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El 22 de marzo se recuerda a nivel global el Día Mundial del Agua, la jornada fue instalada por la Organización de Naciones Unidas para destacar la importancia de este recurso y abogar por la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Para las comunidades indígenas de Paraguay el acceso a agua potable sigue siendo un derecho postergado, cuya carencia se profundiza a causa de la inacción gubernamental y la crisis climática que impacta localmente.
Según datos del Censo Indígena del 2022 sólo el 25,3% de las viviendas indígenas tienen acceso a agua corriente, esto lleva a que muchas comunidades accedan solo a sistemas de agua no tratadas o dependan casi exclusivamente de reservorios naturales o la asistencia estatal. Ante esto líderes y lideresas indígenas realizan permanentes gestiones y reclamos para lograr que el Estado asista adecuadamente a las comunidades, además de insistir en la importancia de desarrollar alternativas sustentables para garantizar el acceso a agua potable de forma permanente para cientos de comunidades indígenas que no acceden a este derecho.

En el Chaco la situación se agrava debido a la fragilidad del ecosistema y los duros efectos de la crisis climática, esta crisis profundiza los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y las olas de calor que han sido implacables en los últimos años alcanzando prácticamente la totalidad del territorio chaqueño. Sólo en el Bajo Chaco, Departamento de Presidente Hayes, existen unas 65 comunidades indígenas que se han visto en mayor o menor medida afectadas por la sequía durante el último año.

Los líderes indígenas señalan que la falta de agua potable genera grandes perjuicios a la comunidad, afectando la salud, principalmente de niños y ancianos, causando enfermedades estomacales y otras dolencias. En muchos casos son las mujeres indígenas quienes deben recorrer largos kilómetros para alcanzar algunas últimas fuentes de agua no tratada que deben utilizar de todas formas “es dura la realidad que vivimos” es el testimonio más frecuente desde las comunidades indígenas del Chaco cuando se consulta respecto al acceso a agua potable.

Durante estos años Tierraviva ha acompañado a diferentes comunidades y a la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) en sus reclamos ante el Estado para garantizar una provisión continua de agua potable a las comunidades. En más de una ocasión se debió recurrir a instancias judiciales, con recursos de amparo, para logar que el Estado provea agua adecuada para el consumo humano.

Si bien el Estado ha invertido millones de dólares en un acueducto y una planta desalinizadora, entre otras obras, estás resultaron infructuosas ya sea por corrupción o incapacidad de los responsables de las mismas.
Ante esta grave situación es fundamental que el Estado diseñe planes adecuados de asistencia con provisión sistemática de agua potable a las comunidades, además de contemplar planes de asistencia en situaciones de emergencia, el Estado debe invertir en infraestructura adecuada para la instalación de sistemas de provisión de agua en las comunidades a fin de garantizar el acceso al derecho al agua.

El 25 de enero del 2023 el docente indígena Silvestre Aguilera, de la Comunidad Indígena San Carlos, Pueblo Angaite, fue víctima de violencia por parte de policías de la Comisaría 10ma del Barrio Inmaculada Concepción, de la Ciudad de Concepción. Aquel día el docente llegó hasta la mencionada comisaría para tramitar un certificado de vida y residencia, sin embargo, fue maltratado y posteriormente detenido y golpeado por los uniformados que prestaban servicio en dicha comisaría.

Acompañado por Tierraviva, Silvestre realizó la denuncia del hecho ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, tras más de dos años de proceso se logró un acuerdo de reparación que debe cumplirse en el plazo de un año.

Los responsables, el Comisario Leonardo Maidana y los oficiales Cristóbal Ojeda y Elías Benítez reconocieron su responsabilidad en los graves hechos de violencia policial, y fueron sometidos a reglas de conducta, entre ellas el pedido de disculpas a la víctima el docente del pueblo angaité Silvestre Aguilera Montiel, además deberán comparecer cada tres meses ante el juzgado de Ejecución de Concepción y el pago de un resarcimiento económico a la víctima dentro de los 15 días a partir de la fecha, para el restablecimiento de la paz social.

Desde el acompañamiento jurídico realizado por Tierraviva se solicitó, además, al Ministerio del Interior un informe sobre las sanciones disciplinarias que fueron o serán aplicadas al caso de los 3 funcionarios involucrados. Así mismo, se había realizado una manifestación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con relación a medidas de prevención en lo sucesivo.

Natalia Rodríguez, abogada de Tierraviva, señaló que el presente es un caso emblemático y que mediante el litigio estratégico se busca la erradicación de prácticas nefastas como los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra miembros de pueblos indígenas y la discriminación.

Por su parte, Silvestre afirmó que se siente satisfecho de haber vencido el miedo y lograr esta sentencia, indicó que será un precedente importante para evitar que estos hechos se repitan contra otras personas indígenas y que sus derechos sean respetados.

Este lunes 24 de febrero iniciaron las clases en todo el país, más de un millón de niños, niñas y adolescentes, retoman las actividades escolares en el territorio paraguayo. La discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas también se refleja en el campo de la educación, según datos oficiales 3 de cada 10 niños indígenas en edad escolar no acceden a educación.

Otros datos reveladores señalan que el analfabetismo en la población indígena de 15 años y más de edad, que incluye a aquellas personas que no concluyeron mínimamente el 2° grado del ciclo primario, es del 27,1% de la población. Mientras que el promedio de años de estudio de la población indígena es de 4,3 años, menos de la mitad de los años de estudios promedio de la población no indígena.

Ante esta situación las comunidades exigen la atención de las autoridades a fin de que se garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Entre los principales reclamos de las comunidades se encuentra una mayor y mejor inversión en infraestructura escolar, el acceso a colegios, ya que, si bien las comunidades mayormente cuentan con escuelas, estas sólo cubren hasta el 6to grado.

Mejorar la calidad de la educación y “ser escuchados” son otros reclamos recurrentes entre los referentes comunitarios, así también se exige una mayor inversión, no solo en infraestructura, sino también en “rubros” que permitan tener docentes dentro de las comunidades. A estas realidades se suman otros factores que afectan la posibilidad de acceder a educación de calidad en las comunidades; la falta de energía eléctrica y de caminos de todo tiempo son algunas de las condicionantes más extendidas.

El acceso a la educación es un derecho fundamental para garantizar una vida digna para las personas indígenas y el desarrollo de las comunidades. Mediante diversas gestiones Tierraviva acompaña los reclamos de las comunidades indígenas del Chaco que exigen a las autoridades acciones que garanticen el acceso a la educación para las personas indígenas.

En tiempos de nuevas tecnologías de la información y comunicación, de redes sociales e internet, podría pensarse que la Radio ya no tendría cabida, sin embargo, para los Pueblos Indígenas del Chaco, la Radio sigue siendo la principal herramienta de comunicación y conexión entre pueblos, comunidades y familias. A través de la radio las comunidades indígenas se informan, se entretienen, divulgan su cultura, debates y construyen propuestas en torno a sus realidades.

Graciano Ramírez, del Pueblo Angaite y comunicador de Radio Visión, una emisora que funciona en la comunidad Casuarina, ubicada en Presidente Hayes, señala que para los Pueblos Indígenas, de tradición oral, la radio juega un rol muy importante “porque persigue un fin que es el de seguir construyendo los vínculos comunitarios a partir de la comunicación. La radio también ejerce un vínculo con los oyentes para ellos ejerzan su derecho a la información y a la comunicación, es un derecho que se ha negado por mucho tiempo a las comunidades y Pueblos Indígenas por no tener espacios dentro de los medios existentes” señaló. Graciano indica que la radio es muy importante cuando se habla de democratizar la comunicación para fortalecer la democracia, “eso significa dejar que los usuarios puedan sacar sus propias conclusiones, debatir, comunicar, informarse. La radio comunitaria funciona como centro social, es el corazón de la comunidad que se desarrolla a partir de ella”.

El Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero de 2025, está dedicado a “La radio y el cambio climático” para dar apoyo a las emisoras de radio en su cobertura periodística de este tema. “El Día Mundial de la Radio brinda una oportunidad para celebrar este medio de comunicación duradero, versátil y ampliamente accesible. Este año rendimos homenaje a las distintas formas en que la radio sirve de herramienta para adaptarse a la disrupción climática y mitigar sus efectos en nuestro mundo en rápida transformación” señaló Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO

Radio la Voz del Pueblo, es una emisora indígena ubicada en Pozo Amarillo, comunidad del Pueblo Enlhet, desde allí Tito Ramos destaca el avance que significa para la comunidad contar con un medio de comunicación propio, “tenemos informaciones para compartir con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, ahora podemos transmitirla a través de la radio, antes no podíamos hacerlo” menciona agregando que la emisora cumple un rol trascendental dentro de la comunidad ya que “es útil para la comunidad, poder hablar sobre salud, educación, trabajo, contar lo que nos está pasando y lo que necesitamos” menciona.

Actualmente los Pueblos Indígenas del Chaco, padecen los graves efectos de la sequía; producto de la Crisis Climática, este fenómeno meteorológico extremo ha implicado que en los últimos años la mayor parte de las comunidades indígenas del territorio chaqueño no hayan recibido la cantidad habitual de lluvias, por lo que sus fuentes de acceso al agua se han visto reducidas a una mínima expresión, tendiendo que lidiar al mismo tiempo con la indiferencia del Estado. Ante esta situación la comunicación comunitaria, a través de las radios, ha sido fundamental para informar, exigir y movilizar a las comunidades indígenas afectadas.

Amancio Pinasco y Damasio Flores, de la Aldea Karoa’i, Comunidad La Patria, del Pueblo Angaite destacan el rol fundamental que juega la radio Akpehetko Askavakha desde hace cuatro años dentro de la comunidad. Rescatar y mantener el idioma, la cultura y las tradiciones de Pueblo Angaite son las principales metas de la emisora. Con el desafío de lograr un recambio generacional, los líderes comunitarios y los antiguos comunicadores han logrado involucrar a jóvenes indígenas en la tarea de formar parte de la radio compartiendo información y propuestas con las familias que forman parte de la comunidad.

Poco más de una decena de emisoras indígenas se despliegan a lo largo del territorio chaqueño, otra de ellas es la Radio Alternativa, de la Comunidad Indígena Enxet Yalve Sanga, con el desafío de combinar el entretenimiento, la información y el servicio comunitario. Varias de estas radios confluyen en la programación denominada Devuelvan Nuestra Tierra, un espacio radial impulsado por Tierraviva desde hace casi 30 años, a través de la emisora Pa’i Puku, la de mayor alcance en el Chaco paraguayo, donde los miembros de las comunidades comparten informaciones y analizan la realidad logrando dar visibilidad a la realidad indígena y generando incidencia en las autoridades y la sociedad en general.

La radio sigue siendo una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho a la comunicación de los Pueblos Indígenas, un derecho clave para exigir la plena vigencia de los Derechos Humanos en las comunidades; en su acompañamiento a los Pueblos Indígenas Tierraviva contribuye e impulsa el ejercicio de este derecho.

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Promotoras y Promotores Jurídicos Indígenas del Chaco”, ha iniciado un nuevo módulo de capacitación centrado en el uso de herramientas informáticas para la defensa de Derechos. El proyecto, financiado por la Fundación Tinker e implementado por Tierraviva junto al Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano, busca empoderar a promotores jurídicos indígenas a través de herramientas tecnológicas.

Al iniciar las jornadas de capacitación, que se extenderá hasta el próximo martes, se procedió a la entrega de computadoras y accesorios tecnológicos a jóvenes, líderes y lideresas indígenas de comunidades del Bajo Chaco. Las computadoras, acompañadas de accesorios (mouse, mouse pad, mochilas y otros), serán utilizadas para mejorar la gestión documental, la comunicación y el acceso a información legal relevante, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos territoriales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas.

Según señaló una de las beneficiarias el acceso a las herramientas informáticas es muy importante para la labor que desarrollan los promotores jurídicos en sus comunidades. “Con esto podremos mejorar nuestro trabajo de apoyo a la comunidad, facilitando el acceso a información y la gestión de las necesidades de nuestra gente” indicó Herminia Ferreira, promotora jurídica.

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la red de promotores jurídicos indígenas, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de sus comunidades. Estas personas, formadas en temas legales y de derechos humanos, actúan como enlaces entre sus comunidades y las instituciones públicas, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan.

“Estas herramientas tecnológicas son un apoyo fundamental para nuestro trabajo. Nos permitirán documentar casos, hacer actas, comunicarnos mejor y acceder a información actualizada sobre leyes y derechos”, indicó otra de las promotoras jurídicas beneficiarias.

El Bajo Chaco es una región donde las comunidades indígenas enfrentan múltiples desafíos, como la falta de acceso a servicios básicos, la defensa de sus territorios ancestrales y la preservación de sus culturas. En este contexto, la labor de los promotores jurídicos se vuelve esencial para garantizar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.

La entrega de estos equipos no solo representa un avance en términos tecnológicos, sino también un paso hacia la autonomía y el empoderamiento de las comunidades indígenas. “Este aporte es una muestra de que, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, los Pueblos Indígenas pueden fortalecer su capacidad para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida”, destacó la representante de Tierraviva.

Para el coordinador de la Red de Promotores Omar Pedro, “esta herramienta facilitará el trabajo en la elaboración de documentos como actas, informes, denuncias, las reuniones virtuales de la red, la revisión de documentos e informaciones a través de internet de las instituciones públicas”.

El acto concluyó con un mensaje del presidente del Directorio de Tierraviva Dr. Rodrigo Villagra quien a la vez de animar la formación y los aprendizajes, destacó que “existen muchos abogados y abogadas, pero poca gente que defienden derechos, por lo que es importante acceder a conocimientos e instrumentos sin importar la formación profesional, la cual permitirá una defensa real de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Al recordar los 36 años de la caída de la tiranía militar de Alfredo Stroessner es importante rescatar la verdad histórica respecto al régimen y la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Verdad y Justicia, órgano oficial del Estado Paraguayo creado para analizar las violaciones de DDHH durante el periodo dictatorial señala en su informe final que “los pueblos indígenas que habitan el país han sido víctimas del despojo continuado de sus territorios, antes, durante y después de la dictadura del general Stroessner, siendo el Estado el responsable porque le compete respetar y garantizar los derechos.

La CVJ señala además que el despojo de los territorios indígenas fue parte de una política del Estado fundada en el desconocimiento de los indígenas, como personas y como pueblos, negándoseles no sólo el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios sino además derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personales.

Respecto a la situación en el Chaco y la continuidad de la violación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas la CVJ concluía que “El desplazamiento forzoso de personas y comunidades indígenas a consecuencia del despojo territorial del que fueran víctimas, sumado a la desprotección del Estado en su dignidad y derechos, ha sido y sigue siendo fuente de prácticas de segregación, como sucede en algunas colonias del Chaco, o de prácticas análogas a la esclavitud en establecimientos ganaderos”.

Un caso concreto que describe está situación es el de la Comunidad Yakye Axa, que sufrió el despojo de sus tierras que fueron entregadas irregularmente por el gobierno dictatorial a la familia Domínguez Dibb, muy cercana al régimen; para recuperar su derecho a la tierra la familia debió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún así el Estado paraguayo sólo accedió a entregarles tierras alternativas ya que nunca recuperó el territorio originalmente reclamado por la comunidad.

A estas situaciones deben sumarse los graves casos de persecución a Pueblos Indígenas impulsados y avalados por la dictadura, considerados por muchos analistas como genocidio, como los sufridos por los Pueblos Ache y Ayoreo durante la llamada “colonización” promovida por el régimen de Stroessner.

Ya en democracia la Constitución Nacional ha reconocido los derechos y la importancia de los Pueblos Indígenas, sin embargo, hasta la actualidad el Estado paraguayo no ha reparado las violaciones cometidas por la dictadura y, por el contrario, ha continuado con las prácticas violatorias de Derechos Humanos. Aún así, en estos 36 años de construcción democrática, los Pueblos Indígenas han avanzado en su lucha por los derechos a partir de la organización y la movilización para la exigencia.

Decenas de comunidades indígenas ubicadas en el Chaco han reportado nuevamente la falta de acceso a agua potable en los primeros días del 2025. La situación para las comunidades empeora, ya que la sequía también afecta los cultivos de autoconsumo y a los animales menores que crían.

Entre los impactos de la sequía en las comunidades indígenas se visibiliza el acceso limitado a agua potable, con la reducción de fuentes de agua disponibles, obligando a las comunidades a consumir aguas en condiciones deplorables, no tratadas, lo que incrementa el riesgo para la salud. El consumo de agua contaminada ha derivado en problemas de salud, especialmente entre niños y adultos mayores, quienes presentan cuadros de diarrea y vómitos debido a la ingesta de agua en mal estado.

Otro impacto importante tiene que ver con la afectación a medios tradicionales de subsistencia como la caza, la recolección, la pesca, las actividades agrícolas y de cría de ganados vacunos, caprino, ovino y equino, debilitando su seguridad alimentaria y económica.

A pesar de que los extremos climáticos en el Chaco datan de mucho tiempo, el Estado no ha sido capaz de elaborar un plan de mitigación y adaptación para las comunidades indígenas. Resulta urgente la implementación de soluciones sostenibles, sobre todo con provisión de infraestructura hídrica que garanticen un suministro constante y seguro de agua potable, adaptadas a las particularidades del Chaco y las comunidades indígenas que lo habitan.

De igual manera, urge un plan de atención integral a la salud, con servicios adecuados y campañas de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, para mitigar los efectos negativos en la población.

Mientras los organismos de gobierno solicitan a la población un uso racional del agua y pide a los entes encargados de la distribución del vital líquido que elaboren planes de contingencia, la realidad para las comunidades indígenas en acuciante, ya que el Estado no cuenta con planes de asistencia adecuados para hacer frente a estas situaciones.

Desde Tierraviva se insta al Gobierno a escuchar los reclamos indígenas de garantizar la asistencia a las comunidades en forma planificada y coordinada. El Estado paraguayo está obligado por disposiciones constitucionales y por diferentes fallos judiciales nacionales e internacionales a brindar una atención adecuada a los Pueblos Indígenas, sin embargo, estas obligaciones son constantemente desatendidas por las autoridades.

La sociobioeconomía es una combinación de actividades que buscan conservar la diversidad cultural y los paisajes productivos, mientras que promueven el valor económico y social de la biodiversidad.

La sociobioeconomía es un medio para conservar el territorio, promover el bienestar y la valorización de las culturas de las comunidades, garantizando beneficios justos y sostenibles.

En este marco desde mayo del presente año se realizaron jornadas de capacitación práctica en carpintería artesanal a miembros de las comunidades Payseyamexyempa’a y Makxawáya, ambas del Pueblo Enxet, ubicadas en Presidente Hayes. Para estos procesos las comunidades acordaron la incorporación de 20 familias en la primera comunidad y 15 familias en la segunda, quienes recibieron herramientas para las capacitaciones.

Durante los módulos de formación se elaboraron cajas para apicultura, sillas, mesas, camas, fiambreras, entre otros muebles.

Las familias de la comunidad Makxawáya dieron un paso en la organización de una Comisión que se encarga del emprendimiento atendiendo los desafíos de producción y comercialización de los muebles, como también el aporte en la capacitación a las familias de Payseyamexyempa’a, quienes, por las condiciones de no contar con servicios de electricidad, trabajan con herramientas manuales artesanales.

Estas iniciativas fueron solicitadas por las propias comunidades, y su realización fue posible gracias al aporte de Manos Unidas y Brot für die Welt, en el marco de iniciativas para el fortalecimiento de la economía comunitaria desde el enfoque de la sociobioeconomía impulsado por Tierraviva.