Archivos del autor: Santi Ortiz

Makxawáya: un pueblo con historia que necesita tierra para vivir con dignidad

La Comunidad Makxawáya, una de las más antiguas del Pueblo Enxet, enfrenta hoy una situación crítica que amenaza su bienestar y su futuro. Aunque cuenta con un título de propiedad sobre 3.739 hectáreas, más del 90% de esas tierras se encuentra en zona inundable, lo que hace imposible su aprovechamiento para la agricultura, la vivienda y el desarrollo comunitario.

Estas tierras fueron adquiridas décadas atrás por la Iglesia Anglicana con el propósito de reunir a familias Enxet dispersas por el territorio chaqueño. Desde entonces, la comunidad —conocida históricamente como Misión Inglesa— se convirtió en un centro poblacional emblemático y un punto de referencia cultural e histórico para el Pueblo Enxet.

Hoy, Makxawáya, ubicada en el distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, alberga a 284 familias que continúan resistiendo las condiciones adversas impuestas por la falta de tierra suficiente y apta para el desarrollo. La expansión demográfica y las limitaciones del terreno hacen urgente la necesidad de una ampliación de su territorio comunitario.

Desde la década del 90, la Comunidad realiza trámites y gestiones reclamando la ampliación de su territorio sin obtener respuesta de las autoridades. Actualmente, mediante un proceso iniciado ante el INDI hace ya tres años, la comunidad cuenta con una carta-oferta de propietarios de la Estancia Cantarilla, lo que abre la posibilidad de adquirir 14 mil hectáreas para la Comunidad.

Mira la historia completa de Makxawáya
La ampliación de tierras permitiría a las familias de Makxawáya vivir con dignidad, cultivar alimentos, fortalecer su comunidad y asegurar la continuidad de su identidad ancestral. Su reclamo es, en definitiva, un llamado a la justicia y al respeto por los derechos históricos de los Pueblos Indígenas.

Garantizar nuevas tierras para Makxawáya no es un favor ni una dádiva: es una obligación del Estado, consagrada en la Constitución del Paraguay, que reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a tierras “en cantidad y calidad suficientes” para asegurar su existencia, su cultura y sus modos de vida.

Campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: por presupuesto para compra de tierra”

Cinco comunidades indígenas del Bajo Chaco reclaman al Estado paraguayo la asignación de fondos suficientes para asegurar o ampliar sus territorios comunitarios, en cumplimiento del derecho consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. La campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: por presupuesto para compra de tierra”, impulsada por la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco con el apoyo de Tierraviva, busca visibilizar estas luchas y exigir políticas efectivas que garanticen el arraigo y la vida digna de los Pueblos Indígenas.

Te invitamos a conocer la historia de cinco comunidades indígenas que resisten y luchan por recuperar su territorio ancestral. 💪🏽

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Comunidad Xákmok Kásek denuncia incumplimientos del Estado paraguayo ante la Corte IDH

En una audiencia privada realizada este lunes 22 de septiembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná, denunciaron la persistencia de graves incumplimientos del Estado paraguayo a la sentencia de 2010. A 15 años del fallo, la comunidad sigue sin acceder a la totalidad de sus tierras tradicionales y continúa enfrentando precariedades estructurales que afectan derechos básicos como la salud, la educación, el agua y la vivienda.

Durante la audiencia, los representantes de la comunidad y de la organización Tierraviva señalaron que el proceso de mensura judicial iniciado en 2021 permanece inconcluso, pese a los plazos legales; además no se cuenta con información oficial sobre medidas reales y concretas por parte del Estado con miras a restituir las 2.999 hectáreas faltantes. Se advirtió además que la falta de delimitación de los linderos de las tierras recuperadas permite que estancias vecinas sigan afectando el territorio comunitario.

En cuanto a los bienes y servicios básicos, denunciaron que muchas de las viviendas entregadas en presentan graves deterioros, que el servicio de electricidad es irregular y con facturas impagables, y que el suministro de agua potable no ha sido garantizado, pese a compromisos asumidos en reuniones previas. La educación y la salud continúan en condiciones precarias, con obras paralizadas, falta de docentes y atención médica insuficiente.

Los representantes solicitaron a la Corte IDH mantener una supervisión más estrecha y exigir al Estado paraguayo la presentación de un cronograma detallado de acciones, con plazos impostergables y recursos presupuestarios asegurados, que permita avanzar de manera real y efectiva en el cumplimiento de la sentencia.

Dos décadas de retrasos y deudas pendientes: la comunidad Yakye Axa sigue esperando medidas concretas del Estado

El Estado paraguayo aún no ha cumplido aspectos esenciales de la sentencia del caso Yakye Axa vs. Paraguay, pese a haber transcurrido 20 años.

Persisten problemas graves vinculados a la titulación de tierras, el mantenimiento del camino de acceso y la provisión de servicios básicos, como salud, agua potable, alimentación y viviendas dignas.

CEJIL y Tierraviva solicitamos a la Corte que requiera medidas urgentes y plazos concretos para garantizar los derechos de la comunidad.

 

Asunción, Paraguay. 24 de septiembre de 2025 – Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco Paraguayo, junto con líderes de la comunidad Yakye Axa, participamos en una audiencia privada de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. En este espacio señalamos que, pese a algunos avances, el Estado paraguayo sigue sin cumplir aspectos esenciales de la sentencia.

Han pasado veinte años desde el fallo de la Corte en el cual se condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Desde entonces, el Tribunal ha emitido ocho resoluciones y realizado dos visitas al territorio. En su más reciente resolución, emitida en julio de este año, la Corte reconoció los avances del Estado, pero destacó que aún existen múltiples aspectos por mejorar y compromisos estatales pendientes de cumplir, que afectan gravemente derechos fundamentales de la comunidad, en particular con respecto a la titulación de las tierras, el mantenimiento del camino de acceso y la provisión de servicios básicos como salud, agua, alimentación y vivienda digna.

En la audiencia, CEJIL y Tierraviva señalamos que no se han registrado avances sustantivos desde la última visita a terreno de la Corte, realizada en septiembre de 2024. Advertimos con gran preocupación que, tras quince años desde que los líderes y lideresas comunitarias aceptaron asentarse en las tierras alternativas, su titulación definitiva aún no se ha concretado. También destacamos que los trámites de mensura judicial acumulan casi 1.400 días de demora injustificada y persiste la superposición con terrenos vecinos, lo que expone a la comunidad a nuevos riesgos de despojo. A esto se suma la preocupación por intentos de invasión y la ausencia de medidas estatales para garantizar la seguridad jurídica del territorio.

Otro aspecto central es el camino de acceso que, a pesar de los avances del Estado en su construcción, no presenta las condiciones adecuadas para ser un camino de todo tiempo, lo que afecta la vida cotidiana, la seguridad y la comunicación de la comunidad. Además, no cuenta con un plan de mantenimiento o un reglamento de uso, a pesar de los compromisos asumidos por el propio Estado en 2024. En cuanto a las condiciones de vida, las viviendas entregadas presentan fallas estructurales nunca reparadas. El servicio eléctrico es deficiente y los cortes frecuentes ponen en riesgo los alimentos y electrodomésticos de las familias. El suministro de agua potable no ha sido garantizado de manera regular y no se ha dado mantenimiento a los tajamares ni se han habilitado nuevos, lo cual afecta a la comunidad especialmente en época de sequía. Además, el consultorio ambulatorio construido por el Estado carece de las condiciones básicas para atender a las necesidades de salud de la comunidad, por lo cual resulta indispensable garantizar un establecimiento de salud que cuente con el espacio, el equipamiento y el personal necesarios para brindar una atención médica integral a la comunidad. Por otro lado, no se cuenta con la infraestructura y servicios adecuados para garantizar el acceso efectivo a educación de las niñas, niños y adolescentes

Ante este panorama, CEJIL y Tierraviva solicitamos a la Corte que requiera al Estado paraguayo medidas urgentes para concluir la titulación de las tierras, garantizar el camino “de todo tiempo”, realizar las refacciones necesarias en las viviendas, asegurar un suministro adecuado de agua potable, mejorar la provisión de salud y educación, y mantener la entrega de alimentos en condiciones suficientes y de calidad. Asimismo, se solicitó que se establezcan plazos claros y un cronograma concreto de trabajo para cumplir con cada obligación pendiente.

A dos décadas de la sentencia, la comunidad Yakye Axa continúa enfrentando vulneraciones graves a sus derechos. Por ello, solicitamos a la Corte mantener una supervisión cercana y constante del caso, a fin de asegurar que el Estado cumpla integralmente con sus obligaciones.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo

Indígenas se movilizan en todo el país mientras la Corte IDH sesiona en Asunción

 

Mientras en el centro de Asunción la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona escuchando los reclamos de comunidades indígenas contra el Estado paraguayo, en diferentes puntos del país cientos de indígenas se movilizan alzando la voz contra el desmantelamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la falta de respeto a sus derechos más básicos. La coincidencia no es casual: en las rutas del Chaco y de la región Oriental, pueblos indígenas reclaman lo mismo que en el estrado internacional: que el Estado cumpla con sus obligaciones y deje de dar la espalda a quienes históricamente ha despojado de sus territorios.

Las manifestaciones, que incluyen bloqueos y marchas, se sostienen en torno a cuatro reclamos centrales: la reapertura inmediata de la sede del INDI en Asunción con todos sus servicios, el cese de los desalojos forzosos que expulsan a comunidades enteras de sus tierras, la asignación de un presupuesto real para la compra de tierras y la creación de una mesa de diálogo permanente con el gobierno. Son demandas elementales que expresan la urgencia de un pueblo que vive bajo amenaza constante, mientras las instituciones estatales se muestran ausentes o, peor aún, cómplices de su marginación.

En la propia Corte, la agenda incluyó hoy audiencias sobre los casos Yakye Axa, del Pueblo Enxet, y Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná. Ambos procesos, resueltos hace más de una década, condenaron al Estado paraguayo por violaciones graves a los derechos humanos al mantener a las comunidades sin acceso a sus territorios ancestrales. Sin embargo, a pesar de la claridad de las sentencias, el Estado volvió a demostrar que no ha avanzado en la adopción de medidas sustantivas para cumplirlas. La falta de restitución plena de tierras y de condiciones de vida digna expone un patrón de incumplimiento sistemático que erosiona la credibilidad del Paraguay ante la comunidad internacional.

Durante las audiencias con la Corte IDH se hizo palpable que, tras un año de compromisos asumidos durante la visita in situ a las comunidades, el Estado no ha implementado medidas significativas para garantizar la restitución territorial ni la atención integral a los derechos de estas comunidades. El camino a Yakye Axa, construido tras años de espera y postergación, ya se encuentra en mal estado. La mensura judicial y la titulación de las tierras siguen postergadas, mientras persiste la amenaza de invasión por parte de latifundistas vecinos. Además, la construcción de aulas, el mantenimiento adecuado y la aprobación de un reglamento de uso del camino siguen pendientes. En el caso de Xákmok Kásek, las familias aún aguardan la restitución total de sus tierras, la construcción de aulas sigue paralizada desde hace más de tres años, y el acceso al agua potable y a servicios de salud continúa siendo limitado.

Hoy, como hace años, las comunidades indígenas se ven forzadas a movilizarse en las calles y rutas del país para exigir lo que ya fue reconocido en instancias internacionales: el derecho a vivir en sus territorios, con dignidad y con la protección de un Estado que no debería esperar presiones externas para cumplir con sus propias obligaciones. La coincidencia entre las movilizaciones y la sesión de la Corte es un recordatorio contundente de que los pueblos indígenas no se resignan, y de que la deuda del Estado paraguayo con ellos sigue siendo inmensa y urgente.

Delegación indígena del Bajo Chaco exige reapertura inmediata del INDI en Asunción

Una delegación de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), integrada por representantes de 43 comunidades y 93 aldeas indígenas del departamento de Presidente Hayes, entregó este jueves una nota al presidente de la República, Santiago Peña, en la que exigen la reapertura inmediata de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción.

En el escrito, los líderes y lideresas indígenas denuncian la falta de políticas públicas efectivas y la decisión del Gobierno de cerrar la oficina central del INDI bajo el argumento de la descentralización, habilitando oficinas regionales en su reemplazo. La medida, señalan, constituye una violación del artículo 29 de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y ha generado un estado de indefensión para los pueblos originarios frente a la vulneración de sus derechos.

La CLIBCh recordó además que el presidente del INDI, Juan Ramón Benegas, incumplió un acuerdo firmado el 21 de julio pasado, en el cual se comprometía a comunicar en un plazo de ocho días el nuevo domicilio de la sede central en Asunción. A más de un mes del compromiso, no se ha dado cumplimiento y, en cambio, se ha iniciado un proyecto para construir una sede del INDI en Yhú por más de tres mil millones de guaraníes.

Los representantes indígenas calificaron la situación como una forma de discriminación estructural y negación de derechos colectivos, advirtiendo que el cierre de la oficina central paraliza trámites vitales relacionados con la identidad, la memoria histórica y las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas del Paraguay.

En la nota entregada, la CLIBCh plantea tres exigencias principales:

1. Reapertura inmediata de la sede central del INDI en Asunción.

2. Diseño e implementación de políticas públicas integrales con enfoque intercultural y presupuesto adecuado.

3. Compromiso real del Estado y la sociedad para erradicar la discriminación y garantizar los derechos indígenas.

Finalmente, los líderes del Bajo Chaco instaron al presidente Santiago Peña y a las instituciones públicas a escuchar el clamor de las comunidades, advirtiendo que se mantendrán movilizados y vigilantes, dispuestos a convocar nuevas marchas en defensa de sus derechos.

A dos décadas de la sentencia, la deuda del Estado paraguayo con la comunidad Yakye Axa persiste 

Asunción, Paraguay. 09 de agosto de 2025. – A 20 años de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, el Estado paraguayo continúa bajo observación internacional por el incumplimiento de sus obligaciones. Tras la visita realizada en septiembre de 2024, en una Resolución emitida recientemente, la Corte reconoció los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia, pero destacó que aún existen múltiples aspectos por mejorar y compromisos estatales pendientes de cumplir. Desde el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actuamos como representantes convencionales de la comunidad ante la Corte IDH, destacamos que, tras ocho resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia y dos visitas de la Corte, ninguna de las medidas ha sido cumplida en su totalidad.

Uno de los avances más notorios ha sido la finalización del camino de acceso a las tierras alternativas otorgadas por el Estado a la comunidad, en cumplimiento de la sentencia, lo que ha permitido que todos sus miembros se hayan trasladado a estas. Sin embargo, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por las representantes, la Corte resaltó la gravedad de que la construcción del camino haya requerido casi una década impactando de forma negativa en el goce de los derechos y las condiciones de vida de la comunidad. Además, la Corte resaltó que se mantienen problemas con respecto a la profundidad de las cunetas, la reglamentación de su uso, y que siguen pendientes la nivelación de tramos y la implementación de tareas de mantenimiento regular. El camino, al no encontrarse asfaltado, sufre daños debido al paso de vehículos y las condiciones climáticas, por los cual, las representantes convencionales destacamos que es fundamental que el camino cuente con estándares de calidad que garanticen su uso seguro y sostenible en el tiempo.

En cuanto a la entrega de tierras alternativas a la comunidad, estas siguen sin ser tituladas. En consecuencia, la Corte solicitó al Estado que explicara el estado del juicio de mensura que se encuentra en curso como paso necesario para la titulación definitiva. Además, alertó sobre el riesgo que implica la falta de títulos, incluso cuando la comunidad ya ocupa el territorio, colocándola en una situación de vulnerabilidad jurídica.

Respecto a las viviendas que el Estado debía proporcionar a la comunidad, uno de los aspectos más problemáticos ha sido la falta de letrinas y bañaderos, lo cual impacta en las condiciones de higiene y dignidad de la comunidad. En este aspecto, la Corte, citando estándares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), instó al Estado a buscar soluciones en diálogo con la comunidad. También solicitó al Estado adoptar medidas para garantizar el acceso al agua durante períodos de sequía, el mantenimiento de tajamares, el manejo de residuos, la atención médica y la calidad educativa.

Por otro lado, el Estado tampoco ha llevado a cabo las reformas legislativas, administrativas y de orden práctico para asegurar el derecho a la propiedad comunitaria, el tribunal advierte con preocupación que han transcurrido 20 años desde la emisión de la Sentencia, sin que el Estado haya dado cumplimiento a esta garantía de no repetición de adecuación normativa y que, durante la mayor parte de la etapa de supervisión de cumplimiento, no ha presentado información relevante sobre avances concretos en su ejecución.

Cabe señalar que esta resolución de la Corte Interamericana se emite en un contexto complejo para los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. Recientemente, se anunció el cierre de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que será reemplazada por tres oficinas regionales. Esta reestructuración, además de generar preocupación, ya que podría debilitar aún más la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas con enfoque intercultural y participativo, limitando su acción incluso en niveles básicos de atención y asistencia, representa una regresión incluso al estado jurídico, procesal e institucional, afectando directamente el acceso a derechos conquistados por los Pueblos Indígenas del Paraguay.

Durante la visita en terreno y la audiencia celebrada por la Corte en 2024, la delegación tuvo la oportunidad de dialogar directamente con las y los líderes de la comunidad Yakye Axa, conocer de primera mano sus reclamos y constatar las condiciones en las que aún viven. Si bien reconocemos la existencia de avances en el cumplimiento de algunas medidas, estos progresos resultan insuficientes frente a los incumplimientos estructurales. Los avances son frágiles, carecen de sostenibilidad en el tiempo y, en muchos casos, se han concretado fuera de los plazos establecidos por la propia Corte. En consecuencia, el Tribunal convocó a una nueva audiencia que se llevará a cabo en septiembre de 2025 durante el 180° Período Ordinario de Sesiones que se celebrará en Asunción, Paraguay.

A dos décadas del fallo, el Estado paraguayo sigue sin garantizar una reparación integral a la comunidad Yakye Axa. Esperamos que tras esta resolución el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo

Líderes del Pueblo Enxet recusan a Fiscal Fernando Ariel González de Pozo Colorado por no citar a ganaderos denunciados en caso de invasión de tierras

En fecha de hoy 5 de agosto se presentó ante la Fiscalía Adjunta del Chaco a cargo de la Abg. Alba Rocío Cantero un escrito de recusación firmado por el líder de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a del Pueblo Enxet, bajo patrocinio de abogados de la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, solicitando a la Fiscalía Adjunta que aparte de la investigación al fiscal de la Unidad de Pozo Colorado Fernando Ariel González, por la excesiva demora en la causa caratulada como N° 430/2022: “Personas innominadas s/ invasión de tierras”.

En efecto, el día 1 de setiembre de 2022 la comunidad habría sufrido una invasión de sus tierras a lo largo de uno de los linderos de su propiedad, con la penetración de personas extrañas que realizaron tala de árboles junto con trabajos que fueran encargados por un ganadero; en una franja de varios kilómetros y con un ancho de unos 160 metros al interior de las tierras comunitarias, según relatos de testigos y tomas satelitales obrantes en el expediente.

Si bien la causa inició contra personas innominadas, la invasión involucraría a un ex parlamentario de la Nación, a quien presuntamente habría sido vendido un inmueble colindante por parte de otro ganadero; tal como consta en la narración de los hechos.  Acorde a los trámites que obran en la carpeta fiscal, estas circunstancias ya eran conocidas por el Agente Público denunciado desde el mes de febrero de 2024 y sin embargo la Unidad Fiscal no movió un solo dedo para llamar a declarar a los involucrados en pos de aclarar el grave hecho, hasta la fecha.

Así también, entre el 9 de octubre de 2024 y el 7 de julio de 2025, no obra en el cuaderno de investigación una sola diligencia realizada por Fernando Ariel González; para dar respuesta al reclamo de la comunidad indígena, víctima de la invasión de sus tierras.

Incluso la causa cuenta con un acta de fiscalización del MADES donde se verifica el desmonte de área boscosa, apertura de camino y el uso de maquinaria pesada; según Nota SG N° 28 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentada ya en enero de 2024.

“Estamos cansados de que los fiscales no tomen con seriedad nuestras denuncias, nosotros también somos propietarios de tierras, de propiedad privada; y nos merecemos un trato igual y no discriminatorio como indígenas”, manifestó el líder de la comunidad, quien en el escrito alega que hay parcialidad manifiesta por parte del Agente Fiscal recusado al desoír sus insistentes reclamos.

“Esperamos que este caso pueda ser reencauzado conforme a un compromiso real del Fiscal General del Estado como máximo representante de la sociedad a través de sus Adjuntas y que la justicia aplique la igualdad; que utilice la misma vara cuando los reclamos son por pisotear los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; no importa quiénes resulten ser los responsables a ser sancionados”, manifestó la Abg. Natalia Rodríguez, del área jurídica de Tierraviva.

Recordemos que la Ley N° 6380/2021 más conocida como “Ley Zavala-Riera” tipificó los hechos de invasión de inmuebles como crímenes y elevó a un máximo de 10 años la pena privativa de libertad para los autores.

 

En Alto Verá buscan fortalecer el enfoque intercultural en sistema de protección social

 

En el distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa, se llevó a cabo un importante taller de capacitación dirigido a funcionarios públicos e integrantes de comunidades indígenas, con el objetivo de promover un enfoque intercultural en el Sistema de Protección Social y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas.

La actividad fue organizada entre la Municipalidad de Alto Verá, la Unidad Técnica del Gabinete Social en el marco del Proyecto Acceso al Sistema de Protección Social de Pueblos Indígenas del Paraguay, impulsado por el consorcio compuesto por la organización Tierraviva y el Grupo Sunu, con apoyo de Diakonia y la Unión Europea. La actividad contó con la presencia de 61 personas, entre ellas líderes y lideresas indígenas, representantes de instituciones públicas y autoridades locales.

El evento se inició con palabras de bienvenida a cargo de representantes de la Municipalidad de Alto Verá, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República y la Coordinadora del Proyecto Acceso al Sistema Protección Social de Pueblos Indígenas. La jornada continuó con exposiciones y un espacio de diálogo abierto entre instituciones del Estado y representantes indígenas.

Durante su presentación, Perla Servián, de la UTGS, brindó un panorama general sobre el Sistema de Protección Social en Paraguay, destacando su implementación en 26 distritos del país y subrayando la necesidad de compromiso por parte de todos los sectores, incluyendo al sector privado y a los propios pueblos indígenas.

Uno de los momentos clave fue la presentación del monitoreo de acceso al sistema de protección social en 10 comunidades indígenas de Alto Verá, a cargo de Víctor Imas. En el informe se evidenciaron las múltiples dificultades que enfrentan las comunidades: desde el limitado acceso a salud, agua potable, vivienda y electricidad, hasta la falta de caminos adecuados, escasa cobertura educativa y problemas persistentes con la documentación e identidad de las personas.

Ricardo Morínigo desarrolló una ponencia centrada en los derechos humanos y el marco normativo de los pueblos indígenas, resaltando los avances históricos, la importancia del artículo 1º de la Constitución Nacional, y la vigencia de la Ley 904/81, Estatuto de las Comunidades Indígenas, como herramienta fundamental para la defensa de sus derechos.

Por su parte, Victoria Peralta, coordinadora del proyecto, expuso sobre el valor de la diversidad cultural y la interculturalidad, resaltando que Paraguay es hogar de 19 pueblos indígenas con culturas e idiomas propios, y que reconocer y respetar sus cosmovisiones es clave para una convivencia democrática y equitativa. Asimismo, abordó los efectos de la discriminación y la importancia de desmontar prácticas que excluyen o invisibilizan a estos pueblos.

La jornada concluyó con un espacio de diálogo entre funcionarios públicos y líderes indígenas, donde se compartieron avances y desafíos en la implementación de programas del Estado. Las comunidades presentes aprovecharon para exigir una participación más activa en la Mesa de Protección Social, señalaron la necesidad de ser informados sobre las acciones que les afectan directamente y manifestaron su interés en que el sistema funcione de forma efectiva y con respeto a su cultura y derechos.

Cómo parte de su labor Tierraviva, reafirma su compromiso con la promoción de los derechos indígenas y la construcción de políticas públicas inclusivas y verdaderamente intercultural.

 

Comunicado ante el cierre de las oficinas centrales del INDI

Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización con 31 años de labor por la defensa y promoción de los derechos de Pueblos Indígenas, expresamos nuestra profunda preocupación ante la decisión del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de cerrar su oficina central y reemplazarla por tres oficinas regionales.

Esta medida constituye una grave violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, consagrados en normas nacionales e internacionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad pública para responder a las necesidades históricas de los Pueblos Indígenas, esta decisión representa un desmantelamiento de la política indígena del Estado paraguayo. Con la disolución fáctica del INDI como ente rector, se elimina toda posibilidad de desarrollar políticas públicas interculturales y participativas, reduciendo aún más la ya debilitada acción estatal, sin siquiera alcanzar un nivel básico de asistencia social.

Este acto, impuesto de forma unilateral, contraviene de manera directa el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay, así como lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Es particularmente grave la violación del artículo 29 de la Ley N.º 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, que establece que el INDI debe tener domicilio legal en Asunción, asegurando así un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación.

La ausencia de consulta previa a los pueblos afectados no solo vulnera principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, sino también ignora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen la adopción de medidas efectivas para garantizar la participación y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas.

Además, experiencias anteriores de traslado de sede del INDI han ocasionado importantes pérdidas patrimoniales y documentales, afectando el acceso a derechos y generando obstáculos burocráticos que terminan castigando aún más a las comunidades. Por ello, exigimos que se adopten medidas urgentes para preservar y resguardar el acervo documental del Instituto, como parte del derecho a la verdad y la memoria institucional.
Reiteramos que el funcionamiento del INDI debe formar parte de una política pública integral, participativa y adecuadamente financiada, orientada al reconocimiento, protección y promoción de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su territorio, cultura, identidad y formas propias de organización.

Esta decisión del Estado no solo desconoce las obligaciones jurídicas asumidas, sino que representa un nuevo paso hacia la invisibilización y marginación de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

En audiencia con la Fiscal Adjunta de Derechos de los Pueblos Indígenas e Intereses Difusos reclaman por retardo en causas que afectan a indígenas

La abogada Natalia Rodríguez, en representación de Tierraviva, mantuvo en la fecha una audiencia a la Fiscal Adjunta Abg. Nancy Salomón a fin de verificar diligencias en las denuncias que obran ante la Fiscalía de Pozo Colorado y de Villa Hayes; frente al retardo en la investigación de las mismas, lo que constituye una denegación de justicia y una revictimización a la que son sometidos los pueblos y comunidades indígenas del Chaco.

Entre las causas con mayor dilación, figura la carpeta fiscal N° 430/2022, caratulada: “Personas innominadas s/ invasión de tierras”, que se encuentra paralizada desde el 9 de octubre de 2024; a pesar de que el Fiscal Fernando Ariel González dispone de todos los elementos para proseguir con la investigación del hecho de invasión denunciado por los líderes indígenas y que afecta a las tierras comunitarias de la comunidad Payseyamexyempa’a del Pueblo Enxet.

La denuncia ya se había realizado el 1 de setiembre de 2022 y a la fecha obran en el expediente declaraciones testificales, tomas satelitales, un acta de fiscalización del MADES y hasta la propia constitución de la Fiscalía en el inmueble. En efecto, en la investigación el MADES constató el desmonte de área boscosa, apertura de camino y el uso de maquinaria pesada; según Nota SG N° 28 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentada ante la Unidad Fiscal en enero de 2024.

Así también existen otras cuatro investigaciones paralizadas que corresponden a denuncias de comunidades indígenas del Chaco, que cuentan con muchos días de retraso o que no han obtenido una respuesta efectiva de los agentes del Ministerio Público en un plazo razonable, a pesar de que el Art. 3 de su Carta Orgánica establece como un deber de la Fiscalía que los hechos punibles de acción penal pública contra pueblos indígenas no queden impunes.

Esta inquietud no es nueva y Tierraviva anteriormente ya había solicitado una auditoría a la Unidad de Pozo Colorado. Se espera que la Fiscal Adjunta defina en los próximos días las responsabilidades, para el esclarecimiento de las irregularidades y se dé una respuesta a las comunidades indígenas denunciantes.