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•  Se gestionaron más de 46 mil documentos oficiales para personas indígenas.

•  El acceso a la documentación oficial es un derecho fundamental para las comunidades indígenas.

Este miércoles 11 de setiembre desde las 10 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional se presentarán los resultados de los trabajos realizados en el marco del proyecto “Derecho a la Identidad mediante el acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”, implementado por Tierraviva y financiado por la Unión Europea y Diakonia.

El evento contará con la participación de líderes, lideresas, referentes comunitarios y de organizaciones indígenas que fueron parte en todo el proceso de documentación en comunidades de todo el país. También estarán presentes autoridades de las instituciones públicas que contribuyeron en la implementación de la campaña, como la Dirección General del Registro Civil de las Personas y el INDI, así como representantes de la Unión Europea.

El proceso de trabajo, iniciado en el 2021, tuvo como objetivo principal aportar al proceso de institucionalización de la democracia y la construcción de un Estado Social de Derecho en el Paraguay, a través de la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular, por medio del acceso a documentación oficial. El acceso a la documentación es el primer paso para garantizar otros derechos básicos para las personas indígenas.

En resumen, se documentaron personas en 249 comunidades y 100 aldeas, con un total de 270 visitas de documentación realizadas en 62 viajes.

Se logró la expedición y gestión de 46,346 documentos. Del total de documentos emitidos, el 67% correspondió a carnets indígenas, el 13% a certificados de nacimiento, el 10% a cédulas de identidad por primera vez, y el 10% a renovaciones de cédulas de identidad.

El 9 de agosto la Organización de Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue justamente en esta fecha, pero en el año 1982 cuando se inició la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. Este año el organismo multilateral ha decidido dedicar la jornada a llamar la atención sobre la importancia de proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial.

Justamente, en estos momentos se desarrolla en Paraguay una importante encrucijada que afecta a uno de los últimos Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, los Ayoreos Totobiegosode, cuyo territorio se encuentra amenazado por los planes de deforestación que lleva adelante la empresa agroganadera Faro Moro, que pretende deforestar unas 20 mil hectáreas de bosques, lugar donde se encuentran familias Ayoreo y el hábitat tradicional de este Pueblo. La estancia Faro Moro, ubicada en el Departamento de Boquerón, y sus arrendatarios, han obtenido licencias de forma totalmente irregular para permitir la deforestación y la extensión de proyectos agropecuarios, en territorios donde se encuentran los indígenas en aislamiento, poniéndolas en un grave riesgo, demostrando una absoluta falta de compromiso e interés por parte del Estado paraguayo en la protección de los Pueblos Indígenas.

Este caso, el más emblemático en la actualidad, amenaza con acabar la existencia del último grupo de indígenas en aislamiento voluntario existente en Sudamérica, fuera de la región amazónica.

Al mismo tiempo, muestra la disputa que se desarrolla hace tiempo en el territorio chaqueño, espacio que ha sido elegido por el gran capital para extender las fronteras del modelo extractivista vigente en Paraguay. Mediante la inversión de millones de dólares por parte del Estado, se ha generado la infraestructura principal para que estos capitales puedan establecerse con diferentes mega proyectos, y sus antiguos cantos de sirena respecto a “crear empleo y desarrollo”, en el territorio chaqueño.

En el mismo territorio se muestra la otra cara de la moneda, la falta total de inversión por parte de los sucesivos gobiernos para garantizar condiciones mínimas de vida digna a las comunidades indígenas, falta de caminos, infraestructura escolar y sanitaria, y lo más grave, últimamente, falta de infraestructura y asistencia que permita a las comunidades acceder a agua potable y alimentos debido a la extensa sequía que se profundiza a causa de la crisis climática vigente, crisis ante la cual el Estado tampoco ha dado respuestas suficientes ni oportunas.

La aparición de mega proyectos, que incluyen monocultivos extensivos de productos agrícolas y forestales, con el consecuente uso de agrotóxicos y deforestación; proyectos de extracción de minerales como el litio, o la explotación de canteras; sumados a las condiciones de exclusión y marginación a la que son sometidas las Comunidades Indígenas crean una situación explosiva, poniendo en jaque lo que la Constitución Nacional define como “el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”.

El avance del capital amenaza con afectar gravemente al medio ambiente y la naturaleza, al mismo tiempo que empuja a las personas indígenas a someterse a sistemas de explotación -muchas veces cuasi esclavistas-, convirtiéndolos en mano de obra barata para los “emprendimientos” que se realizan en la zona, profundizando una antigua grieta que se iniciara ya con el establecimiento de las Colonias Menonitas; y que colisiona gravemente con la identidad indígena.

A pesar de estas amenazas y la casi inexistente asistencia y presencia eficaz del Estado, las voces indígenas siguen levantándose con fuerza y organizadamente, impulsadas por la identidad y conexión que tienen con el territorio chaqueño. La templanza y la firmeza, características propias de la población indígena del Chaco, se multiplican en cada comunidad, en cada Pueblo y en cada organización indígena, quienes sostienen que defenderán su derecho a existir y ocupar su territorio. Es deber de una sociedad que se declara democrática y que valora sus raíces, no dejarlos solos en esta disputa, contribuyendo a frenar un modelo de despojo que se extiende por todo el país y a construir otro, que sea respetuoso de las poblaciones y de la naturaleza, de la diversidad y la biodiversidad, que hoy están en riesgo.

Durante la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que obtuvo media sanción el Proyecto de Ley de Control a Organizaciones Sin Fines de Lucro, el titular de la Cámara, Senador Basilio Núñez, acusó a nuestra organización Tierraviva de “robar en nombre de los indígenas”.

Ante esto, cabe recordar que si de transparencia se trata nuestra institución está bajo permanente supervisión de los organismos del Estado, citando solo algunos: -la Dirección Nacional de Ingreso Tributarios a la que se presenta en forma mensual: ingresos-egresos, IVA, IRE General y en forma anual: los Estados Financieros (EEFF); además, estamos inscriptos en la Abogacía del Tesoro, regulados por la Seprelad; con informes trimestrales y anuales según las resoluciones vigentes. También contamos con informes de auditorías externas por cada proyecto ejecutado, basados en la NIA 800. Asimismo, se llevan a cabo periódica y regularmente informes de actividades – correlativos a los informes financieros – a las agencias
que nos apoyan y a los propios indígenas a través de sus organizaciones, respondiendo así a estándares de escrutinio, control y respuesta efectiva a las problemáticas que trabajamos y los derechos que promovemos, con solvencia, responsabilidad, solidaridad y compromiso.

Es por ello que contamos con el respaldo de agencias de cooperación reconocidas de diversas partes del mundo, y por, sobre todo, la confianza y mandato de las organizaciones y comunidades indígenas con quienes trabajamos y junto a quienes hemos logrado recuperar más de 160 mil hectáreas de territorios ancestrales y el reconocimiento de otros derechos.

No obstante, la reiteración calumniosa y falaz por voceros del sector oficialista y otros parlamentarios afines de este discurso, deja en claro que la intención de la legislación propuesta no es la transparencia, el buen uso de fondos, ni mucho menos la defensa de los intereses de los sectores vulnerables y discriminados estructuralmente, sino el ataque y la criminalización a quienes ejercemos la defensa y exigencia de respeto a los Derechos Humanos, a través de instrumentos legítimos y legales contemplados en nuestro marco jurídico.

Este tipo de prácticas, propias de proyectos autoritarios, lejos de amilanarnos refuerza nuestro compromiso de más de 30 años en defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. El contexto y los intereses económicos en el Chaco, que agravan la explotación del medio ambiente y que soslayan y usurpan derechos de la población indígena, convierte a
organizaciones como la nuestra en un actor molesto a los sectores de poder y privilegio. No es el tema indígena, y la falta de cumplimiento de sus derechos lo que les preocupa, lo que les ocupa es seguir expoliando y privatizando bienes públicos, como las tierras del Municipio de Villa Hayes o los fondos de la Gobernación – como sabe muy bien el Senador Nuñez y su familia – y desprestigiar a organizaciones como Tierraviva y otras similares, que – defendiendo el bien común – cuestionan y obstaculizan su perverso proyecto de monopolio del poder, enriquecimiento ilícito y despojo de las mínimas condiciones necesarias para alcanzar una sociedad más justa y democrática.

El intento de desalentar y criminalizar las acciones de la sociedad civil por parte de los sectores de poder ha quedado en evidencia, una vez más, con este proyecto de ley y con su campaña de mentiras y discursos de odio. Ante esto llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alerta ante el avance del proyecto dictatorial en ciernes en nuestro país, y hacer uso de todos los medios legales y de movilización ciudadana para defender nuestra democracia y derechos conquistados y aún por conquistar.

El Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos reúne a activistas por los derechos campesinos e indígenas de Paraguay y la Región en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El evento busca hacer escuchar las voces campesinas e indígenas con una agenda de respeto a los Derechos Humanos ante las profundas deudas del Estado en dicho ámbito.

Durante el evento referentes de comunidades indígenas y campesinas debatieron sobre el derecho a la tierra, al territorio y a la protección del ambiente. En este sentido los dirigentes indígenas manifestaron su posición respecto a la situación actual de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

La principal preocupación continúa siendo el acceso a la tierra, decenas de comunidades indígenas carecen de tierra propia; el Estado no prevé recursos para la adquisición de tierras, ni articula ninguna política que garantice la restitución territorial a los pueblos Indígenas. Esto, a pesar de contar con tres sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la violación de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas por no garantizar su derecho al territorio.

Según relatan los indígenas, incluso aquellas comunidades que poseen tierras no cuentan con seguridad jurídica respecto a la propiedad de la misma, lo que genera constantes inconvenientes y dificulta el desarrollo de las comunidades, dejándolas en una amenaza permanente de perder sus tierras.

Las denuncias indican que esta preocupante situación se profundiza con la ausencia de una política articulada de atención a los Pueblos Indígenas. El Instituto Paraguayo del Indígena, ente encargado de la política indígena, no cuenta con presupuesto suficiente ni siquiera para atender las necesidades más básicas de las comunidades. Analistas especializados en el tema señalan que el nombramiento de un ex militar al frente del INDI, y el funcionamiento de dicha dependencia en un cuartel militar, es una muestra clara del enfoque que tiene el Estado respecto a la temática indígena.

Además, otras instituciones que deberían velar por la protección del territorio y el ambiente, que son claves para el desarrollo de las comunidades, tampoco reaccionan ante la acelerada deforestación y degradación ambiental que afecta a los territorios indígenas, principalmente en el Chaco.

Durante el seminario los indígenas relataron que el modelo extractivista se expande en el Chaco, la extensión de la frontera agrícola-sojera -aunque también se imponen el arroz y el algodón- a la Región Occidental es vista con profunda preocupación debido a la deforestación y afectación a los últimos remanentes boscosos. Se suman también proyectos de exploración y explotación minera, todo esto ante la mirada impasible de entes como el Instituto Forestal Nacional o el Ministerio del Ambiente que sólo dan un viso de legalidad a la degradación ambiental que se vive en el territorio chaqueño.

Los indígenas mencionaron también los grandes impactos de los mega proyectos que impulsa el gobierno en la zona del Chaco, como la Ruta Bioceánica; resulta que inversamente a la carencia y debilitamiento institucional cada vez mayor y la consecuente falta de capacidades de restitución, defensa y garantías de tierras y territorios indígenas, existe un nivel de inversión y endeudamiento público ligado a desarrollar infraestructuras en el Chaco que alcanza cerca de dos mil millones de dólares, que redundarán en beneficios, principalmente, para el agronegocio, y sin mayor impacto positivo para las comunidades indígenas.

Ante este grave panorama, los líderes indígenas reclaman ser escuchados por el Estado paraguayo, exigen respeto a sus territorios y al ambiente, insistiendo en la necesidad de lograr una verdadera participación en las decisiones que terminan impactando en las vidas de sus comunidades.

El encuentro Voces por el Derecho a Defender Derechos reune a más de 150 líderes campesinos e indígenas y es organizado por Tierraviva junto a CODEHUPY y cuenta con el apoyo del Proyecto CRES, CEJIL y Diakonia.

Foto: Gentileza de CODEHUPY

Organizaciones sociales y activistas campesinos e indígenas de la región se reúnen en Asunción en la previa al inicio de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En la apertura del evento la Coordinadora de Tierraviva, Lidia Ruiz, resaltó la importancia de la lucha en defensa de los Derechos Humanos en nuestro país ante la avanzada de sectores ultra conservadores que pretenden frenar los avances en materia de derechos y retrotraer las conquistas alcanzadas por los sectores sociales.

“Debemos hacer escuchar la voz de los pueblos, de los indígenas, los campesinos, la voz de los pobres, saber qué planes tienen los gobiernos para acabar con la pobreza en nuestros países. Esos temas solo nosotros los abordamos y sólo nosotros podemos hacerlos escuchar” dijo en referencia a la próxima Asamblea General de la OEA.

Además, indicó que Tierraviva acompañó cinco casos relacionados a violaciones de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano, que acabaron con condenas al Estado o acuerdos de solución que han significado importantes avances en cuanto a calidad de vida para las comunidades.

El Seminario Voces por el Derecho a Defender Derechos es organizado por Tierraviva y CODEHUPY con el apoyo de CEJIL,  Diakonia y la Unión Europea en Paraguay.