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La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que reúne a casi 20 organizaciones de Pueblos Indígenas, exigió hoy al gobierno de Mario Abdo Benítez convocar a una mesa de trabajo para atender las distintas exigencias del sector.

La gravedad de la situación de las más de 700 comunidades indígenas del país requiere de la participación y definiciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Articulación realizó esta mañana una conferencia de prensa donde trasmitió su petición y a continuación la presentó en las sedes de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

Junto con la petición entregaron datos relevados sobre urgencias, prioridades y propuestas de solución de las comunidades indígenas, relacionadas a múltiples derechos.

En el centro de los requerimientos se encuentra la necesidad de que el Estado paraguayo cumpla con su obligación de restituir y asegurar jurídicamente sus tierras a las comunidades indígenas, o que propiciaría la efectivización de los demás derechos.

Anunciaron una movilización a nivel nacional y en Asunción para el próximo 12 de octubre, fecha considerada por los Pueblos Indígenas de toda América como el inicio de la desposesión de sus territorios y recursos naturales.

Presupuesto para el INDI 2022

Un punto central de los pedidos tiene que ver con la necesidad de aumentar los recursos al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dentro del Presupuesto General de la Nación 2022, para que asuma su rol de ente rector de las políticas públicas de los Pueblos Indígenas.

Además de asignar presupuesto suficiente para la restitución de tierras y derechos a las comunidades, para 2022 el Estado paraguayo debe contemplar fondos para la implementación del recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 y para contrarrestar el impacto específico que tuvo la pandemia por COVID-19 en las comunidades.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometió con otros 192 países.

Estas acciones de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) forman parte de la campaña Presupuesto Digno para Pueblos Indígenas 2022, que cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

 

 

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que reúne a casi 20 organizaciones, exige al gobierno de Mario Abdo Benítez la conformación de una mesa de diálogo.

Los detalles de esta propuesta serán anunciados en una conferencia de prensa el marte 5 de octubre, 9 horas, en la Plaza de los Desparecidos de Asunción. Y a continuación será presentada al Palacio de Gobierno.

El objetivo es dar a conocer al gobierno las inquietudes y propuestas de solución sobre diversas problemáticas que sufre uno de los sectores más excluidos por las políticas públicas y más vulnerados en sus derechos.

En Paraguay viven poco más de 122 mil personas indígenas (1,8% de la población nacional) que pertenecen a 19 distintos Pueblos Indígenas.

Entre las principales problemáticas estructurales que les afecta se encuentra la falta de restitución y aseguramiento de territorios, lo que impide el disfrute de los demás derechos.

Esto ha propiciado el empobrecimiento por desposesión de sus territorios y recursos naturales, de parte de actores económicos agro-extractivistas como productores sojeros, ganaderos o forestales.

La falta de territorios seguros además vulnera su derecho a la autodeterminación, al no poder conservar y reproducir sus culturas y formas de vida.

Las últimas estadísticas disponibles y comparables (DGEEC 2017) muestran cómo la pobreza afecta de forma diferencial a la población indígena.

Mientras la población nacional alcanzaba un 26,4% de pobreza y un 4,4% de pobreza extrema en 2017, un 66,2% de la población indígena vivía en la pobreza y un 34,4% en la pobreza extrema.

A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.

 

Más todavía en un contexto donde a las deudas históricas de restitución de derechos se suman los impactos por la pandemia de COVID19, que afectó de forma específica a los pueblos indígenas.

Una herramienta importante para identificar y orientar acciones prioritarias, programas y políticas es el recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometieron los países.

La conferencia de prensa que realiza la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) forma parte de la campaña Presupuesto Digno para Pueblos Indígenas 2022, que cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

 

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna presentó hoy ante la Cámara de Diputados su posicionamiento sobre el proyecto de Ley que aumenta las penas contra las ocupaciones de tierra. En el escrito las organizaciones fundamentan su oposición a la iniciativa ya que afectará a los Pueblos Indígenas que luchan por la recuperación de su territorio.

La Articulación señala que la modificación del artículo 142 del Código Penal “agudizará los impactos de los actos violatorios a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas” y abundarán las excusas para seguir negando lo que en derecho les pertenece.

“Aumentar las penas en un país de tanta desigualdad como el nuestro, sólo evidencia el fracaso de soluciones de fondo. Si buscan proteger la propiedad, ¿por qué aún hoy luego de tantos años de despojo seguimos sin tierras? ¿Por qué la propiedad de algunos es más importante que las nuestras como indígenas?” señala parte de la nota entregada hoy.

La Cámara de Diputados estudiará mañana el proyecto de Ley que criminaliza la lucha por la tierra, con solo dos días de análisis del tema por parte de los integrante de la cámara y si que se hayan dado espacios de participación social, como audiencias públicas o debates sobre el tema.

La ANIVD está compuesta por 18 organizaciones indígenas de los diferentes Pueblos, tanto de la Región Oriental como del Chaco.

Posicionamiento Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna

Contacto:

Maria Luisa Duarte +595 981 130795

Dionisio Gómez +595 985 667233

Andrés Ozuna +595 984 293292

Dionisio Gómez, líder indígena integrante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, señaló que para la organización el Proyecto de Ley que eleva a la categoría de crimen, con penas de entre 6 a 10 años de cárcel, las ocupaciones de tierras es sumamente preocupante y que debe ser rechazado.

El dirigente de la ANIVD mencionó que muchas comunidades se encuentran ocupando tierras indígenas que nunca fueron aseguradas por el Estado, por lo que estarían en riesgo de ser imputados y encarcelados.

“Hay mucha de nuestra gente que lucha por un pedazo de tierra, otras comunidades están reivindicando su territorio ancestral, toda nuestra gente va a ser afectada por esta Ley, nos quieren convertir en criminales por reivindicar lo que nos pertenece como pueblos indígenas” concluyó.

Según datos oficiales del censo indígena 2012, al menos, el 30% de las comunidades indígenas se encuentran con algún tipo de inconveniente respecto a la tenencia de tierras. Gran parte de ellas están siendo arrasadas por grandes agroempresarios que mediante diferentes maniobras se apropian del territorio indígena. Durante los últimos meses más de 800 familias indígenas fueron afectadas por desalojos forzosos ejecutados por el Estado y civiles armados para favorecer a los agroempresarios.

Dionisio Gómez indicó que como pueblos indígenas seguirán luchando y saliendo a las calles apra exigir el rechazo del proyecto de ley que criminaliza la lucha por la tierra, así como también seguirán luchando por la recuperación de sus territorios como pueblos indígenas.

Rodrigo Villagra Carrón, Antropólogo, abogado e integrante de la Asamblea de la Organización Tierraviva, señaló que las propuestas de modificación del Artículo 142 del Código Penal, para aumentar las penas contra quienes luchan por la tierra, y del Artículo 98 del Estatuto Agrario, que busca dejar fuera de los programas de asistencia social a quienes estén imputados por ocupar tierras, se contraponen con los principios fundamentales de la Constitución Nacional y con los estándares básicos de Derechos Humanos a nivel global.

“El proyecto Zavala expresa una mentalidad arcaica e ignorante. Es además un proyecto inconstitucional porque no tiene en cuenta la defensa de la propiedad comunitaria que se reconoce en el caso de las tierras indígenas, la propiedad comunitaria tiene mayores garantías y esta legislación, en el estado actual dónde la fiscalía ataca a los pueblos indígenas en su derecho a la propiedad comunitaria, va a significar blindar la usurpación de tierras tierras indígenas por parte de aquellos que explotan y alquilan ilegalmente las tierras de las comunidades” manifestó Villagra.

En este sentido citó el caso de Diego Zavala, hermano del Senador Fidel Zavala, que ocupa irregularmente las tierras de la comunidad indígena Makutinga. En caso de aprobarse la legislación propuesta los indígenas de la comunidad Makutinga que ocupen sus tierras para exigir la restitución territorial serían enviados a la cárcel.

“Existe un doble rasero de supuesta defensa de la propiedad por encima de cualquier otro derecho, es un discurso cínico, ignorame inconstitucional” aseveró. En este sentido indicó que también la familia del Senador Enrique Riera, otro de los proponentes de esta norma, se habría beneficiado con la venta sobrevaluada de tierras al Estado.

Rodrigo Villagra indicó también que hay un sinnúmero de tierras originalmente campesinas e indígenas que están siendo irregularmente acaparadas por el agronegocio, lo que es legitimado por instituciones que actúan en contra de los preceptos constitucionales, y que ahora pretenden aprobar legislaciones aún más excluyentes y criminalizadoras.

El abogado y antropólogo indicó además que la propuesta de excluir de los programas sociales a quienes sean imputados por participar de ocupaciones de tierras es contrario a los principios básicos del Estado de Derecho y a lo establecido en el ámbito de los Derechos Humanos a nivel internacional.

La Organización Tierraviva, con más de 25 años de trayectoria en el acompañamiento a las luchas territoriales de los Pueblos Indígenas, manifiesta su rechazo a la propuesta de modificación del Artículo 142 del Código Penal propuesta por los Senadores Riera, Zavala y otros, ya que la misma pretende blindar la posesión irregular de tierras malhabidas y sólo profundizará la criminalización y persecución hacia quienes reclaman el derecho constitucional de acceder a la tierra.

De la misma manera, rechazamos la propuesta de Ley que busca modificar el Artículo 98 del Estatuto Agrario que prevé excluir de los programas sociales y subsidios del Estado a personas que se encuentren imputadas por la ocupación de tierras. Está medida es inconstitucional y viola los principios básicos del Estado de Derecho, fundamentalmente la presunción de inocencia. Decenas de miembros de Comunidades Indígenas se encuentran hoy día imputados por luchar por la restitución de sus territorios ancestrales, estás personas serán revictimizadas por el propio Estado que les niega el derecho a acceder a sus territorios.

En Paraguay la concentración de la tierra en pocas manos alcanza niveles escandalosos y las instituciones del Estado no han ejecutado políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho a un pedazo de tierra a cientos de miles de paraguayos y paraguayas.

Más de 8 millones de hectáreas de tierras entregadas ilegalmente por la dictadura a sus aliados, jamás han sido recuperadas; alrededor de un millón de hectáreas de tierras públicas han sido apropiadas de forma irregular por sojeros, ganaderos y latifundistas, sin que el Estado ejecute acciones para impedir o reparar esta situación.

Las modificaciones propuestas al Artículo 142 del Código Penal posibilitarán blindaje a quienes hoy detentan, ilegalmente, no sólo la propiedad sino, incluso, la mera posesión de tierras, por lo que podrían estar llamadas a proteger posesiones irregulares. Y además, condenando a la cárcel a quienes reclamen la recuperación de estos territorios que deberían estar en manos de Comunidades Indígenas y Campesinas.

Solo en los últimos meses más de 800 familias indígenas han sufrido desalojos violentos, en manos del Ministerio Público, la Policía Nacional y civiles armados, que de forma totalmente ilegal e ilegítima despojan a las comunidades de sus tierras. Con esta propuesta legislativa las víctimas de estos atropellos, no sólo quedarán sin sus tierras contrariando la propia Constitución y un ordenamiento supranacional, sino que además serán criminalizadas y encarceladas.

Ante este contexto, el planteamiento de aumentar las penas y la persecución a quienes reclaman su derecho a la tierra se asemeja más a una provocación propia de sectores antidemocráticos que a una propuesta de solución real para una problemática social de raíces profundas e históricas.

Finalmente, ratificamos nuestro pleno rechazo a las modificaciones del Artículo 142 del Código Penal y del Artículo 98 del Estatuto Agrario y llamamos a los legisladores a actuar de forma responsable, rechazando estos intentos de profundizar la persecución a quienes luchan por acceder a la tierra. Confiamos en que  se tomen medidas para garantizar el acceso a la tierra a las comunidades indígenas y campesinas.

En la sesión ordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Declaración “Que insta a los Poderes Ejecutivo y Judicial la urgente instalación de una Mesa Técnica Interinstitucional para el abordaje y resolución de las reivindicaciones territoriales del Pueblo Yshir.

El proyecto fue presentado por la Diputada Marlene Ocampos, titular de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, tras haber recibido a una delegación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) que llegaron a la Capital para dar a conocer sus reclamos territoriales.

“Es de público conocimiento la férrea lucha que lleva adelante la nación Yshir en procura de la restitución de sus tierras, lucha que lleva décadas y pocos resultados, al punto que, al día de hoy, no solamente fueron despojados de grandes territorios mediante procedimientos fraudulentos y atentatorios de sus derechos, sino que además siguen siendo perseguidos y perjudicados en las tierras que aún permanecen bajo sus dominios” señala la misiva presentada por la Diputada Ocampos respecto a la declaración finalmente aprobada.

“Resulta imperiosa la necesidad de poner un alto a tanta injusticia y por ello es preciso que desde los órganos competentes que integran los poderes Ejecutivo y Judicial (bajo cuyos ámbitos de competencias recaen la resolución de la mayoría de las situaciones de conflictos territoriales denunciados) procuren concertar y unificar criterios de acción, establecer procedimientos claros, oportunos y contestes con la normativa internacional y nacional en materia indígena tendientes a asegurar el logro de las reivindicaciones que poseen los pueblos originarios” añade el escrito.

La Nación Yshir está compuesta por cerca de 3.500 personas, que habitan en 7 comunidades ubicadas a orillas del Río Paraguay, en los Distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay.

Las comunidades Yshir reclaman desde hace años la recuperación de parte de su territorio ancestral que hoy se encuentra en manos de empresas agroganaderas de capital extranjero. Los Yshiros -como se conoce a los integrantes de la Nación Yshir- se ven impedidos de acceder sus lugares sagrados, que al mismo tiempo se encuentran amenazados por la deforestación.

Buscando dar a conocer sus principales reclamos territoriales miembros de la Nación Yshir llegan a la capital para reunirse con autoridades vinculadas a la temática. Cómo parte de las actividades presentarán el libro “El territorio Yshir y su reclamo actual” y lanzarán el Diccionario Yshir Ybitoso.

La Nación Yshir está compuesta por cerca de 3.500 personas, que habitan en 7 comunidades ubicadas a orillas del Río Paraguay, en los Distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay.

Las comunidades Yshir reclaman desde hace años la recuperación de parte de su territorio ancestral que hoy se encuentra en manos de empresas agroganaderas de capital extranjero. Los Yshiros -como se conoce a los integrantes de la Nación Yshir- se ven impedidos de acceder sus lugares sagrados, que al mismo tiempo se encuentran amenazados por la deforestación.

Ante esta situación a lo largo de la semana dialogarán con autoridades de Poder Ejecutivo y del Legislativo a fin de buscar una respuesta a sus reclamos territoriales. Según diversos estudios la Nación Yshir habría perdido más del 97% de su territorio ancestral ubicado principalmente en la Eco Región del Pantanal, que hoy se encuentra amenazada por la deforestación y los incendios.

Actividades previstas

El lunes 16 de agosto, la delegación Yshir será recibida por autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), desde las 9 de la mañana. El martes 17 llegarán hasta la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.

La jornada del miércoles 18 será dedicada a un espacio de reflexión y planificación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY).

El jueves 19 se realizará el lanzamiento del Diccionario Yshir y del libro El Territorio Yshir y su reclamo actual. Esta actividad iniciará a las 10 de la mañana en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán y quienes estén interesados en participar deben escribir al correo pytierraviva@gmail.com.

El día viernes 20 desde las 9 horas la delegación será recibida por la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado y para las 11 horas llegarán al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

La semana Yshir está siendo organizada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir y apoyada por Tierraviva.

Contacto:

+595 984 293292 Andrés Ozuna

En la jornada de pasado miércoles 14 de julio, la Escribanía Mayor de Gobierno finalizó los trámites para inscribir a nombre de la comunidad Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná, ubicada en el distrito de Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, las 7.701 hectáreas adquiridas por el Estado. Con esta medida las tierras finalmente están legalizadas y tituladas a nombre de la Comunidad

Xákmok Kásek lleva más de 30 años de lucha por recuperar sus territorios y garantizar condiciones dignas de vida para sus integrantes. En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad ordenando la restitución de más unas 10.700 hectáreas de su territorio ancestral, además de la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales que durante años les fueron negados a la comunidad.

 

El líder de la comunidad Serafín López señaló que este nuevo paso es una gran alegría para todos los miembros de su comunidad y también es un triunfo de lamlucha Indígena, recordó que durante muchos años pasaron momentos difíciles sin acceder a su territorio, señaló que también sufrieron violencia y desalojos, y que en todos esos momentos tuvieron la solidaridad de otras comunidades, sin dejar de luchar nunca por sus derechos.

 

López indicó que la titulación de las tierras de Xákmok Kásek permitirá seguir avanzando en el cumplimiento total de la sentencia, ya que aún faltan otras 2.999 hectáreas que deben ser recuperadas por la comunidad, agregó que desde que todo lo conquistado ha redituado en beneficios a la Comunidad que mejoró considerablemente sus condiciones de vida.