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Ayer, 24 de Febrero de 2015, una comitiva conformada por el INDI, MOPC y Tierraviva estuvo por el chaco para realizar una inspección y dar comienzo a los trabajos de apertura de camino e cual permitiría a la Comunidad indígena Yakye Axa mudarse de la ruta -donde aún continúa viviendo en condiciones muy precarias- a las tierras que el Estado adquirió para su asentamiento en 2012. Uno de los propietarios ganaderos por donde pasaría el camino impidió el acceso a la comitiva. Este es un obstáculo que no ha podido resolverse y que ha sido denunciado por Aministía Internacional en su informe anual: http://amnesty.org.py/lanzamiento-del-informe-anual-20142015/

El día de ayer la comunidad inígena Xákmok Kásek reocupó las tierras ancestrales que hace más de dos décadas reclama como suyas.

Ayer la comunidad, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, tomó la medida de reocupar sus tierras ancestrales: “cueste lo que cueste”. Con mucha esperanza y espíritu de paz, exigen recibir una respuesta y solución de parte del Estado a su reclamo territorial: para el bien de la comunidad pero principalmente para sus hijos e hijas como anunciaron ayer en un comunicado a la opinión pública.

 

Antecedentes

La comunidad indígena Xákmok Kásek, que en castellano significa “muchos loritos”, pertenece al pueblo Sanapaná. Hace varias décadas atrás comenzaron los trámites administrativos, a nivel nacional, para que le sean restituidas 10.700 hectáreas de sus tierras ancestrales. Ante la inacción del Estado, el caso pasó a instancias internacionales y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó por tercera vez una sentencia contra Paraguay por violar los derechos de los pueblos indígenas.

Las tierras reclamadas por Xákmok Kásek corresponden a un área de aproximadamente 10.700 hectáreas conformado por la zona conocida por la comunidad como Mopey Sensap (colibrí blanco) o más comúnmente conocida como Retiro Primero. Desde el año 2002, las tierras reivindicadas están divididas por dos estancias con propietarios distintos. La mayor fracción, de 7.000 has. aproximadamente, pertenecen a la empresa ganadera Eaton y Cía, y el resto a la Cooperativa Menonita “Chortitzer Komitee” que la obtuvo cuando Eaton se las vendió a fines del año 2002.

Hasta el año 2008, la comunidad resistió en una parte de sus tierras a pesar de todas las tensiones y maltratos sufridos. Luego, decidió mudarse a 1.500 has. cedidas solidariamente por otra comunidad indígena, Nepoxen. Más de 74 familias de esta comunidad se encuentran asentadas hace 7 años en un reducido espacio que viola nuevamente lo estipulado por ley (la Ley 904/81 Estatuto de comunidades indígenas establece  que la cantidad mínima de tierras para comunidades indígenas de la región chaqueña es de 100 hectáreas por familia).

Hace dos años se venció el plazo que tenía el Estado para cumplir con la sentencia de la Corte IDH y a pesar de que parte de las 10.700 hectáreas del reclamo han sido ofertadas por uno de los propietarios del título de las tierras, el Estado no realizó las diligencias correspondientes para hacer efectiva la restitución. Fenecidos los plazos razonables y la prórroga, el Estado debería estar pagando una multa mensual a la comunidad.

El año pasado el Instituto Paraguayo del Indígena recibió la carta oferta de uno de los propietarios del título de las tierras reclamadas por la comunidad  indígena Xákmok Kásek. A pesar de las negociaciones y formalidades administrativas que se llevaron a cabo, no se concretó la compra. A fin de 2014, preocupadas por el negligente  accionar del INDI, las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek realizaron un comunicado para expresar la falta de diligencia de parte de esta institución.

Actualmente, tras décadas de lucha, esta podría ser la única oportunidad de restituir las tierras a la comunidad, su dueña ancestral y originaria pero el Estado aún continúa comportándose como prófugo de la justicia tal como fue descrito por la Corte IDH hace algunos años.

 

Resumen de la sentencia (Resumen Corte IDH, 2010)

En 2010, la Corte IDH encontró responsable internacionalmente a Estado por:

-La falta de garantías del derecho de propiedad comunitaria, las garantías judiciales y la protección judicial

-La violación a los derechos a la vida, integridad personal, reconocimiento de la personería jurídica, los derechos del niño

-Y por incumplimiento de no discriminar.

 

Mapa

 

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional

Desde la comunidad indígena Kákmok Kásek del Pueblo Sanapaná ubicada en el departamento de Presidente Hayes, Distrito de Puerto Pinasco, del Chaco paraguayo.

 

Esta comunidad hace más de 25 años ha iniciado los trámites de rigor para poder restituir una parte de su territorio ancestral. En el año 2010, hemos logrado una herramienta más, conseguimos que la Corte IDH sentenciara al Estado paraguayo por violar nuestros derechos como pueblo originario, principalmente por la no restitución de nuestra tierra ancestral.

Desde aquel entonces, ya han transcurrido los 3 años que la Corte IDH dió como tiempo para que el Estado Paraguayo acatara la sentencia y posteriormente se le dio 1 año de prórroga al Estado paraguayo, la cual terminó el año pasado en el mes de septiembre.

Actualmente, el Estado Paraguayo no ha demostrado voluntad de cumplir lo que está establecido en la sentencia, concretamente la devolución de nuestra tierra ancestral.

 

Por lo tanto:

Ante un hecho histórico, durante todo este tiempo de lucha, por primera vez el año pasado, el propietario actual de las tierras reivindicadas ha ofertado las tierras al Estado paraguayo completando los requisitos exigidos administrativamente. No obstante, en el 2014 el INDI supuestamente por déficit financiero no pudo concretar el pago.

A raíz de esto, la comunidad ha resuelto realizar la reocupación para que el Estado paraguayo concrete el pago de nuestra tierra, sin utilizar excusas baratas.

Exigimos a las autoridades nacionales del Estado: La solución de este problema

Pedimos a la sociedad organizada y en especial a los representantes, dirigente de organizaciones: que se adhieran a esta lucha porque es una lucha justa, se trata de la restitución de tierra ancestral.

No retrocederemos a esta medida adoptada, cueste lo que cueste pues somos conscientes que el pago por esta tierra solo depende de la voluntad política del Estado paraguayo.

Con la esperanza y el espíritu de paz, durante toda esta lucha aguardamos una solución definitiva por el bien de esta comunidad y principalmente por nuestros hijos e hijas.

Saludos y abrazos,

Miembros de la comunidad Xákmok Kásek

23 de febrero de 2015.

 

 

Teléfonos de contacto:

Clemente Dermott, Líder: 0975-330780

Gerardo Larrosa, promotor de salud: 0983-137285

 

(Transcripción del comunicado realizado por la comunidad indígena Xákmok Kásek en sus tierras ancestrales durante las primeras horas de la reocupación)

El actor, en su faceta de editor, presenta ‘Hijos de la selva’, sobre el etnógrafo Max Schmidt y sus fotos de las gentes del Matto Grosso y el Chaco

JACINTO ANTÓN Barcelona 19 FEB 2015

 

¿Qué tienen en común Aragorn, hijo de Arathorn, y Diego Alatriste con el flacucho, patoso y desgraciado antropólogo alemán Max Schmidt, muerto en el olvido en Asunción (Paraguay) en 1950, rodeado de los ñandúes que criaba y enfermo de lepra? La respuesta es: Viggo Mortensen. El famoso actor que interpretó en la gran pantalla a los dos valientes literarios ha sido decisivo en el rescate de Schmidt, “un verdadero antihéroe”, dice, al publicar en su editorial (Perceval Press) Hijos de la selva, un libro de gran formato que recupera la memoria del etnólogo y explorador y a la vez ofrece una selección de sus sensacionales fotografías etnográficas, realizadas especialmente durante su trabajo de campo entre las poblaciones indígenas del Mato Grosso brasileño y el Chaco paraguayo.

Mortensen presentó ayer en Barcelona el libro del que es editor junto con los dos autores del mismo, los antropólogos Federico Bossert y Diego Villar, que han investigado de manera concienzuda la vida y la obra de Schmidt para ofrecer una panorámica de la vida y la obra de un personaje sensacional inmerecidamente desconocido. El acto tuvo lugar, con la previsible expectación que despierta la presencia del actor, en el Museo Blau, la sede del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Actuó de maestro de ceremonias el arqueólogo, naturalista y también explorador Jordi Serrallonga, que colocó la figura de Schmidt a la altura de grandes como Alexander von Humboldt, Darwin y Alfred Wallace, nada menos, o modernos colosos de la antropología como Malinowsky y Margared Mead.

Viggo Mortensen, zapatos gastados, camisa tejana y americana, muy atractivo (incluso en la distancia corta: esos ojos grises destellantes y esa pequeña cicatriz sobre el labio), se mostró condescendiente con el interés que despertó su persona (una joven periodista no dejaba de suspirar y murmurar “qué guapo” mientras tomaba notas) y se dejó retratar con paciencia aunque recalcó que él no era ni mucho menos el protagonista real de la cita: “Yo no escribí el libro, solo lo edito”. Explicó que Bossert y Villar le propusieron editar el volumen y que proyectan hacer otros dos en común, también de tema antropológico. “El Museo Etnográfico Andrés Barbero de Asunción guarda el legado de Schmidt y fuimos allí a ver a ver qué había. Él murió de lepra y la gente, por ignorancia y aprensión, para evitar el contagio, quemó buena parte de sus pertenencias, cuadernos de campo, mapas, objetos etnográficos, textiles, pero quedaban cosas y fue muy emocionante tocar las placas de vidrio fotográficas, extrayéndolas de sus viejas cajas de madera”. De hecho, me contaron luego Bossert y Villar, en la última época, muy patética, de Schmidt, le daban la comida empujándola con un palo. Mortensen continuó: “Yo no soy un científico, publico libros de arte, de fotografía, de poesía. Miraba esas extraordinarias, bellísimas fotos de Schmidt y entendía que tienen un interés científico, pero también que son arte. La idea ha sido hacer un libro con valor artístico tanto como académico”.

El actor califica las fotos de “increíbles” y destaca sobre todo los “hermosos retratos”, que le recuerdan el trabajo con los indígenas norteamericanos de Edward Curtis. La selección de fotografías, a medias entre el actor y los antropólogos, ofrece la doble mirada del interés académico y el gusto artístico. Entre las fotos hay varias en las que aparece el propio Schmidt, una figura escuchimizada y frágil. El mismo Mortensen envolvió las frágiles placas en trapos y las llevó a EE UU para realizar las nuevas copias con la mejor resolución digital.

 

“Se podría hacer una película muy conradiana con sus aventuras”

El intérprete de Promesas del Estedestaca que en Schmidt hay junto a la parte científica “una aventura vital con algo novelesco y conradiano”, que queda recogida también en el libro. “Fue un pionero de ir a los lugares, de tratar con la gente. Hay una cosita linda” –al expresarse así el actor hubo un cruzar de miradas rendidas en la sala- “y es que a esas gentes no las miraba con superioridad ni prejuicios”. Al respecto, leyó un texto del etnógrafo: “Cuántas veces sentí envidia de los indios al comprobar su superioridad física respecto de los europeos, al verlos meterse en la selva llena de espinas, completamente desnudos, sin salir siquiera rasguñados”. “Los ve como iguales e incluso como superiores”, constató.

Mortensen siente un gran respeto y admiración por Schmidt, “este señor humilde y solitario, con sus cuadernos, sus colecciones, en un ambiente de paz y aceptación, que parece haber sido en cierta manera feliz; me da una cierta envidia la sencillez de su vida”. En la lápida de Schmidt en un cementerio de Asunción reza: “Per silvas pro homines et scientia”, “fue a las selvas por los hombres y la ciencia”, un hermoso y envidiable epitafio.

Villar por su parte subrayó el papel pionero de Max Schmidt (Altona, 1864-Asunción, 1950) en la historia de la antropología, en el pasaje de la ciencia de gabinete a la disciplina moderna. Y lo comparó con el “prepotente” Malinowsky. “Lo que este hizo lo había hecho Schmidt veinte años antes, pero Schmidt quedó relegado. Quizá por ser alemán, porque se enraizó en Paraguay, porque no sabía venderse a sí mismo, y era desgarbado, flacucho, la antítesis del héroe explorador”. La carrera de Schmidt se esencializa en sus tres viajes al Xingú brasileño a principios del siglo XX y su trabajo luego en el Chaco. Por lo visto el hombre era realmente un cenizo, lo que también nos lo aproxima más. “Padecía malaria crónica, aparte de la lepra, iba con expediciones minúsculas, casi solo, se le hundía la canoa, le picaban todos los mosquitos, le mordían las pirañas y las víboras, La gente de la selva a menudo le quitaban sus escasas posesiones…”. Nunca accedió a los círculos académicos de prestigio. “Y sin embargo el suyo es un legado que era vital recuperar”.

 

“A la gente que retrataba no la miraba con superioridad ni prejuicios”

Bossert apuntó que el gran valor de las fotos de Schmidt es no solo que muestra una visión prolongada de la vida en el Mato Grosso y el Chaco sino la transformación experimentada por esa vida. Recordó que Schmidt pertenecía a una tradición etnográfica alemana que creía fundamental preservar la memoria de las formas de vida indígena. “Aunque él nunca la idealizaba”.

Sería cenizo, Schmidt, pero tenía reaños. Encantó a los guerreros bacairis del río Curisevo tocando el violín. “Fue de los primeros exploradores en entrar en ciertas zonas del Mato Grosso y de hecho estuvo en los lugares en que se perdió el famoso coronel Fawcett”. Detrás de las exploraciones e investigaciones de Schmidt “hay una historia más personal”. La del anhelo íntimo de entrar solo en la selva y fundirse con ella y sus gentes. Se lkanzaba desnudo al agua con ellos, y se tatuaba. Ese camino fue también “una sucesión de fracasos”, que convierten a nuestro etnógrafo en una figura quijotesca. Hay muchos enigmas en Schmidt. Se marchó de Alemania poco antes del ascenso de Hitler y Mortensen y los dos antropólogos creen que no es difícil suponer que su visión de los otros pueblos le hacía completamente opuesto al paradigma racista nazi. Pero no hay evidencias de sus opiniones al respecto.

Dada la fascinación del actor con Schmidt una pregunta era ineludible: ¿no va a haber película? “Es un personaje increíble, hermoso, agradezco mucho que hayamos podido rescatar esta figura valiosa; su peripecia es muy interesante, con esos viajes, esas experiencias terribles y torpes, son cosas de cuento y, claro, de película, podría serlo, una película muy conradiana. Le regalé el libro al director Lisandro Alonso, con el que he hecho Jauja. Le gustó mucho, creo que habla de hacer algo, pero, conociéndolo, no será una cosa muy académica. En fin, de momento no hay planes de película. Schmidt sería un buen objeto para un documental”.

Preguntado por su interés por el antropólogo, Mortensen dijo que considera una misma cosa todos los medios artísticos en que se mueve, la actuación, la edición, la escritura, la pintura. Y que la creación en 2002 de Perceval obedeció a que “me gustan los libros” y “quería editar cosas que no se publicarían sino lo hiciera yo”. En Viggo Mortensen hay, además, un explorador frustrado. Según me contó admira a Nansen y a otros grandes descubridores escandinavos –no en balde tiene raíces danesas-. De joven incluso soñó con cruzar Groenlandia en solitario. Al menos él, si no ha sido un héroe y un explorador ha podido, feliz mortal, encarnarlos o rescatarlos.

Por quinta vez se convocó para una nueva la audiencia preliminar del caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa.

Este acto judicial se realizará mañana a partir de las 9:00 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 9, a cargo de la jueza María Griselda Caballero. Durante la misma se determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.

Además de Quesnel en este caso están procesados Oscar Viera, presidente de la ONG Reforeas Par, Marlene Mendoza, ex administradora del INDI, y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución, acusados por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, tras detectarse la desaparición de unos 3.127.191.527 de guaraníes. Este dinero debía ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, respectivamente.

La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de las comunidades y sus miembros, entre ellos a la vida y la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, entre los meses de enero y febrero de 2011, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de la mencionada suma de dinero que estaba depositado en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. El hecho fue denunciado en setiembre de 2013 por el actual presidente del Indi, Jorge Servín.

 

Chicanas

Desde el año pasado el Ministerio Público, los miembros de las comunidades afectadas y los abogados de la ONG Tierraviva, que ejercen la querella adhesiva, fueron convocados en cuatro ocasiones para una audiencia preliminar que posteriormente fueron suspendidas.

Los abogados de los procesados evitaron la realización de las audiencias con argumentos sobre la falta de acceso a los expedientes hasta la presentación de certificados médicos sobre supuestas enfermedades de los acusados. Asimismo, el juez Oscar Delgado, quien inicialmente atendió este caso fue recusado por la defensa de una de las acusadas, acción que derivó en la separación del caso del juez Delgado y la posterior designación de la jueza Griselda Caballero.

INDI pone en riesgo el cumplimiento de sentencias de la Corte IDH en dos importantes casos (Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek) al no ejecutar su presupuesto.

 

Al respecto, los líderes de las Comunidades Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, junto a nuestros abogados de la Institución Tierraviva, manifestamos cuanto sigue:

1. Nuestra creciente preocupación por la no concreción, ni del pago de la indemnización por la expropiación a favor de Sawhoyamaxa, de las 14.404 hectáreas; ni de la adquisición de las 7.701 hectáreas a favor de Xákmok Kásek (parte de las 10.700 hectáreas que deben ser restituidas), que deben ser tituladas a nombre de las mismas en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2006 y 2010, respectivamente.

2. Asimismo, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la falta de seriedad en la definición de la resolución de los casos. En numerosas reuniones, el INDI se ha comprometido con nuestras comunidades, donde expresamente se le solicitaba que sean superadas las meras declaraciones políticas para concretar la definitiva resolución. Sin embargo, hoy es el día que las prioridades de resolución quedan indefinidas.

 

3. En efecto, el 11 de junio fue promulgada la Ley 5194/2014 por la cual se expropió unas 14.404 hectáreas a favor de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, y según el compromiso públicamente asumido por el Presidente del INDI, el pago de la indemnización, como último paso antes de la formalización del título comunitario a favor de la Comunidad, se realizaría este año; sin embargo, de manera inconsulta, el INDI decidió postergar dicho cumplimiento, so pretexto de la negativa de las empresas expropiadas a aceptar el pago y la acción de inconstitucionalidad promovida por las mismas, que a la fecha ya están resueltas favorablemente, obviando la consignación judicial del monto indemnizatorio, como alternativa para no perder los recursos disponibles en el presupuesto del presente año.

 

4. Asimismo, el INDI inició una negociación sobre unas 7.701 hectáreas que deben ser restituidas a la Comunidad Indígena Xákmok Kásek, respecto a las cuales ya existe un acuerdo de todas las partes, y con las formalidades administrativas concluidas, sin que tampoco este caso se haya enviado a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los trámites finales de rigor.

 

5. Es por ello, que ante la falta de una debida diligencia, respecto a estos dos casos, estamos ante la inminente pérdida de más de diez millones de dólares del presupuesto general de gastos del corriente año, correspondiente al INDI, a raíz de la falta de ejecución de los mismos, siendo el titular del ente, Jorge Servín, el responsable de estas circunstancias que comprometen la solución definitiva de las reivindicaciones de Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, y agravan la inseguridad jurídica de las familias indígenas.

 

6. Finalmente, ante esta delicada situación, hacemos un llamado a las demás autoridades gubernamentales, a fin de impulsar y articular las acciones pertinentes para que el INDI resuelva estos casos, cuya falta de diligencia resulta notoria, comprometiendo, una vez más, la responsabilidad internacional del Estado ante la Corte IDH y, postergando la solución a una larga lucha por los derechos territoriales de las Comunidades Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, en un contexto propicio, dado los importantes avances logrados, que hoy están en riesgo de perderse para frustración de las comunidades y vergüenza del Estado ante la Comunidad Internacional.

 

Asunción, diciembre 12 de 2014

 

Carlos Marecos, líder de Sawhoyamaxa; Clemente Dermott, Serafín López, Maximiliano Ruíz y Gerardo Larrosa, miembros de Xákmok Kásek; José Paniagua,  Ireneo Tellez  y Julia Cabello, abogados, representantes convencionales de las comunidades indígenas de Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek y miembros del equipo jurídico de Tierraviva.

El próximo 3 de Diciembre en el juzgado penal de garantías nº9 de Asunción, a cargo de María Griselda Caballero, se llevará a cabo la audiencia preliminar dela causa en la cualestán acusados por lesión de confianza y apropiación el ex titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ruben Quesnel, junto a otros ex funcionarios de la institución, Marlene Mendoza y Ever Otazo, y a Oscar Viera de la fundación Reforest Par.

La audiencia preliminar ya fue suspendida cuatro veces por los acusados que bajo diferentes argumentos han insistido en posponer el acto que permitiría la elevación a juicio oral y público a fin dedeterminar, la responsabilidad de los mismos por la sustracción de Gs. 3.127.191.527 pertenecientes a dos comunidades indígenas, Sawhoyamaxa y Yakye Axa. En este sentido, tanto el fiscal que investiga la causa, René Fernández, como los abogados de Tierraviva, que ejercen la querella adhesiva, sostienen que la investigación en contra de los acusados no deja lugar a dudas para la elevación de la causa a juicio oral y público.

Los acusados fueron puestos en prisión con bastante celeridad. Quesnel, además, ya contaba con otra denuncia por la venta ilegal de tierras de indígenas ayoreo de la comunidad Cuyabia causa por la que deberá compadecer en un juicio oral y público el año que viene. Actualmente, todos los acusados cuentan con medidas sustitutivas a la prisión pero, de llevarse a cabo finalmente el juicio, la justicia podría condenarlos a cumplir una pena no menor a 10 años según estipula la Ley para estos delitos.

La gravedad de los hechos por los que están acusados, no sólo reside en la corrupción de una institución pública sino además en la frustración de los derechos humanosde las comunidades indígenas donde el Estado ha violado su rol tutelar y su obligación de dar cumplimiento a las sentencias vinculantes de la Corte IDH empeorando aún más la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban niños, niñas, adultos, ancianas y ancianos de las comunidades enxet de Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Antecedentes del Caso

El año pasado fueron denunciados y luego acusados cuando se comprueba que habían sido vaciadas dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) creadas para asegurar una parte de los fondos para el proyecto de desarrollo comunitario de estas dos comunidades indígenas Enxet Sur con sentencia de la Corte IDH. El  dinero de las cuentas que se encontraban a cargo del INDI, e independientes del presupuesto anual de la institución, fueron vaciadas por los acusados bajo las cámaras de seguridad del BNF. Más tarde argumentarían que Reforest Par, ONG a cargo de Viera, habría ejecutado ese dinero en proyectos de desarrollo en ambas comunidades indígenas cuando aún se encontraban viviendo al costado de la ruta. Esos fondos se habían resguardado por fuera del presupuesto anual del INDI para que las dos comunidades del pueblo Enxet Sur, Sawhoyamaxa y Yakye Axa, pudieran ejecutarlo en un proyecto de vida que contempla la educación, lo habitacional, la producción de alimentos y la salud  acorde a sus pautas culturales y pensados por estas mismas. Es importante remarcar que ambas comunidades tienen sentencia de la Corte IDH porque el Estado violó sus derechos y que durante más de dos décadas, hasta que les fueron restituidas las tierras, estuvieron al costado de la ruta en precarias condiciones de vida; ahora, vuelven a ser víctimas por hechos de corrupción pública que vulneran nuevamente sus derechos.

Sawhoyamaxa, este año logró la expropiación de las tierras que reclamaba luego de reocupar una parte de las mismas. Las tierras anteriormente ocupadas por una empresa ganadera no están acondicionadas para el proyecto de vida y futuro que la comunidad plantea y muchos de sus miembros aún viven en precarias viviendas, teniendo que valerse de ayuda privada y externa para poder generar alimentos de autoconsumo familiar.

Yakye Axa, que tuvo una suerte diferente, no logró la expropiación en el congreso por lo que le fueron restituidas otras tierras diferentes a las reclamadas en principio. Sin embargo, aún con tierras hace varios años, siguen viviendo al costado de la ruta en las mismas precarias condiciones en las que estaban hace décadas porque el Estado en más de dos años, no ha podido abrir y construir 60 kilómetros de camino para que la comunidad pueda mudarse en esas tierras. A Yakye Axa le fueron negadas sus tierras reclamadas, donde tienen una historia e identidad que les hace pertenecer a una comunidad de origen, a una lucha en común, luego les fueron ofrecidas otras tierras que aceptaron pero por la falta de gestión fueron vendidas antes de que el Estado se decidiera a pagar. Finalmente, cuando aceptaron las actuales tierras inaccesibles, la comunidad puso una sola condición para aceptar algo diferente y ya negado por el Estado, el congreso particularmente, un camino que hasta la fecha no existe.

Se espera que esta vez la audiencia se lleve a cabo para que se pueda juzgar a los acusados por estos hechos de corrupción que afectan a toda la sociedad y que han vulnerado nuevamente los derechos de estas dos comunidades indígenas del Pueblo Enxet Sur.

En abierta violación a lo que establecen las leyes

 

Por no presentarse a una audiencia convocada por un tribunal de sentencias de la capital, para la substanciación del juicio oral y público, tres indígenas del pueblo Enlhet del Chaco, uno de ellos con discapacidad física, fueron remitidos a la cárcel de Emboscada. Las juezas Blanca Gorostiaga, Mesalina Fernández y Alba María González, dispusieron la prisión preventiva de los indígenas de la de la comunidad Paz del Chaco, de Presidente Hayes, procesados por la muerte de un menonita, hecho ocurrido hace cuatro años en el Chaco.

Se trata de Antolín Ayala, de 78 años, quien padece de una discapacidad física, debido a la amputación de una pierna, el mismo no cuenta con silla de ruedas ni muletas. El otro procesado es Erich Giménez, de 74 años de edad y su hijo Rofino Giménez, de 45 años. Los tres procesados, que solamente hablan su idioma ancestral, estaban en su comunidad, distante a más de 400 km de Asunción, pero debido a la ausencia en una de las audiencias el tribunal dictó la prisión preventiva de los tres que en la actualidad están recluidos, en situación inhumana en la penitenciaría nacional de Emboscada, donde comparten una celda con otros tres internos no indígenas.

Los indígenas están procesados desde hace más de cuatro años por la muerte de un ciudadano menonita. Este es el segundo juicio oral que se convoca por el mismo caso, debido que en el 2013 fueron juzgados por otro Tribunal de Sentencia, que anuló todo el proceso a raíz de las graves irregularidades cometidas durante la investigación fiscal, principalmente por la inobservancia de las normas procesales que garantizan un trato conforme a las pautas culturales a indígenas sometidos al proceso, y ordenó la libertad de los procesados. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia del tribunal anterior y ordenó que se repita el juicio oral y público, que será substanciada por el Tribunal que conforman las tres juezas mencionadas al principio.

 

“Aunque sea gateando, siempre vine a las audiencias”

La disposición de las juezas de sentencia fue duramente cuestionada por los indígenas, quienes negaron que no se hayan presentado en las audiencias en las que fueron convocados.

“Tengo una pierna amputada y no puedo caminar, pero siempre, junto con mis compañeros, nos presentamos ante el juzgado las veces que nos llamaron. En mi caso  siempre vengo, aunque sea gateando, porque no tengo silla de rueda ni muletas. Pero siempre ante los jueces, ya son cinco veces que vine para el juicio y nunca pensé escaparme. Además, cómo voy a escaparme si ni siquiera puedo caminar, a dónde podría irme. No sé porque me traen a la cárcel, ya estuve antes en Tacumbú, después me dijeron que el juicio se terminó, pero ahora de vuelta nos traen en un lugar que yo no conozco” mencionó  Antolín Ayala, quien solamente habla el idioma de su pueblo.

Agregó que vino cuatro veces hasta Asunción y las veces que vino pasó gateando frente a los jueces y que siempre se presentó a todas las audiencias y en el juicio oral, que posteriormente fue anulado. “Mire los callos que tengo en la rodilla, no tengo miedo de este juicio porque yo no tengo nada que ver en el hecho por el cual se me acusa. ¿Cómo podría yo matar a alguien en estas condiciones? Lo que más me preocupa en este momento es mi familia y mi comunidad, nadie sabe dónde estamos, en la comunidad estarán muy preocupados. Yo solo quiero volver a casa para estar tranquilo con la gente de mi comunidad, en este lugar no me siento bien” explicó finalmente.

Por su parte, Erich Giménez, mencionó su  preocupación por la situación en que se encuentran. “Soy inocente de lo que se me acusa, esta acusación me pesa mucho, a mi familia y a mi comunidad también porque estamos en estas condiciones. Mi familia no tiene ni ideas de dónde estoy ahora, yo tampoco sé dónde estoy ni por qué estoy acá. Hace cuatro días nos trajeron de la comunidad y tengo puesta la misma ropa”.

 

Lo que establece la Ley para estos casos

La decisión del tribunal de sentencia, al enviar de manera preventiva a los procesados a la cárcel, es arbitraria, por varias razones. La primera, es la inobservancia de la prohibición expresa de dictar prisión preventiva para personas mayores de setenta años, conforme al art. 238 del Código Procesal Penal (CPP): “No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años”. En el presente caso, dos de los encarcelados son ancianos, y en el caso de Antolín Ayala, a su avanzada edad (78) se suma su discapacidad física, lo que le imposibilita valerse de sí mismo.

Por otro lado, el tribunal hace caso omiso a normas de carácter nacional e internacional de protección a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Por citar algunos, tenemos el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 234/91, de “Pueblos Indígenas y Tribales”, el cual dispone que cuando el procesado sea un indígena, “deberá darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento” (art. 10.2). En otra parte, el mismo cuerpo legal dispone que, “al aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

Las Cien Reglas de Brasilia, otro instrumento internacional de referencia para jueces y tribunales, disponen, siguiendo la línea de lo mencionado en los párrafos anteriores, que “en la celebración de los actos jurisdiccionales se respetarán la dignidad, las costumbres y las tradiciones de las personas integrantes de comunidades indígenas” (Regla N° 79).

El Código Procesal Penal dispone un procedimiento especial para los hechos punibles relacionados a los pueblos indígenas, obligando a los Juzgados y Tribunales contar con una pericia socio-antropológica para determinadas resoluciones judiciales que puedan poner en riesgo el modo peculiar de vida de personas pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo si se afecta el derecho a la libertad. Nada de esto se tuvo en cuenta a la hora de resolver el encarcelamiento de los tres indígenas.

La comunidad Cuyabia de los Ayoreo denunció la violación de una medida que prohíbe talar sus bosques. El ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Rubén Quesnel, enfrenta un proceso judicial por la venta de la propiedad de los nativos.

Según la denuncia que se realizó hace más de una semana, el ganadero que opera en la zona va avanzando en tierras de la comunidad con la tala de sus bosques, violando la medida cautelar de no innovar hasta que se determine judicialmente la delimitación de la propiedad, dijo el abogado de los nativos, Maximiliano Mendieta. Estas tierras están ubicadas en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

A finales de esta semana e inicios de la próxima, se aguarda que el fiscal Andrés Arriola se constituya hasta el lugar para constatar la tala de bosques que incluso viola la Constitución Nacional que garantiza que los territorios de las comunidades indígenas no podrán ser transferidos ni arrendados.  Arriola, además, verificará si el ganadero que va extendiendo su rubro en la comunidad está violando leyes ambientales.

“Seguimos sin que el INDI nos dé el título y acá los ganaderos siguen entrando. Vamos a esperar hasta este martes al fiscal. Después ya vamos a tener que tomar otras medidas. Por favor que mis amigos les hagan llegar este mensaje a las autoridades y a la prensa”, advirtió la nativa Unine Cotamorajnai.

Una imagen satelital del 12 de octubre muestra el desmonte de la propiedad, mientras que el pasado 31 de octubre los pobladores encontraron un camino interno que fue ensanchado y que alcanza a penetrar más de 3.000 metros al sureste de la comunidad.

Se trata de la misma comunidad, cuya propiedad de 25.000 hectáreas fue vendida por el ex presidente del INDI, Rubén Quesnel, quien enfrenta un proceso por el caso.

El ex titular de la institución vendió las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, violando el artículo 64 de la Constitución Nacional que prohíbe la transferencia de tierras nativas.

La agente fiscal Alba Delvalle imputó a Rubén Quesnel por lesión de confianza. En tanto, a Julia Vargas y a Carmen Orlandini, abogada del Indi, por lesión de confianza en calidad de cómplice.

Julia Vargas devolvió las tierras al Estado, en donación, pero de igual manera siguió ligada al proceso.

Al respecto, Mendieta lamentó que en dos ocasiones se haya suspendido el juicio oral y público de Quesnel con argumentos “sin fundamentos”. Anunció que el tercer intento para llevarlo a juicio sería este año.

Estancia Santa María (Paraguay), 25 oct (EFE).-

La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior.

“Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.

“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó.

El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.

El gerente de la hacienda, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro.

“El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.

Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan un comunidad indígena.

La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.

Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay.

Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.

“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld.

Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.

Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades.

Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera. “Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld.

El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra 1,5 millones de guaraníes (333 dólares) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.

El salario mínimo en Paraguay asciende a 1,82 millones de guaraníes mensuales (405 dólares).

Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. 130.000 guaraníes al mes (unos 30 dólares) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.

Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas.

La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son 4 cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.