en el inmueble para corroborar lo denunciado, sin embargo la causa no avanzaba.

Tras meses de insistencia de la comunidad, se logró que el pasado 15 de setiembre se constituyan autoridades fiscales y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Según las actas libradas por las autoridades de ambas instituciones se pudo constatar el desmonte y parcelamiento de zonas boscosas dentro del territorio indígena que se habría realizado con maquinaria pesada por parte de los invasores.

Todo el procedimiento fue realizado con acompañamiento de líderes y referentes de la comunidad Payseyamexyempa’a quienes manifestaron que es de suma importancia apra ellos que se frene la invasión y la deforestación, además de sancionar a los responsables, a fin de garantizar una efectiva protección del territorio indígena.

Tras estas diligencias la causa podría avanzar a fin de comprobar los hechos y sancionar a los responsables de la invasión y deforestación del territorio indígena, hecho que ha creado un grave e irreversible daño a la comunidad, que depende en gran media del bosque.