Mientras en el centro de Asunción la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona escuchando los reclamos de comunidades indígenas contra el Estado paraguayo, en diferentes puntos del país cientos de indígenas se movilizan alzando la voz contra el desmantelamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la falta de respeto a sus derechos más básicos. La coincidencia no es casual: en las rutas del Chaco y de la región Oriental, pueblos indígenas reclaman lo mismo que en el estrado internacional: que el Estado cumpla con sus obligaciones y deje de dar la espalda a quienes históricamente ha despojado de sus territorios.
Las manifestaciones, que incluyen bloqueos y marchas, se sostienen en torno a cuatro reclamos centrales: la reapertura inmediata de la sede del INDI en Asunción con todos sus servicios, el cese de los desalojos forzosos que expulsan a comunidades enteras de sus tierras, la asignación de un presupuesto real para la compra de tierras y la creación de una mesa de diálogo permanente con el gobierno. Son demandas elementales que expresan la urgencia de un pueblo que vive bajo amenaza constante, mientras las instituciones estatales se muestran ausentes o, peor aún, cómplices de su marginación.
En la propia Corte, la agenda incluyó hoy audiencias sobre los casos Yakye Axa, del Pueblo Enxet, y Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná. Ambos procesos, resueltos hace más de una década, condenaron al Estado paraguayo por violaciones graves a los derechos humanos al mantener a las comunidades sin acceso a sus territorios ancestrales. Sin embargo, a pesar de la claridad de las sentencias, el Estado volvió a demostrar que no ha avanzado en la adopción de medidas sustantivas para cumplirlas. La falta de restitución plena de tierras y de condiciones de vida digna expone un patrón de incumplimiento sistemático que erosiona la credibilidad del Paraguay ante la comunidad internacional.
Durante las audiencias con la Corte IDH se hizo palpable que, tras un año de compromisos asumidos durante la visita in situ a las comunidades, el Estado no ha implementado medidas significativas para garantizar la restitución territorial ni la atención integral a los derechos de estas comunidades. El camino a Yakye Axa, construido tras años de espera y postergación, ya se encuentra en mal estado. La mensura judicial y la titulación de las tierras siguen postergadas, mientras persiste la amenaza de invasión por parte de latifundistas vecinos. Además, la construcción de aulas, el mantenimiento adecuado y la aprobación de un reglamento de uso del camino siguen pendientes. En el caso de Xákmok Kásek, las familias aún aguardan la restitución total de sus tierras, la construcción de aulas sigue paralizada desde hace más de tres años, y el acceso al agua potable y a servicios de salud continúa siendo limitado.
Hoy, como hace años, las comunidades indígenas se ven forzadas a movilizarse en las calles y rutas del país para exigir lo que ya fue reconocido en instancias internacionales: el derecho a vivir en sus territorios, con dignidad y con la protección de un Estado que no debería esperar presiones externas para cumplir con sus propias obligaciones. La coincidencia entre las movilizaciones y la sesión de la Corte es un recordatorio contundente de que los pueblos indígenas no se resignan, y de que la deuda del Estado paraguayo con ellos sigue siendo inmensa y urgente.
