28-01-2026 En estos días hemos sido testigos de una de las situaciones más crueles e inhumanas, que involucra, por un lado, al aparato estatal y, por otro, a la indolencia de una sociedad que señala, prejuzga y banaliza realidades que atraviesan cotidianamente a nuestro sufrido pueblo.
Como una de las primeras acciones del año 2026, el Estado paraguayo actuó de oficio imputando a una pareja indígena en el departamento de Amambay por la muerte, por desnutrición severa, de su hija de tan solo tres años de edad. El hecho ocurrió en una comunidad históricamente olvidada por las políticas públicas, ante la insensibilidad de una población que se jacta de la “raza guaraní” que dice llevar en la sangre.
El lamentable suceso tuvo lugar en la comunidad indígena Takuaguyogue, del Pueblo Paĩ Tavyterã, donde el Estado paraguayo está prácticamente ausente a la hora de garantizar derechos elementales como el acceso al agua, la energía eléctrica, la salud y la alimentación. Sin embargo, esa misma ausencia se disipa cuando se trata de poner en funcionamiento el aparato punitivo y criminalizador de la pobreza.
En este caso, el estamento público actuó con una premura inusitada para imputar a personas individuales, pobres y excluidas, lo que le permitió desviar eficazmente la atención y deslindarse de las responsabilidades estructurales que le corresponden como garante de derechos.
Este no es un hecho aislado. Situaciones similares se repiten con frecuencia en numerosas comunidades indígenas del país, ante la falta de una respuesta objetiva y eficaz por parte de las instituciones públicas, que optan por sancionar antes que por resolver. El dolor se agrava aún más al leer los comentarios de la ciudadanía en las redes sociales, donde predominan expresiones de racismo y discursos de odio.
Como Tierraviva ha venido denunciando públicamente desde su creación, las comunidades indígenas enfrentan la falta de agua, la inexistencia de transporte, la ausencia de caminos, el cierre de accesos por parte de estancieros, la carencia de energía eléctrica, la falta de aseguramiento jurídico de sus tierras y la insuficiencia de alimentación básica. En síntesis, se enfrentan al incumplimiento sistemático de sus derechos fundamentales, pese a que el marco legal vigente establece como fin prioritario del Estado paraguayo la protección de los Pueblos Indígenas.
Situaciones de esta naturaleza ya han derivado en tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo, por violaciones a los derechos humanos de Comunidades Indígenas. Estos casos fueron acompañados por Tierraviva y, pese a que de dichas sentencias han transcurrido más de veinte años, la realidad de los Pueblos Indígenas no ha experimentado cambios sustantivos, lo que evidencia la falta de voluntad política y la persistencia de una discriminación estructural por parte del Estado.
La gravedad de esta situación impacta de manera particular en la niñez indígena. En Paraguay, los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años constituyen el grupo más afectado por la pobreza: el 73,7 % se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que se eleva al 75,7 % en las zonas rurales. La escasa respuesta estatal se refleja en los datos del Monitoreo de la Implementación del Sistema de Protección Social en Comunidades Indígenas del Paraguay, que da cuenta de serias dificultades para el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la tierra, la alimentación adecuada, la salud, la educación y el agua potable.
Lejos de revertir esta situación, el gobierno ha decidido desmantelar la institución que constituye el órgano rector de las políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), desde julio de 2025. Hasta el momento, los líderes indígenas solo pueden dar cuenta de la inexistencia de avances concretos en la reapertura total de la oficina central en Asunción. Paralelamente, una sociedad paraguaya discriminadora hace todo lo posible para impedir que las oficinas de instituciones públicas que atienden a pueblos indígenas se instalen en sus barrios.
En este panorama, resulta inevitable preguntarse cuál fue la respuesta del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia hacia esta niña, cuyo frágil cuerpo soportó la desnutrición hasta su fallecimiento. La respuesta parece ser la indolencia de funcionarios del sistema de salud, responsables de omitir el seguimiento necesario; la decisión judicial de enviar a prisión a sus jóvenes y empobrecidos padres indígenas —ya de por sí relegados de múltiples formas—; y el olvido y la negación de su existencia por parte de una sociedad hipócrita, cuyo patriotismo se reduce a la exaltación ocasional de colores deportivos.
Más allá de las responsabilidades individuales de los funcionarios que integran el sistema encargado de garantizar el acceso a derechos, el Estado paraguayo debe mirar con profundidad la realidad que atraviesan los Pueblos Indígenas. Solo así podrá dar alguna explicación a la lamentable actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, y responder con firmeza frente a las expresiones de odio que emergen desde su propia sociedad.
Es urgente que se adopten acciones concretas para despertar conciencias y que las decisiones públicas se basen de manera firme en los derechos humanos.
Basta ya de injusticias.
📸 Eder Rivas (Diario ABC Color. PJC)