Derechos indígenas violentados

Las autoridades no tienen en cuenta derechos de los indígenas dice Martín Rojas, presidente de la Coordinadora de Líderes y Lideresas del Bajo Chaco CLIBCH, refiriéndose al documento que emitieron en respuesta al senador cartista Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional.

La CLIBCH rechaza la pretensión parlamentaria de castigar a las organizaciones que ayudan a sus comunidades con la ley que controla a las oenegés, que cuenta con media sanción por parte del Senado.

En Presidente Hayes, muchas de las comunidades indígenas viven en situación de pobreza extrema, sin educación, sin salud ni agua potable y estas penosas realidades son desconocidas por las autoridades, asevera Rojas.

La mentira como arma de los poderosos

Durante la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que obtuvo media sanción el Proyecto de Ley de Control a Organizaciones Sin Fines de Lucro, el titular de la Cámara, Senador Basilio Núñez, acusó a nuestra organización Tierraviva de “robar en nombre de los indígenas”.

Ante esto, cabe recordar que si de transparencia se trata nuestra institución está bajo permanente supervisión de los organismos del Estado, citando solo algunos: -la Dirección Nacional de Ingreso Tributarios a la que se presenta en forma mensual: ingresos-egresos, IVA, IRE General y en forma anual: los Estados Financieros (EEFF); además, estamos inscriptos en la Abogacía del Tesoro, regulados por la Seprelad; con informes trimestrales y anuales según las resoluciones vigentes. También contamos con informes de auditorías externas por cada proyecto ejecutado, basados en la NIA 800. Asimismo, se llevan a cabo periódica y regularmente informes de actividades – correlativos a los informes financieros – a las agencias
que nos apoyan y a los propios indígenas a través de sus organizaciones, respondiendo así a estándares de escrutinio, control y respuesta efectiva a las problemáticas que trabajamos y los derechos que promovemos, con solvencia, responsabilidad, solidaridad y compromiso.

Es por ello que contamos con el respaldo de agencias de cooperación reconocidas de diversas partes del mundo, y por, sobre todo, la confianza y mandato de las organizaciones y comunidades indígenas con quienes trabajamos y junto a quienes hemos logrado recuperar más de 160 mil hectáreas de territorios ancestrales y el reconocimiento de otros derechos.

No obstante, la reiteración calumniosa y falaz por voceros del sector oficialista y otros parlamentarios afines de este discurso, deja en claro que la intención de la legislación propuesta no es la transparencia, el buen uso de fondos, ni mucho menos la defensa de los intereses de los sectores vulnerables y discriminados estructuralmente, sino el ataque y la criminalización a quienes ejercemos la defensa y exigencia de respeto a los Derechos Humanos, a través de instrumentos legítimos y legales contemplados en nuestro marco jurídico.

Este tipo de prácticas, propias de proyectos autoritarios, lejos de amilanarnos refuerza nuestro compromiso de más de 30 años en defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. El contexto y los intereses económicos en el Chaco, que agravan la explotación del medio ambiente y que soslayan y usurpan derechos de la población indígena, convierte a
organizaciones como la nuestra en un actor molesto a los sectores de poder y privilegio. No es el tema indígena, y la falta de cumplimiento de sus derechos lo que les preocupa, lo que les ocupa es seguir expoliando y privatizando bienes públicos, como las tierras del Municipio de Villa Hayes o los fondos de la Gobernación – como sabe muy bien el Senador Nuñez y su familia – y desprestigiar a organizaciones como Tierraviva y otras similares, que – defendiendo el bien común – cuestionan y obstaculizan su perverso proyecto de monopolio del poder, enriquecimiento ilícito y despojo de las mínimas condiciones necesarias para alcanzar una sociedad más justa y democrática.

El intento de desalentar y criminalizar las acciones de la sociedad civil por parte de los sectores de poder ha quedado en evidencia, una vez más, con este proyecto de ley y con su campaña de mentiras y discursos de odio. Ante esto llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alerta ante el avance del proyecto dictatorial en ciernes en nuestro país, y hacer uso de todos los medios legales y de movilización ciudadana para defender nuestra democracia y derechos conquistados y aún por conquistar.

“En El Salvador se criminaliza la pobreza”

Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, habla sobre la situación de las organizaciones de la sociedad civil y la criminalización de sus luchas sociales.

Cuenta que en El Salvador desde marzo de 2022 la gente vive bajo un régimen de excepción en los cuales están suspendidos los derechos constitucionales y las libertades fundamentales, cuya medida es aplicada a la ciudadanía en general, lo que a su vez ha implicado la detención de más de 80 mil personas por diversas razones.

En los procesos abiertos, estas personas sus derechos son violentados, por ejemplo, no tienen derechos a la defensa, a ejercer el derecho a la presunción de inocencias, entre otras, según puntualizó.

El régimen de excepción además atemoriza a las personas que defienden los derechos humanos. En este contexto se detuvieron al menos 34 personas defensoras y defensores de DD.HH.

Si bien no se conocen cifras oficiales de las personas privadas de libertad, aunque en bases a denuncias de familiares victimas de detenciones arbitrales se contabilizan en mas de 200 personas que han perdido la vida bajo las custodias del estado, sin embargo, el gobierno niega que las muertes se hayan registrados bajo el sistema carcelario. Mientras todas estas cosas están pasando, se está criminalizando la pobreza en El Salvador, aseveró.

Ante esta situación, qué puede hacer la sociedad civil organizada, Burgos dice son varias cosas: primero documentar todas las violaciones a los derechos humanos, articularse entre todas las víctimas, generar mecanismos de protección dentro de la sociedad civil, hacer un contrapeso desde los territorios sobre los discursos o narrativas de la información difundida por gobierno, etc.

Del 24 a 26 de junio pasado en Paraguay se desarrolló el Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos reuniendo a activistas por los derechos campesinos e indígenas de Paraguay y la Región.

La Red Salvadoreña de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos fue una de las organizaciones participantes de los espacios de la Sociedad Civil en el marco de la Asamblea General de la OEA, como también del Seminario Internacional VOCES organizado por CODEHUPY y Tierraviva.

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Defensoras y defensores de derechos humanos

Mario Urtado de la Organización de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en México, que articula con 14 organizaciones, cuenta que el eje transversal de la organización es la protección de personas, pues hay un contexto violento, no solo en México, sino en toda la región del continente. Al respecto destacó el trabajo en red a fin de fortalecer la autoprotección.

Al hablar de la importancia de la autoprotección mencionó igualmente que en México disponen de un Marco Normativo de carácter Federal que recoge las experiencias de Brasil y Colombia, principalmente.

Urtado participó del Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos que se realizó del 24 al 26 de junio pasado reuniendo a activistas por los derechos campesinos e indígenas de Paraguay y la Región en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

El encuentro congregó a más de 150 líderes campesinos e indígenas y fue organizado por Tierraviva junto a CODEHUPY, con el apoyo del Proyecto CRES, CEJIL y Diakonia.

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“Tierraviva, fuente de aprendizaje”

Caroline Kronley, presidenta de la Fundación Tinker, una entidad filantrópica de los Estados Unidos que acompaña a organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a los desafíos de la región, con alegría y satisfacción manifiesta que en Paraguay la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, es una socia muy querida y admirada por dicha fundación.

Cuenta que, con la forma continua y sistemática de acompañar a las comunidades en sus derechos, por su enorme capacidad de realizar trabajos de investigaciones con alcance nacional e internacional y con incidencias, hacen que Tierraviva pueda ser considerada como una fuente de aprendizaje para otras organizaciones de la región.

Caroline Kronley, participó de la celebración de los 30 años de Tierraviva. Estuvo presente en el Seminario Internacional “El Chaco Indígena Paraguayo: pasado, presente y desafíos, realizado durante los días jueves 20 y viernes 21 de junio del corriente año en la sede de la Alianza Francesa. Igualmente, estuvo en la conclusión de la jornada de capacitación de promotores jurídicos.

A lo largo de tres años se realizó el ciclo de formación de la Promotoría Jurídica Indígena con la participación de alrededor de 30 representantes comunitarios provenientes de los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, quienes fueron propuestos por sus propias comunidades.

Este curso se desarrolló en el marco del proyecto “Gobernanza Democrática y la Justicia Ambiental”, financiado por la Fundación Tinker con el objetivo de buscar instalar capacidades para que las propias comunidades, mediante su Promotor/a puedan hacer frente a las necesidades que se les presentan, en particular la vinculación y mediación con las instituciones estatales que deben responder a los reclamos indígenas.

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Voces indígenas buscan hacerse escuchar en la Asamblea General de la OEA

El Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos reúne a activistas por los derechos campesinos e indígenas de Paraguay y la Región en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El evento busca hacer escuchar las voces campesinas e indígenas con una agenda de respeto a los Derechos Humanos ante las profundas deudas del Estado en dicho ámbito.

Durante el evento referentes de comunidades indígenas y campesinas debatieron sobre el derecho a la tierra, al territorio y a la protección del ambiente. En este sentido los dirigentes indígenas manifestaron su posición respecto a la situación actual de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

La principal preocupación continúa siendo el acceso a la tierra, decenas de comunidades indígenas carecen de tierra propia; el Estado no prevé recursos para la adquisición de tierras, ni articula ninguna política que garantice la restitución territorial a los pueblos Indígenas. Esto, a pesar de contar con tres sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la violación de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas por no garantizar su derecho al territorio.

Según relatan los indígenas, incluso aquellas comunidades que poseen tierras no cuentan con seguridad jurídica respecto a la propiedad de la misma, lo que genera constantes inconvenientes y dificulta el desarrollo de las comunidades, dejándolas en una amenaza permanente de perder sus tierras.

Las denuncias indican que esta preocupante situación se profundiza con la ausencia de una política articulada de atención a los Pueblos Indígenas. El Instituto Paraguayo del Indígena, ente encargado de la política indígena, no cuenta con presupuesto suficiente ni siquiera para atender las necesidades más básicas de las comunidades. Analistas especializados en el tema señalan que el nombramiento de un ex militar al frente del INDI, y el funcionamiento de dicha dependencia en un cuartel militar, es una muestra clara del enfoque que tiene el Estado respecto a la temática indígena.

Además, otras instituciones que deberían velar por la protección del territorio y el ambiente, que son claves para el desarrollo de las comunidades, tampoco reaccionan ante la acelerada deforestación y degradación ambiental que afecta a los territorios indígenas, principalmente en el Chaco.

Durante el seminario los indígenas relataron que el modelo extractivista se expande en el Chaco, la extensión de la frontera agrícola-sojera -aunque también se imponen el arroz y el algodón- a la Región Occidental es vista con profunda preocupación debido a la deforestación y afectación a los últimos remanentes boscosos. Se suman también proyectos de exploración y explotación minera, todo esto ante la mirada impasible de entes como el Instituto Forestal Nacional o el Ministerio del Ambiente que sólo dan un viso de legalidad a la degradación ambiental que se vive en el territorio chaqueño.

Los indígenas mencionaron también los grandes impactos de los mega proyectos que impulsa el gobierno en la zona del Chaco, como la Ruta Bioceánica; resulta que inversamente a la carencia y debilitamiento institucional cada vez mayor y la consecuente falta de capacidades de restitución, defensa y garantías de tierras y territorios indígenas, existe un nivel de inversión y endeudamiento público ligado a desarrollar infraestructuras en el Chaco que alcanza cerca de dos mil millones de dólares, que redundarán en beneficios, principalmente, para el agronegocio, y sin mayor impacto positivo para las comunidades indígenas.

Ante este grave panorama, los líderes indígenas reclaman ser escuchados por el Estado paraguayo, exigen respeto a sus territorios y al ambiente, insistiendo en la necesidad de lograr una verdadera participación en las decisiones que terminan impactando en las vidas de sus comunidades.

El encuentro Voces por el Derecho a Defender Derechos reune a más de 150 líderes campesinos e indígenas y es organizado por Tierraviva junto a CODEHUPY y cuenta con el apoyo del Proyecto CRES, CEJIL y Diakonia.

Foto: Gentileza de CODEHUPY

Inició el Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos

Organizaciones sociales y activistas campesinos e indígenas de la región se reúnen en Asunción en la previa al inicio de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En la apertura del evento la Coordinadora de Tierraviva, Lidia Ruiz, resaltó la importancia de la lucha en defensa de los Derechos Humanos en nuestro país ante la avanzada de sectores ultra conservadores que pretenden frenar los avances en materia de derechos y retrotraer las conquistas alcanzadas por los sectores sociales.

“Debemos hacer escuchar la voz de los pueblos, de los indígenas, los campesinos, la voz de los pobres, saber qué planes tienen los gobiernos para acabar con la pobreza en nuestros países. Esos temas solo nosotros los abordamos y sólo nosotros podemos hacerlos escuchar” dijo en referencia a la próxima Asamblea General de la OEA.

Además, indicó que Tierraviva acompañó cinco casos relacionados a violaciones de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano, que acabaron con condenas al Estado o acuerdos de solución que han significado importantes avances en cuanto a calidad de vida para las comunidades.

El Seminario Voces por el Derecho a Defender Derechos es organizado por Tierraviva y CODEHUPY con el apoyo de CEJIL,  Diakonia y la Unión Europea en Paraguay.

30 años defendiendo la tierra, preservando la vida

A lo largo de 30 años de vida institucional Tierraviva ha acompañado las luchas, resistencias, sueños y alegrías de los Pueblos Indígenas del Chaco, esta trayectoria nos permite hoy llamar la atención y alertar sobre graves situaciones que afectan a las comunidades indígenas y amenazan la existencia misma de estos Pueblos.

El territorio chaqueño, un ecosistema frágil pero abundante en biodiversidad, se encuentra amenazado por proyectos basados en el extractivismo de recursos naturales y la explotación intensiva de la tierra. Esta situación amenaza con terminar de destruir por completo el hábitat tradicional de las comunidades indígenas, base de sus formas particulares de vida. Estos mega proyectos son impulsados por el Estado en alianza con capitales trasnacionales que pretenden maximizar su lucro a costa de la explotación de recursos naturales y de las personas indígenas.

A esto se suma la casi ausencia del Estado en la mayoría de las comunidades indígenas. La exclusión y discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas son indicadores evidentes del racismo subyacente en las autoridades y sociedad en general. A causa de esta exclusión las comunidades no acceden a lo más básico como agua, alimentos, salud o educación; para las comunidades no se construyen caminos de todo tiempo ni se prevén presupuestos que puedan garantizar el desarrollo autónomo de las mismas.

La crisis climática agudizada por la destrucción del ecosistema chaqueño ha golpeado con fuerza en los últimos 5 años a los Pueblos Indígenas, pasando de temporadas de grandes inundaciones a continuadas sequías, sin que, en ninguno de los casos, el Estado haya asistido adecuadamente a las mismas, o pensado en políticas públicas para la mitigación; tal como hoy ocurre con muchas comunidades que no pueden acceder a una gota de agua potable.

La situación de las mujeres indígenas del Chaco es doblemente difícil, a la discriminación que persiste se suma la violencia de la que son víctimas, un ejemplo de esto es el crimen de dos mujeres indígenas de la Comunidad Cacique Mayeto que a más de un año del hecho continúa impune. Igualmente, grave es la situación de la niñez y adolescencia, privada de acceso a la educación y, por ende, de toda perspectiva de futuro, resultando presa fácil del alcohol o las drogas, ante la inacción del Estado.

Con todo lo relatado hasta aquí se puede sostener que existe una amenaza a la existencia misma de los Pueblos Indígenas del Chaco y el Paraguay, atentando contra la Constitución Nacional que reconoce y valora la existencia de los Pueblos Indígenas. 

Somos testigos de más de treinta años de políticas asistencialistas e integracionistas, que hoy derivan en un retroceso en materia de Derechos Humanos, al volver a poner al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) órgano rector de la política indígena bajo la lógica militar de la seguridad nacional, dejando de lado un abordaje social con enfoque de Derechos.

A pesar de esto, nuestra convivencia de tres décadas con personas, familias y comunidades indígenas nos permite mantener la esperanza, fortalecidos en la resistencia y lucha de los Pueblos Indígenas. En estos años hemos logrado juntos el aseguramiento de más de 165 mil hectáreas de tierras para varias comunidades y, a pesar de las dificultades, no desistiremos en nuestro compromiso por el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Agradecemos a cada persona, comunidad, organización de  los Pueblos Indígenas que nos han permitido ser parte de sus luchas y resistencias; muchas de esas personas hoy no están presentes en el plano terrenal, sin embargo, su ejemplo de vida sigue guiando a las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras a quienes les decimos, cuenten con nosotros y nosotras, cuenten con Tierraviva para seguir juntos defendiendo la tierra y preservando la vida.

“Nacimos en la lucha, crecimos en la lucha y nos hicimos luchadores”

Seminario Internacional abordará la situación del Chaco Indígena Paraguayo

En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria en defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Chaco, la Organización Tierraviva impulsa el Seminario Internacional “El Chaco Indígena Paraguayo: pasado, presente y desafíos”. EL evento se realizará el jueves 20 y viernes 21 del corriente en la sede de la Alianza Francesa y contará con la participación de líderes, lideresas indígenas y destacados académicos que guiarán el diálogo respecto a la temática.

Los temas a ser abordados en las mesas de trabajo serán: la jurisprudencia local e internacional referida a los territorios indígenas; el cambio climático y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los Pueblos Indígena; la situación de las mujeres indígenas en el Chaco, y finalmente, la etnografía y etnohistoria de los pueblos chaqueños. El Seminario será “un espacio de reflexión, aprendizaje y compromiso para seguir construyendo un Paraguay y un Chaco más justos y respetuosos de los derechos de todos sus habitantes y, particularmente, de los Pueblos Indígenas” señalan los organizadores.

Vale destacar que en el espacio participarán importantes referentes académicos y activistas por los derechos de los Pueblos Indígenas, así como representantes de Comunidades Indígenas que luchan en defensa de su territorio y sus derechos humanos, esto permitirá brindar una visión acabada de la larga historia de exclusión y resistencia de los Pueblos Indígenas hasta la actualidad y poner en perspectiva los reclamos de cara al futuro.

Tierraviva es una organización de la sociedad civil fundada en 1994, desde entonces trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, con énfasis en la restitución territorial.  El litigio estratégico, la incidencia en políticas públicas, la capacitación, el fortalecimiento organizacional, la formación política y jurídica, así como el asesoramiento general, son los principales trabajos llevados adelante por Tierraviva, orientados a la exigibilidad de derechos. A lo largo de estos 30 años Tierraviva ha contribuido a asegurar más de 165.000 hectáreas de tierras para los Pueblos Indígenas del Bajo Chaco.

Programa del Seminario El Chaco Indígena Paraguayo: Pasado, presente y desafíos.

 

Conocé a los expositores del Seminario

 

Día del Ambiente: Pueblos Indígenas, entre la defensa medioambiental y la crisis climática

Según la FAO los territorios indígenas protegen el 80% de la biodiversidad a nivel global, en Paraguay los escasos remanentes boscosos son protegidos por las comunidades indígenas. En este Día del Ambiente es fundamental valorar el aporte de los Pueblos Indígenas y llamar la atención sobre los efectos de la crisis climática sobre las comunidades, así como seguir denunciando la falta de políticas de protección ambiental y territorial por parte del Estado.

“Nosotros somos celosos de la naturaleza, de nuestro territorio, porque son parte de nuestra vida” señala Enrique Marcos, de la Comunidad Paratodo’i, del Pueblo Enxet, ubicada en el Distrito de Irala Fernández. Además denuncia que “grandes empresas sojeras y ganaderas ingresan a territorios indígenas deforestando y contaminando, sin que exista una respuesta por parte de las autoridades”.

Marecos, indica que la violación de las normativas ambientales y los ataques a los territorios indígenas tienen graves consecuencias para las comunidades ya que la “crisis climática, con la sequía y las inundaciones, golpean principalmente los indígenas”.

“Son muchas las falencias del Estado al momento de proteger los derechos ambientales de pueblos indígenas, principalmente la falta de celeridad del Ministerio Público para accionar en las denuncias ambientales de las comunidades ante hechos que afectan su hábitat tradicional. Además, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, carece de datos, recursos, relaciones con las comunidades y documentación precisa para ejercer una verdadera defensa de los territorios indígenas. En síntesis, falta voluntad política para la adecuada protección ambiental de las tierras y territorios ancestrales” señala la abogada de Tierraviva Natalia Rodríguez.

En el mismo sentido Silverio Centurión, líder de la comunidad El Estribo, indicó que el Estado no atiende los reclamos de las comunidades en materia de defensa territorial y ambiental, “las comunidades protegemos los bosques pero falta acompañamiento de las autoridades” indica el referente indígena.

Como parte de su compromiso con el ambiente y los Pueblos Indígenas Tierraviva acompaña las luchas de las comunidades en defensa de su territorio y del ambiente. Actualmente, una decena de casos de atropellos a los derechos ambientales de los Pueblos Indígenas son acompañados por la organización ante las autoridades administrativas y judiciales.