Las declaraciones de autoridades del gobierno y de otros actores, suscitadas a partir de las protestas realizadas por personas indígenas cerrando la calle frente al destacamento militar donde funciona el INDI, en los últimos tiempos, muestran un abordaje criminalizador y sesgado de la realidad indígena que deriva en seguir postergando las respuestas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades.
Tanto el Presidente del INDI, el General retirado Juan Ramón Venegas, como el Ministro del Interior, Enrique Riera, han asumido la situación como un problema vinculado a la “violación de derechos de terceros al libre tránsito”, llegando, el titular de la cartera de seguridad, a plantear la orden de detener a los líderes de las comunidades que se manifiestan frente al Ente estatal. Esta posición obvia la complejidad de la situación indígena en el país, producto de largos años de abandono, postergación y carencia de una política de Estado que atienda adecuadamente a la población indígena.
Así, las autoridades responsables de atender las necesidades de las comunidades indígenas y de aplicar políticas públicas que garanticen sus derechos, se desentienden de las causas que llevan a las manifestaciones. El exiguo presupuesto del INDI, la masiva expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, o comunidades con tierras insuficientes y las graves consecuencias que esto acarrea, son sólo algunas de las realidades que las autoridades deberían atender, antes de optar por apresar a quienes reclaman derechos básicos.
Las carencias de todo tipo en materia de derechos fundamentales como acceso a tierra, salud, educación, infraestructura vial, alimentos y agua potable, realidades que atraviesan las comunidades indígenas, deben ser atendidas con políticas públicas participativas, con un enfoque intercultural y con financiamiento suficiente. Lejos de hacerlo, el gobierno intenta desentenderse de los problemas y posicionar a los indígenas como adversarios que deben ser castigados.
A estas posiciones se han sumado algunos referentes del ámbito jurídico que, además de puntualizar la supuesta “ilegalidad” de la manifestación, han señalado que los Pueblos Indígenas cuentan con suficientes tierras pero que las mismas son improductivas y por ende “no le sirven a nadie”, abriendo las puertas a la legalización del despojo territorial que, de por sí, ya soportan las comunidades indígenas.
Esto, además de desconocer la importancia vital y la relación profunda existente entre un Pueblo o comunidad y su territorio tradicional, también omite señalar que las tierras en manos de indígenas, han sido ilegalmente apropiadas por el agronegocio.
También, es desconocer el importantísimo papel que cumplen las tierras indígenas dentro del sistema legal de protección de la biodiversidad, constituyen un resguardo crucial para especies animales y vegetales; siendo las comunidades guardianas de bosques y extensiones aún en estado original. Recordemos que los servicios ambientales son una forma legal de asegurar una función fundamental de la tierra para la sostenibilidad y desarrollo del país.
Por tanto, no es que las tierras indígenas “no sirvan para nada”, están dentro de un marco de protección especial conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Esa “inserción” tiene sus mecanismos asegurados; el problema real es la orfandad ante el incumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales por parte del Estado.
No atender estas realidades al momento de abordar la situación de la población indígena es simplemente contribuir a ocultar la inoperancia criminal por parte de un Estado profundamente discriminador.
Si las autoridades responsables de concretar los derechos de los Pueblos Indígenas solo plantean “milagro, rezo o encarcelamiento” ignoran los compromisos internacionales adquiridos por Paraguay, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta negligencia agrava la pobreza y la marginalización, expone al Estado a demandas ante instancias internacionales (CIDH, ONU) por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Exhortamos al Estado Paraguayo a asignar recursos en el Presupuesto General 2025, y en los siguientes años, para las demandas indígenas; crear mesas de diálogos con líderes y organizaciones indígenas e implementar políticas interculturales con enfoque de derechos, sin caridad.
