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Aclaraciones ante la campaña de ataques contra el Pueblo Ayoreo y las organizaciones que lo acompañan

Ante publicaciones recientes que atribuyen a organizaciones de la sociedad civil y al Pueblo Ayoreo la responsabilidad por la pérdida de mercados internacionales, desde Tierraviva consideramos necesario aclarar y contextualizar los hechos sobre la base de información verificable.

En los últimos días se ha instalado una campaña de desinformación impulsada por sectores empresariales y actores políticos que busca desacreditar al Pueblo Ayoreo y a las organizaciones que acompañan la defensa de sus derechos. Estas acusaciones surgen como reacción a acciones legítimas emprendidas por representantes ayoreos en el ámbito internacional, orientadas a la protección de su territorio ancestral y a la salvaguarda de sus derechos humanos.

La situación que enfrentan las comunidades ayoreas no es nueva. Diversas investigaciones periodísticas han documentado la grave deforestación en el Chaco paraguayo, incluyendo territorios tradicionalmente ocupados por el Pueblo Ayoreo. Estos informes también evidencian la falta de respuesta efectiva por parte del Estado paraguayo ante denuncias de carácter ambiental y de derechos humanos.

En este contexto, las comunidades afectadas recurrieron a instancias internacionales, en ejercicio de su derecho a la defensa de su territorio y su forma de vida. Como consecuencia de estos procesos, empresas europeas han adoptado decisiones comerciales vinculadas a sus propias políticas de debida diligencia, trazabilidad y cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos.

Resulta improcedente responsabilizar a los pueblos indígenas o a las organizaciones que los acompañan por decisiones empresariales que responden, en última instancia, a la incapacidad de ciertos sectores productivos de garantizar condiciones adecuadas de producción, conforme a estándares internacionales cada vez más exigentes.

Tierraviva aclara que no ha tenido participación directa en las acciones internacionales mencionadas. No obstante, reafirma su compromiso histórico con la defensa de los derechos del Pueblo Ayoreo, incluyendo su derecho a denunciar vulneraciones, a acceder a mecanismos de protección internacional y a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La protección de los derechos humanos y del ambiente no puede ser presentada como una amenaza al desarrollo. Por el contrario, constituye una condición indispensable para construir un modelo productivo justo, sostenible y respetuoso de la dignidad de todos los pueblos.

Instamos a un debate público informado, responsable y respetuoso, que evite la estigmatización de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, y que ponga en el centro la necesidad de garantizar derechos fundamentales históricamente vulnerados

 

En el marco del Día del Indígena, este 19 de abril, desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco consideramos imprescindible realizar una reflexión crítica sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Paraguay. Lejos de constituirse en una fecha meramente conmemorativa, esta jornada interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto sobre las profundas contradicciones que atraviesan las políticas públicas dirigidas a estos pueblos.

Por un lado, el Estado paraguayo sostiene en el plano discursivo su compromiso con los derechos indígenas, reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en instrumentos internacionales. Sin embargo, en la práctica, impulsa medidas que vulneran directamente la autonomía y la libre organización de las comunidades. Un ejemplo claro es la denominada Ley de Control a las Organizaciones sin fines de lucro, cuya implementación pretende obligar a comunidades indígenas con personería jurídica a inscribirse en el SIARA (Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos), desconociendo sus formas propias de organización y estableciendo mecanismos de control incompatibles con los estándares de derechos humanos y con el marco legal nacional que rige a los Pueblos Indígenas en Paraguay. Esta medida resulta no solo regresiva, sino también inconstitucional, ya que restringe derechos fundamentales.

A esta situación se suma el progresivo debilitamiento institucional del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que desde hace prácticamente un año carece de una sede central operativa. Esta precarización no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio de desfinanciamiento que limita gravemente cualquier posibilidad de asistencia efectiva o de implementación de políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas. La ausencia de recursos y de capacidad operativa del ente rector en materia indígena evidencia la falta de voluntad política para abordar de manera seria las demandas históricas.

Entre estas demandas, el acceso seguro a la tierra y al territorio continúa siendo una deuda estructural. A ello se suman las persistentes dificultades en el acceso a servicios básicos, especialmente al agua potable, condiciones que afectan de manera directa la vida y la dignidad de las comunidades. Mientras tanto, el avance del agronegocio sobre territorios indígenas se intensifica, promoviendo procesos de desplazamiento y expulsión de familias, muchas veces en contextos de alta conflictividad social.

En este escenario, la respuesta estatal frente a las legítimas reivindicaciones indígenas ha sido, de manera reiterada, la criminalización. Comunidades que defienden sus territorios o ejercen su derecho a la protesta son perseguidas y estigmatizadas, tanto por agentes estatales como por voceros vinculados a intereses agroempresariales. Esta lógica represiva no solo vulnera derechos individuales y colectivos, sino que profundiza la desigualdad y la exclusión.

A lo que se añade el hecho de que cuando son los Pueblos Indígenas los que denuncian a ganaderos y empresarios por la invasión de sus tierras comunitarias y la tala de sus bosques originales, son tratados de manera desigual por el Ministerio Público y el sistema de justicia; quedando numerosas denuncias por años sin respuesta para las comunidades, en contraste con la celeridad con que los indígenas son criminalizados.

A este panorama se suma el reiterado incumplimiento por parte del Estado paraguayo de las sentencias internacionales que lo condenan por violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas. Casos emblemáticos como Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecieron obligaciones claras en materia de restitución territorial, reparación integral y garantías de no repetición. Sin embargo, a pesar de la fuerza vinculante de estas decisiones, hasta la fecha no se ha concretado plenamente la devolución de las tierras, ni se han adoptado de manera efectiva todas las medidas ordenadas para prevenir nuevas vulneraciones. La persistencia de estas deudas evidencia no solo el incumplimiento de obligaciones internacionales, sino también la continuidad de un patrón estructural de desprotección. En este sentido, el bajo —o prácticamente inexistente— presupuesto destinado a la recuperación de territorios indígenas constituye una expresión concreta de esta falta de compromiso estatal.

Por otra parte, el denominado Plan Nacional de Pueblos Indígenas se presenta como una herramienta de articulación interinstitucional. Sin embargo, carece de financiamiento real y de mecanismos claros de implementación. Lejos de fortalecer la política pública indígena, su formulación actual diluye responsabilidades entre distintas instituciones que, en su mayoría, tampoco cuentan con los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades existentes.

Así, el Estado paraguayo transita una peligrosa dualidad: mientras enuncia compromisos, en los hechos despliega políticas que buscan controlar, debilitar y restringir los derechos de los Pueblos Indígenas. Esta contradicción no es menor, ya que impacta directamente en las condiciones de vida de miles de personas y en la vigencia misma de un Estado de derecho inclusivo.

Sin embargo, frente a este contexto de discriminación estructural y de evidente falta de voluntad política, los Pueblos Indígenas continúan sosteniendo sus luchas con dignidad. Las comunidades resisten, se organizan y defienden sus territorios, su cultura y sus derechos, constituyéndose en sujetos políticos fundamentales en la construcción de una sociedad más justa.

Desde Tierraviva, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y visibilizar estas luchas. En este 19 de abril, no solo recordamos, sino que denunciamos y exigimos: el pleno respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas, el cese de las políticas de control y criminalización, y la implementación efectiva de políticas públicas con recursos suficientes que garanticen condiciones de vida dignas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el aumento de hostigamientos y represalias contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en distintos países de la región. La advertencia fue incluida en el comunicado de cierre de su 195° período de sesiones, en el que el organismo resaltó el rol histórico de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Durante las audiencias realizadas en este periodo, organizaciones y representantes de distintos países denunciaron situaciones de hostigamiento, amenazas, campañas de descrédito en redes sociales, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales contra quienes realizan tareas de defensa de derechos. La Comisión también advirtió sobre el uso de leyes de excepción o normas antiterroristas como mecanismos de control o represalia, que terminan afectando especialmente a sectores vulnerables de la población.

La CIDH señaló además que estas medidas pueden tener un efecto inhibidor en la participación de organizaciones sociales en espacios de denuncia internacional. Según el organismo, algunas organizaciones han optado por no participar en audiencias públicas del sistema interamericano por temor a posibles represalias en sus países de origen.

En ese contexto, la Comisión recordó que, de acuerdo con el artículo 63 de su reglamento, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas que participan en audiencias públicas y reuniones del organismo, así como abstenerse de realizar cualquier tipo de represalia. La CIDH anunció que dará seguimiento cercano a las situaciones denunciadas a través de sus distintos mecanismos de monitoreo.

Las preocupaciones expresadas por la Comisión también resuenan en Paraguay, donde organizaciones han denunciado intentos de restringir el trabajo de la sociedad civil mediante nuevas regulaciones. Entre ellas se encuentra la denominada ley “anti-ONG”, cuestionada por diversas organizaciones por considerar que podría afectar la libertad de asociación y el trabajo de defensa de derechos humanos.

Tierraviva ha sido una de las instituciones que ha cuestionado esta normativa. Junto a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y otras organizaciones ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la ley impone controles excesivos y podría utilizarse como mecanismo de presión o limitación contra organizaciones sociales.

Además, Tierraviva llevó la preocupación ante instancias del sistema interamericano de derechos humanos, advirtiendo que este tipo de regulaciones puede generar un ambiente adverso para el trabajo de organizaciones que acompañan a comunidades indígenas y sectores vulnerables.

La advertencia realizada por la CIDH en el cierre de su 195° período de sesiones refuerza las alertas planteadas por organizaciones paraguayas sobre el riesgo de que normativas restrictivas, campañas de estigmatización o presiones institucionales afecten la labor de la sociedad civil. Para organizaciones de derechos humanos, garantizar un entorno seguro para quienes denuncian abusos es una condición clave para la vigencia de la democracia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Durante una asamblea con más de 130 líderes de comunidades indígenas del Chaco, la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco rindió cuentas sobre sus acciones y los trabajos planificados para el año 2026.

Durante el encuentro, los líderes recibieron información sobre los recursos humanos y financieros con que cuenta la institución, así como sobre las acciones que serán priorizadas durante este año en el territorio del Chaco paraguayo.

Entre los principales planes se encuentra el apoyo a comunidades con proyectos de desarrollo, así como el fortalecimiento de organizaciones indígenas para potenciar su capacidad de gestión, incidencia y defensa de sus derechos colectivos.

Asimismo, se informó que más de 1300 personas indígenas pasaron durante 2025 por el hospedaje que sostiene la organización en la capital, un espacio clave para que integrantes de comunidades puedan realizar gestiones, acceder a instituciones públicas y participar en procesos administrativos y judiciales. Este año, el albergue continuará funcionando como parte del compromiso institucional con el acceso efectivo a derechos.

Si bien existe una disminución de recursos provenientes de la cooperación internacional para el 2026, la organización continúa trabajando y reafirma su compromiso de seguir acompañando a los Pueblos Indígenas en sus demandas, procesos organizativos y defensa de sus territorios.

En la fecha, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco ha tomado conocimiento de las declaraciones públicas del ministro del Interior, Enrique Riera, en las que atribuye a organizaciones de la sociedad civil la supuesta protección de personas vinculadas a hechos punibles y la presión indebida sobre jueces y fiscales; haciendo caso omiso de la obligación de demostrar la veracidad de sus dichos.

Tales afirmaciones arbitrarias no sólo carecen de sustento, sino que constituyen un grave intento de desacreditar el trabajo de defensa de los derechos humanos y de señalar como ilegítimas las luchas campesinas e indígenas.

Las organizaciones sociales cumplen un rol reconocido en un Estado democrático: acompañar a las víctimas, vigilar el respeto al debido proceso y exigir que las instituciones funcionen conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Pretender instalar en la opinión pública la idea de un “enemigo único” que explique los conflictos sociales, además de simplista, desvía la atención de las verdaderas responsabilidades del Estado en la garantía de derechos y en la prevención de la violencia estructural; permeadas totalmente en la actualidad por poderes fácticos y el narcotráfico.

Resulta particularmente preocupante que desde el propio Ministerio del Interior se intente desacreditar además otros principios básicos del Estado social de derecho; señalando también en el conjunto a instituciones públicas como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; actor que realiza supuestas injerencias particulares en el poder público al lado de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta expresión demuestra que el problema no se trata de esclarecer o prevenir hechos de violencia bajo el criterio garantista de objetividad, sino que lo que molesta en realidad son la lucha por la democracia y la participación de la ciudadanía como contralor en derechos fundamentales como la prohibición de la tortura, el derecho a la defensa y el actuar de las fuerzas públicas. Las garantías constitucionales no protegen delitos: protegen a las personas frente a abusos del poder estatal.

En lugar de desviar el debate con acusaciones infundadas, corresponde a las autoridades garantizar que las instituciones respondan con celeridad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de pueblos históricamente vulnerados.

Tierraviva recuerda concretamente que en varias oportunidades ha solicitado sin éxito una audiencia a la Fiscalía General del Estado para exponer la reiterada dilación que sufren las causas penales cuando los denunciantes son pueblos indígenas. La fiscal general Sandra Quiñónez no respondió jamás al pedido realizado el 23 de setiembre de 2022, donde investigaciones fiscales ya alcanzaban más de 1.200 días sin definición para las comunidades indígenas del Chaco.

Posteriormente, el máximo representante del Ministerio Público Emiliano Rolón no ha respondido a la misma petición desde su ascensión al cargo en el mes de marzo de 2023. En marzo de 2026 se cumplirán 3 años del mandato del mismo sin otorgar a su vez dicha audiencia; lo que también patentiza su desinterés por el avance de estas causas judiciales en casos de lesión de bienes jurídicos indígenas.

Por lo cual, mentir afirmando que existe un supuesto manejo tras bambalinas frente al verdadero contexto de desinterés e indolencia del sistema de justicia ante la labor de defensa de la tierra indígena resulta más que absurdo y contradictorio.

De hecho, esta grosera falta de respuesta de la justicia en numerosas denuncias por invasión de tierras indígenas, amenazas contra comunidades y otros hechos graves; que permanecen sin avances sustantivos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ha sido motivo de informes internacionales de Tierraviva, denunciando que esta circunstancia agrava la situación de indefensión indígena, incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo.

Las autoridades públicas, decíamos, en vez de abocarse a profundizar la estigmatización y discriminación, deberían dirigir sus esfuerzos a la construcción de alternativas consensuadas; pues si no cambian estas prácticas, en realidad sus acciones seguirán contribuyendo aún más a debilitar la confianza pública en las instituciones.

Tierraviva reafirma su compromiso con la defensa pacífica y jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, e insta a las autoridades a actuar con responsabilidad, apego a la verdad y respeto al marco constitucional, condiciones indispensables para la vigencia plena del Estado de derecho en el Paraguay.

EL OPORTUNISMO DE UN MINISTERIO DEL INTERIOR QUE DESCONOCE CÓMO DEBERÍA FUNCIONAR EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

28-01-2026 En estos días hemos sido testigos de una de las situaciones más crueles e inhumanas, que involucra, por un lado, al aparato estatal y, por otro, a la indolencia de una sociedad que señala, prejuzga y banaliza realidades que atraviesan cotidianamente a nuestro sufrido pueblo.

Como una de las primeras acciones del año 2026, el Estado paraguayo actuó de oficio imputando a una pareja indígena en el departamento de Amambay por la muerte, por desnutrición severa, de su hija de tan solo tres años de edad. El hecho ocurrió en una comunidad históricamente olvidada por las políticas públicas, ante la insensibilidad de una población que se jacta de la “raza guaraní” que dice llevar en la sangre.

El lamentable suceso tuvo lugar en la comunidad indígena Takuaguyogue, del Pueblo Paĩ Tavyterã, donde el Estado paraguayo está prácticamente ausente a la hora de garantizar derechos elementales como el acceso al agua, la energía eléctrica, la salud y la alimentación. Sin embargo, esa misma ausencia se disipa cuando se trata de poner en funcionamiento el aparato punitivo y criminalizador de la pobreza.

En este caso, el estamento público actuó con una premura inusitada para imputar a personas individuales, pobres y excluidas, lo que le permitió desviar eficazmente la atención y deslindarse de las responsabilidades estructurales que le corresponden como garante de derechos.

Este no es un hecho aislado. Situaciones similares se repiten con frecuencia en numerosas comunidades indígenas del país, ante la falta de una respuesta objetiva y eficaz por parte de las instituciones públicas, que optan por sancionar antes que por resolver. El dolor se agrava aún más al leer los comentarios de la ciudadanía en las redes sociales, donde predominan expresiones de racismo y discursos de odio.

Como Tierraviva ha venido denunciando públicamente desde su creación, las comunidades indígenas enfrentan la falta de agua, la inexistencia de transporte, la ausencia de caminos, el cierre de accesos por parte de estancieros, la carencia de energía eléctrica, la falta de aseguramiento jurídico de sus tierras y la insuficiencia de alimentación básica. En síntesis, se enfrentan al incumplimiento sistemático de sus derechos fundamentales, pese a que el marco legal vigente establece como fin prioritario del Estado paraguayo la protección de los Pueblos Indígenas.

Situaciones de esta naturaleza ya han derivado en tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo, por violaciones a los derechos humanos de Comunidades Indígenas. Estos casos fueron acompañados por Tierraviva y, pese a que de dichas sentencias han transcurrido más de veinte años, la realidad de los Pueblos Indígenas no ha experimentado cambios sustantivos, lo que evidencia la falta de voluntad política y la persistencia de una discriminación estructural por parte del Estado.

La gravedad de esta situación impacta de manera particular en la niñez indígena. En Paraguay, los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años constituyen el grupo más afectado por la pobreza: el 73,7 % se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que se eleva al 75,7 % en las zonas rurales. La escasa respuesta estatal se refleja en los datos del Monitoreo de la Implementación del Sistema de Protección Social en Comunidades Indígenas del Paraguay, que da cuenta de serias dificultades para el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la tierra, la alimentación adecuada, la salud, la educación y el agua potable.

Lejos de revertir esta situación, el gobierno ha decidido desmantelar la institución que constituye el órgano rector de las políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), desde julio de 2025. Hasta el momento, los líderes indígenas solo pueden dar cuenta de la inexistencia de avances concretos en la reapertura total de la oficina central en Asunción. Paralelamente, una sociedad paraguaya discriminadora hace todo lo posible para impedir que las oficinas de instituciones públicas que atienden a pueblos indígenas se instalen en sus barrios.

En este panorama, resulta inevitable preguntarse cuál fue la respuesta del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia hacia esta niña, cuyo frágil cuerpo soportó la desnutrición hasta su fallecimiento. La respuesta parece ser la indolencia de funcionarios del sistema de salud, responsables de omitir el seguimiento necesario; la decisión judicial de enviar a prisión a sus jóvenes y empobrecidos padres indígenas —ya de por sí relegados de múltiples formas—; y el olvido y la negación de su existencia por parte de una sociedad hipócrita, cuyo patriotismo se reduce a la exaltación ocasional de colores deportivos.

Más allá de las responsabilidades individuales de los funcionarios que integran el sistema encargado de garantizar el acceso a derechos, el Estado paraguayo debe mirar con profundidad la realidad que atraviesan los Pueblos Indígenas. Solo así podrá dar alguna explicación a la lamentable actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, y responder con firmeza frente a las expresiones de odio que emergen desde su propia sociedad.

Es urgente que se adopten acciones concretas para despertar conciencias y que las decisiones públicas se basen de manera firme en los derechos humanos.

Basta ya de injusticias.

📸 Eder Rivas (Diario ABC Color. PJC)

Las políticas regresivas en derechos humanos buscan borrar los derechos indígenas para acaparar sus tierras. El desmantelamiento es real: ante la sede cerrada del INDI en Asunción, líderes indígenas deambulan sin atención.
Mientras tanto, el gobierno de Peña promociona «inversiones sostenibles» y financiamientos verdes, que se traducen en despojo y deforestación de territorios ancestrales.

Resistencia indígena frente a un modelo «productivo» de profunda exclusión

* Artículo redactado por Natalia Rodriguez, abogada de Tierraviva, para el Informe Anual de DDHH 2025 publicado por CODEHUPY

En fecha de hoy, en concordancia con otras organizaciones de la sociedad civil, Tierraviva presentó su acción de inconstitucionalidad ante la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia contra la llamada “Ley Garrote”.
La inconstitucionalidad ataca también, en efecto, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 4806/25; que duplica requisitos, registros y documentaciones que las organizaciones sin fines de lucro ya vienen cumpliendo.

En tal sentido, Tierraviva sostiene que la ley inconstitucional atenta contra la libertad de asociación, la inviolabilidad del patrimonio documental y las garantías de igualdad y participación pluralista en una república democrática; razón por la cual solicita a la Sala Constitucional la suspensión de los efectos de la ley y su reglamentación, para evitar daños irreparables que pudieren tener lugar a raíz de su aplicación mientras se tramita el proceso.

De esta manera, se denuncia la intencionalidad política de esta nueva ley; la que en realidad pretente desalentar la conformación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, desarticular las voces críticas de quienes defienden y promueven derechos humanos y anular la participación en la construcción de políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.