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Las organizaciones integrantes de la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDESPI) advierten que en los últimos días han recabado denuncias de líderes y referentes indígenas respecto a la existencia de casos positivos y sospechosos de COVID 19 en comunidades indígenas, tanto en la Región Oriental como en el Chaco. Según los reportes existirían casos sospechosos en 5 comunidades indígenas, sin tener datos concretos en cuanto a pacientes positivos.

La principal preocupación de las organizaciones radica en la falta de respuestas y mecanismos de abordaje adecuados por parte del Estado. Aun cuando se ha advertido permanentemente al Estado sobre la necesidad de abordar responsablemente las escasas posibilidades de las comunidades de enfrentar esta situación, ya que la gran mayoría de los establecimientos de salud a los que acuden las comunidades se encuentran desabastecidos y muchas comunidades no han accedido a información adecuada respecto a cómo actuar ante el ingreso de la COVID 19 a sus territorios.

Como ejemplo de la falta de atención a la situación en las comunidades mencionan lo que está ocurriendo en el Departamento de Presidente Hayes, donde se han registrado hasta la fecha 5 casos confirmados, en el que los pacientes fueron trasladados, después de la insistencia y reclamos de sus líderes, a más de 200 kilómetros de sus comunidades para ser atendidos en el centro asistencial más cercano. Este Departamento, el más extenso del país y con una población indígena importante, cuenta con un solo centro de atención de pacientes con Covid 19, lo que demuestra la falta de interés de las autoridades sanitarias hacia la salud de la población indígena, según indican.

A pesar de estos insistentes llamados a la acción por parte de las comunidades indígenas y de las organizaciones no gubernamentales, el Estado no ha elaborado un protocolo culturalmente pertinente que permita abordar adecuadamente la emergencia sanitaria en las comunidades. La urgencia de este protocolo radica en que debido a la realidad material y a sus formas tradicionales de vida los pueblos indígenas se encuentran mucho más vulnerables a la enfermedad; además, de que pueden convertirse potencialmente en focos de contagios masivos.

Los órganos de protección internacionales han entregado pautas claras y el Estado no ha desarrollado acciones concretas para prever lo que podría ser una tragedia, a uno de los grupos más vulnerabilizados del país como lo son los Pueblos Indígenas, como lo fueron las resoluciones 01/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” y 04/2020 “Derechos Humanos de las
personas con COVID 19” de la CIDH.

Las organizaciones de la REDESPI se suman a los llamados de los líderes y comunidades a la autoprotección, al resguardo en atención a que el Estado es totalmente negligente para enfrentar la pandemia con las poblaciones más vulnerabilizados. Finalmente los miembros de REDESPI llaman, una vez más, a las autoridades del Estado a tomar cartas en el asunto y desarrollar acciones urgentes que puedan hacer frente a la grave amenaza que representa para los pueblos indígenas la propagación del COVID 19 en sus comunidades.

Asunción, 26 de agosto de 2020

Contactos:
Salustiana Caballero, Grupo Sunu: 0982-328.087
Lidia Ruiz Cuevas, Tierraviva: 0981-427.378
Teresa Vargas, Tekoha:
0986-924.444

La comunidad indígena Yakye Axa urge a la Cámara de Diputados que sancione el proyecto de modificación de la Ley 6465/19, incluido en el punto 9 del orden del día de la sesión del miércoles 26 de agosto. Esta modificación permitirá al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones iniciar las obras del camino que llegará a las tierras de la comunidad indígena.

El proyecto de modificación de la Ley 6465/19 ya cuenta con aprobación del Senado y se espera que la Cámara de Diputados sancione las modificaciones lo antes posible, para que el Ministerio de Obras Públicas inicie la construcción de los 33 kilómetros de camino público y de todo tiempo que conducirá a las tierras de la comunidad indígena.

La construcción de este camino tiene un atraso de 8 años, puesto que ya en 2012 el Estado paraguayo, en el marco de la ejecución de sentencia emitida en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adquirió tierras para la comunidad indígena, pero hasta ahora no se abrió el camino para llegar allí. La comunidad urge se sancione el proyecto de modificación de la ley, que fue enviado desde el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, en el entendimiento de que las y los indígenas no pueden seguir esperando. Actualmente unas 60 familias viven al costado de la ruta que une Pozo Colorado y Concepción, a la altura del kilómetro 350.

Representantes de Amnistía Internacional Paraguay, Codehupy y Tierraviva señalan que la construcción del camino beneficiará a las familias de la comunidad Yakye Axa así como a familias de otras comunidades indígenas colindantes. “Instamos a la Cámara de Diputados a dar el mismo mensaje de celeridad (que el Senado dio) y sancionar lo antes posible la modificación de la Ley 6465. Asimismo, una vez finalizado el proceso legislativo, instamos al presidente de la República a culminar el proceso con la promulgación”, mencionó Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

En numerosas ocasiones denunciaron que vivir allí los pone en peligro permanente, ya que transitan vehículos de gran porte, que a su vez producen polvareda constante y esto se impregna hasta en sus alimentos. Existen testimonios de niños y niñas que crecieron al costado de la ruta, a la espera de que el Estado logre resarcir en parte el daño que les ha causado. “Estoy preocupada como miembro de la comunidad y como madre, ya queremos ir a nuestra tierra porque la espera se volvió muy larga y nuestros hijos ya sufrieron mucho acá”, dijo Verónica Fernández, miembro de la comunidad, que instó a los legisladores a acelerar el trámite.

“Sostenemos que el Estado paraguayo ya no puede perder más tiempo y que es hora que cumpla con la sentencia de la Corte IDH, solo así las familias de Yakye Axa podrán llegar a sus tierras y con ello podrán rehacer sus vidas”, afirmaron las organizaciones.

Para más información:
Jorge Flores (0983)854683
Flavia Borja (0974)252061
Adriana Aguero (0986) 220894

El Juzgado de 1era instancia en lo Civil y Comercial del 24° turno resolvió hoy hacer lugar al amparo presentado por Cleto Recalde, líder de la Comunidad Indígena del Pueblo Enxet Payseyamexyempa’a, contra la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras instituciones públicas , de esta manera la justicia ordena al Estado brindar atención integral e inmediata a la mencionada comunidad. El amparo había sido presentado por el líder de la Comunidad, Cleto Recalde, con el patrocinio de los abogados de la Organización Tierraviva.

“Este Juzgado considera insuficientes las soluciones que ofrecen las instituciones aquí demandadas, para garantizar el derecho al agua potable y otros recursos necesarios para la vida, por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades recurrentes; y considera que existe una situación de inmediatez debido a las circunstancias personales, económicas y sociales de la comunidad Payseyamexyempa’a (Colonia 96 y Buena Vista), para acceder a un vida con condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad que garantice la integridad física, síquica y moral de sus habitantes. Esta asistencia a la que hacemos referencia debe formar parte de políticas públicas que deben los gobiernos implementar con el fin de efectivizar el acceso a los derechos largamente mencionados en
este considerando. Dicha implementación debe ser sostenible y continuada en el tiempo y así lo ordenamos en esta resolución” señala la resolución emitida en la fecha por el mencionado juzgado.

Además el fallo agrega que a fin de proteger los derechos de los recurrentes y de “pretender con ello que no se haga una declaración lírica” el Juzgado ordena que las instituciones demandadas Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Servicio Nacional de Saneamiento (SENASA)d del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a que provean de asistencia integral, agua en calidad y cantidad adecuada, asistencia en salud y alimentación, todo ello dentro de un marco de asistencia sostenible.

La comunidad Payseyamexyempa’a se encuentra asentada en el kilómetro 352 de la ruta Pozo Colorado-Concepción y a unos 60 km aproximadamente al norte de la misma Ruta en el Departamento de Presidente Hayes. La misma está conformada por 97 personas y se encuentra aislada por falta de caminos públicos de acceso al territorio.

El Antropólogo Rodrigo Villagra, integrante de la Organización Tierraviva, cuestionó la decisión del Parlamento de declarar emergencia agrícola y ganadera para la zona del Chaco debido a la sequía. Señaló que no se ha declarado emergencia por las miles de familias indígenas que sufren por la falta de agua en la zona.

“Hoy tenemos un paradigma que dice que la vida es el bien que hay que proteger con mayor fuerza y contundencia, sin embargo, tenemos una contradicción no resuelta, que es la defensa de otros intereses en contraposición a la vida misma. Como ejemplo tenemos comunidades indígenas que están sufriendo desnutrición crónica, hambre, abandono por las reducidas tierras que recibieron muy por debajo del estándar legal” señaló agregando que por el otro lado, sectores poderosos que han privatizado el Estado paraguayo para sus propios intereses, como el sector ganadero y agroexportador, son una vez más beneficiados y ponen a toda la estructura del Estado a su servicio con esta Ley de Emergencia hecha a medida.

El antropólogo cuestionó que el Estado no invierte un solo guaraní en proporcionar las condiciones adecuadas de agua, de salud y de salubridad básica para afrontar no solo la pandemia sino la vida cotidiana con privaciones que hoy viven las comunidades indígenas. “Es una contradicción demasiado abierta que solo se puede ocultar mediante un discurso ideológico fascista que ataca a cualquiera que exponga está contradicción” añadió Villagra cuestionando las recientes declaraciones del Senador Fidel Zavala atacando a Centros de Investigación de Ciencias Sociales.

“Una vez más vemos que no hay declaración de emergencia para las comunidades, no hay fondos suficientes para invertir en protección social a este sector, sin embargo el Estado si invierte en proteger a los sectores privilegiados y sus bienes” añadió. Villagra calificó de “tremenda injusticia” esta situación e indicó que ni el Poder Ejecutivo, ni el Parlamento están protegiendo el derecho a la vida de los pueblos indígenas, “por el contrario se han encargado de perpetuar los privilegios de unos pocos, en detrimento del derecho a la vida de los sectores más vulnerables de la población” concluyó.

Celebramos la decisión tomada por el plenario de la Honorable Cámara de Senadores de Paraguay que ha decidido modificar la Ley 6465, para la construcción de un camino público y de todo tiempo que permita a la comunidad indígena Yakye Axa del Pueblo Enxet llegar a las tierras adquiridas hace más de 8 años. La Cámara de Diputados tiene ahora en sus manos la oportunidad de permitir a esta comunidad volver a casa.

Hace más de dos décadas que la comunidad indígena está esperando la resolución de su reclamo territorial, asentada al costado de una carretera en una situación que la Corte IDH calificó como “violatorias a los Derechos Humanos”.

En el 2012 se adquirieron las tierras aceptadas por la comunidad y en 2019 se aprobó la Ley 6465 de expropiación de las franjas de dominio que permitirán la construcción del camino, pero el documento tuvo errores que derivaron de los informes técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Hoy, con la decisión del Senado, se da un paso para la corrección de dichos errores. El documento que obtuvo media sanción, pasa ahora a consideración de la Cámara de Diputados.

En este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; desde la Organización Tierraviva creemos oportuno el momento para reflexionar sobre la situación de los indígenas en Paraguay. La crisis provocada por pandemia y las medidas de aislamiento social han profundizado las situaciones de exclusión y pobreza estructural que afectan a los Pueblos Indígenas en nuestro país.

La histórica desatención a las necesidades de acceso y protección del territorio indígena hacen que decenas de comunidades atraviesen la actual crisis desplazados de sus tierras. Otras comunidades han visto sus territorios afectados ambientalmente por la deforestación o la contaminación de sus recursos hídricos.

Esta situación ha afectado gravemente el acceso a alimentos de las comunidades lo que se suma a la falta de asistencia adecuada y suficiente por parte del Gobierno, configurando una grave crisis alimentaria en las comunidades.

Al de por sí delicado cuadro de situación se ha sumado una fuerte sequía que afecta particularmente a las comunidades Indígenas del Chaco, muchas de las cuales han quedado sin acceso a fuentes de agua e imposibilitadas de consumir agua potable. También en este caso hemos visto la incapacidad e indolencia del Estado que no ha dado asistencias mínimas para salvaguardar la vida y la salud de los Pueblos Indígenas.

Cómo casos emblemáticos de estás desatenciones podemos citar lo acontecido con la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, ubicada en Boquerón, cuyo territorio fue deforestado por ganaderos de la zona en complicidad con autoridades ambientales. También debemos mencionar la grave situación que soportan los miembros de la comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet, quienes hace años aguardan la construcción de un camino que le permita ingresar a su territorio mientras sobreviven en precarias condiciones al costado de una ruta.

Los desalojos y la falta de garantías para el arraigo de las comunidades indígenas en sus territorios pueden notarse claramente en el reciente desalojo irregular de la Comunidad Guyrapaju, del Pueblo Mbya, atacada por civiles armados que atropellaron la comunidad. Así también la Comunidad Indígena Sauce, del Pueblo Mbya, es permanentemente hostigada por la propia Entidad Binacional Itaipu que busca forzarlos a abandonar su territorio.

Otros derechos como el acceso a la salud y la educación también continúan siendo vulnerados y afectando a miles de familias indígenas en Paraguay.

Estos niveles de abandono y desatención a los Pueblos Indígenas, en plena situación de Emergencia riñe directamente con lo establecido en nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 68 “Del Derecho a la salud” señala que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes”

La grave crisis que atraviesa el país afecta particularmente al sector más vulnerabilizado de la población, los Pueblos Indígenas. Resulta urgente que el Estado en su conjunto articule políticas de protección y atención permanente e integral a la población indígena.

En la tarde de este martes Cleto Recalde, líder de la Comunidad Indígena, del Pueblo Enxet, Colonia 96, presentó una acción de amparo contra diversos entes del Estado paraguayo para exigir la urgente asistencia a los miembros de la mencionada comunidad que se encuentran sin acceso a agua potable. La Comunidad, cuyo nombre en lengua enxet es Payseyamexyempa´a, y que también incluye a la aldea Buena Vista, está habitada por 97 personas y se ubica 55 kilómetros al este de la Ruta Cnel. Franco, que une Pozo Colorado y Concepción, en el Departamento de Presidente Hayes.

El documento presentado hoy, con el patrocinio de Tierraviva, detalla las graves dificultades que atraviesa la comunidad, cuya situación de exclusión y abandono por parte del Estado viene de varios años atrás y se agrava en estos momentos en que la sequía afecta duramente a gran parte del territorio chaqueño. La Comunidad Payseyamexyempa´a se encuentra aislada por falta de caminos y sin ninguna forma de acceder a agua potable; además el único riacho cercano se ha secado, por lo que no tienen posibilidades ni siquiera de consumir agua no tratada.

El acceso al agua es reconocido como un Derecho Humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en ese sentido la Red por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.

 

Según se relata en el amparo, las instituciones públicas como el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena y el Ministerio de Salud Pública, no han asistido adecuadamente a la comunidad lo que pone en riesgo la vida, la salud y violenta varios derechos fundamentales de las familias indígenas, además de violar disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.

El amparo pide a la Justicia que ordene a las instituciones responsables “a que presten la asistencia integral, proveyendo de Agua de calidad y en cantidad adecuada, la instalación de tanques y otras infraestructuras de excelente calidad y en cantidad adecuada que los hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos que conforman la comunidad indígena Payseyamexyempa´a  requiera para afrontar no solo esta sequía sino otras que puedan sucederse en el futuro, además de reforzar la asistencia en salud y alimentación”. Además se solicita que el INDI destine parte de su presupuesto establecido para la ejecución de proyectos para comunidades indígenas, en la implementación de un proyecto de fortalecimiento del arraigo de la comunidad accionante. 

El documento fue presentado ante la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial y se espera que sea resuelto de forma urgente ante la gravedad de la situación que atraviesa la comunidad indígena.

La fuerte sequía que afecta al Chaco paraguayo, sumada a la falta de asistencia adecuada por parte del Estado, golpea duramente a las comunidades indígenas, miles de familias se encuentran imposibilitadas de acceder a agua potable y deben recurrir a utilizar sus escasos recursos económicos para adquirir el líquido vital de proveedores privados que en muchos casos cobran hasta casi 10 veces más de lo que se podría pagar en el Departamento Central por el agua. Estos datos resaltan del nuevo monitoreo realizado por Tierraviva en 99 comunidades indígenas del Chaco.

Según señala el informe la falta de agua es definitivamente una prioridad que debe ser atendida, añadiendo que “La situación es tan desesperante, que en muchas comunidades se organizan para comprar agua a proveedores particulares, pagando aproximadamente 250.000 Guaraníes por 10,000 litros (como referencia en el departamento Central, una aguatera privada cobra 30.000 Guaraníes por la misma cantidad)”. Según se detalla el Estado, a través de las gobernaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) han asistido con el líquido vital a varias comunidades en este periodo, sin embargo, la cantidad y la calidad han sido cuestionadas por las comunidades”.

Reportes provenientes de las comunidades señalan que no beben el agua recibida, ya que esta genera malos olores a los pocos días de ser almacenadas en los aljibes. “El abastecimiento inadecuado de agua conlleva a una higiene deficiente, y hace a las personas más propensas a padecer enfermedades como mal estar estomacal e infecciones. Es responsabilidad del Estado suministrar una cantidad de agua potable suficiente para garantizar la supervivencia y la vida en condiciones dignas. El agua suministrada debe ser en cantidad y calidad adecuada” indica el reporte.

Un caso particular es el de la comunidad Makxawaiya, que recibió 10.000 litros de agua, siendo más de 250 familias, alcanzando apenas 6 litros por cada integrante de una familia de 5 miembros.

El informe relata también que el nuevo acueducto fue noticia, ya que el agua del río Paraguay empezó a llegar al Chaco Central, sin embargo las comunidades tendrán que esperar. Según los planes oficiales, la comunidad urbana Pesempo’o sería la primera en recibir agua, aproximadamente en 15 días.

También faltan alimentos

“El abastecimiento de alimentos sigue siendo un reto para las comunidades, en donde se resiente el golpe económico generado por la fuerte disminución de actividades durante las primeras fases de la cuarentena” menciona la organización. Cabe recordar que las comunidades han sido asistidas solo en una ocasión por parte de la SEN desde el inicio de la pandemia.

La marisca (cacería y recolección) sigue siendo un complemento importante de alimentos en este periodo, aunque la sequía también afecta esta actividad. Esta actividad se desarrolla dentro de las tierras comunitarias, como dentro de otras propiedades privadas. La pesca en los tajamares proporciona también un aporte, pero en este periodo se reporta que muchos tajamares ya no tienen agua.

Tierraviva desde el inicio de la cuarentena viene realizando un monitoreo permanente de 99 comunidades indígenas mediante contactos quincenales con los líderes, referentes y promotores de salud de las comunidades. Mediante esta tarea se ha logrado identificar las necesidades más urgentes de las comunidades y gestionar asistencia para las mismas ante el Estado.

Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización defensora de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, manifestamos nuestra preocupación e indignación ante los hechos acontecidos con indígenas de la Comunidad Y’apy Santa Isabel, del Distrito de Yryvukua, Departamento de San Pedro.

Según denunció el líder, miembros de la comunidad que trabajan en una empresa agrícola cercana fueron obligados por los propietarios a vacunarse con un medicamento antiparasitario de uso veterinario bajo el supuesto de prevenir la propagación de la Covid 19, ya que en la comunidad se detectaron casos de la enfermedad. Este hecho generó daños en la salud de los afectados. Además, la empresa en cuestión habría dejado fuera del trabajo a, al menos, tres indígenas que se negaron a la vacunación.

A estos graves sucesos se sumaron amenazas y amedrentamientos por parte de los propietarios de la Estancia hacia los denunciantes.

Estas prácticas representan un atentado contra los derechos humanos, una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, además de no estar autorizado por el Ministerio de Salud e ir en contra de la normativa laboral.

Exhortamos a las autoridades a cumplir con la obligación de identificar y sancionar a los responsables de tan deleznable hecho, además de garantizar el acceso a la salud y a condiciones dignas de vida y trabajo para los integrantes de la comunidad.

Foto: MSPBS

Según el monitoreo realizado por la Organización Tierraviva las comunidades indígenas del Chaco recibieron solo una asistencia alimentaria por parte del Estado durante los más de 120 días que lleva la cuarentena en nuestro país. El reporte se realizó en base a contactos con 99 comunidades indígenas de la zona, que reportan dificultades para el abastecimiento de alimentos y agua potable.

Según señala el informe uno de los principales problemas que enfrenan las comunidades es el desabastecimiento de alimentos, se indica que las comunidades indígenas “cumplieron a rajatabla las recomendaciones y tomaron medidas para prevenir el contagio, limitando el acceso y circulación por sus comunidades. La respuesta del Estado en cuanto a la asistencia fue lenta e insuficiente. Se señala además que a nivel estatal la asistencia a las comunidades quedó a cargo de el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en la Región Oriental, y en el Chaco la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Según el monitoreo, la entrega de alimentos ha sido escasa y en el Chaco hubo solo una entrega desde el inicio de la cuarentena, una asistencia mínima e insuficiente fue la que llegó a las comunidades. El documento señala también que muchas comunidades debieron sostenerse mediante la caza, recolección y la pesca, sin embargo, esto es más difícil en las comunidades rurales ubicadas en entornos intensamente degradados por la deforestación.

El informe reporta que como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno en el marco de la cuarentena inteligente se dieron algunos cambios en las fuentes de ingreso y de alimentos habituales de las comunidades. Por más que la actividad agropecuaria estuvo siempre exceptuada, las changas en establecimientos ganaderos se vieron fuertemente disminuidas. Así también, la limitación en la circulación de vehículos implicó la caída en la demanda de miel, artesanías y pescados. Esto implicó que la miel sea vendida a precios más bajos que en el mismo periodo en años anteriores.