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Holaaaa… ko’anga rohemdúma..” (holaaa… ahora te escucho) fueron las primeras palabras de Cleto Recalde, Líder de la Comunidad Indígena Colonia 96, cuando estaba probando la antena de teléfono instalada en su Comunidad mediante el proyecto “Fondo de Autonomía y Resileencia – Global Alliance for Green And Gender Action (GAGGA)” implementado por Tierraviva.

Las palabras nítidas pero quebradas y entrecortadas por la visible emoción de tener la posibilidad de “contacto con el exterior” luego de tantos años de aislamiento y abandono por parte de las autoridades nacionales. Comunidades enteras permanecen en aislamiento forzado por falta de señal, y aunque parezca ficticio, esa falta de contacto costó vidas humanas, personas que no llegaron a un puesto de salud porque no tenían forma de llamar una ambulancia que los auxilie.

En esta era de la tecnología, de los Facebook, whatsaap, Instagram, etc, es inconcebible hablar de la falta de conectividad. Colonia 96 quedaba aislada tanto en épocas de inundación, como en época de sequía, de ahí la vital importancia de contar con una antena que los conecte con todo y con todos.

La alegría de los niños que nunca en suu vida escucharon una voz a través del teléfono. La felicidad de toda la Comunidad reflejada en las expresiones de Cleto Recalde lo dice todo… LA COMUNICACIÓN SE HIZO POSIBLE.

Los miembros de la Comunidad Kemha Yat Sepo (Cerrito Hamaquera) se movilizarán este lunes 12 de octubre reclamando la restitución de su territorio ante la amenaza de ser desalojados por el avance de la ampliación de la Ruta Transchaco. Esta movilización se realizará en el kilómetro 210 de la Ruta Transchaco, dónde está ubicada la comunidad, y será acompañada por comunidades indígenas que también saldrán a las rutas en diversos puntos del país.

Con estas acciones presentarán la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna que aglutina a organizaciones y comunidades indígenas que exigen atención a sus necesidades y la aplicación de políticas públicas que garanticen condiciones dignas de vida para los y las indígenas.

A continuación compartimos el comunicado de la Comunidad Kemha Yat Sepo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los miembros de la comunidad Kemha Yat Sepo (Cerrito Hamaquera) del pueblo Enxet Sur, conformada por 120 familias (311 personas), nos dirigimos a la opinión pública para denunciar la inacción del Estado paraguayo que se niega a adquirir un pedazo de tierras para que podamos reasentarnos y vivir dignamente como indígenas, sin embargo tienen planeado construcciones sobre el espacio de tierra que ocupamos a lo largo de la ruta Transchaco.

Hace 25 años fuimos expulsados violentamente por ganaderos de nuestras tierras ancestrales, ubicadas en el Distrito de Gral. Bruguez, a 70 km de la Transchaco. Luego de este hecho y ante la falta de lugar para vivir nos vimos en la obligación de separarnos como comunidad; un grupo de familias quedó viviendo en la comunidad La Esperanza, en el distrito de Bruguez, y otro grupo ocupó una parte de la franja de seguridad de la ruta Transchaco.
En el año 1997 comenzamos nuestros trámites ante el Instituto Paraguayo del Indígena para el reconocimiento legal de la comunidad con el objetivo de reivindicar nuestras tierras ancestrales. En ese momento nuestras tierras, propiedad de una empresa ganadera, estaban en venta y solicitamos al INDI la adquisición de la misma; pero a raíz de la inacción e inoperancia de la mencionada institución estatal nuestras tierras ancestrales fueron comercializadas nuevamente en el sector privado. A partir de esta situación solicitamos la compra de otras tierras en la misma zona, de manera a dar cumplimento lo establecido en las leyes nacionales e internacionales referentes a la obligatoriedad que tiene en Estado de dar tierras suficientes en calidad y cantidad a las poblaciones indígenas del Paraguay.

Hoy a más de dos décadas de iniciadas nuestros trámites, seguimos viviendo al costado de la ruta Transchaco, y ahora con el agravante que el Estado quiere volver a desalojarnos, a sacarnos de nuestras casas y sin siquiera darnos un pedazo de tierra donde vivir.

Con la ampliación de la principal ruta del Chaco, el Ministerio de Obras Públicas está sacando a todos los ocupantes de la franja de dominio y esto nos está afectando. Hemos solicitado al INDI la adquisición de un predio de 1.500 has., ubicada en la zona de Montelindo, pero desde esa institución nos dicen que no tienen, ni tendrán en el 2021, presupuesto para adquisición de tierras para nosotros.

Desde el INDI quieren reasentarnos en las tierras de la comunidad San José, del Pueblo Qom, lugar que no forma parte de nuestras tierras ancestrales, todo esto sin siquiera habernos consultado, violando nuestro derecho a la Consulta, tal como establece el Convenio 169. Nos tratan como objetos indeseados, que cuando en un lugar ya no se le quiere se le tira a otro. Les recordamos a las autoridades del INDI que somos seres humanos y como tal reclamamos y exigimos el respeto a nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas.

Es por esta situación que nuestra comunidad Kemha Yat Sepo solicita a las autoridades Nacionales lo siguiente:
La adquisición inmediata de tierras dentro de nuestras tierras ancestrales para el reasentamiento de nuestra comunidad;
La instalación de una mesa interinstitucional de trabajo con representantes de MOPC, como responsable principal de las tareas, e integradas por el presidente del INDI y por miembros de las comisiones de Pueblos Indígenas de las Cámaras de Senadores y de Diputados, para buscar una alternativa de tierras para la comunidad;
La participación y consulta constante, tal como establecen las leyes, de la comunidad en todas las acciones referentes a la reubicación.
Nuestra propuesta es un llamado urgente a las autoridades del Paraguay, quienes tienen la responsabilidad legal de protegernos como pueblos indígenas, pero también es un llamado a la solidaridad de la sociedad paraguaya, pues si nuevamente nos desalojan del único lugar que tenemos para vivir, corremos el riesgo de desaparecer como comunidad y por ende como indígenas.

Ya no permitiremos que este Estado siga violando nuestros derechos, estamos solicitando sólo lo que nos corresponde: Nuestra Tierra; queremos seguir viviendo como comunidad indígena del pueblo Enxet Sur.
Es por eso, que invitamos a todos y todas a acompañarnos en una acción denominada “Vigilia por la Dignidad: Por la recuperación de nuestra Tierra” que vamos a realizar desde la noche del domingo 11 de octubre, en recordación del último día de la libertad. Además de la movilización que realizaremos el día Lunes 12 de octubre cerrando la Ruta Transchaco en el kilómetro 210, esta movilización será acompañada por otras comunidades indígenas a nivel nacional y servirá como lanzamiento de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, que se plantea luchar por un Presupuesto adecuado para responder a las necesidades de la población indígena.

Comunidad Kemha Yat Sepo (Cerrito Hamaquera)

Contactos:
Mauricio Franco García, Cel: (0992) 882227
Vidal Servín García, Cel: (0976) 433494

Con el objetivo de reducir el riesgo de desastre sanitario y alimentario en las comunidades indígenas del Bajo Chaco ante la pandemia de COVID-19, Tierraviva, con el apoyo de las agencias de cooperación internacional Manos Unidas de España, Pan Para el Mundo (PPM) de Alemania y el Servicio Mundial de Iglesias (CWS), con sede en los EE.UU. ejecutó una acción de asistencia humanitaria que benefició a 70 comunidades y aldeas indígenas del Departamento de Presidente Hayes. Desde el inicio de la pandemia la institución ha estado en contacto con 100 comunidades y aldeas indígenas del Bajo Chaco, Alto Paraguay y Boquerón para hacer un seguimiento a la situación de las mismas a lo largo de la crisis sanitaria (que a la fecha continua). Igualmente se han realizado campañas educativas sobre prevención de contagio a través de las radios comunitarias Indígenas, radios regionales y redes sociales, con miras a la concienciación de la importancia de poner en práctica las medidas sanitarias del lavado de manos, distanciamiento social y el uso de tapabocas, todo esto para evitar la propagación del COVID19 en las comunidades indígenas.

En total unas 4.100 familias indígenas, aproximadamente 16 mil personas, fueron beneficiadas en dos modalidades de asistencia:

• 878 familias recibieron kits de alimentos (23.340 kilos) y sanitarios por familia,

• 3.225 familias recibieron kits de alimentos (29.160 kilos) para ollas comunitarias y kits sanitarios, además de alcohol, tapabocas, jabones para promotores de salud.

En total se entregaron:

• 55.500 kilos de alimentos de primera necesidad arroz, fideo, yerba, harina, aceite, poroto y sal –,

• 21.000 tapabocas,

• 5.300 litros de alcohol al 70%,

• 200 litros de lavandina

• 7.200 panes de jabón.

• 2000 guantes desechables

La asistencia apuntó a minimizar el impacto de la crisis, mientras se aguarda respuesta del Estado. Además, mediante un monitoreo permanente desde la declaración de cuarentena en el país (en el mes de marzo) Tierraviva logró recabar datos de unas 100 comunidades y aldeas indígenas del Chaco, en un trabajo coordinado con los líderes, lideresas, representantes y promotores de salud de dichas comunidades. Está tarea posibilitó gestionar asistencias y reclamos de las familias indígenas ante las autoridades estatales.

Otro aspecto importante logrado mediante la acción humanitaria fue brindar información adecuada a las poblaciones indígenas respecto a la Pandemia por el COVID19, esto se realizó mediante materiales radiofónicos en 9 idiomas, así como materiales audiovisuales e impresos con enfoque intercultural, socializados a través de los medios comunicacionales mencionados más arriba, quienes colaboraron para la difusión desde la responsabilidad social y solidaridad.

Al cierre de esta asistencia humanitaria se logró, entre otras cosas, un protocolo orientativo a las comunidades desarrollado en el mes de abril, un protocolo de actuación para el equipo de trabajo, acompañar fuertemente a la población indígena del Chaco a través de las informaciones sobre los cuidados y en la divulgación de la situación de sus comunidades durante esta pandemia, como también la visibilización de la acuciante situación por la sequía que lleva más de 10 meses.

Por último, agradecemos a las personas solidarias que acompañan los procesos de estas agencias de cooperación en España, Alemania y EE.UU, que desde una preocupación por los más vulnerabilizados han hecho llegar su granito de Arena al Chaco paraguayo y a las 30 personas voluntarias que en diversos momentos dieron horas de su aporte para armar los kits.

Asunción, 08 de octubre de 2020

En la jornada de hoy representantes de la Organización Tierraviva mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud a fin de plantear acciones relacionadas al abordaje integral e intercultural de la Emergencia Sanitaria por COVID 19 en las comunidades indígenas del Chaco.

Semanas atrás Tierraviva había presentado una serie de propuestas para la atención integral de la población indígena ante emergencia sanitaria, estas propuestas fueron planteadas en una conferencia de prensa ante el avance de los casos de COVID 19 en las comunidades.

En representación del MSPyBS participaron el Ministro Julio Mazzoleni y la Doctora Dalila Oviedo, responsable de la Dirección Nacional de Salud Indígena y Laura Bordón, representante de la Unidad de Derechos Humanos; durante la jornada de trabajo se acordaron acciones a futuro para tener un abordaje integral de la problemática sanitaria en las comunidades indígenas.

Estas acciones estarán coordinadas por el Ministerio de Salud en una mesa interinstitucional de la cual participarán otros entes estatales junto a organizaciones de la sociedad civil.

En junio del año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Sentencia por la cual hacía responsable al Estado paraguayo por la violación de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet.

El fallo estableció que el Estado debía restituir sus tierras y garantizar las condiciones para que la comunidad pueda vivir de forma adecuada en el territorio, uno de los puntos fundamentales establecidos era la construcción de un camino público y de todo tiempo para ingresar a sus tierras. Recién hoy más de 15 años después de aquel fallo, y tras muchas acciones de exigencia por parte de la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos para la construcción del camino.

El trazado consta de aproximadamente 30 kilómetros desde la Ruta Pozo Colorado-Concepción hasta las tierras de Yakye Axa, una primera parte del camino ya está construido y atraviesa la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, también del Pueblo Enxet, por lo que sólo restan por construir aproximadamente 20 kilómetros.

Los líderes de la Comunidad señalaron su alegría y esperanza ante la posibilidad cercana de acceder a las tierras donde podrán, al fin, desarrollar proyectos comunitarios y mejorar sus condiciones de vida. “Trabajar y vivir en nuestras tierras” es el sueño largamente anhelado por la comunidad y que está cerca de concretarse.

El camino también beneficiará a otras comunidades cercanas como Payseyamexyempa’a, Kelyenmagategma y Sawhoyamaxa, todas del Pueblo Enxet, creando un territorio indígena continuo de unas 40 mil hectáreas.

Foto: Vicente Marecos

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones confirmaron este jueves que están en condiciones de iniciar los trabajos para la habilitación del camino de acceso a las tierras de la Comunidad Yakye Axa. Los líderes de la comunidad manifestaron su alegría por esta información y señalaron que ahora tienen la esperanza de poder ingresar a sus tierras, tras más de 20 años de lucha.

“Hace mucho tiempo la comunidad esperaba esto, hoy las autoridades nos dijeron que incluso el lunes ya podrían iniciarse los trabajos ya que están todos los documentos firmados” señaló Albino Gómez, líder de la Comunidad Yakye Axa.

El pasado 9 de setiembre el ejecutivo promulgó la Ley 6607 con la cuál se habilitaba la expropiación de los lotes por los cuales cruzará el camino de acceso a la comunidad. Con esto más de 60 familias de Yakye Axa, integrantes del Pueblo Enxet, podrán ingresar a las 12.312 hectáreas de tierra pertenecientes a la comunidad, tras vivir largos años al costado de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, en el Departamento de presidente Hayes.

“Tenemos mucha esperanza, esto trae tranquilidad a la comunidad, saber que ya vamos a poder entrar a nuestras tierras, a trabajar allí y poder desarrollarnos” agregó Albino indicando que la vida al costado de la ruta por tantos años fue muy dura para la comunidad, ya que subsisten con muchas dificultades sin acceso a derechos básicos y sin poder desarrollar sus formas tradicionales de vida.

La construcción del camino para la comunidad forma parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2005 señaló que el Estado paraguayo había violado los derechos humanos de la comunidad al no garantizarles acceso a su territorio y a condiciones dignas de vida. El tramo a ser construido es de aproximadamente 30 kilómetros y se convertirá en un camino público que permitirá el libre tránsito de los indígenas hasta sus tierras que se encuentran rodeadas por establecimientos ganaderos que no permiten el paso por sus propiedades.

La habilitación del camino también beneficiará a otras cuatro comunidades indígenas de la zona, también pertenecientes al Pueblo Enxet, constituyéndose en un territorio indígena continuo de aproximadamente 40 mil hectáreas lo que genera condiciones importantes para el desarrollo adecuado de las más de 200 familias indígenas que las habitan.

Ante los hechos acontecidos en el norte del país en los últimos días, desde las organizaciones miembros de la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas- REDESPI, manifestamos en primer lugar, nuestra plena solidaridad con las víctimas de los terribles sucesos. Tanto la muerte de las niñas, como el secuestro de Oscar Denis y Adelio Mendoza, forman parte de una violencia que rechazamos y repudiamos.

Como Red defensora de Derechos Humanos exigimos que toda intervención del Estado en la zona norte se circunscriba en el marco del respeto a las leyes que protegen a los pueblos indígenas y al respeto a la legislación nacional e internacional.

Somos organizaciones con muchas décadas de trabajo junto a las comunidades Indígenas del país y damos fe que las reivindicaciones que los pueblos indígenas han reclamado históricamente y reclaman en la actualidad no es otra sino la vigencia del Estado Social de Derecho y las garantías contempladas a su favor en el Capítulo V de la Constitución de la República, a través de organizaciones propiamente indígenas y que sus métodos de reivindicación de derechos distan mucho del ejercicio de la violencia criminal.

Sin embargo, la violencia que sí involucra a indígenas y se evidencia de manera indiscutible es la de la ausencia del Estado en las comunidades y el abandono histórico a estos Pueblos. Esto, se refleja en el hecho de que un 25% de las cerca de 800 comunidades y aldeas indígenas existentes en todo el país no cuentan con tierra propia, alrededor del 30% han sufrido o sufren atropellos de terceros – invasión, alquiler, fumigación – o violencia externa – atropello, robo, abigeato, asesinatos – y apenas el 40% del total cuenta con un centro de salud y el 70% con una escuela en sus comunidades, según señalan fuentes oficiales (DGEEC, 2015) y de otra índole (Tauli Corpuz, 2015; Villagra, 2018). Esta ausencia es aún más patente ante el escenario de la actual pandemia sanitaria, con el aumento vertiginoso de casos positivos en personas indígenas en diversas partes del país y la falta de un plan gubernamental de asistencia a pueblos indígenas ante el Covid-19.

Asimismo, resaltamos que en una zona como el norte de la región Oriental, con un alto índice de violencia, se ha abandonado a las comunidades indígenas al arbitrio de grupos criminales -muchas veces vinculados al narcotráfico y al agronegocio- que presionan sobre el territorio indígena; situación, que en muchos casos ha acabado en otras tragedias, como las – al menos – 30 personas del Pueblo Indígena Paî Tavyterâ asesinadas por sicarios desde el término de la dictadura hasta años recientes, según se puede cotejar en varios informes y estudios (Brun, Enciso y Chase-Sardi, 1990; Chase Sardi y Susnik; 1995; Tierraviva, 2014).

Por lo expuesto arriba, llamamos a abordar está exclusión y violencia con una presencia activa e integral del Estado en las comunidades indígenas a fin de revertir las difíciles condiciones de vida en la que se desenvuelven hombres, mujeres, ancianos y niños indígenas, respetando su cultura y autodeterminación, evitando una mayor criminalización hacia dichas comunidades que solamente agravaría la situación de histórica discriminación estructural.

Asunción, 11 de septiembre de 2020.

La Sexta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial emitió la sentencia respecto al Amparo promovido por la Comunidad Indígena Colonia 96 a fin de acceder a asistencia estatal ante la falta de acceso al agua. En primera instancia la justicia ya había ordenado al Estado la atención inmediata a los reclamos indígenas pero la sentencia fue apelada por los órganos estatales, en esta ocasión la Justicia se reafirma en que la Comunidad Indígena debe recibir una atención inmediata, integral y sostenida por parte del Gobierno.

El Tribunal señala que la asistencia debe ser sostenible, y explica que dicha cualidad implica una acción permanente en el tiempo por parte de los órganos responsables de la asistencia, en ese sentido indica que “ tratándose la controversia de proveer agua potable a una población determinada, no puede entenderse de otra manera que dicha provisión debe ser permanente, pues el consumo de agua potable es fundamental para la salud y la vida de las personas, por lo que pretender que se satisface esa necesidad con una sola prestación sería un despropósito”.

En el fallo el Presiente del Tribunal indica que los derechos Constitucionales vinculados al caso como el derecho a la vida (art. 4), el derecho a la calidad de vida (art. 6), el derecho a un ambiente saludable (art. 7), el derecho a la defensa de los intereses difusos (art. 38), el derecho de peticionar a las autoridades (art. 40), de la igualdad de las personas (art. 46), de las garantías de la igualdad en la participación de los beneficios de la naturaleza y bienes materiales (art. 47 inc. 4), de la protección al niño (art. 54) y el derecho a la asistencia que tienen los pueblos indígenas (art. 66) son  normativas constitucionales que son operativas para el Estado lo que significa que “queda a cargo de las autoridades estatales competentes trazar las metas a mediano y largo plazo para garantizar la calidad de vida de todos los habitantes. Las comunidades indígenas, entre las cuales se encuentra la parte actora, son grupos poblacionales que usualmente quedan relegados a la pobreza extrema y, por tanto, merecen una tutela preferencial por parte del Estado para garantizar su calidad de vida y preservar su hábitat. Por opción, los miembros de la comunidad indígena eligieron establecerse en determinado territorio, percibiendo directamente los frutos de la tierra (agua, vegetación, animales). Es por ello que deben tener acceso irrestricto a la provisión de agua potable y recursos hídricos libres de contaminación.”

La Abogada Adriana Agüero, Directora del Área de Casos y Litigios de Tierraviva, manifestó que este fallo es muy importante ya que no deja lugar a dudas respecto a los deberes y obligaciones del Estado para con la Comunidad Indígena Payseyamexyempa’a –que incluye a las Aldeas Colonia 96 y Buena Vista- y con las comunidades en general. Además indicó que se debe destacar que la sentencia ratifica que la asistencia debe darse de forma integral y sostenible, dejando en claro que no puede realizarse apenas alguna provisión aislada de agua o alimentos, sino que debe ser una atención permanente.

Por otra parte, Agüero señaló que se encuentran solicitando a las instituciones demandadas en el Amparo: Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y Servicio Nacional de Agua y Saneamiento (SENASA), que presenten sus planes de acción a fin de garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la justicia de forma inmediata.

La comunidad Payseyamexyempa’a se encuentra asentada en el kilómetro 352 de la ruta Pozo Colorado-Concepción y a unos 60 km aproximadamente al norte de la misma Ruta en el Departamento de Presidente Hayes. La misma está conformada por 97 personas y se encuentra aislada por falta de caminos públicos de acceso al territorio, durante la actual sequía que afecta al Chaco la comunidad quedó sin acceso a agua potable por lo que decidió recurrir a la Justicia para recibir asistencia por parte del Gobierno.

Al tiempo que lamentamos profundamente la muerte del líder Tito Recalde del pueblo Qom en el 25 de agosto pasado y de un joven de 17 años de la comunidad Enxet de La Herencia, el día 31 del mismo mes, ambos por causa del COVID-19, manifestamos cuanto sigue:

Estas dos muertes son las primeras en registrarse oficialmente en la población indígena de nuestro país, y particularmente del Chaco paraguayo, luego de más de 5 meses de declarada la cuarentena oficial. Si bien, la primera comunidad indígena en ser afectada por el virus ha sido la del pueblo Ava Guaraní de Yapy Santa Isabel del Departamento de San Pedro, donde se confirmaron varios casos positivos, hoy recuperados luego del periodo de aislamiento correspondiente, existen otras comunidades donde se han constatado casos comunitarios en la Región Occidental y del Área Metropolitana de Asunción a través de un monitoreo que Tierraviva está realizando.

Existen así casos confirmados en la comunidad Qom de Cerrito del Distrito de Benjamín Aceval y casos en la comunidad Enxet de La Herencia del Distrito de Villa Hayes, así como un número mayor con casos sospechosos o posibles, aún sin testeos realizados en varias de las comunidades consultadas, todas en Presidente Hayes. Asimismo, también se han reportado casos positivos por la XVI Región Sanitaria Boquerón, en Loma Plata y en Filadelfia, y casos positivos en Alto Paraguay, en el Distrito de Bahía Negra y en el Distrito de Carmelo Peralta, con una alta probabilidad de que estos incluyan a personas indígenas.

A la par, la desnutrición y malnutrición crónicas en las comunidades indígenas, la falta de agua potable y/o su distribución domiciliaria, sumada a la sequía estacional que afecta a la gran mayoría de ellas, la limitada asistencia alimentaria que han recibido y las enfermedades de base endémicas que afligen actualmente a la población indígena, presentan un panorama de una afectación agravada, donde la letalidad del virus en cuestión, sería mucho mayor, como ha sido el caso en otras poblaciones indígenas de países de la región.

Para muestra basta un botón, sólo en agosto y entre las comunidades monitoreadas fallecieron 10 personas por diversas enfermedades, y de acuerdo a las informaciones de los síntomas presentados, bien podría ser el COVID-19 una causa concurrente. Asimismo, 15 comunidades manifestaron en el monitoreo realizado por las organizaciones indigenistas contar con personas con enfermedades de base como tuberculosis, diabetes e hipertensión, muchas de las cuales reciben insuficiente asistencia sanitaria pública para su tratamiento.

Como es sabido y ha sido denunciado en múltiples ocasiones por organizaciones indígenas, indigenistas y de la sociedad civil – con mayor insistencia en el transcurso de la pandemia – que el Sistema de Salud Pública es deficiente e insuficiente en su atención a los pueblos indígenas, lo cual es reconocido por las propias estadísticas oficiales. Existe apenas un hospital por Región Sanitaria en el Chaco, los que se encuentran en las distantes capitales departamentales – para una buena parte de su población. Los Centros de Salud existentes en otras localidades, al igual que dichos hospitales, están mal equipados y tienen limitados recursos humanos en cantidad y especialidad, quienes a su vez – incluyendo a los/as promotores indígenas de las comunidades están sobrepasados por las necesidades de su población beneficiaria. No hay disponibles unidades de terapias, suficientes respiradores, ambulancias, así como elementos sanitarios preventivos para distribuir – tapabocas, alcohol, etc. A esto se suma la falta de priorización y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas-DINASAPI en la propia estructura del MSPyBS. Asimismo, en el Chaco Central, otros servicios de salud, como los prestados por las Colonias Menonitas o la Ascim, son, en primer término, privados y, en segundo lugar, reducidos y/o renuentes a prestar atención a la mayor parte de la población indígena que les rodea. Esta desatención, invisibilidad y menosprecio de la salud indígena se constata con el hecho de que hasta el presente no se cuenta con un protocolo sanitario con enfoque intercultural del Ministerio de Salud para afrontar la pandemia en las comunidades indígenas.

La desprotección de la población indígena, cabe resaltar, no es exclusivamente responsabilidad del MSPBS sino de las otras carteras e instituciones estatales como el INDI, el MOPC, el Ministerio de Trabajo, de Educación, la SEN, IPS, el MADES, SENASA y otras que tienen obligaciones específicas como la asistencia jurídica y territorial, alimentaria, protección y seguridad laboral y ambiental, provisión y mantenimiento de caminos comunitarios, agua potable –entre otros servicios básicos– y que no han atendido o priorizado a la población indígena y a sus necesidades más básicas, sea con anterioridad a la pandemia o durante ella.

Conforme a ello, requerimos que el MSP y BS, lleve a cabo un Plan de Emergencia para Pueblos y Comunidades Indígenas frente al COVID-19, que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 1. La aprobación de un Protocolo Sanitario para Pueblos Indígenas, que contemple: una guía intercultural de intervención, las especificidades propias de cada pueblo y comunidad como:

i) comunicación y coordinación eficiente a través de sus autoridades comunitarias y promotores/as de salud y con otras instituciones presentes en la zona;

ii) monitoreo a través de la Regiones sanitarias y sus redes de casos sospechosos y confirmados;

iii) sistema extensivos, apropiados y expeditivos de levantamiento de muestras por Vigilancia de la Salud, incluyendo la identificación/publicación como personas indígenas sin nombres particulares, identidad étnica y distrito origen de los/as afectados/as;

iv) un campaña de educación e información específica para la población indígena – si es posible en los propios idiomas y donde cabe con las medidas necesarias, con talleres presenciales,

v) disponibilidad y distribución de elementos de prevención (tapabocas, alcohol, agua y jabón);

vi) disposición y asistencia técnica adecuada – instrucciones y elementos de protección para atención a enfermos, medicamentos, kit de alimentos y disposición de agua potable – para establecer albergues comunitarios en escuelas, iglesias o centros comunitarios y/o domiciliares para la realización de cuarentena de casos positivos o sospechosos;

vii) seguimiento a casos de personas de las comunidades con enfermedades de base para extremar cuidados y asistencia.

2. La dotación y fortalecimiento de los Regiones Sanitarias de la Región Occidental con un mayor número de ambulancias, vehículos adecuados con sus choferes para traslados de pacientes, helicóptero para actuación rápida en comunidades aisladas, recursos humanos especializados y así como de mayores recursos médicos y equipamientos a las USF y Centros de Salud y dependencias de IPS, que atienden a población indígena, incluyendo su ampliación para comunidades y aldeas que no cuentan con ellos/as.

3. El involucramiento del INDI, la SEN, SENASA y el Ministerio de Educación, para contribuir a dicho Plan PP.II. COVID-19 con asistencia alimentaria y provisión de agua suficiente y regular a las comunidades afectadas.

4. Asimismo, el MOPC debería acelerar y priorizar la construcción y mantenimiento de caminos vecinales de comunidades indígenas, hoy aisladas o inaccesibles para recibir asistencia médica, como el caso de la comunidad Paysenyamexenpa’a (Colonia 96 y Buena Vista).

5. Así también, se debe asegurar que las empresas contratadas para el corredor Bioceánico licencien a los trabajadores indígenas afectados, sin interrupción del pago de sus haberes, para que puedan realizar la cuarentena respectiva. En el mismo sentido, el Ministerio del Trabajo debería monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad en las estancias y colonias menonitas, asegurando a la par, la estabilidad y pago legal de los trabajadores/as indígenas.egal de los trabajadores/as indígenas.