Yakye Axa espera una expropiación para ingresar a sus tierras

Las más de 60 familias del Pueblo Enxet que forman parte Yakye Axa, aguardan expectantes que el próximo jueves 7 de noviembre la Cámara de Senadores apruebe finalmente el proyecto de ley de expropiación de una fracción de tierras privadas, que serán utilizadas para la construcción del camino de acceso hasta las 12 mil hectáreas donde se asentará la comunidad. Esta fracción de tierra fue adquirida por el Estado paraguayo luego de ser condenado, en el 2005, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); por la violación de los derechos de la comunidad Yakye Axa.
Desde hace más de 20 años la comunidad está instalada a la altura del kilómetro 349 de la Ruta que une Pozo Colorado con Concepción, allí subsisten sin mayores posibilidades de desarrollo, haciendo frente a enfermedades, falta de alimentos, de agua potable y por escasa asistencia médica que reciben, especialmente en casos de urgencias.

“La vida ya es demasiado difícil acá, es imposible seguir así, no podemos desarrollarnos, no tenemos posibilidad de hacer nada que nos permita vivir mejor” dice Albino Gómez, líder de Yakye Axa, al tiempo de comentar que recibieron la información que este jueves 7 de noviembre se trataría en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que les permitiría llegar a sus tierras. “Estamos expectantes, muy ansiosos y esperamos que salga a nuestro favor” dice con esperanza.

En el año 2005 la Corte IDH condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos indígenas e impuso como pena la restitución sus tierras a Yakye Axa, hasta ese momento ocupadas por empresas ganaderas. A pesar de aquel fallo la comunidad siguió sin tener respuesta por parte del Estado, que recién en el año 2012 adquirió las tierras para los indígenas, aunque hasta ahora el INDI aún no tituló esa fracción a nombre de la comunidad.
Sin embargo, el problema principal de Yakye Axa para acceder a su tierra es la falta de un camino de acceso de todo tiempo pues el lugar adquirido por el Estado se encuentra totalmente aislado y rodeado de establecimientos ganaderos que durante años pusieron trabas para la construcción de un camino público para el uso de las comunidades indígenas de la zona.
El tramo que separa a la comunidad de su territorio es de solo 33 kilómetros, de los cuales ya se avanzó en la construcción de los primeros kilómetros que se encuentran dentro de las tierras de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, también del pueblo Enxet, que cedió el tránsito para el acceso de sus hermanos indígenas. Los restantes más de 20 kilómetros forman parte de los establecimientos ganaderos, Tamarindo y Mago S.A,  que no han permitido la apertura del camino y no han llegado a un acuerdo con el Estado para la construcción del mismo. Según señalaron los técnicos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y otras dependencias públicas, el trazado del acceso propuesto en el Proyecto de Expropiación es el de menor afectación para estas empresas, así como el menos costoso para el Estado y el más conveniente para los indígenas ya que intercomunicará cinco comunidades Enxet que habitan en la zona (Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Karaja Vuelta, Colonia 96 y Buena Vista).

La Sentencia de la Corte IDH había establecido también que la comunidad Yakye Axa debía recibir un fondo para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Comunitario; la primera parte de estos fondos fueron entregados este año a la comunidad, los pobladores resolvieron comunitariamente dedicarse a la cría de animales y también destinarán fondos a otros proyectos productivos y que mejoren la calidad de vida de la comunidad; sin embargo, al no poder acceder a sus tierras estos proyectos se hacen cada vez más difíciles; “Ya queremos acceder a las tierras, para criar nuestros animales, acá al costado de la ruta es imposible, allá creemos que nos va a salir bien y vamos a poder desarrollar nuestra comunidad” dice Albino, que estará presente en el Senado el próximo jueves esperando que los legisladores traten el tema y decidan en favor de los indígenas de Yakye Axa.

Se posterga una semana más el tratamiento de la ley de expropiación para el camino de Yakye Axa

Finalmente el tratamiento del proyecto de ley de expropiación para la apertura del camino que permita el ingreso de la Comunidad indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet, quedó postergado para la próxima semana; algunas versiones indicaban que el Proyecto sería abordado sobre tablas en la Sesión Ordinaria de este jueves 31 de octubre, sin embargo, el tratamiento del proyecto quedó pautado para la próxima Sesión Ordinaria de la Cámara.

El proyecto de ley de expropiación busca garantizar el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que restituye su territorio a la Comunidad Indígena Yakye Axa; la comunidad hoy día se encuentra viviendo al costado de la Ruta Pozo Colorado – Concepción, a pesar de que la sentencia data del año 2005 y las tierras están disponibles desde el 2012. Al vivir de forma precaria a la vera del camino, la comunidad continúa expuesta a situaciones de extremo peligro para la vida de sus integrantes, no cuentan con acceso a servicios fundamentales como salud y alimentos, además de poner en riesgo su propia existencia como comunidad indígena.

Anibal Flores, uno de los líderes de Yakye Axa, manifestó que tienen una enorme necesidad de contar con un camino que les permita por fin ingresar a sus tierras y poder desarrollarse “queremos trabajar y construir allí nuestro futuro, acá estamos mal y estamos expuestos a varios peligros, la situación es cada vez peor” sentenció.

El Proyecto de ley de expropiación tiene un bajo impacto para las estancias afectadas y el costo para el Estado es también el menor posible, además de garantizar el cumplimiento de la Sentencia mencionada también permitirá que los integrantes de la Comunidad Indígena Kelyenmagategma, también del Pueblo Enxet, puedan tener una vía permanente de acceso a sus tierras, dando cumplimiento al Acuerdo Amistoso entre esta comunidad y el Estado paraguayo, acuerdo alcanzado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además la aprobación del proyecto beneficiará también a otras dos comunidades indígenas denominadas Colonia 96 y Buena Vista que en los últimos años debieron abandonar sus tierras debido a la falta de caminos, cientos de familias indígenas de las 4 comunidades podrán mejorar su calidad de vida y tener mayor acceso a servicios y derechos fundamentales. De la aprobación de este proyecto depende también el acceso a prestamos de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), ya que la aprobación de los mismos está supeditada al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos de cada país.

Tierraviva, como organización de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, acompaña el reclamo de las comunidades indígenas y busca que el Estado paraguayo cumpla cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la Comunidad Yakye Axa.

Presupuesto del INDI debe blindar fondos para Proyectos de Desarrollo

Miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados se reunieron ayer con integrantes del Equipo de Casos y Litigios de la Organización Tierraviva para los Pueblos Indígenas del Chaco para dialogar respecto al Presupuesto 2020 del instituto Paraguayo del Indígena.

Los legisladores señalaron que solicitaron a la Comisión Bicameral de Presupuestos un aumento de 10 mil millones de guaraníes en el presupuesto del ente, de los cuales 2 mil millones irían directamente a la compra de tierras. Los representantes de Tierraviva indicaron que es importante que el presupuesto contemple mayor cantidad de fondos para dar respuesta a las soluciones territoriales gestionadas ante el INDI por diversas comunidades, desde hace mucho tiempo.

Además insistieron en que es necesario blindar los fondos presupuestarios para dar continuidad a los Proyectos de Desarrollo en las Comunidades Indígenas que tienen sentencias favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las sentencias de la Corte IDH respecto a los casos de Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xakmok Kasek, y el acuerdo amistoso alcanzado entre el Estado y la Comunidad Kelyenmagategma, prevén que el Estado deberá desembolsar Fondos que serán destinados a Proyectos de Desarrollo en estas comunidades a fin de garantizar su desarrollo autónomo y mejorar su calidad de vida. En el año 2019 las cuatro comunidades recibieron un primer desembolso de estos fondos, sin embargo el presupuesto para dar continuidad a los proyectos de desarrollo aún no está garantizado para el año 2020.

Ante esta situación los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas señalaron que buscarán enviar al Ministerio de Hacienda una recomendación respecto al uso de los fondos que se prevén en el Presupuesto del INDI para el 2020

Presupuesto insuficiente

Por otra parte la Plataforma Japolí, integrada por diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, lanzó hoy un documento de análisis respecto al Presupuesto General de la Nación para el año 2020, en el mismo se indica que el Instituto Paraguayo del Indígena alcanza apenas el 50% del Presupuesto que tenía en el 2012, previendose para el 2020 apenas 63 mil millones de guaraníes con un recorte de 3% respecto a lo presupuestado apra el 2019.

“En el caso del INDI la situación del PGN 2020 es aún más grave. Mientras el nivel de la pobreza de las comunidades indígenas está empeorando drásticamente e incluso mueren indígenas en las plazas frente al Congreso Nacional, el Estado plantea solamente 5 mil millones de guaraníes para compra de tierras −unos 3.300 ha, es decir, una reducida comunidad. Haciendo el cálculo, la inversión del INDI por persona indígena para la compra de tierras en el año es solamente de 41.000 guaraníes, estimando en 120 mil la población indígena en el país (III Censo Nacional de Pueblos Indígenas 2012, DGEEC). Esta situación de regresividad es una clara muestra de cómo el Estado no garantiza sus derechos y no cumple con los convenios internacionales que protegen a las comunidades indígenas, y las sucesivas sentencias de la Corte IDH (Corte Inteamericana de Derechos Humanos)” indica la Plataforma.

Japolí plantea que el Presupuesto del INDI se duplique enfocando los recursos en la compra de tierras y atención directa a las comunidades, según indican estos fondos podrían provenir de rubros destinados a gastos que no tienen impacto real en la gente, como los gastos reservados de la Presidencia de la República.

Senadores tratarían expropiación que permitirá que indígenas de Yakye Axa ingresen a sus tierras.

Según diversas fuentes provenientes de la Cámara de Senadores el próximo jueves, en Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo, se trataría sobre tablas el proyecto de ley de expropiación de tierras para la construcción de un camino de 33 kilómetros que permitirá a la Comunidad Indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet, acceder a sus tierras.

De lograrse la expropiación sería un paso fundamental para el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del años 2005 dónde se establece que el Estado paraguayo debe restituir a la comunidad indígena su territorio ancestral. Ya en el año 2012 el Estado había adquirido unas 12 mil hectáreas para ser entregadas a las familias Indígenas sin embargo las mismas nunca pudieron ingresar al lugar porque no existen caminos y algunos propietarios de estancias de la zona se negaron a permitir la construcción de un tramo que garantice el paso para los indígenas.

La Comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet, está compuesta por unas 60 familias que hasta hoy viven al costado de la Ruta que une Pozo Colorado con Concepción expuestos a varios riesgos, enfermedades y sin acceso a servicios y derechos fundamentales, como salud, educación, alimentos y agua potable.

Este proyecto de expropiación fue analizado en la Comisión de Obras del Senado, que conformó una mesa técnica con participación de todos los actores involucrados, propietarios, líderes indígenas y sus abogados, el INDI, y otros entes estatales, y organizaciones de Derechos Humanos. La aprobación del proyecto de ley de expropiación permitirá también favorecer a cientos de familias de las comunidades Karaja Vuelta, Colonia 96 y Buena Vista que también se encuentran afectadas por la falta de caminos en la zona; además la construcción del camino para Yakye Axa permitirá que Paraguay pueda acceder a préstamos internacionales que hasta el momento no son desembolsados por el incumplimiento del Estado respecto a este fallo.

Para recuperar su territorio la Comunidad Yakye Axa recurrió a la Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde la comunidad, acompañada por Tierraviva y el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), logró un fallo favorable en el año 2005.

Más información: José Paniagua +595 985 319810

Adriana Agüero: +595 986 220894

Realizan taller sobre Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Género

Desde este miércoles 23 hasta el próximo viernes 25 del corriente se lleva a cabo el Taller “Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Género: Estrategias para la incidencia en espacios globales” el evento es organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a las organizaciones Tierraviva, Plurales, Grupo Sunú y Fundación HUGO.

El evento busca brindar herramientas a mujeres indígenas para lograr incidencia en espacios globales del Sistema Universal de Derechos Humanos, con esto se intenta garantizar que las propias poblaciones víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales puedan recurrir al Sistema de protección de derechos humanos de forma efectiva y lograr respuestas a sus reclamos en dichas instancias.

Entre las mujeres participantes se encuentran representantes de las comunidades indígenas de Yakye Axa y Colonia 96, ambas del Pueblo Enxet y ubicadas en pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes. Vale mencionar que ambas comunidades tienen una dilatada lucha por acceder a sus territorios; en el caso de Yakye Axa la comunidad tiene una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la restitución de sus territorios, sin embargo el fallo aún no ha sido acatado totalmente por el Estado ya que la comunidad no puede acceder a las tierras que le pertenecen por falta de un camino, desde hace años la comunidad se ve forzada a sobrevivir al borde de la Ruta Pozo Colorado-Concepción donde su vida y sus prácticas tradicionales corren serio riesgo.

Por su parte la Comunidad de Colonia 96 debió dejar sus tierras debido al abandono en que se encontraban por parte del Estado, la falta de caminos y de acceso a servicios fundamentales terminó expulsando a los indígenas quienes se instalaron a la orilla de la Ruta que une Pozo Colorado con Concepción, donde subsisten precariamente.

El Taller “Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Género: Estrategias para la incidencia en espacios globales” reúne a decenas de mujeres indígenas que podrán conocer más y capacitar respecto al funcionamiento de los diferentes órganos de protección a los derechos humanos y a las mujeres por parte de la Organización de Naciones Unidas.

Mediante la organización, mujeres indígenas apuntan a mejorar su calidad de vida

En el año 2016, las mujeres indígenas de la comunidad indígena Yanekyaha (también conocida como Espinillo), pertenecientes al Pueblo Enxet y asentadas en el Departamento de Presidente Hayes, crearon la Organización de Mujeres Yanekyaha, con el objetivo de incentivar la búsqueda de posibilidades de mejorar su calidad de vida y enfrentar así las duras condiciones a las que se encuentran expuestas las comunidades indígenas del Chaco; muchas de ellas sin acceso a derechos básicos.

La Organización de Mujeres Yanekyaha inició como un espacio de debate entre las mujeres de las tres aldeas de la comunidad indígena con el objetivo señalado y acompañando las demás acciones comunitarias realizadas por los líderes.

Muchas mujeres de las comunidades indígenas chaqueñas se dedican a trabajos de artesanía o cría de animales menores como actividades de subsistencia; pero esto resulta insuficiente teniendo en cuenta la pobreza en las que se encuentran y las faltas de políticas públicas interculturales para dar respuestas a las necesidades que particularmente se presentan.

En este aspecto, las mujeres acuden a una organización específica como medio para acceder a proyectos y donaciones que les permitan desarrollar la economía colectiva, sobre todo asumiendo el rol que muchas tienen en la comunidad de ser proveedoras de alimentos para las familias.

Por otra parte, los recursos colectivos son necesarios ante las necesidades urgentes de salud, de alimentos y abrigo para las familias. Por ello es necesario un planteamiento que posibilite generar recursos a mediano plazo y que pueda ser sostenido en forma colectiva.

Así surgió el proyecto que actualmente se encuentran ejecutando las mujeres de la Organización de Mujeres Yanekyaha, mediante el apoyo de Tierraviva para los Pueblos Indígenas del Chaco y con el financiamiento de la organización Fondo Socioambiental CASA; una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que financia pequeños proyectos que buscan fortalecer capacidades para iniciativas socioambientales de grupos comunitarios en América del Sur.

El proyecto que busca consolidar la Organización de Mujeres Yanekyaha consiste en la provisión de ganado mayor como vacas, menor como ovejas y capacitación. Actualmente las mujeres de la organización ya han recibido los animales y se encuentran realizando capacitación en cuanto a producción de artesanías, generando nuevos productos y mejorando los ya conocidos por ellas.

Las organizaciones de mujeres indígenas, como ésta, pueden resultar fundamental para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. Este proyecto evidencia que con impulso y apoyo adecuado las mismas pueden generar alternativas para hacer frente a la dura situación que atraviesan los Pueblos Indígenas en el país.

Organizaciones de América Latina debaten sobre estrategias de defensa ante ataques del sector privado a los Derechos Humanos.

Durante esta semana en la Ciudad de México organizaciones de Derechos Humanos de 14 países de América Latina participarán de un Taller donde se trabajará respecto a la importancia del litigio estratégico para hacer frente a las demandas que empresas del sector privado realizan contra defensores y defensoras de Derechos Humanos. Tierraviva formará parte del evento junto a representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

Julia Cabello, integrante del Equipo de Casos y Litigios de Tierraviva, representará a la organización en el evento; según manifestó este espacio es de fundamental importancia en un momento donde se profundizan los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y principalmente aquellos que defienden derechos relacionados con el acceso a la tierra y el territorio. Según indicó a nivel regional la realidad muestra que no sólo los representantes estatales están cometiendo hechos de ataques o criminalización contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, sino que también es cada vez más común ver qué empresas y gremios del sector privado con poderosos intereses hostigan a los defensores.

“Hay una arremetida de criminalización contra dirigentes sociales como contra quienes desarrollamos apoyo técnico a las luchas que estás organizaciones emprenden. Un claro ejemplo es el reciente caso del Protocolo de Desalojos, dónde el Estado anunció que por pedido del sector privado, de la Asociación Rural del Paraguay y otros gremios, dejó sin efecto este protocolo y hoy quienes luchan por la tierra están en una situación mucho más vulnerable” señaló Julia.

Además agrego que el espacio será fundamental para conocer más sobre la experiencia que existe en otros países respecto a la relación entre empresas y derechos humanos que es un tema aún no muy desarrollado en Paraguay, el intercambio de experiencias y conocer más respecto a las mejores maneras de defender los derechos humanos será fundamental en un momento de agudos ataques a los derechos de diferentes sectores sociales.

Tierraviva presente en el Foro Internacional de la Tierra

La X Edición del Foro Internacional de la Tierra es organizada por la Regional América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional por la Tierra, que reúne a más de 50 organizaciones de Latinoamérica. Tierraviva es integrante de la Coalición por Paraguay y estará representada por Lidia Ruíz, integrante del Directorio de la Organización.

Según señalan los organizadores, durante el encuentro “se reflexionará en torno a los cambios y al estado actual de la problemática de la tierra, propiciando un balance a nivel nacional y regional sobre los avances y desafíos pendientes para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva, teniendo en cuenta que en diversos países se están dando medidas regresivas sobre los derechos de campesinos/as, pueblos indígenas y agricultores/as familiares”. La X edición del Foro de la Tierra ALC se llevará a cabo en Lima, Perú, donde se cumplen 50 años de una de las reformas agrarias más radicales en la región, lo que brinda una oportunidad única para un debate sobre el impacto de las reformas llevadas a cabo en América Latina y los nuevos procesos vinculados al gobierno de la tierra en la región.

“La Protección de la Tierra en la Jurisprudencia Regional” se denomina la Mesa de Trabajo que estará moderada por nuestra compañera Lidia Ruíz; en esta mesa expondrán representantes de Perú y Colombia respecto a la legislación sobre la tierra en sus respectivos paises, además intervendrá un representante de la Orgnización Internacional del Trabajo que hablará sobre el Convenio 169 – de los derechos de los pueblos indígenas y tribales – y su impacto en la jurisprudencia regional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y el territorio.

“Se abordarán temas como la vigencia de la reforma agraria en el contexto actual de concentración de tierra, los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, el rol de las mujeres rurales en los procesos de gobernanza de la tierra, la situación de las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, y la protección de la propiedad de la tierra en la jurisprudencia en diferentes países” señalan los organizadores. Además, durante el foto se debatirá sobre el futuro de la agricultura familiar –sector que representa el 80% de las explotaciones agrícolas en la región– y la oportunidad que supone el inicio del Decenio de la Agricultura Familiar y la reciente Declaración sobre los Derechos Campesinos de la ONU. Las discusiones tendrán como marco procesos y herramientas internacionales clave como la Agenda 2030 considerando la centralidad de los derechos a la tierra para el logro de los ODS, así como las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (DVGT).

En total se prevén 8 mesas de trabajo durante este décimo Foro que finalizará con una declaración conjunta de las organizaciones participantes. Participarán más de 200 representantes de la sociedad civil –organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones de mujeres, centros de investigación, ONG, entre otros– y de organismos internacionales de más de 16 países, así como representantes de instituciones públicas.

El acceso a la información pública mejora la calidad de vida de los Pueblos Indígenas

Tras dos años de arduo trabajo concluye el Proyecto Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública desde Propuestas Interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay, ejecutado por el consorcio Tierraviva, Codehupy e Icco Cooperación, con el apoyo de la Unión Europea. Las tareas realizadas dejan una experiencia de alto valor que muestra que el acceso a la información pública puede generar mejoras importantes en la calidad de vida de los Pueblos Indígenas; los resultados finales del Proyecto se presentarán al público este jueves 19 desde las 8:30 horas en el Seminario Metropolitano.

“El Proyecto nació a partir de las necesidades expresadas por los líderes indígenas de las comunidades con las que veníamos trabajando. Los líderes y lideresas indígenas del Chaco tienen la característica de que siempre están recurriendo a las instituciones, preocupados por saber que se puede hacer en favor de sus comunidades, sin embargo muchas veces no recibían información sobre los fondos que los municipios o gobernaciones tenían destinados a los Pueblos Indígenas” comenta Adriana Aguero, de la Organización Tierraviva y coordinadora del Proyecto.

Explicó también que “cuando los líderes recibían información era de forma incompleta o de difícil compresión para ellos, ya que estaba cargada de tecnicismos; la ley de Acceso a la Información Pública da la posibilidad de conocer más, sin embargo esta realidad de lo que acontecía con los Pueblos Indígenas, motivó a los líderes a reclamar que para que se cumpla realmente la Ley, la información debe estar al alcance de ellos y de ahí nace la necesidad de interculturalizar el acceso a la información pública”.

A partir de la identificación de estas necesidades el proyecto Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública trabajó durante dos años con diferentes sectores de la población indígena y no indígena; “se trabajó con comunicadores indígenas y no indígenas, con funcionarios públicos, con mujeres indígenas artesanas, con los líderes de las comunidades y también tuvimos un trabajo muy fuerte con jóvenes indígenas” comenta Adriana. El proyecto llegó a 9 Pueblos Indígenas de la zona del Chaco paraguayo, además se trabajó con 15 instituciones públicas.

Trabajos de capacitación, debates y fortalecimiento de las capacidades tanto de las instituciones públicas como de los y las referentes de los Pueblos Indígenas fueron los ejes fundamentales del proyecto, durante estos años se elaboraron materiales educativos y de comunicación respecto al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas ante Pueblos Indígenas por parte de los entes públicos, estos materiales están en idiomas indígenas y recogen las sugerencias y propuestas surgidas en decenas de espacios de debate respecto a la forma correcta de presentar la información a los pueblos indígenas.

También se logró que municipios y gobernaciones del Chaco realicen Audiencias Públicas de rendición de cuentas ante los Pueblos Indígenas, esta fue una experiencia fundamental, por primera vez los y las indígenas podían recibir la información y hacer sus reclamos frente a las autoridades. “En esto la Red de Veeduría Juvenil Indígena, conformada a partir del Proyecto, tuvo un rol fundamental, ellos analizaban la información, reclamaban lo que no les parecía bien y levantaban su voz para ser escuchados, fue una experiencia muy rica para los jóvenes que van a continuar trabajando en beneficio de su comunidad” indicó la Coordinadora del Proyecto.

Otro punto que resalta en la ejecución del proyecto es el de las Artesanas Indígenas, que son una de las patas fundamentales en la economía y la cultura de las comunidades, ellas pudieron debatir con sus pares de diferentes pueblos y elaborar propuestas de políticas públicas que atiendan a sus necesidades, estas propuestas fueron entregadas a las autoridades y están siendo constantemente debatidas en mesas de trabajo donde ellas mismas participan a partir del Proyecto; además lograron espacios de exposición de sus productos lo que colabora de forma importante con el trabajo que realizan.

El Acceso a la Información Pública, con un enfoque intercultural, permitió que las comunidades y Pueblos Indígenas con los que se trabajó puedan ser realmente actores dentro de la democracia, ejerciendo ciudadanía, reclamando lo que les pertenece y exigiendo a las autoridades, esto genera cambios positivos en lo inmediato, como la posibilidad de que sus necesidades sean atendidas de mejor manera por las autoridades, como también a largo plazo ya que estas experiencias permiten que ha futuro puedan ejercer un control firme respecto a las decisiones que los afectan.

Este jueves 19 de setiembre, desde las 8:30 horas se realizará un acto público de presentación de todos los resultados y trabajos realizados en el marco del Proyecto, en el evento estarán presentes representantes de los Pueblos Indígenas que formaron parte del Proyecto y se espera la presencia de autoridades estatales y representantes de la Unión Europea. Además se entregarán a las autoridades responsables la propuesta de modificación de la Ley de Acceso a la Información Publica, que surgieron a lo largo de los dos años de trabajo y que buscan garantizar el acceso a la información desde un enfoque intercultural para los Pueblos Indígenas.