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Los días 23 y 24 de mayo se desarrollaron jornadas de análisis sobre el derecho de acceso a la información pública, desde un enfoque de derechos humanos e interculturalidad. Estuvieron presentes representantes de Pueblos Indígenas del Chaco Paraguayo, Argentino y Boliviano, también organizaciones indígenas y funcionarios públicos de diversas instituciones del Estado; entre ellos, representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría Técnica de Planificación, Intendencia del Dpto. de Irala Fernández, entre otros, y un representante de la Secretaría de derechos humanos del gobierno argentino.
Al finalizar la jornada se recogieron recomendaciones elaboradas durante el encuentro, las que serán remitidas a las instituciones del Estado.
 

 

 

 

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Promoviendo Transparencia y el derecho de acceso a Información Pública desde propuestas interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay”, desarrollada por Tierraviva, Codehupy e Icco, con el apoyo de la Unión Europea.

Mientras viajamos por esta serpenteante línea negra que atraviesa el Chaco, nuestra vista se acostumbra a las carpas y a los precarios ranchos levantados por los indígenas a ambos costados de la ruta Transchaco. “Todos estos son los desterrados que se convierten en los encarpados…”, nos cometa irónicamente Santiago Bobadilla, miembro de la organización Tierra Viva.
La Transchaco, denominada Ruta 9 Don Carlos Antonio López, es un símbolo para los indígenas y los menonitas, pero tiene significados distintos para estos pueblos.
La construcción de la ruta se inició en 1961 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Para el menonita David Sawazky “…es el hecho más trascendente de la historia del Chaco”. El ex gobernador del departamento de Boquerón nos comenta en la entrevista que esta ruta “permitió la producción y el progreso en toda la Región Occidental del Paraguay”. Taguide Picanerai, ayoreo totobiegsode, mira sin embargo desde otro lugar esa interminable serpiente de asfalto y afirma: “es el inicio del despojo de las tierras de los pueblos indígenas a manos de los blancos”.
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Aquellos tiempos inmemoriales
La noche va cayendo. El penetrante aroma del tronco de palo santo -que se consume muy lentamente en la fogata de Mateo- parece animar nuestra conversación. Estamos en su rancho, en la comunidad ayoreo videigosode de Campo Loro, en el departamento de Boquerón. El humo y la penumbra vuelven borroso el rostro de una anciana videigosode que, sentada al lado del fuego, parece tener todos los años de su pueblo, toda su memoria. A través de Mateo le pregunto cuántos años tiene. Luego de su expresión entrecortada en lengua ayoreo, Mateo traduce: “Ella dice que ya vivía antes de los hijos de sus hijos, antes de sus hijos, y aun antes de la mayoría de los que ahora viven en esta comunidad…esta hace mucho, mucho tiempo aquí, dice”.
En los tiempos inmemoriales en que la anciana videigosode nació, mucho antes de que Stroessner mandara construir la ruta Transchaco, los ayoreos dominaban gran parte del Alto Chaco. En sus territorios disponían de abundantes alimentos y profesaban libremente sus creencias: “nuestras creencias en la naturaleza”, según Mateo. En aquellos tiempos, antes de que el hombre blanco llegase a sus tierras, el Maká, el Nivaclé, el Maskoy, el Guaná; el Ishir, el Manjui, el Guaraní Occidental; el Guaraní Ñandeva, el Qom Link, el Angâite, el Sanpaná y el Exent también disfrutaban del fruto de la selva. Pero cuando en 1961 los menonitas trajeron sus topadoras por la Transchaco para la ganadería intensiva, y a estos siguieron los paraguayos, brasileños y uruguayos, la casa grande que todos habitaban se fue desmontando sostenidamente.
De la selva a las ciudades
Alrededor de 60 mil indígenas de las 13 comunidades pueblan el Chaco paraguayo según las últimas estadísticas públicas. Población desplazada forzosamente en los últimos 40 años. “Salimos del monte porque no sabíamos donde refugiarnos de la deforestación…”, cuenta en ayoreo Ojoi Etakore, uno de los líderes de la comunidad Chaidi, durante la conversación colectiva que mantuvimos con sus miembros, con traducción de Taguide.
Poâi Picanerai, otro de los líderes totobiogosode, explica de otra manera el abandono de los bosques: “Hay menos bosques, hay menos alimentos, por eso tenemos que salir del monte”. Con sentido tono, agrega: “…en el monte la vida y los alimentos no tienen precio, pero en la ciudad todo tiene su precio…”.
Durante la conversación que mantuvimos en torno del fuego de su rancho, Mateo fue más directo aún: “Para mí la gente que anda con las topadoras es una plaga”. Estas mismas topadoras, dispersas en miles por el Chaco como grandes zancudos de hierro, tumbaron 1.147.811 hectáreas de bosques en los tres últimos años. Sin animales que cazar, sin miel que recoger, sin plantas medicinales con qué curar, los originarios migran desesperados hacia las ciudades en busca de trabajo y alimentos.
Un recorrido por las calles de los barrios indígenas de Filadelfia nos muestra esta realidad. Los indígenas llegan desde diversos lugares del Chaco. La mayoría es víctima de la explotación laboral perpetrada por los colonos menonitas. Cuando una mañana ingresábamos a la ciudad por la Transchaco vimos al costado de la ruta montones de carpas apiladas en un terreno baldío. En ellas viven cientos de ayoreos. “Nosotros solo queremos trabajar, no queremos problemas…”, nos responde uno de los hombres que, apostados a unos metros de las carpas, esperan ofertas de trabajos de los menonitas. Muchos otros van directamente a las estancias a trabajar de peones por comida y vivienda.
La pobreza en las selvas de cemento
Los miles de indígenas desterrados migran forzosamente a los cascos urbanos de los pequeños municipios de los tres departamentos del Chaco. La pobreza los abraza en las selvas de cemento dominadas por los hombres blancos. Agotados los alimentos, acosados por las invasiones perpetradas por los ganaderos, dejan, finalmente, su hogar natural.
El de los Sawhayamaxa es un caso de despojo paradigmático: un buen día de 1995, el empresario alemán Heribert Rödel apareció ante los miembros de la comunidad para comunicarles que debían abandonar sus ancestrales tierras porque él las había comprado. Hombres armados al servicio de Rödel expulsaron a los indígenas. Desde ese año vivieron al costado de la Transchaco. Rödel se dispuso a desarrollar, si molestia alguna, ganadería en las 14.000 hectáreas de tierra de la comunidad Sawhoyamaxa, ubicada a 370 kilómetros de la ruta que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes.
Otro caso que muestra con crudeza el destierro de los indígenas es el de los Nivaclé. Estos viven en su territorio ubicado a 136 kilómetros de la Colonia Neuland, en el Departamento de Boquerón. Semanas atrás descubrieron que la ganadera Estefana y el coronel Humberto Peralta habían invadido buena parte de las 19.000 hectáreas de su territorio. Los invasores ni siquiera se molestaron en argumentar su invasión.
El de los ayoreo totobiegosode es otro caso flagrante. Son dueños legítimos y legales de unas 200 mil hectáreas, las que supuestamente están protegidas por el Estado. Ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, fueron invadidas por las empresas agroganaderas River Plate S.A, BBC S.A y Yaguarete Porá S.A. Esta última invadió con título falso 78 mil hectáreas de aquellas 200 mil y comenzó a deforestarlas. Las otras dos ganaderas invadieron, también con documentos falsos, 81 mil hectáreas del territorio ayoreo. Con la política de los hechos consumados, prosiguen con la invasión.
Mientras seguimos transitando por la Transchaco hacia el municipio de Mariscal Estigarribia, recuerdo lo que este largo asfaltado significan para Taguide Picanerai y David Sawazky, desde sus respectivos mundos: el de los indígenas y el de los menonitas.

A la fecha de hoy, se ha cumplido con todas las documentaciones requeridas por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en relación a la operación de adquisición de tierras a favor de la comunidad Xákmok Kásek, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado paraguayo, en el año 2010.

El presidente y representante legal de la firma Eaton & Cia., titular de las tierras en cuestión, ayer entregó al Indi la factura del primer pago, correspondiente al 40 % del valor total del inmueble, este primer desembolso pretende efectuarse en el mes de julio, luego del incumplimiento de la obligación en el mes de junio.

Gerardo Larrosa, dirigente de la comunidad Xákmok Kásek, dijo que la reivindicación principal de la comunidad es la recuperación  de una parte del territorio ancestral. “Hace ya más de 20 años que estamos luchando y hoy más que nunca tenemos la esperanza de alcanzar este gran objetivo, en el transcurso de éste mes”, expresó.

El primer pago que estaba establecido para el mes de junio pasado, no se pudo finiquitar por falta de documentaciones, según me informaron. Este mes sin embargo, con todas las documentaciones presentadas, creemos y consideramos que el Estado ya no va tener excusa que le impida desembalsar el dinero para la compra de nuestra tierra. Como dirigente, yo siempre digo que este es un gran paso que estamos por dar. Recuperar parte de nuestra tierra ancestral es el primer paso y el más importante, pero después vienen los demás objetivos que considero se basarían en el desarrollo comunitario.

 

 

 

 

 

La titulación de la tierra, que representaría la recuperación de una parte de nuestro territorio ancestral, es una realidad que está cada vez más cerca. Después, entraremos a un proceso que tiene que ver con el plan de desarrollo comunitario, que estamos seguros que no va ser fácil, y decimos esto porque los antecedentes con los que contamos nos enseñaron que de parte del Estado nunca nace la iniciativa. Si no hay una gestión permanente, si no hay una presión de la comunidad, el Estado por sí mismo no va a funcionar en muestro favor.

La semana pasada tuvimos una reunión comunitaria donde hemos analizado la fase en la que nos encontramos en esta histórica lucha, ¡la comunidad entera está tan expectante de verdad!, al ser consciente de que el Estado ya no tiene porqué retardar el desembolso para efectuar la primera cuota de nuestra tierra.

Ansiamos ver  que se concluya por fin todo este tema, porque si bien, ya estamos dentro de la propiedad, unas 7.701 hectáreas, recién una vez que se  produzca el pago por ellas, nosotros podríamos llenarnos de paz, llenarnos de tranquilidad, luego de tantos años que llevamos luchando, y aparentemente, según las informaciones que tenemos, por fin se llegará a este gran objetivo.

La comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet, en demanda al Estado paraguayo por violación de Derechos Humanos, obtuvo sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó la restitución territorial. En respuesta a ésta sentencia, el Estado, a través del Instituto paraguayo del indígena (INDI), adquirió 12.312 hectáreas para la comunidad, sin embargo, la falta de caminos para el acceso al inmueble, a 11 años del fallo de la Corte IDH, la desidia estatal mantiene a Yakye Axa privada aún de sus derechos. Este año, se han retomado las obras que el año pasado fueron suspendidas por inclemencias del tiempo.

En entrevista a Albino Gómez, líder de la comunidad indígena Yakye Axa, nos habla de nuevas esperanzas.

¿Cómo interpretas la acción del Estado paraguayo, que después de mucho tiempo retoma las obras de construcción del camino, que beneficiaría a la comunidad Yakye Axa?

Estamos atentos al trabajo emprendido por el Estado, el cual nos dará un camino, un proyecto que desde hace mucho tiempo venimos esperando se haga realidad. Este camino es de mucha importancia, permitirá a la comunidad acceder por fin a sus tierras, a las que no se pudo  ingresar hasta el día de hoy por falta de camino. Han pasado cuatro años desde la compra de estas tierras, sin embargo, ante la inacción estatal nos vimos forzados a permanecer todavía al costado de la ruta.

¿Están al tanto de la llegada de maquinarias, destinadas a la construcción del camino? ¿Pudieron verlas?

Sí, pudimos corroborar la llegada de tractores a la zona trazada para la construcción del camino y hemos visto a los obreros poner en marcha las maquinarias. Manejamos la información de que la obra se extiende hasta el momento en un tramo de aproximadamente siete kilómetros, las que contemplan además la reparación y/o construcción de puentes para sobrepasar los riachos.

¿Los Ingenieros del MOPC, mantiene conversaciones informativas o de consulta con la comunidad?

En el momento de reiniciar las obras, realizamos conjuntamente con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), una inspección del tramo, en esa ocasión tuvimos una larga conversación durante el recorrido y elaboramos un documento dirigido al Estado, el cual plasmaba nuestros pedidos específicos, nuevamente esperanzados de recibir respuestas favorables.

Al respecto, los ingenieros del MOPC anunciaron, que dependiendo del clima favorable, las obras culminarían este año, indefectiblemente. Nos alentaron con este pronóstico.

 

¿La conclusión de este proyecto, es un mandato del ejecutivo?

Exactamente. Entendemos que la condición de la comunidad se halla dependiente de las respuestas del Gobierno, ante la demanda internacional contra el Estado, que emitió sentencia favorable para nuestro pueblo.

Fuimos beneficiados con la recuperación de 12.312 hectáreas, y tenemos el deseo profundo de entrar a ocuparlas.

Si las obras continúan, este deseo pronto se hará realidad.

 

 

 

Entevista realizada por Santiago Babadilla, Tierraviva.

La Red Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales (Red DESC), Dejusticia y el Centro por el derecho internacional (CEJIL), presentaron al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dos alegatos en calidad de Amicus Curiae (amigo del Tribunal), preocupados por el sumario abierto a la abogada y defensora de derechos humanos Julia Cabello, Coordinadora Ejecutiva de Tierraviva.

El debate en torno casos como el de Sawhoyamaxa, en el cual se inscribe la pretendida sanción disciplinaria promovida por la Ministra Bareiro de Módica en contra de la abogada Cabello, así como la seguridad jurídica de los fallos que fuera reclamada enérgicamente por Tierraviva, y el funcionamiento del sistema judicial en general, hacen a la democracia misma. En este sentido, la Red DESC y Dejusticia, recuerdan que “las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso […] por la prensa y la opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto”, según lo entiende la propia Corte IDH. Por ende, las expresiones sobre asuntos de interés público, el Estado y sus instituciones gozan de un nivel de protección mayor que otros tipos de expresiones. Esto implica que  “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, […] en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica.

Del mismo modo, CEJIL recuerda que en la actualidad “Existe unanimidad en el orden internacional en reconocer la importancia que los defensores y defensoras de derechos humanos tienen para el fortalecimiento de los regímenes democráticos, y la responsabilidad que poseen los Estados para asegurar las condiciones que permitan que tal misión pueda ser llevada adelante en beneficio de toda la sociedad. Asimismo, se señala que la abogada “Julia Cabello, durante años ha dedicado su labor a la defensa de derechos humanos y en el marco de dicha labor a contribuido a la construcción de una sociedad más igualitaria y justa. Sus acciones, intervenciones y manifestaciones públicas deben leerse y comprenderse desde ese lugar y rol que ocupa, entendiendo las diferencias y respetando los derechos que tiene, en el ejercicio del mismo”.

Tierraviva, al tiempo de reconocer estas presentaciones como una muestra genuina de solidaridad hacia su trabajo, exige al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia las tenga en cuenta al momento de pronunciar su decisión, absolviendo de todo reproche y sanción a la abogada Julia Cabello Alonso, como muestra del respeto a la libertad de expresión y la labor de los defensores y defensoras derechos humanos en el Paraguay.

 

Asunción, agosto 5 de 2015

Un grupo de empleados de las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., propiedad del ganadero Heribert Roedel atacaron con armas de fuego a indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa.

El hecho ocurrió cerca del medio día de hoy  luego que el líder de Sawhoyamaxa Carlos Marecos, quien estaba acompañado por los miembros de su comunidad, solicitara a los empleados de la citada firma que abandonen el predio del retiro denominado “Michi”, que forman parte de las 14.404 hectáreas expropiadas por el Estado paraguayo.

Según relatos de los afectados, unos seis hombres fuertemente armados y que serían empleados de la estancia Loma Porâ, propiedad de Roedel, llegaron hasta la comunidad indígena acompañados por dos efectivos policiales de la zona.

Apenas ingresaron al sitio el administrador del establecimiento ganadero, identificado como Luis Britez, extrajo una pistola calibre 9mm, apuntó e intentó disparar contra el líder de la comunidad. Esto ocurrió frente a los efectivos policiales, encabezados por un comisario de apellido Ojeda.

“Todo lo ocurrido fue filmado, los ganaderos vinieron acompañados por agentes policiales quienes vieron lo sucedido y no hicieron nada.  En este momento el administrador de la estancia y sus hombres siguen en la comunidad por eso estamos solicitando la inmediata presencia del fiscalía de Pozo Colorado de manera a que intervenga y se evite una desgracia” explicó Ireneo Tellez, abogado de la comunidad quien acompañaba a los indígenas en el momento en que fueron atacados.

El pasado 2 de mayo, el líder indígena Rosalino Moreira y su esposa intentaron, en vano, salir a buscar ayuda médica con su hijo de 7 meses enfermo y en brazos, desde de una región en el bajo chaco sin caminos, sin telefonía celular, ni otros medios de comunicación. Como ya sucediera a otros miembros de su comunidad, esta familia indígena, también tuvo que resignar la muerte de su pequeño hijo, luego de la infructuosa travesía de más de 15 km por un sendero anegado en agua. El hecho ocurrió al momento de llegar a la Estancia Aurora, una de las tantas que se interponen entre los asentamientos indígenas conocidos como Colonia 96, Colonia 96 – 1 y Buena Vista, y la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción en el Departamento de Presidente Hayes.

Estas comunidades, luego de las últimas lluvias y la consecuente crecida de los riachos y demás cursos de agua, están nuevamente aisladas, siendo únicamente posible la entrada y salida practicables por vía aérea. La situación de aislamiento de estas comunidades, que se repite cíclicamente con cada inundación, pese a ser conocida por la Gobernación de Pdte. Hayes, la SEN y el INDI, no ha merecido, empero, un tratamiento acorde a la gravedad del caso, que infortunadamente ha provocado la muerte de otro niño, de una larga lista de otras víctimas que han terminado sus vidas por la omisión criminal que persiste en el Estado a lo largo de los últimos años, al impedir a estas comunidades cuenten con caminos de todo tiempo que les permita recibir asistencia, o salir a buscarla cuando así la requieren.

Las comunidades indígenas, no solo las de Presidente Hayes, sino las de todo el país, están por completo excluidas de los planes de inversión pública en materia de infraestructura vial. El MOPC no cuenta con ningún programa específico, destinado a interconectar a las comunidades indígenas con las principales rutas, dejándolas, por tanto, a expensas de propietarios privados que restringen la libre circulación con total impunidad, impidiéndoles, por lo general, el paso por los caminos que ellos construyen en sus estancias.

La situación de aislamiento por falta de caminos, o por falta de garantías para circular por carreteras privadas, agravada por la inundaciones en el chaco, ha tenido a lo largo de estos años un costo terrible en vidas humanas que parece no conmover a nadie. Desde Tierraviva hemos denunciado en numerosas ocasiones estos hechos, incluso, promoviendo acciones de amparo para lograr garantías de asistencia mínima a la gente afectada.

De nada sirve tener ambulancias, hospitales y médicos si no hay cómo llegar hasta las víctimas de una situación tan injusta como la que estamos señalando.

¿Cuántas personas más tendrán que morir por la abdicación del Estado ante los grandes propietarios que impiden el paso de personas por sus inmensos latifundios? ¿Cuántas personas más serán privadas de atención médica y otros derechos y servicios básicos por la falta de diligencia y el desinterés del Estado en dotar de caminos públicos y de todo tiempo a las Comunidades Indígenas?

Ante esta situación, conscientes de la notoria falta de liderazgo del INDI en el ámbito gubernamental, a lo que se suma la nula sensibilidad social de un gobierno que ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y reduce la gestión pública al gerenciamiento de oportunidades de negocios para el mundo empresarial, solo nos resta apelar a la denuncia pública, de tal modo a sumar voces que sean capaces de exigir acciones concretas de protección y cuidado de las comunidades indígenas que hoy, más que en ningún otro periodo de gobierno, parecen estar completamente librados a su suerte.

Asunción, junio 5 de 2015