Archivos del autor: Santi Ortiz

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Promotoras y Promotores Jurídicos Indígenas del Chaco”, ha iniciado un nuevo módulo de capacitación centrado en el uso de herramientas informáticas para la defensa de Derechos. El proyecto, financiado por la Fundación Tinker e implementado por Tierraviva junto al Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano, busca empoderar a promotores jurídicos indígenas a través de herramientas tecnológicas.

Al iniciar las jornadas de capacitación, que se extenderá hasta el próximo martes, se procedió a la entrega de computadoras y accesorios tecnológicos a jóvenes, líderes y lideresas indígenas de comunidades del Bajo Chaco. Las computadoras, acompañadas de accesorios (mouse, mouse pad, mochilas y otros), serán utilizadas para mejorar la gestión documental, la comunicación y el acceso a información legal relevante, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos territoriales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas.

Según señaló una de las beneficiarias el acceso a las herramientas informáticas es muy importante para la labor que desarrollan los promotores jurídicos en sus comunidades. “Con esto podremos mejorar nuestro trabajo de apoyo a la comunidad, facilitando el acceso a información y la gestión de las necesidades de nuestra gente” indicó Herminia Ferreira, promotora jurídica.

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la red de promotores jurídicos indígenas, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de sus comunidades. Estas personas, formadas en temas legales y de derechos humanos, actúan como enlaces entre sus comunidades y las instituciones públicas, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan.

“Estas herramientas tecnológicas son un apoyo fundamental para nuestro trabajo. Nos permitirán documentar casos, hacer actas, comunicarnos mejor y acceder a información actualizada sobre leyes y derechos”, indicó otra de las promotoras jurídicas beneficiarias.

El Bajo Chaco es una región donde las comunidades indígenas enfrentan múltiples desafíos, como la falta de acceso a servicios básicos, la defensa de sus territorios ancestrales y la preservación de sus culturas. En este contexto, la labor de los promotores jurídicos se vuelve esencial para garantizar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.

La entrega de estos equipos no solo representa un avance en términos tecnológicos, sino también un paso hacia la autonomía y el empoderamiento de las comunidades indígenas. “Este aporte es una muestra de que, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, los Pueblos Indígenas pueden fortalecer su capacidad para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida”, destacó la representante de Tierraviva.

Para el coordinador de la Red de Promotores Omar Pedro, “esta herramienta facilitará el trabajo en la elaboración de documentos como actas, informes, denuncias, las reuniones virtuales de la red, la revisión de documentos e informaciones a través de internet de las instituciones públicas”.

El acto concluyó con un mensaje del presidente del Directorio de Tierraviva Dr. Rodrigo Villagra quien a la vez de animar la formación y los aprendizajes, destacó que “existen muchos abogados y abogadas, pero poca gente que defienden derechos, por lo que es importante acceder a conocimientos e instrumentos sin importar la formación profesional, la cual permitirá una defensa real de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Al recordar los 36 años de la caída de la tiranía militar de Alfredo Stroessner es importante rescatar la verdad histórica respecto al régimen y la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Verdad y Justicia, órgano oficial del Estado Paraguayo creado para analizar las violaciones de DDHH durante el periodo dictatorial señala en su informe final que “los pueblos indígenas que habitan el país han sido víctimas del despojo continuado de sus territorios, antes, durante y después de la dictadura del general Stroessner, siendo el Estado el responsable porque le compete respetar y garantizar los derechos.

La CVJ señala además que el despojo de los territorios indígenas fue parte de una política del Estado fundada en el desconocimiento de los indígenas, como personas y como pueblos, negándoseles no sólo el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios sino además derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personales.

Respecto a la situación en el Chaco y la continuidad de la violación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas la CVJ concluía que “El desplazamiento forzoso de personas y comunidades indígenas a consecuencia del despojo territorial del que fueran víctimas, sumado a la desprotección del Estado en su dignidad y derechos, ha sido y sigue siendo fuente de prácticas de segregación, como sucede en algunas colonias del Chaco, o de prácticas análogas a la esclavitud en establecimientos ganaderos”.

Un caso concreto que describe está situación es el de la Comunidad Yakye Axa, que sufrió el despojo de sus tierras que fueron entregadas irregularmente por el gobierno dictatorial a la familia Domínguez Dibb, muy cercana al régimen; para recuperar su derecho a la tierra la familia debió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún así el Estado paraguayo sólo accedió a entregarles tierras alternativas ya que nunca recuperó el territorio originalmente reclamado por la comunidad.

A estas situaciones deben sumarse los graves casos de persecución a Pueblos Indígenas impulsados y avalados por la dictadura, considerados por muchos analistas como genocidio, como los sufridos por los Pueblos Ache y Ayoreo durante la llamada “colonización” promovida por el régimen de Stroessner.

Ya en democracia la Constitución Nacional ha reconocido los derechos y la importancia de los Pueblos Indígenas, sin embargo, hasta la actualidad el Estado paraguayo no ha reparado las violaciones cometidas por la dictadura y, por el contrario, ha continuado con las prácticas violatorias de Derechos Humanos. Aún así, en estos 36 años de construcción democrática, los Pueblos Indígenas han avanzado en su lucha por los derechos a partir de la organización y la movilización para la exigencia.

Decenas de comunidades indígenas ubicadas en el Chaco han reportado nuevamente la falta de acceso a agua potable en los primeros días del 2025. La situación para las comunidades empeora, ya que la sequía también afecta los cultivos de autoconsumo y a los animales menores que crían.

Entre los impactos de la sequía en las comunidades indígenas se visibiliza el acceso limitado a agua potable, con la reducción de fuentes de agua disponibles, obligando a las comunidades a consumir aguas en condiciones deplorables, no tratadas, lo que incrementa el riesgo para la salud. El consumo de agua contaminada ha derivado en problemas de salud, especialmente entre niños y adultos mayores, quienes presentan cuadros de diarrea y vómitos debido a la ingesta de agua en mal estado.

Otro impacto importante tiene que ver con la afectación a medios tradicionales de subsistencia como la caza, la recolección, la pesca, las actividades agrícolas y de cría de ganados vacunos, caprino, ovino y equino, debilitando su seguridad alimentaria y económica.

A pesar de que los extremos climáticos en el Chaco datan de mucho tiempo, el Estado no ha sido capaz de elaborar un plan de mitigación y adaptación para las comunidades indígenas. Resulta urgente la implementación de soluciones sostenibles, sobre todo con provisión de infraestructura hídrica que garanticen un suministro constante y seguro de agua potable, adaptadas a las particularidades del Chaco y las comunidades indígenas que lo habitan.

De igual manera, urge un plan de atención integral a la salud, con servicios adecuados y campañas de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, para mitigar los efectos negativos en la población.

Mientras los organismos de gobierno solicitan a la población un uso racional del agua y pide a los entes encargados de la distribución del vital líquido que elaboren planes de contingencia, la realidad para las comunidades indígenas en acuciante, ya que el Estado no cuenta con planes de asistencia adecuados para hacer frente a estas situaciones.

Desde Tierraviva se insta al Gobierno a escuchar los reclamos indígenas de garantizar la asistencia a las comunidades en forma planificada y coordinada. El Estado paraguayo está obligado por disposiciones constitucionales y por diferentes fallos judiciales nacionales e internacionales a brindar una atención adecuada a los Pueblos Indígenas, sin embargo, estas obligaciones son constantemente desatendidas por las autoridades.

La sociobioeconomía es una combinación de actividades que buscan conservar la diversidad cultural y los paisajes productivos, mientras que promueven el valor económico y social de la biodiversidad.

La sociobioeconomía es un medio para conservar el territorio, promover el bienestar y la valorización de las culturas de las comunidades, garantizando beneficios justos y sostenibles.

En este marco desde mayo del presente año se realizaron jornadas de capacitación práctica en carpintería artesanal a miembros de las comunidades Payseyamexyempa’a y Makxawáya, ambas del Pueblo Enxet, ubicadas en Presidente Hayes. Para estos procesos las comunidades acordaron la incorporación de 20 familias en la primera comunidad y 15 familias en la segunda, quienes recibieron herramientas para las capacitaciones.

Durante los módulos de formación se elaboraron cajas para apicultura, sillas, mesas, camas, fiambreras, entre otros muebles.

Las familias de la comunidad Makxawáya dieron un paso en la organización de una Comisión que se encarga del emprendimiento atendiendo los desafíos de producción y comercialización de los muebles, como también el aporte en la capacitación a las familias de Payseyamexyempa’a, quienes, por las condiciones de no contar con servicios de electricidad, trabajan con herramientas manuales artesanales.

Estas iniciativas fueron solicitadas por las propias comunidades, y su realización fue posible gracias al aporte de Manos Unidas y Brot für die Welt, en el marco de iniciativas para el fortalecimiento de la economía comunitaria desde el enfoque de la sociobioeconomía impulsado por Tierraviva.

En el marco del fortalecimiento de la economía de las mujeres indígenas de la comunidad Makxawáya de sus 3 Aldeas, se han instalado panaderías en Centro y Monte Alto, con la capacitación práctica de un maestro panadero, con quien han elaborado galletas, rosquillas, pan para pancho, coquitos, palitos, pan dulce navideño entre otros.

Esta iniciativa fue solicitada por la mujeres de dicha comunidad y ha encontrado apoyo en Brot fur die Welt para su realización; donde las técnicas de campo de Tierraviva iniciaron el proceso con la construcción del plan de negocios con 20 mujeres de Makxawáya Centro y Mainumby y 20 mujeres de Monte Alto.

Además las mujeres aprovecharon los espacios de capacitación para un diálogo sobre la realidad que enfrentan las mismas en lo social, territorial, económico y cultural.

Con esta iniciativa Tierraviva busca fortalecer la economía comunitaria desde el trabajo de las mujeres.

Un espacio de reflexión e intercambio entre mujeres de las comunidades Makxawáya, Yanekyaha-Espinillo, La Patria y Payseyamexyempa’a es acompañado por el equipo de trabajo de Tierraviva.  La situación general de las mujeres indígenas, sus principales preocupaciones relacionadas con sus comunidades, sus familias y sus vidas, y la puesta en diálogo sobre lo que quieren hacer como colectivo de mujeres son los puntos abordados en los diálogos que reúnen a decenas de mujeres indígenas de las comunidades mencionadas.

 

Los encuentros iniciaron en mayo pasado y se extenderán hasta el mes de diciembre, completando dos encuentros en cada comunidad, lo que permite fortalecer la participación de las mujeres indígenas. Los diálogos son facilitados por mujeres referentes indígenas y técnicas del equipo de trabajo de Tierraviva.

Elizabeth Ramírez, del Pueblo Qom y facilitadora de los espacios de diálogo, señala que estos encuentros son muy importantes para que las mujeres indígenas puedan expresar las situaciones que atraviesan en su vida cotidiana en las comunidades, y también conocer sus derechos. “Con estos espacios podemos escuchar el clamor de las mujeres, por ejemplo, con la sequía son las que más sufren en torno a eso, así también en lo que tiene que ver con acceso a servicios de salud, a partir de estos espacios donde se sienten seguras y podemos hablar sobre sus derechos ellas reclaman por sus derechos” señala Elizabeth.

“Las mujeres indígenas sufren mucha discriminacion, muchas veces cuando salen de sus comunidades, o asisten a algún servicio público no se las trata adecuadamente y a partir de estos encuentros las propias mujeres pueden identificar estas formas de discriminación y reclamar sus derechos” agrega la referente indígena, mencionando que las propias mujeres de las comunidades visitadas han pedido que continuen estos espacios de encuentro y diálogo entre mujeres.

La Licenciada en Enfermería, Estela Marecos, referente indígena del Pueblo Enxet y facilitadora de los espacios de diálogo, coincide en señalar que la experiencia de los encuentros de mujeres indígenas ha sido sumamente enriquecedora ya que ha permitido escuchar e identificar las dificultades que atraviesan y desde un diálogo y con enfoque de derechos buscar salidas a estas situaciones. “Estos encuentros permiten que las mujeres puedan reclamar sus derechos a las instituciones, que las mujeres puedan organizarse y exigir esos derechos que muchas veces le son negados” indica Estela, desde su comunidad El Estribo.

Tierraviva viene acompañando las iniciativas de mujeres indígenas buscando fortalecer las organizaciones comunitarias, brindando capacitaciones desde un enfoque de derechos, así como iniciativas que contribuyan al desarrollo autónomo de las mujeres dentro de la comunidad.