- A pesar del tiempo transcurrido desde las sentencias, el Estado paraguayo aún no ha cumplido plenamente con la restitución de tierras y la provisión de servicios esenciales.
- La visita de la Corte IDH ha presionado al Estado a acelerar el cumplimiento y alinearse con los mandatos constitucionales y estándares internacionales de protección a los pueblos indígenas.
Entre el 16 y el 20 de septiembre, una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visitará el país para verificar el estado de cumplimiento de las sentencias relacionadas a los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa. Entre las medidas a supervisar se incluyen la restitución del territorio tradicional, la construcción de un camino de acceso para la Comunidad Yakye Axa, la titulación formal de las tierras, así como la provisión de bienes y servicios esenciales para la subsistencia de las comunidades.
Yakye Axa (Resumen del Caso)
La Comunidad Indígena del Pueblo Enxet, Yakye Axa, está compuesta por aproximadamente 300 personas, que fueron despojadas de sus tierras ancestrales que fueron vendidas sin su consentimiento por parte del Estado paraguayo. En 1993, la comunidad inició los trámites para reivindicar las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Tras agotar las instancias internas, el caso llegó a la Corte IDH, quien emitió su sentencia el 17 de junio de 2005. En el fallo, la Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras; a la vida; a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Entre las importantes medidas que representan una reparación a las violaciones de derechos de la comunidad y sus miembros, la Corte IDH ordenó al Estado paraguayo entregar de manera gratuita sus tierras ancestrales en un plazo máximo de tres años, plazo vencido en julio de 2008. No fue sino hasta el 2012 que se adquirieron 12.312 hectáreas para la comunidad, dentro del territorio Enxet, aunque diferentes a las originalmente reivindicadas, y bajo el condicionamiento de la construcción de un camino público y de acceso permanente. Apenas hoy, casi 20 años después, el camino se encuentra cercano a completarse, además, el Estado aún incumple con otros puntos de la sentencia vinculados al acceso a derechos fundamentales como a la salud, la educación, el acceso a agua potable y alimentos.
La búsqueda de justicia por parte de la comunidad Yakye Axa lleva ya 30 años. Se ha recurrido a instancias nacionales e internacionales, contando con la representación convencional de la organización civil Tierraviva, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo de Amnistía Internacional.
Xákmok Kásek (Resumen del Caso)
La Comunidad Xákmok Kásek está compuesta principalmente por indígenas del Pueblo Sanapaná, se encuentra ubicada en el Distrito de Irala Fernandez, Departamento de Presidente Hayes. En 1990 la comunidad inició sus trámites de reivindicación territorial de la zona denominada Retiro Primero (Mompey Sensap) y Retiro Kuñatai (Makha Mompena), abarcando un total de 10.700 hectáreas. Tras haber agotado todos los recursos internos y años de tramitación, con una expropiación denegada, la Comunidad acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En el 2010, la Corte IDH declaró al Paraguay responsable de la violación de los derechos a la comunidad, estableciendo un plazo de 3 años, prorrogable a uno más, para la restitución de las 10.700 hectáreas reclamadas. Sin embargo, no fue hasta 2016 que se devolvieron las tierras a la comunidad con una extensión de 7.701 hectáreas, quedando pendientes 2.999 hectáreas para cumplir con el mandato internacional. Además, siguen pendientes otras medidas reparatorias que deben beneficiar a la comunidad.
Los líderes de ambas comunidades, sus representantes legales y las organizaciones que han acompañado ambos casos señalan que la falta de avance por parte del Estado paraguayo, a lo largo de tantos años, demuestra una falta de interés y una discriminación estructural hacia los Pueblos Indígenas, unica explicación para que ambas sentencias continúen pendientes de un cumplimiento total. Estas actuaciones han prolongado el sufrimiento y la violación de Derechos Humanos hacia la población de estas comunidades, en particular, y hacia la población indígena en general.
A pesar de ello, la visita de la Corte IDH ha servido para presionar a que las autoridades aceleren las medidas dirigidas al cumplimiento de las sentencias y a la reparación de los derechos de las comunidades afectadas.Se espera que el Estado , además de dar cumplimiento total a las sentencias, adopte una postura acorde a los mandatos Constitucionales y a los estándares internacionales en materia de protección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
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Tierraviva:
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CEJIL
Nadia Ferrari – nferrari@cejil.org