El 9 de agosto la Organización de Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue justamente en esta fecha, pero en el año 1982 cuando se inició la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. Este año el organismo multilateral ha decidido dedicar la jornada a llamar la atención sobre la importancia de proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial.
Justamente, en estos momentos se desarrolla en Paraguay una importante encrucijada que afecta a uno de los últimos Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, los Ayoreos Totobiegosode, cuyo territorio se encuentra amenazado por los planes de deforestación que lleva adelante la empresa agroganadera Faro Moro, que pretende deforestar unas 20 mil hectáreas de bosques, lugar donde se encuentran familias Ayoreo y el hábitat tradicional de este Pueblo. La estancia Faro Moro, ubicada en el Departamento de Boquerón, y sus arrendatarios, han obtenido licencias de forma totalmente irregular para permitir la deforestación y la extensión de proyectos agropecuarios, en territorios donde se encuentran los indígenas en aislamiento, poniéndolas en un grave riesgo, demostrando una absoluta falta de compromiso e interés por parte del Estado paraguayo en la protección de los Pueblos Indígenas.
Este caso, el más emblemático en la actualidad, amenaza con acabar la existencia del último grupo de indígenas en aislamiento voluntario existente en Sudamérica, fuera de la región amazónica.
Al mismo tiempo, muestra la disputa que se desarrolla hace tiempo en el territorio chaqueño, espacio que ha sido elegido por el gran capital para extender las fronteras del modelo extractivista vigente en Paraguay. Mediante la inversión de millones de dólares por parte del Estado, se ha generado la infraestructura principal para que estos capitales puedan establecerse con diferentes mega proyectos, y sus antiguos cantos de sirena respecto a “crear empleo y desarrollo”, en el territorio chaqueño.
En el mismo territorio se muestra la otra cara de la moneda, la falta total de inversión por parte de los sucesivos gobiernos para garantizar condiciones mínimas de vida digna a las comunidades indígenas, falta de caminos, infraestructura escolar y sanitaria, y lo más grave, últimamente, falta de infraestructura y asistencia que permita a las comunidades acceder a agua potable y alimentos debido a la extensa sequía que se profundiza a causa de la crisis climática vigente, crisis ante la cual el Estado tampoco ha dado respuestas suficientes ni oportunas.
La aparición de mega proyectos, que incluyen monocultivos extensivos de productos agrícolas y forestales, con el consecuente uso de agrotóxicos y deforestación; proyectos de extracción de minerales como el litio, o la explotación de canteras; sumados a las condiciones de exclusión y marginación a la que son sometidas las Comunidades Indígenas crean una situación explosiva, poniendo en jaque lo que la Constitución Nacional define como “el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”.
El avance del capital amenaza con afectar gravemente al medio ambiente y la naturaleza, al mismo tiempo que empuja a las personas indígenas a someterse a sistemas de explotación -muchas veces cuasi esclavistas-, convirtiéndolos en mano de obra barata para los “emprendimientos” que se realizan en la zona, profundizando una antigua grieta que se iniciara ya con el establecimiento de las Colonias Menonitas; y que colisiona gravemente con la identidad indígena.
A pesar de estas amenazas y la casi inexistente asistencia y presencia eficaz del Estado, las voces indígenas siguen levantándose con fuerza y organizadamente, impulsadas por la identidad y conexión que tienen con el territorio chaqueño. La templanza y la firmeza, características propias de la población indígena del Chaco, se multiplican en cada comunidad, en cada Pueblo y en cada organización indígena, quienes sostienen que defenderán su derecho a existir y ocupar su territorio. Es deber de una sociedad que se declara democrática y que valora sus raíces, no dejarlos solos en esta disputa, contribuyendo a frenar un modelo de despojo que se extiende por todo el país y a construir otro, que sea respetuoso de las poblaciones y de la naturaleza, de la diversidad y la biodiversidad, que hoy están en riesgo.
