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Como parte de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) Tierraviva está presente desde el 12 de junio pasado en actividades desarrolladas en zonas del interior y en la capital de Colombia. Natalia Rodríguez, abogada integrante del equipo de trabajo, participa de los eventos que buscan destacar experiencias de defensa territorial de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia.

Entre el 12 y el 16 de junio la delegación de ILC llegó hasta la región de Montes de María, donde se observaron experiencias y procesos de recuperación territorial de comunidades que habían sido despojadas y desplazadas de sus tierras en el marco del conflicto armado que vivió Colombia durante largos años. “Ha sido única y enriquecedora la oportunidad de conocer las experiencias de lucha por el derecho humano a la tierra de las comunidades San José del Playón, la asociación de mujeres indígenas y campesinas de AFASAN, la comunidad de agricultores del municipio de Zambrano y la de la Coordinadora Nacional de las Zonas de Reserva Campesina en Montes de María” indicó Rodríguez.

Culminadas las visitas de campo, inició en la capital, Bogotá, el 10° Foro Global de la Tierra que en su apertura tuvo como tema central la necesidad de mirar la tierra como el eje constructor de paz en los pueblos campesinos y étnicos del mundo.

El centro de la discusión sigue sobre los avances de la Reforma Agraria Integral, la resolución de conflictos, el Catastro Multipropósito, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la transición energética.

Cientos de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil que luchan por el derecho a la tierra forman parte del Foro.

“Recalcamos, finalmente, la mirada de las mujeres, restauradoras y nutridoras de la vida, que en una parcela de manejo comunitario nos enseñaron un hermoso ejemplo de dignidad y del goce; el goce del buen vivir que aún es posible y que los pueblos indígenas y campesinos de América Latina aún sostienen desde sus prácticas tradicionales. Frente al extractivismo legal o ilegal de la minería, al desvío de cauces del río Magdalena o al monocultivo del palmar o la melina, hay una comunidad que lucha, que resiste y que no está dispuesta a ceder sus derechos sobre la tierra y la vida” añadió la representante de Tierraviva.

La Comunidad Indígena Xákmok Kásek del Pueblo Sanapana, busca un diálogo efectivo con el Estado respecto al cumplimiento de los puntos resolutivos de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2010.

En ese marco, referentes de la comunidad llegaron, una vez más, hasta el Ministerio de Educación, donde tenían agendada una reunión con el ministro Luis Ramírez, a fin de abordar la situación de la educación en la comunidad, específicamente la paralización de las obras de construcción de la escuela desde hace ya 3 años.

Sin embargo, a pesar de haber tenido agendada la reunión y del viaje de más de 400 kilómetros realizado por los indígenas, el titular de la cartera educativa no se presentó.

Los representantes comunitarios, finalmente, mantuvieron una reunión con la directora de Educación Indígena y otros funcionarios, quienes se comprometieron, una vez más, a avanzar con los puntos pendientes.

Tierraviva, como representantes convencionales de la comunidad, acompaña las gestiones y acciones de Xákmok Kásek a fin de lograr el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte IDH y el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

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Miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapana, ubicada en Irala Fernández, Presidente Hayes, dando seguimiento a una mesa de trabajo instalada en torno a la salud comunitaria, nuevamente estuvieron por el Ministerio de Salud para abogar y buscar resultados concretos en torno al funcionamiento normal de la Unidad de Salud Familiar (USF) que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los puntos reclamados se encuentra la provisión de una ambulancia para la comunidad y la contratación de personal de blanco. Después de la reunión informaron que finalmente lograron la designación de un personal de blanco al igual que el destino de una ambulancia.

Esto según indicó Manuel Aguilera, licenciado que presta servicios en dicha Unidad de Salud puntualizando que con estas decisiones se podrá ampliar el horario de atención al público, beneficiándose no solo a Xákmok Kásek sino a las demás comunidades indígenas vecinas del lugar

El Doctor Saul Recalde, vice ministro de Atención Integral a la Salud del MSPBS, por su parte mencionó que las determinaciones corresponden conforme a lo previsto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comunidad Xákmok Kásek es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que data del año 2010, sin embargo, el Estado no ha cumplido cabalmente con el fallo.

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La abogada Adriana Agüero, integrante del equipo de trabajo de Tierraviva, formó parte de la segunda edición del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su Implementación”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, en colaboración con el Ministerio de Justicia de Paraguay y otras instituciones. El espacio fue propicio para dialogar con organizaciones de la sociedad civil y miembros de gobiernos de la región sobre la relevancia de las sentencias de la Corte IDH para avanzar en políticas públicas de Derechos Humanos.

 

Tierraviva, como organización que trabaja en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en casos vinculados a la restitución de tierras fue una de las representantes de la sociedad civil de Paraguay. Cabe recordar que Tierraviva es representante convencional de comunidades indígenas que cuentan con sentencias de la Corte IDH, cuyo cumplimiento aún se encuentran en proceso.

 

En este sentido, durante el espacio Tierraviva impulsó el debate respecto a la necesidad de construir una política pública que garantice la restitución de tierras indígenas, tal como se establece en los puntos resolutivos de las sentencias que impulsan la construcción de un mecanismo legislativo que permita la identificación y restitución de tierras indígenas. Este punto aún no ha Sido cumplido por el Estado paraguayo, por lo que la construcción de una política pública para el efecto resulta urgente.

Así también, el encuentro fue propicio para dialogar con referentes de la Corte IDH y representantes del Estado sobre la necesidad de establecer espacios de diálogo entre el gobierno, las víctimas de violaciones de DDHH y la sociedad civil respecto al cumplimiento de las sentencias. Además, Tierraviva acompañó la posición de representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay respecto a la preocupación por el cierre del espacio cívico que representa la llamada Ley anti ONGs aprobada recientemente por el Congreso Nacional, Walter Isasi, de la CODEHUPY, señaló que el cierre del espacio cívico implica la limitación material de la ciudadanía organizada en sociedad civil en su participación en la construcción de políticas públicas y denuncias de violaciones de DDHH.

 

El curso contó con la presencia de expertos de la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agencias de las Naciones Unidas, quienes abordaron estrategias para superar obstáculos en la ejecución de sentencias.

 

Esta iniciativa refuerza el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto donde organizaciones como Tierraviva siguen desempeñando un rol esencial en la exigibilidad de justicia para las comunidades más vulnerables.

Las declaraciones de autoridades del gobierno y de otros actores, suscitadas a partir de las protestas realizadas por personas indígenas cerrando la calle frente al destacamento militar donde funciona el INDI, en los últimos tiempos, muestran un abordaje criminalizador y sesgado de la realidad indígena que deriva en seguir postergando las respuestas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades.

Tanto el Presidente del INDI, el General retirado Juan Ramón Venegas, como el Ministro del Interior, Enrique Riera, han asumido la situación como un problema vinculado a la “violación de derechos de terceros al libre tránsito”, llegando, el titular de la cartera de seguridad, a plantear la orden de detener a los líderes de las comunidades que se manifiestan frente al Ente estatal. Esta posición obvia la complejidad de la situación indígena en el país, producto de largos años de abandono, postergación y carencia de una política de Estado que atienda adecuadamente a la población indígena.

Así, las autoridades responsables de atender las necesidades de las comunidades indígenas y de aplicar políticas públicas que garanticen sus derechos, se desentienden de las causas que llevan a las manifestaciones. El exiguo presupuesto del INDI, la masiva expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, o comunidades con tierras insuficientes y las graves consecuencias que esto acarrea, son sólo algunas de las realidades que las autoridades deberían atender, antes de optar por apresar a quienes reclaman derechos básicos.

Las carencias de todo tipo en materia de derechos fundamentales como acceso a tierra, salud, educación, infraestructura vial, alimentos y agua potable, realidades que atraviesan las comunidades indígenas, deben ser atendidas con políticas públicas participativas, con un enfoque intercultural y con financiamiento suficiente. Lejos de hacerlo, el gobierno intenta desentenderse de los problemas y posicionar a los indígenas como adversarios que deben ser castigados.

A estas posiciones se han sumado algunos referentes del ámbito jurídico que, además de puntualizar la supuesta “ilegalidad” de la manifestación, han señalado que los Pueblos Indígenas cuentan con suficientes tierras pero que las mismas son improductivas y por ende “no le sirven a nadie”, abriendo las puertas a la legalización del despojo territorial que, de por sí, ya soportan las comunidades indígenas.

Esto, además de desconocer la importancia vital y la relación profunda existente entre un Pueblo o comunidad y su territorio tradicional, también omite señalar que las tierras en manos de indígenas, han sido ilegalmente apropiadas por el agronegocio.

También, es desconocer el importantísimo papel que cumplen las tierras indígenas dentro del sistema legal de protección de la biodiversidad, constituyen un resguardo crucial para especies animales y vegetales; siendo las comunidades guardianas de bosques y extensiones aún en estado original. Recordemos que los servicios ambientales son una forma legal de asegurar una función fundamental de la tierra para la sostenibilidad y desarrollo del país.

 

Por tanto, no es que las tierras indígenas “no sirvan para nada”, están dentro de un marco de protección especial conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Esa “inserción” tiene sus mecanismos asegurados; el problema real es la orfandad ante el incumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales por parte del Estado.

No atender estas realidades al momento de abordar la situación de la población indígena es simplemente contribuir a ocultar la inoperancia criminal por parte de un Estado profundamente discriminador.

Si las autoridades responsables de concretar los derechos de los Pueblos Indígenas solo plantean “milagro, rezo o encarcelamiento” ignoran los compromisos internacionales adquiridos por Paraguay, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta negligencia agrava la pobreza y la marginalización, expone al Estado a demandas ante instancias internacionales (CIDH, ONU) por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Exhortamos al Estado Paraguayo a asignar recursos en el Presupuesto General 2025, y en los siguientes años, para las demandas indígenas; crear mesas de diálogos con líderes y organizaciones indígenas e implementar políticas interculturales con enfoque de derechos, sin caridad.

Como cada año el 19 de abril conmemoramos el Día del Indígena Americano, en recordación del primer congreso indigenista reunido en México en 1940. La fecha es propicia para resaltar las luchas, aportes y exigencias de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

Los Pueblos Indígenas son parte constitutiva y fundamental del Paraguay y su cultura, el reconocimiento de su existencia y de sus Derechos en la propia Constitución Nacional son una conquista de estos mismos Pueblos mediante luchas históricas. La defensa del territorio indígena y el cuidado que ejercen del ambiente y la naturaleza son también conquistas de las comunidades y una contribución al país y al planeta por parte de los indígenas.

Sin embargo, a pesar de estos aportes y del reconocimiento de derechos en el papel, la realidad de los Pueblos Indígenas está lejos de ser satisfactoria.

En esta fecha, es importante reclamar que siguen existiendo comunidades indígenas sin tierras o expuestas al hacinamiento en minúsculas extensiones de tierras. Las invasiones de tierras indígenas por parte de terceros, *la deforestación*, las fumigaciones con agrotóxicos y la extensión del modelo de agronegocios sobre territorios indígenas se suman a los desalojos forzosos y la violencia estatal contra las comunidades, males que siguen golpeando a los Pueblos Indígenas y que violan los propios preceptos constitucionales, así como normas internacionales que el Paraguay ha reconocido.

Las comunidades son víctimas de la Crisis Climática y la falta de planificación estatal. Los fenómenos climáticos extremos, como las intensas sequías y las repentinas inundaciones, se suceden cada vez más frecuentemente, sin que el Estado tenga una planificación adecuada para mitigar los daños y salvaguardar la vida y los bienes de las comunidades. Este año, sólo en el Departamento de Presidente Hayes, al menos 65 comunidades se han visto afectadas por la falta de acceso al agua, y otras, actualmente, son víctimas de las inundaciones.

A esta realidad se suma la falta de garantías para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, alimentación, viviendas dignas, caminos de todo tiempo y tantos otros derechos, carencias que hacen imposible el desarrollo autónomo de las comunidades.

Este 19 de abril, Tierraviva hace un llamado al Estado paraguayo a asumir con políticas públicas adecuadas, bien financiadas y construidas participativamente, las obligaciones que tiene para con los Pueblos Indígenas. Esto contribuirá a romper con la discriminación estructural de la que son víctimas los indígenas, que no sólo se expresa en el abandono que sufren las comunidades, sino en los cada vez más frecuentes discursos de odio y discriminación que se extienden en la propia sociedad.

Finalmente, saludamos y abrazamos a las comunidades y Pueblos Indígenas que con valentía, coraje y dignidad defienden, hace más de 500 años, sus derechos ante la violencia y la discriminación.

El tribunal de Villa Hayes compuesto por los jueces José Jaquet, Gregorio Paciello y Corina Sanabria, fue el encargado de juzgar al señor Juan Ramón Fernández, a quién encontraron responsable de varios audios en los cuales amenazaba de muerte a miembros de la Comunidad indígena Paratodo, del Pueblo Enlhet, que se encuentra asentada en el departamento de Presidente Hayes.

Esta sentencia representa un precedente importante para combatir y prevenir la violencia en sus diferentes formas contra los Pueblos Indígenas.

Natalia Rodríguez, abogada de Tierraviva, acompañó a los líderes de la comunidad, Celestino Ortega y Albino Talavera, a lo largo del proceso ante el Ministerio público y durante el juicio oral que culminó el pasado viernes.

Fernández, había enviado notas de voz a diferentes grupos de WhatsApp de la zona, donde instaba a asesinar a los miembros de la comunidad indígena, lo que generó temor y zozobra entre los indígenas.

La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público a cargo del Fiscal Enrique Diaz, que había presentado cargos contra el responsable de la amenaza, logrando la condena de un año de prisión en suspenso, y a cumplir otras medidas reparatorias a favor de la comunidad.

Natalia Rodríguez, recalcó la importancia del trabajo conjunto realizado desde Tierraviva, la comunidad y sus líderes para obtener justicia y garantizar la protección de sus derechos. Destacó que esta condena es emblemática para los Pueblos Indígenas.

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