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Según los resultados del Censo Nacional de Pueblos Indígenas de 2022, en Paraguay existen aproximadamente 140.206 personas indígenas, lo que representa el 2,29 % de la población total del país. Estas personas se identifican como parte de uno de los 19 Pueblos Indígenas reconocidos, distribuidos en cinco familias lingüísticas: Guaraní (que incluye a los Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidental), Maskoy (con pueblos como Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité y Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Ybytoso, Tomarâho) y Guaicurú (Qom).

El Capítulo V de la Constitución Nacional de 1992 reconoce a los Pueblos Indígenas como grupos culturales preexistentes a la formación del Estado paraguayo, garantizándoles derechos fundamentales como la identidad étnica, la propiedad comunitaria de sus tierras, la participación política y una educación que respete sus particularidades culturales.

Además, Paraguay cuenta con un sólido marco jurídico que respalda los derechos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.

El Estado paraguayo no garantiza condiciones básicas de vida, en especial en contextos de vulnerabilidad, como el de las tierras y los territorios del hábitat tradicional indígena. La crisis del agua, aún sin respuestas, recrudece la exclusión de la población indígena, afectando de manera particular a mujeres, niños, niñas y jóvenes.

En base a los resultados sobre las acciones implementadas durante 2024, el programa de alimentación escolar “Hambre Cero” no cumple a cabalidad, y menos en el Chaco, región del país donde se encuentra la mayor cantidad de habitantes indígenas.

Por otra parte, la situación de las juventudes indígenas se encuentra frente a grandes desafíos en Paraguay. Todavía existe mucha discriminación referida al origen étnico de las personas. Además, la sociedad en su conjunto aún debe erradicar las costumbres contrarias a los derechos y a la dignidad de la persona, como el marcado adultocentrismo.

[Sin embargo], la discriminación por edad es un problema insidioso y, a menudo, no abordado en materia de políticas de salud, derechos humanos y desarrollo, y afecta tanto a las poblaciones mayores como a las más jóvenes en todo el mundo. Además, la discriminación por edad se cruza frecuentemente con otras formas de sesgo (como el racismo y el sexismo) e impacta a las personas de maneras que les impiden alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera integral a su comunidad.[1]

Juventud indígena: desafíos y problemáticas[2],[3],[4]

En primer lugar, es difícil hoy en el Paraguay desgranar exclusivamente las intenciones públicas dirigidas a esta franja, ya que los fundamentos y razones de los planes y programas de Gobierno efectivamente están expresadas en términos totales y generalmente abarcativos. Esto redunda en una invisibilización de las necesidades propias de la adolescencia y de la juventud indígena.

Según el Censo Nacional Indígena de 2022, el 38 % de los indígenas tiene menos de 14 años de edad, mientras que el 28,6 % tiene entre 15 a 30 años, lo que representa el 67,1 % del total de la población indígena. En esta contextualización, cabe preguntarse qué posibilidades de desarrollo personal integral existen efectivamente en el país para adolescentes y jóvenes indígenas y con qué obstáculos se enfrentan.

Al respecto, ningún otro factor puede considerarse más gravitante que la pobreza, cuyas cifras nos permiten trazar una radiografía de la situación juvenil indígena:

Pobreza

El porcentaje de la población indígena en situación de pobreza hacia el 2017 era del 66,2 %, casi tres veces más al promedio nacional. En el área rural, donde viven mayoritariamente los indígenas, la incidencia de la pobreza es aún mayor, alcanzando el 68 % de personas indígenas.[5]

La pobreza indígena tiene rostro de niño, adolescente y mujer. El 67,7 % de las mujeres se encuentran en situación de pobreza, frente al 64,6 % de los hombres. Por rango de edades, los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años son los más afectados, ya que 73,7 % de esta población se encuentra en situación de pobreza. Este porcentaje incluso es superior (75,7 %) para los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales.[6][7]

Acceso al agua y educación escolar

En un encuentro de mujeres indígenas en Pdte. Hayes, las participantes señalaron que los responsables del programa de alimentación escolar ni siquiera habían consultado[8] a las comunidades locales sobre sus necesidades nutricionales,[9] distribuyendo alimentos que no son tradicionalmente consumidos por su pueblo y con claro déficit nutricional.

Además, según varias denuncias públicas de las comunidades, las inconsistencias entre las cantidades de estudiantes a ser cubiertas, a causa de que no todos figuran en el Registro Único del Estudiante,[10] hicieron llegar muy limitadamente los insumos, excluyendo a muchos alumnos indígenas.

La exclusión y discriminación estructural también se materializaron el 25 de julio de 2024, cuando los docentes de una escuela de Pozo Colorado decidieron cerrar la escuela por falta de agua en la comunidad. Unos 100 niños y niñas indígenas quedaron sin clases,[11] y, consecuentemente, sin poder acceder a la alimentación prevista.

Consumo de drogas y alcohol

Los y las jóvenes indígenas manifiestan una preocupación creciente sobre el ingreso de estas sustancias a sus comunidades, lo que infunde un mayor estado de riesgo para los y las jóvenes, adolescentes y niños indígenas. Con el consumo, aumentan los casos de violencia intrafamiliar, las agresiones, la exposición a peligros, las muertes en las rutas, los suicidios, entre otros problemas.

Es frecuente que los líderes, junto a las familias, soliciten medidas de concientización, sensibilización y abordaje; pero la presencia del Estado en territorio con políticas de prevención es casi nula.

Desarraigo

En muchos casos, para proseguir con sus estudios primarios o la educación media, muchos jóvenes indígenas deben salir de sus comunidades. Sus padres u otros familiares solventan sus estudios y alojamiento en casas de internados que ofrecen las instituciones privadas, cuyas cuotas son privativas, no accesibles a la gran mayoría de las familias indígenas.

Casos de violencia y suicidio

Por otra parte, en las comunidades existen altas tasas de casos de violencia intrafamiliar y de suicidio de adolescentes y jóvenes. Tal es así, que la Dirección General de Estadísticas en Salud informó[12] que en 2021 se reportaron 24 casos de suicidios de indígenas en la franja etaria de hasta 29 años, mientras que de 30 años en adelante se registraron solo cuatro.

Con relación al año 2022, se da situación similar: de los 30 casos reportados como suicidios de indígenas, cuatro fueron de personas de 30 años de edad en adelante y los 26 restantes de jóvenes indígenas de hasta 29 años.

Embarazo adolescente

En cuanto a embarazos en adolescentes y niñas, la Dirección General de Información Estratégica en Salud informó que en el 2018 hubo 71 casos de niños nacidos vivos de niñas-madres indígenas de 10 a 14 años.[13]

Cuando hablamos de niñas-madres, nos estamos refiriendo a casos de abusos sexuales cometidos por al menos 71 autores —muy probablemente en su mayoría adultos—. Esta cuestión no puede dejar de ser objeto de especial atención por parte del sistema nacional de protección de la niñez.

Además, el censo del 2022 reveló que el 3,3 % son madres de 12 a 14 años, lo que las deja afuera de los espacios educativos y limita su participación en la mejora de las condiciones socioeconómicas.[14]

• Educación y acceso a la universidad o tecnicaturas

El IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas de 2022 en Paraguay reveló que el promedio de años de estudio de la población indígena de 15 años y más era de 4,6 años. Dicho registro mostró que la población indígena urbana tiene mayor educación que la rural, y que la tasa de analfabetismo es del 27,1 % frente a una media nacional del 6 %.

En espacios participativos, los jóvenes manifestaron sentir orfandad por parte del Estado, ya que el sistema de subsidios para la educación terciaria, ofrecido por programas del Instituto Paraguayo del Indígena, tienen un alcance muy insuficiente. Estos programas apenas abarcan a estudiantes universitarios, dejando fuera a quienes desean formarse en tecnicaturas u oficios que no son del sistema de educación formal terciaria.

El poco acceso a espacios de formación redunda en baja ocupación de la fuerza laboral. Según datos del Censo Nacional Indígena de 2022, la población indígena de 10 años y más considerada dentro de la fuerza de trabajo es de un apenas 38,5 %; mientras que la población indígena de 10 años y más considerada fuera de la fuerza de trabajo es del 51,7 %.

Esto significa que una gran parte de la población indígena en edad de trabajar no tiene acceso al trabajo y tampoco a sostenerse con ingresos propios. La ocupación de la fuerza laboral de niños y niñas es una violación de sus derechos fundamentales y un obstáculo para el desarrollo sostenible de las comunidades, sin embargo, los datos estadísticos reflejan que es una realidad de las familias indígenas en Paraguay.

Conclusiones

Dejando de lado por un momento los datos estadísticos y entendiendo entonces que las condiciones básicas de subsistencia no están aseguradas: ¿en qué momento tendríamos que hablar de los planes de vida de los y las jóvenes indígenas como un proyecto de compromiso colectivo en nuestro país?

Centrándonos en el ser joven indígena, vemos que las alternativas de desarrollo afectivo, material y profesional que tiene el individuo como sujeto de derechos miembro de una comunidad indígena, perteneciente a un pueblo con sus características culturales y rasgos tradicionales propios e inmerso en la realidad del país, son muy pocas.

Sin embargo, aún con un contexto muy adverso, la juventud indígena no vive exenta de los rasgos de vigor, entusiasmo, capacidad crítica y cuestionadora de su realidad. Puede ser protagonista de los cambios sociales tan anhelados si se generan las condiciones adecuadas.

Por tanto, más allá de la mera enunciación de intenciones que conforman los fundamentos de planes y programas de políticas, como el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, la gestión pública hoy tiene la obligación fundamental de ofrecer a las juventudes indígenas políticas eficaces, incluyendo el enfoque de derechos humanos como la interseccionalidad, la interculturalidad, la autonomía progresiva y la participación.

Solo así los planes de vida de los y las jóvenes indígenas serán realizables en Paraguay.

Recomendaciones

Implementar acciones tendientes a la eliminación de la pobreza de las familias que conforman las comunidades de los 19 Pueblos Indígenas en Paraguay, con políticas adecuadas y con enfoque intercultural.

Asegurar el derecho a la alimentación, el derecho de acceso al agua y la salud.

Mejorar las políticas en torno al primer empleo juvenil, a la capacitación profesional y técnica, y el acceso a estudios de nivel terciario.

Elaborar de forma participativa los planes de vida, junto con los jóvenes y adolescentes indígenas, con respeto hacia su autonomía progresiva y el principio de autodeterminación de los pueblos.

 

 

Natalia Rodríguez Olmedo es abogada de derechos humanos e integrante del equipo jurídico de Tierraviva, organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de Paraguay, con énfasis en la restitución territorial.

Lidia Ruiz Cuevas es trabajadora social y Coordinadora Ejecutiva de Tierraviva desde el año 2020.

 

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Notas y referencias

[1] UNAS. (12 de agosto de 2022). Día de la Juventud. https://fec.unsa.edu.pe/blog/2022/08/12/dia-internacional-de-la-juventud-12-deagosto/#:~:text=Puede%20considerarse%20como%20el%20periodo,org%C3%A1nica%20e%20intelectual%2C%20capacidad%20adaptativa

 

[2]CDIA Observa. (13 de marzo de 2024). Las desigualdades en la niñez y adolescencia de Paraguay: un monitoreo para no dejar a nadie atrás.

 

https://www.cdiaobserva.org.py/2024/03/13/informe-las-desigualdades-en-la-ninez-y-adolescencia-de-paraguay-un-monitoreo-para-no-dejar-a-nadie-atras/

 

[3] Brizuela, Bárbara y Quiñónez, Nathalia.(2023). Situación de la Niñez Indígena en Paraguay. Ministerio Público. . https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/336/479

 

[4] “Jóvenes indígenas reclaman políticas públicas con visión intercultural y mayor participación”. Tierraviva, 26 de noviembre de 2018. https://www.tierraviva.org.py/jovenes-indigenas-reclaman-politicas-publicas-con-vision-intercultural-y-mayor-participacion/

 

[5] Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo. (2017). Encuesta Permanente de Hogares. https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Resultados%20EPH/PRINCIPALES%20RESULTADOS%20EPH%202017.pdf

 

[6] Ibidem.

 

[7] Frente a estos porcentajes, cabría analizar cuáles fueron los resultados del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP) “Jajapo Paraguay”, implementado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, cuyo horizonte temporal apuntaba al 2030. El documento del PNRP menciona en su diseño una metodología participativa, incluyendo representantes indígenas y campesinos. 13 de septiembre de 2023.

 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/par205031.pdf

 

[8] En la comunidad no se implementó ningún Protocolo de Consulta. Tampoco hay noticia de que se haya hecho en otras comunidades del pueblo Enxet o de otros pueblos.

 

[9] Contaban las mujeres indígenas de Espinillo que los niños y niñas rechazan pepinos, remolacha y otros insumos, ya que consumen tunas, fruto del caraguatá y otros vegetales o variedades autóctonas. Esto evidencia la falta de interculturalidad con que el Estado aborda la implementación de programas.

 

Fuente: Informe de trabajo de campo de Tierraviva.

 

[10] “Hambre Cero: ministro reconoce que reparten almuerzo sin tener certeza de la cantidad de alumnos”. ABC, 8 de agosto de 2024. https://www.abc.com.py/politica/2024/08/08/hambre-cero-ministro-reconoce-que-reparten-almuerzo-escolar-sin-tener-certeza-sobre-cantidad-de-alumnos

 

[11] “Niños no van a la escuela por falta de agua”. Telefuturo, 25 de julio de 2024. https://www.telefuturo.com.py/ninos-no-van-a-la-escuela-por-falta-de-agua

 

[12] MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) Datos al 14 de septiembre de 2023.

 

[13] MSPBS/DIGIES/DES.

[14] UNFPA. (9 de octubre de 2024). Cómo el UNFPA ayuda a proteger a la juventud indígena paraguaya contra el embarazo adolescente.https://www.unfpa.org/es/news/c%C3%B3mo-el-unfpa-ayuda-proteger-la-juventud-ind%C3%ADgena-paraguaya-contra-el-embarazo-adolescente

Como parte de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) Tierraviva está presente desde el 12 de junio pasado en actividades desarrolladas en zonas del interior y en la capital de Colombia. Natalia Rodríguez, abogada integrante del equipo de trabajo, participa de los eventos que buscan destacar experiencias de defensa territorial de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia.

Entre el 12 y el 16 de junio la delegación de ILC llegó hasta la región de Montes de María, donde se observaron experiencias y procesos de recuperación territorial de comunidades que habían sido despojadas y desplazadas de sus tierras en el marco del conflicto armado que vivió Colombia durante largos años. “Ha sido única y enriquecedora la oportunidad de conocer las experiencias de lucha por el derecho humano a la tierra de las comunidades San José del Playón, la asociación de mujeres indígenas y campesinas de AFASAN, la comunidad de agricultores del municipio de Zambrano y la de la Coordinadora Nacional de las Zonas de Reserva Campesina en Montes de María” indicó Rodríguez.

Culminadas las visitas de campo, inició en la capital, Bogotá, el 10° Foro Global de la Tierra que en su apertura tuvo como tema central la necesidad de mirar la tierra como el eje constructor de paz en los pueblos campesinos y étnicos del mundo.

El centro de la discusión sigue sobre los avances de la Reforma Agraria Integral, la resolución de conflictos, el Catastro Multipropósito, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la transición energética.

Cientos de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil que luchan por el derecho a la tierra forman parte del Foro.

“Recalcamos, finalmente, la mirada de las mujeres, restauradoras y nutridoras de la vida, que en una parcela de manejo comunitario nos enseñaron un hermoso ejemplo de dignidad y del goce; el goce del buen vivir que aún es posible y que los pueblos indígenas y campesinos de América Latina aún sostienen desde sus prácticas tradicionales. Frente al extractivismo legal o ilegal de la minería, al desvío de cauces del río Magdalena o al monocultivo del palmar o la melina, hay una comunidad que lucha, que resiste y que no está dispuesta a ceder sus derechos sobre la tierra y la vida” añadió la representante de Tierraviva.

La Comunidad Indígena Xákmok Kásek del Pueblo Sanapana, busca un diálogo efectivo con el Estado respecto al cumplimiento de los puntos resolutivos de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2010.

En ese marco, referentes de la comunidad llegaron, una vez más, hasta el Ministerio de Educación, donde tenían agendada una reunión con el ministro Luis Ramírez, a fin de abordar la situación de la educación en la comunidad, específicamente la paralización de las obras de construcción de la escuela desde hace ya 3 años.

Sin embargo, a pesar de haber tenido agendada la reunión y del viaje de más de 400 kilómetros realizado por los indígenas, el titular de la cartera educativa no se presentó.

Los representantes comunitarios, finalmente, mantuvieron una reunión con la directora de Educación Indígena y otros funcionarios, quienes se comprometieron, una vez más, a avanzar con los puntos pendientes.

Tierraviva, como representantes convencionales de la comunidad, acompaña las gestiones y acciones de Xákmok Kásek a fin de lograr el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte IDH y el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

Vea video:

Miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapana, ubicada en Irala Fernández, Presidente Hayes, dando seguimiento a una mesa de trabajo instalada en torno a la salud comunitaria, nuevamente estuvieron por el Ministerio de Salud para abogar y buscar resultados concretos en torno al funcionamiento normal de la Unidad de Salud Familiar (USF) que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los puntos reclamados se encuentra la provisión de una ambulancia para la comunidad y la contratación de personal de blanco. Después de la reunión informaron que finalmente lograron la designación de un personal de blanco al igual que el destino de una ambulancia.

Esto según indicó Manuel Aguilera, licenciado que presta servicios en dicha Unidad de Salud puntualizando que con estas decisiones se podrá ampliar el horario de atención al público, beneficiándose no solo a Xákmok Kásek sino a las demás comunidades indígenas vecinas del lugar

El Doctor Saul Recalde, vice ministro de Atención Integral a la Salud del MSPBS, por su parte mencionó que las determinaciones corresponden conforme a lo previsto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comunidad Xákmok Kásek es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que data del año 2010, sin embargo, el Estado no ha cumplido cabalmente con el fallo.

Vea vídeo:

La abogada Adriana Agüero, integrante del equipo de trabajo de Tierraviva, formó parte de la segunda edición del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su Implementación”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, en colaboración con el Ministerio de Justicia de Paraguay y otras instituciones. El espacio fue propicio para dialogar con organizaciones de la sociedad civil y miembros de gobiernos de la región sobre la relevancia de las sentencias de la Corte IDH para avanzar en políticas públicas de Derechos Humanos.

 

Tierraviva, como organización que trabaja en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en casos vinculados a la restitución de tierras fue una de las representantes de la sociedad civil de Paraguay. Cabe recordar que Tierraviva es representante convencional de comunidades indígenas que cuentan con sentencias de la Corte IDH, cuyo cumplimiento aún se encuentran en proceso.

 

En este sentido, durante el espacio Tierraviva impulsó el debate respecto a la necesidad de construir una política pública que garantice la restitución de tierras indígenas, tal como se establece en los puntos resolutivos de las sentencias que impulsan la construcción de un mecanismo legislativo que permita la identificación y restitución de tierras indígenas. Este punto aún no ha Sido cumplido por el Estado paraguayo, por lo que la construcción de una política pública para el efecto resulta urgente.

Así también, el encuentro fue propicio para dialogar con referentes de la Corte IDH y representantes del Estado sobre la necesidad de establecer espacios de diálogo entre el gobierno, las víctimas de violaciones de DDHH y la sociedad civil respecto al cumplimiento de las sentencias. Además, Tierraviva acompañó la posición de representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay respecto a la preocupación por el cierre del espacio cívico que representa la llamada Ley anti ONGs aprobada recientemente por el Congreso Nacional, Walter Isasi, de la CODEHUPY, señaló que el cierre del espacio cívico implica la limitación material de la ciudadanía organizada en sociedad civil en su participación en la construcción de políticas públicas y denuncias de violaciones de DDHH.

 

El curso contó con la presencia de expertos de la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agencias de las Naciones Unidas, quienes abordaron estrategias para superar obstáculos en la ejecución de sentencias.

 

Esta iniciativa refuerza el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto donde organizaciones como Tierraviva siguen desempeñando un rol esencial en la exigibilidad de justicia para las comunidades más vulnerables.

Las declaraciones de autoridades del gobierno y de otros actores, suscitadas a partir de las protestas realizadas por personas indígenas cerrando la calle frente al destacamento militar donde funciona el INDI, en los últimos tiempos, muestran un abordaje criminalizador y sesgado de la realidad indígena que deriva en seguir postergando las respuestas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades.

Tanto el Presidente del INDI, el General retirado Juan Ramón Venegas, como el Ministro del Interior, Enrique Riera, han asumido la situación como un problema vinculado a la “violación de derechos de terceros al libre tránsito”, llegando, el titular de la cartera de seguridad, a plantear la orden de detener a los líderes de las comunidades que se manifiestan frente al Ente estatal. Esta posición obvia la complejidad de la situación indígena en el país, producto de largos años de abandono, postergación y carencia de una política de Estado que atienda adecuadamente a la población indígena.

Así, las autoridades responsables de atender las necesidades de las comunidades indígenas y de aplicar políticas públicas que garanticen sus derechos, se desentienden de las causas que llevan a las manifestaciones. El exiguo presupuesto del INDI, la masiva expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, o comunidades con tierras insuficientes y las graves consecuencias que esto acarrea, son sólo algunas de las realidades que las autoridades deberían atender, antes de optar por apresar a quienes reclaman derechos básicos.

Las carencias de todo tipo en materia de derechos fundamentales como acceso a tierra, salud, educación, infraestructura vial, alimentos y agua potable, realidades que atraviesan las comunidades indígenas, deben ser atendidas con políticas públicas participativas, con un enfoque intercultural y con financiamiento suficiente. Lejos de hacerlo, el gobierno intenta desentenderse de los problemas y posicionar a los indígenas como adversarios que deben ser castigados.

A estas posiciones se han sumado algunos referentes del ámbito jurídico que, además de puntualizar la supuesta “ilegalidad” de la manifestación, han señalado que los Pueblos Indígenas cuentan con suficientes tierras pero que las mismas son improductivas y por ende “no le sirven a nadie”, abriendo las puertas a la legalización del despojo territorial que, de por sí, ya soportan las comunidades indígenas.

Esto, además de desconocer la importancia vital y la relación profunda existente entre un Pueblo o comunidad y su territorio tradicional, también omite señalar que las tierras en manos de indígenas, han sido ilegalmente apropiadas por el agronegocio.

También, es desconocer el importantísimo papel que cumplen las tierras indígenas dentro del sistema legal de protección de la biodiversidad, constituyen un resguardo crucial para especies animales y vegetales; siendo las comunidades guardianas de bosques y extensiones aún en estado original. Recordemos que los servicios ambientales son una forma legal de asegurar una función fundamental de la tierra para la sostenibilidad y desarrollo del país.

 

Por tanto, no es que las tierras indígenas “no sirvan para nada”, están dentro de un marco de protección especial conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Esa “inserción” tiene sus mecanismos asegurados; el problema real es la orfandad ante el incumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales por parte del Estado.

No atender estas realidades al momento de abordar la situación de la población indígena es simplemente contribuir a ocultar la inoperancia criminal por parte de un Estado profundamente discriminador.

Si las autoridades responsables de concretar los derechos de los Pueblos Indígenas solo plantean “milagro, rezo o encarcelamiento” ignoran los compromisos internacionales adquiridos por Paraguay, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta negligencia agrava la pobreza y la marginalización, expone al Estado a demandas ante instancias internacionales (CIDH, ONU) por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Exhortamos al Estado Paraguayo a asignar recursos en el Presupuesto General 2025, y en los siguientes años, para las demandas indígenas; crear mesas de diálogos con líderes y organizaciones indígenas e implementar políticas interculturales con enfoque de derechos, sin caridad.

Como cada año el 19 de abril conmemoramos el Día del Indígena Americano, en recordación del primer congreso indigenista reunido en México en 1940. La fecha es propicia para resaltar las luchas, aportes y exigencias de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

Los Pueblos Indígenas son parte constitutiva y fundamental del Paraguay y su cultura, el reconocimiento de su existencia y de sus Derechos en la propia Constitución Nacional son una conquista de estos mismos Pueblos mediante luchas históricas. La defensa del territorio indígena y el cuidado que ejercen del ambiente y la naturaleza son también conquistas de las comunidades y una contribución al país y al planeta por parte de los indígenas.

Sin embargo, a pesar de estos aportes y del reconocimiento de derechos en el papel, la realidad de los Pueblos Indígenas está lejos de ser satisfactoria.

En esta fecha, es importante reclamar que siguen existiendo comunidades indígenas sin tierras o expuestas al hacinamiento en minúsculas extensiones de tierras. Las invasiones de tierras indígenas por parte de terceros, *la deforestación*, las fumigaciones con agrotóxicos y la extensión del modelo de agronegocios sobre territorios indígenas se suman a los desalojos forzosos y la violencia estatal contra las comunidades, males que siguen golpeando a los Pueblos Indígenas y que violan los propios preceptos constitucionales, así como normas internacionales que el Paraguay ha reconocido.

Las comunidades son víctimas de la Crisis Climática y la falta de planificación estatal. Los fenómenos climáticos extremos, como las intensas sequías y las repentinas inundaciones, se suceden cada vez más frecuentemente, sin que el Estado tenga una planificación adecuada para mitigar los daños y salvaguardar la vida y los bienes de las comunidades. Este año, sólo en el Departamento de Presidente Hayes, al menos 65 comunidades se han visto afectadas por la falta de acceso al agua, y otras, actualmente, son víctimas de las inundaciones.

A esta realidad se suma la falta de garantías para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, alimentación, viviendas dignas, caminos de todo tiempo y tantos otros derechos, carencias que hacen imposible el desarrollo autónomo de las comunidades.

Este 19 de abril, Tierraviva hace un llamado al Estado paraguayo a asumir con políticas públicas adecuadas, bien financiadas y construidas participativamente, las obligaciones que tiene para con los Pueblos Indígenas. Esto contribuirá a romper con la discriminación estructural de la que son víctimas los indígenas, que no sólo se expresa en el abandono que sufren las comunidades, sino en los cada vez más frecuentes discursos de odio y discriminación que se extienden en la propia sociedad.

Finalmente, saludamos y abrazamos a las comunidades y Pueblos Indígenas que con valentía, coraje y dignidad defienden, hace más de 500 años, sus derechos ante la violencia y la discriminación.

El tribunal de Villa Hayes compuesto por los jueces José Jaquet, Gregorio Paciello y Corina Sanabria, fue el encargado de juzgar al señor Juan Ramón Fernández, a quién encontraron responsable de varios audios en los cuales amenazaba de muerte a miembros de la Comunidad indígena Paratodo, del Pueblo Enlhet, que se encuentra asentada en el departamento de Presidente Hayes.

Esta sentencia representa un precedente importante para combatir y prevenir la violencia en sus diferentes formas contra los Pueblos Indígenas.

Natalia Rodríguez, abogada de Tierraviva, acompañó a los líderes de la comunidad, Celestino Ortega y Albino Talavera, a lo largo del proceso ante el Ministerio público y durante el juicio oral que culminó el pasado viernes.

Fernández, había enviado notas de voz a diferentes grupos de WhatsApp de la zona, donde instaba a asesinar a los miembros de la comunidad indígena, lo que generó temor y zozobra entre los indígenas.

La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público a cargo del Fiscal Enrique Diaz, que había presentado cargos contra el responsable de la amenaza, logrando la condena de un año de prisión en suspenso, y a cumplir otras medidas reparatorias a favor de la comunidad.

Natalia Rodríguez, recalcó la importancia del trabajo conjunto realizado desde Tierraviva, la comunidad y sus líderes para obtener justicia y garantizar la protección de sus derechos. Destacó que esta condena es emblemática para los Pueblos Indígenas.

Vea vídeo: