El 19 de abril se recuerda el Día del Indígena Americano, esta conmemoración evoca al primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México, el 19 de abril de 1940. Allí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente, para analizar su situación y buscar caminos en común, ante las adversidades que enfrentaban. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo OIT adoptó el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento que establece una serie de Derechos y Garantías para los Pueblos Indígenas, vale mencionar también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y finalmente de una extensa jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todos estos instrumentos jurídicos, aceptados por los Estados, entre ellos el paraguayo, buscaron comprometer a los gobiernos a aplicar políticas para garantizar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. En el mismo sentido, las tres sentencias de la Corte IDH contra el Estado paraguayo por haber violado derechos humanos de comunidades indígenas, más allá de la justicia y reparación para las comunidades directamente afectadas, buscaron principalmente dejar las bases para evitar que estas violaciones continúen afectando a las más de cien mil personas indígenas que habitan territorio paraguayo.
Atendiendo todos estos antecedentes, obligaciones e instrumentos internacionales es que resulta aún más lamentable la extensa lista de incumplimientos, deudas y postergaciones de las que son víctimas los Pueblos Indígenas en Paraguay. Según datos oficiales cerca del 30% de las comunidades indígenas no tienen acceso a tierra propia, el 63% de los niños y niñas indígenas viven bajo la línea de la pobreza y al menos 20 de cada 100 personas indígenas no acceden a la documentación oficial.
A estos datos debemos agregar la política de discriminación estructural que ha establecido como norma el Estado paraguayo, lo que se traduce en que el 75% de las comunidades no accede a agua corriente, a caminos de todo tiempo -en el periodo de gobierno 2018-2023 se habilitaron más de 3200 km de rutas, sin embargo el camino de 33 km que requiere la comunidad Yakye Axa para un acceso permanente, nunca fue terminado en más de 5 años de iniciada la obra. En el ámbito de la salud y educación se dieron avances legislativos, la Ley de Educación Indígena y de Salud Indígena, sin embargo, la falta de cambios institucionales y de aplicación real de las políticas, a más de la falta de recursos convierten en letra muerta estás leyes.
Dicha situación se traduce en que, por ejemplo, el promedio de años de estudios de la población indígena en Paraguay es de apenas 4,3 años, menos de la mitad del promedio de la población paraguaya, sin escuelas y colegios en las comunidades y la gran mayoría no cuenta con servicios de salud en sus territorios.
Ante esta situación resulta urgente que el Estado paraguayo y quienes lo gestionan, tomen conciencia de sus obligaciones y adopten medidas drásticas para transformar esta situación. El Instituto Paraguayo del Indígena, debe funcionar realmente como un órgano rector de la política indígena y de protección de los derechos de la población indígena. Para ello es clave que su presupuesto sea adecuado y apunte a resolver los problemas más acuciantes de las comunidades, como la falta de tierra, o el desmembramiento paulatino de su territorio, por el avance del agronegocio.
Para cambiar la realidad lacerante de la población indígena, es fundamental que el Estado deje de lado su política de discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas; esto sólo podrá lograrse garantizando la participación protagónica de los mismos en las decisiones que los afectan, tal como establece el convenio 169 de la OIT. Las comunidades y organizaciones indígenas vienen realizando un enorme esfuerzo por ser escuchados y plantear sus demandas, siendo uno de los movimientos sociales más presentes en la vida política del país, pero hasta ahora, las respuestas de las autoridades no pasaron de entregar algunos víveres y realizar mesas de trabajo, sin brindar verdaderas alternativas a sus reclamos.
La aplicación de políticas diseñadas y orientadas a satisfacer las carencias de la población indígena, redituará no solo en el cumplimiento de las obligaciones del Estado paraguayo, sino que permitirá mejorar la calidad de vida de toda la población. Como ejemplo vale mencionar que los territorios indígenas son el resguardo de los últimos remanentes boscosos que aportan a contener la crisis climática, garantizar el acceso a la tierra a más comunidades, significa más bosques y mayor capacidad de resiliencia ante la crisis climática.
Finalmente, si existe algo para celebrar en este 19 de abril, Día del Indígena Americano, es justamente esa lucha y resistencia de las comunidades, que se arraigan a su territorio y lo defienden, que promueven sus tradiciones y culturas, de una inmensa riqueza, esa lucha debe ser acompañada por la sociedad toda, para construir un país justo y verdaderamente democrático.
