Archivos del autor: Santi Ortiz

En fecha de hoy, en concordancia con otras organizaciones de la sociedad civil, Tierraviva presentó su acción de inconstitucionalidad ante la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia contra la llamada “Ley Garrote”.
La inconstitucionalidad ataca también, en efecto, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 4806/25; que duplica requisitos, registros y documentaciones que las organizaciones sin fines de lucro ya vienen cumpliendo.

En tal sentido, Tierraviva sostiene que la ley inconstitucional atenta contra la libertad de asociación, la inviolabilidad del patrimonio documental y las garantías de igualdad y participación pluralista en una república democrática; razón por la cual solicita a la Sala Constitucional la suspensión de los efectos de la ley y su reglamentación, para evitar daños irreparables que pudieren tener lugar a raíz de su aplicación mientras se tramita el proceso.

De esta manera, se denuncia la intencionalidad política de esta nueva ley; la que en realidad pretente desalentar la conformación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, desarticular las voces críticas de quienes defienden y promueven derechos humanos y anular la participación en la construcción de políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.

En la casa de retiro Emaús se realizó ayer el acto de cierre del proyecto “Acceso al Sistema de Protección Social de los Pueblos Indígenas en Paraguay” impulsado por Tierraviva y el Grupo Sunu, con apoyo de la Diakonia y el financiamiento de la Unión Europea. El evento contó con la presencia de más de un centenar de representantes de Comunidades Indígenas del Chaco y la región Oriental, además de representantes de instituciones públicas.

Durante el acto de cierre fue presentado el informe final del Monitoreo de Implementación del Sistema de Protección Social en Comunidades Indígenas del Paraguay, realizado por un equipo técnico encabezado por Victor Imas, y que contó con la participación de jóvenes investigadores indígenas de diversos pueblos y un técnico de campo no indígena. El monitoreo fue de carácter comunitario y participativo. Se llegó a las comunidades a través de las organizaciones, con encuentros departamentales y distritales, y se aplicaron 6 tipos de fichas (dos principales) con reuniones comunitarias y registros de datos, así como observaciones de campo.

Los datos relevados fueron básicamente sobre los programas del “Paquete de Servicios Núcleo” Tierra, Trabajo, Salud, Educación, vivienda, servicios básicos (Agua, electricidad), documentación, programas focalizados (Tekoporâ, Adultos mayores, Tenonderã, PANI, otros); fueron visitadas 141 Comunidades Indígenas en 35 distritos, pertenecientes a 15 Pueblos Indígenas de 13 Departamentos.

Entre los datos relevantes se encuentran que: Casi el 30% de las tierras de las comunidades relevadas no están tituladas, siendo más alto en la región Oriental. Casi el 60% de las comunidades relevadas tienen problema de accesibilidad por las malas condiciones de los caminos, especialmente en la región Occidental, donde el promedio de las distancias a una ruta asfaltada es mayor. El acceso a la vivienda alcanza a casi el 40% de las comunidades relevadas, sin que la cobertura sea para todas las familias. No obstante, es una de las políticas públicas más visibles. La energía eléctrica llega al 80% de las comunidades, sin que la conexión sea necesariamente a todos los hogares. El acceso al agua es del 68% de las comunidades, sin embargo, el agua potable, solo llega al 40% de las comunidades relevadas. El acceso al agua potable es una de las necesidades más sentidas. El acceso a la salud es muy deficitario. Solo el 25% de las comunidades relevadas tienen un PS/USF y menos del 50% tienen promotores de salud.

Casi el 80% de las comunidades relevadas cuentan con un local escolar, que más de la mitad funciona con el sistema de plurigrado. Faltan aulas y rubros docentes. Prácticamente no hay acceso a la Educación Media por la falta de colegios cercanos a las comunidades.

El proyecto fue propicio para identificar las principales carencias que atraviesan las comunidades y las limitaciones de los programas sociales que deben impactar en las mismas. El monitoreo permitió también realizar acciones de incidencia a favor de los Pueblos Indígenas, el principal fue lograr que la Ley de Pensión Universal para Adultos Mayores incorpore a los ancianos indígenas desde los 55 años de edad, teniendo en cuenta el promedio de vida que solo alcanza los 39 años según estudios.

El Informe del Monitoreo con los principales hallazgos y recomendaciones se encuentra disponible en Monitoreo de la Implementación del Sistema de Protección Social en Comunidades Indígenas del Paraguay

Las funcionarias representantes de las entidades públicas presentes fueron de la Unidad Técnica del Gabinete Social, Instituto Paraguayo del Indígena, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, destacaron la relevancia del monitoreo para identificar las necesidades más urgentes de las Comunidades y los ajustes necesarios en los programas sociales que ejecutan las instituciones.

Desde las organizaciones Tierraviva y Sunu, agradecen a las organizaciones indígenas Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, Organización Nacional de Aborígenes Independiente, Asociación Kuña Guaraní Aty, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) y sus bases comunitarias, en este caminar desde el 2023 hasta la actualidad.

La comunidad Tooshe Qáltaq, del Pueblo Qóm, sostiene desde hace décadas un reclamo territorial profundamente ligado a su historia y a su identidad. Las familias buscan recuperar parte de su hábitat tradicional, un territorio donde sus abuelos cazaban, pescaban y recolectaban, y donde aún hoy se conservan cementerios y lugares sagrados que dan cuenta de casi dos siglos y medio de presencia continua. Aunque la Constitución Nacional, y demás leyes, convenios y tratados internacionales reconocen su derecho a acceder a tierras suficientes para vivir conforme a su cultura, los expedientes que presentaron ante el INDI siguen estancados, y la comunidad permanece a la vera de la ruta.

En un contexto marcado por grandes inversiones estatales en infraestructura y por el avance de proyectos privados sobre el Chaco, Tooshe Qáltaq insiste en que su reclamo no es solo por tierra, sino por la supervivencia de su cultura y de su modo de vida. La comunidad reivindica unas seis mil hectáreas como parte de su territorio ancestral, mientras que terratenientes de la zona apenas han ofertado 249 hectáreas al INDI, una superficie claramente insuficiente. Aun así, el Estado no ha presupuestado la adquisición de estas tierras.

Sin acceso a su territorio ancestral, el Estado paraguayo pone en riesgo el derecho de las familias de esta comunidad y del pueblo Qóm a existir y a ejercer plenamente su autodeterminación.

📢 Acompañá y compartí su historia. Que la lucha de Tooshe Qaltáq no quede en silencio.

🗣️ Campaña Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena, por presupuesto para compra de tierras, impulsada por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco y Tierraviva

En el corazón del Chaco paraguayo, a 30 km de Pozo Colorado, la comunidad Enxet Sur de Rodolfito sobrevive dentro de una estancia ganadera, en tierras que les pertenecen ancestralmente.

Para entrar o salir de su comunidad, deben atravesar 15 portones de caminos privados. Su vida cotidiana está marcada por la falta de libertad y de derechos: no tienen agua potable, energía eléctrica, ni viviendas adecuadas, los niños de la comunidad deben asistir a una pequeña escuela que fue inaugurada hace pocos meses.

Rodolfito fue reconocida por el Censo Indígena, pero el Estado paraguayo no garantiza su derecho a la tierra, desde el año 2020 la comunidad reclama al Esado la compra de tierra ya que sin territorio, ve amenazada su cultura, su lengua y su existencia misma.

Recuperar su tierra es garantizar su vida y su futuro.
El Estado tiene la responsabilidad y la obligación de actuar.

📢 Acompañá y compartí su historia. Que la lucha de Rodolfito no quede en silencio.

Campaña Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena, por presupuesto para compra de tierras

La Asociación Paraguaya de Antropología (APA), el Centro Tomas Galeano y Tierraviva invitan a la presentación del libro “Reimaginando el Gran Chaco Sudamericano: Perspectivas contemporáneas sobre identidades, políticas y territorios”, a realizarse el viernes 21 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, la Casa Bicentenario (México c/. Eligió Ayala).

La apertura del encuentro estará a cargo de Patricio Dobrée, presidente de la Asociación Paraguaya de Antropología. La obra será presentada por sus editoras, las Antropólogas Silvia Hirsch y Paola Canova, quienes compartirán con el público los ejes que guiaron la compilación y los debates actuales que atraviesan el estudio del Gran Chaco como espacio plural, diverso y en constante transformación.

El volumen reúne artículos de destacados investigadores e investigadoras de la región que abordan, desde distintas perspectivas, los procesos contemporáneos que configuran las identidades, las políticas y los territorios en el Gran Chaco Sudamericano. En esta ocasión, acompañarán la presentación los articulistas Dr. Rodrigo Villagra Carron, antropólogo e investigador; Claudio Basabe, antropólogo y docente; y Joel Correia, geógrafo, quienes dialogarán sobre sus aportes incluidos en la publicación.

La actividad busca promover un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre el Chaco, su gente y sus desafíos actuales, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre la investigación académica y las organizaciones que acompañan los procesos sociales y territoriales en la región.

Organizan: Asociación Paraguaya de Antropología (APA), Centro Tomas Galeano y Tierraviva.

Del 7 al 8 de noviembre de 2025, cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea participaron en el Foro de la Sociedad Civil ALC-UE, celebrado en Santa Marta (Colombia), como parte de la IV Cumbre CELAC-UE. Tierraviva estuvo presente, mediante la participación de la Abogada Adriana Agüero quien participó de los diferentes espacios de debate.

El evento, puso especial énfasis en la inclusión de comunidades indígenas, juventudes y otros actores sociales vulnerables. Uno de los paneles clave abordó la “gobernanza indígena y la democracia birregional”, evidenciando la urgencia de reconocer y fortalecer la participación de los pueblos originarios en los procesos de cooperación. “Se destacó que los Pueblos Indígenas son un ejemplo en todo lo relacionado a la conservación del ambiente y para hacer frente a la crisis climática” señaló la abogada Adriana Agüero.

Otro tema estratégico fue el espacio cívico. En la sesión plenaria “Entorno propicio para la sociedad civil”, las organizaciones demandaron garantías concretas para la libertad de asociación, la seguridad de los activistas y mecanismos efectivos de participación en políticas birregionales. Esto se da ante los reiterados ataques que reciben las organizaciones de la sociedad civil en los diferentes países de la región latinoamericana que llevan a restringir el espacio cívico.

Las conclusiones del Foro se plasmaron en una Declaración Conjunta, que fue presentada a los mandatarios en la cumbre CELAC-UE. A continuación la declaración del Foro

https://drive.google.com/file/d/1ChL0FIIwFSEyakait8A9KLbUJpkSa-MO/view

Este viernes se llevó adelante un espacio de diálogo entre líderes y lideresas indígenas del distrito de Irala Fernández y precandidatos a cargos municipales, con el propósito de fortalecer la participación política de los Pueblos Indígenas en los próximos procesos electorales.

El encuentro fue organizado por la Organización de Comunidades Unidas Nenlhet (OCUN), del pueblo Sanapaná, y la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), con el acompañamiento de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Durante la jornada, las y los participantes coincidieron en la importancia de que las comunidades indígenas tengan una representación real en los gobiernos locales, para garantizar que sus derechos, necesidades y propuestas sean consideradas en la gestión pública.

Los participantes, unos 40 líderes y lideresas, coincidieron en destacar la importancia de la capacitación y el debate respecto a la participación política indígena que contribuya al fortalecimiento de la democracia y apunte a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas del Chaco.

Este diálogo se realiza en el marco del proyecto “Acceso al Sistema de Protección Social de Pueblos Indígenas en Paraguay”, ejecutado por Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco y Grupo Sunu con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea.

La comunidad Yamékyaha (Espinillo), perteneciente al Pueblo Enxet Sur, se encuentra en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, a unos 30 kilómetros del casco urbano y cercana a la ruta que conecta Pozo Colorado con Concepción. Está compuesta por cuatro aldeas —Timboty, 26 de Junio, 9 de Agosto y Espinillo Centro—, donde viven actualmente unas 765 personas distribuidas en 168 familias.

En 1997 la comunidad obtuvo la titulación de 10.000 hectáreas, resultado parcial de una solicitud presentada sobre 18.000 hectáreas pertenecientes a la antigua Estancia Siete Horizontes. Sin embargo, el Estado solo restituyó una fracción del territorio solicitado, quedando el compromiso de la recuperación total con las 8.000 hectáreas pendientes, que continúan siendo reivindicadas por Yamékyaha como parte de su hábitat tradicional.

Hoy, el acceso limitado a la tierra y la degradación ambiental generada por la deforestación y el avance de las estancias ganaderas afectan gravemente su modo de vida. La presión sobre la propiedad comunitaria impide el desarrollo de la agricultura familiar y restringe la cacería y la producción artesanal, pilares culturales y económicos de la comunidad.

La comunidad lleva más de 40 años solicitando al Estado la restitución de las tierras de Siete Horizontes, sin obtener respuesta efectiva. La falta de acción estatal constituye una violación a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, que obligan al Paraguay a garantizar la propiedad comunitaria indígena en extensión y calidad suficientes.

La campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: por presupuesto para compra de tierras”, impulsada por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco y Tierraviva, busca precisamente visibilizar y apoyar estas luchas, instando al Estado a asignar recursos suficientes para que comunidades como Yamékyaha puedan recuperar sus territorios. Solo así se podrá asegurar su futuro, la continuidad de su cultura y la vida digna que les corresponde como pueblo originario del Chaco.