30 años defendiendo la tierra, preservando la vida

A lo largo de 30 años de vida institucional Tierraviva ha acompañado las luchas, resistencias, sueños y alegrías de los Pueblos Indígenas del Chaco, esta trayectoria nos permite hoy llamar la atención y alertar sobre graves situaciones que afectan a las comunidades indígenas y amenazan la existencia misma de estos Pueblos.

El territorio chaqueño, un ecosistema frágil pero abundante en biodiversidad, se encuentra amenazado por proyectos basados en el extractivismo de recursos naturales y la explotación intensiva de la tierra. Esta situación amenaza con terminar de destruir por completo el hábitat tradicional de las comunidades indígenas, base de sus formas particulares de vida. Estos mega proyectos son impulsados por el Estado en alianza con capitales trasnacionales que pretenden maximizar su lucro a costa de la explotación de recursos naturales y de las personas indígenas.

A esto se suma la casi ausencia del Estado en la mayoría de las comunidades indígenas. La exclusión y discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas son indicadores evidentes del racismo subyacente en las autoridades y sociedad en general. A causa de esta exclusión las comunidades no acceden a lo más básico como agua, alimentos, salud o educación; para las comunidades no se construyen caminos de todo tiempo ni se prevén presupuestos que puedan garantizar el desarrollo autónomo de las mismas.

La crisis climática agudizada por la destrucción del ecosistema chaqueño ha golpeado con fuerza en los últimos 5 años a los Pueblos Indígenas, pasando de temporadas de grandes inundaciones a continuadas sequías, sin que, en ninguno de los casos, el Estado haya asistido adecuadamente a las mismas, o pensado en políticas públicas para la mitigación; tal como hoy ocurre con muchas comunidades que no pueden acceder a una gota de agua potable.

La situación de las mujeres indígenas del Chaco es doblemente difícil, a la discriminación que persiste se suma la violencia de la que son víctimas, un ejemplo de esto es el crimen de dos mujeres indígenas de la Comunidad Cacique Mayeto que a más de un año del hecho continúa impune. Igualmente, grave es la situación de la niñez y adolescencia, privada de acceso a la educación y, por ende, de toda perspectiva de futuro, resultando presa fácil del alcohol o las drogas, ante la inacción del Estado.

Con todo lo relatado hasta aquí se puede sostener que existe una amenaza a la existencia misma de los Pueblos Indígenas del Chaco y el Paraguay, atentando contra la Constitución Nacional que reconoce y valora la existencia de los Pueblos Indígenas. 

Somos testigos de más de treinta años de políticas asistencialistas e integracionistas, que hoy derivan en un retroceso en materia de Derechos Humanos, al volver a poner al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) órgano rector de la política indígena bajo la lógica militar de la seguridad nacional, dejando de lado un abordaje social con enfoque de Derechos.

A pesar de esto, nuestra convivencia de tres décadas con personas, familias y comunidades indígenas nos permite mantener la esperanza, fortalecidos en la resistencia y lucha de los Pueblos Indígenas. En estos años hemos logrado juntos el aseguramiento de más de 165 mil hectáreas de tierras para varias comunidades y, a pesar de las dificultades, no desistiremos en nuestro compromiso por el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Agradecemos a cada persona, comunidad, organización de  los Pueblos Indígenas que nos han permitido ser parte de sus luchas y resistencias; muchas de esas personas hoy no están presentes en el plano terrenal, sin embargo, su ejemplo de vida sigue guiando a las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras a quienes les decimos, cuenten con nosotros y nosotras, cuenten con Tierraviva para seguir juntos defendiendo la tierra y preservando la vida.

“Nacimos en la lucha, crecimos en la lucha y nos hicimos luchadores”

Seminario Internacional abordará la situación del Chaco Indígena Paraguayo

En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria en defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Chaco, la Organización Tierraviva impulsa el Seminario Internacional “El Chaco Indígena Paraguayo: pasado, presente y desafíos”. EL evento se realizará el jueves 20 y viernes 21 del corriente en la sede de la Alianza Francesa y contará con la participación de líderes, lideresas indígenas y destacados académicos que guiarán el diálogo respecto a la temática.

Los temas a ser abordados en las mesas de trabajo serán: la jurisprudencia local e internacional referida a los territorios indígenas; el cambio climático y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los Pueblos Indígena; la situación de las mujeres indígenas en el Chaco, y finalmente, la etnografía y etnohistoria de los pueblos chaqueños. El Seminario será “un espacio de reflexión, aprendizaje y compromiso para seguir construyendo un Paraguay y un Chaco más justos y respetuosos de los derechos de todos sus habitantes y, particularmente, de los Pueblos Indígenas” señalan los organizadores.

Vale destacar que en el espacio participarán importantes referentes académicos y activistas por los derechos de los Pueblos Indígenas, así como representantes de Comunidades Indígenas que luchan en defensa de su territorio y sus derechos humanos, esto permitirá brindar una visión acabada de la larga historia de exclusión y resistencia de los Pueblos Indígenas hasta la actualidad y poner en perspectiva los reclamos de cara al futuro.

Tierraviva es una organización de la sociedad civil fundada en 1994, desde entonces trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, con énfasis en la restitución territorial.  El litigio estratégico, la incidencia en políticas públicas, la capacitación, el fortalecimiento organizacional, la formación política y jurídica, así como el asesoramiento general, son los principales trabajos llevados adelante por Tierraviva, orientados a la exigibilidad de derechos. A lo largo de estos 30 años Tierraviva ha contribuido a asegurar más de 165.000 hectáreas de tierras para los Pueblos Indígenas del Bajo Chaco.

Programa del Seminario El Chaco Indígena Paraguayo: Pasado, presente y desafíos.

 

Conocé a los expositores del Seminario

 

Día del Ambiente: Pueblos Indígenas, entre la defensa medioambiental y la crisis climática

Según la FAO los territorios indígenas protegen el 80% de la biodiversidad a nivel global, en Paraguay los escasos remanentes boscosos son protegidos por las comunidades indígenas. En este Día del Ambiente es fundamental valorar el aporte de los Pueblos Indígenas y llamar la atención sobre los efectos de la crisis climática sobre las comunidades, así como seguir denunciando la falta de políticas de protección ambiental y territorial por parte del Estado.

“Nosotros somos celosos de la naturaleza, de nuestro territorio, porque son parte de nuestra vida” señala Enrique Marcos, de la Comunidad Paratodo’i, del Pueblo Enxet, ubicada en el Distrito de Irala Fernández. Además denuncia que “grandes empresas sojeras y ganaderas ingresan a territorios indígenas deforestando y contaminando, sin que exista una respuesta por parte de las autoridades”.

Marecos, indica que la violación de las normativas ambientales y los ataques a los territorios indígenas tienen graves consecuencias para las comunidades ya que la “crisis climática, con la sequía y las inundaciones, golpean principalmente los indígenas”.

“Son muchas las falencias del Estado al momento de proteger los derechos ambientales de pueblos indígenas, principalmente la falta de celeridad del Ministerio Público para accionar en las denuncias ambientales de las comunidades ante hechos que afectan su hábitat tradicional. Además, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, carece de datos, recursos, relaciones con las comunidades y documentación precisa para ejercer una verdadera defensa de los territorios indígenas. En síntesis, falta voluntad política para la adecuada protección ambiental de las tierras y territorios ancestrales” señala la abogada de Tierraviva Natalia Rodríguez.

En el mismo sentido Silverio Centurión, líder de la comunidad El Estribo, indicó que el Estado no atiende los reclamos de las comunidades en materia de defensa territorial y ambiental, “las comunidades protegemos los bosques pero falta acompañamiento de las autoridades” indica el referente indígena.

Como parte de su compromiso con el ambiente y los Pueblos Indígenas Tierraviva acompaña las luchas de las comunidades en defensa de su territorio y del ambiente. Actualmente, una decena de casos de atropellos a los derechos ambientales de los Pueblos Indígenas son acompañados por la organización ante las autoridades administrativas y judiciales.

Estado paraguayo cumple parcialmente con obligación establecida por la Corte IDH a favor de la comunidad indígena de Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná.

En un sencillo pero significativo acto el Estado paraguayo representado por la Lic. Marlene Ocampos presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, reconoció la deuda histórica con la comunidad Xákmok Kásek, e hizo referencia a los esfuerzos que vienen realizando desde su administración para ir honrando las obligaciones establecidas en las sentencias emitidas por la Corte IDH contra el Paraguay a favor de comunidades indígenas; en dicho acto se procedió al pago parcial de mora por incumplimiento de uno de los puntos de la sentencia relacionada a la restitución territorial. De este acto participaron Serafín López, Amancio Ruiz, Clemente Dermott, y Marcelino López líderes de la comunidad acompañados por miembros del equipo de Tierraviva.

Por sentencia del 24 de agosto del 2010, la corte estableció la obligación del Estado paraguayo de devolver el territorio tradicional a la Comunidad Xákmok Kásek y velar por su protección frente al menoscabo por acciones del Estado o terceros de 10.700 hectáreas de la comunidad. En el 2016 se adquirieron 7.701 hectáreas, están pendientes 2.999 para dar cumplimiento íntegro a uno de los puntos de la sentencia ; mientras el Paraguay no restituya la totalidad de las tierras a la comunidad, se le imputa una mora mensual, contados a partir de septiembre de 2014.

Si bien, celebramos el acto realizado en la mañana de hoy, instamos al Estado paraguayo al cumplimiento íntegro de la sentencia y sobre todo en cuanto a la restitución de las tierras faltantes con lo cual se evitará que gran parte del presupuesto del INDI deba ser utilizado para el pago de mora el incumplimiento de obligaciones que llevan más de 14 años pendientes.

Celebramos y saludamos sobre todo a los hombres, mujeres, niños y ancianos de la comunidad indígena Xákmok Kásek quienes por 30 años se mantienen firmes en la lucha por alcanzar una vida digna para todos y todas.

Tierraviva acompaña visita de la CISCI a Comunidades Indígenas

La Comisión Interinstitucional Ejecutiva para el Cumplimiento de las Sentencias y otros Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI), compuesta por instituciones estatales, visitará las Comunidades Indígenas Yakye Axa, Xákmok Kásek y Kelyenmagategma a fin de verificar si existen avances en materia de cumplimiento de las obligaciones del Estado paraguayo en el ámbito del respeto a los Derechos Humanos de la población indígena. La visita se realiza este jueves 9 y viernes 10.

La Comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet, cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del año 2005 en la cual se obliga al Estado a restituir su territorio, además de una serie de medidas reparatorias. Hasta la actualidad Yakye Axa sigue aguardando que finalice la construcción de un camino público de todo tiempo que permita el acceso y salida de sus tierras tal como estaba estipulado en la sentencia mencionada. Los pobladores señalan que también sigue pendiente la construcción de caminos internos y la titulación de las tierras en favor de la comunidad.

Por su parte Xákmok Kásek, es beneficiaria de una sentencia de la Corte IDH del año 2010 que establece la restitución territorial y medidas reparatorias ante las violaciones de Derechos Humanos sufridas por los miembros de la Comunidad. En este caso el Estado aún debe restituir 2.990 hectáreas de tierras a la comunidad; así también los pobladores denuncian que no se cuenta con una asistencia suficiente por parte del Estado por lo que siguen padeciendo carencias en materia de acceso a alimentos, derecho a la salud y derecho a la educación.

La comunidad Kelyenmagategma accedió en el año 2011 a un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, varios puntos del Acuerdo no han reflejado avances.

Tierraviva, como representante convencional de las comunidades acompañará la visita de la CISCI, en la cual podrán constatarse los incumplimientos mencionados. Así también vale mencionar que la visita de esta Comisión se da ante el anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de realizar una visita in situ a las comunidades en los próximos meses.

Para el Presidente las comunidades indígenas pueden esperar pero para las comunidades esto significa más exclusión y pobreza

El pasado domingo el Diario ABC Color reveló que el gobierno de Santiago Peña pretendió utilizar cerca de dos millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwan para la construcción de viviendas destinadas a familias indígenas en el marco del Proyecto Che Tapyi, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Este dinero pretendió ser utilizado para arreglar un avión al servicio de Peña para sus viajes al exterior.

Al igual que hiciera con los fondos del FONACIDE, y como busca hacer con los Fondos Jubilatorios, el gobierno intentó apoderarse de recursos donados a comunidades indígenas, mientras desfinancia abiertamente al Instituto Paraguayo del Indígena recortando su presupuesto, particularmente en el rubro de compra de tierras, dónde para este año sólo se previeron fondos equivalentes a la compra de 120 hectáreas de tierra, una extensión ínfima atendiendo a que alrededor del 30% de las Comunidades Indígenas no acceden a tierras propias.

Si bien dicho uso de fondos finalmente no se concretó, el gobierno reconoció que tuvo la intención de hacerlo; y este simple hecho revela una escandalosa falta de sensibilidad y responsabilidad por parte del gobierno para con los Pueblos Indígenas.

¿Cómo es posible que dichos fondos no hayan sido ejecutados?

Sólo en el Chaco son decenas las comunidades indígenas que reclaman la ejecución de proyectos de construcción de viviendas que quedaron inconclusos. Asimismo, el gravísimo problema del acceso al agua potable sigue redundando en malas condiciones de salud y en muertes evitables a las familias indígenas.

El gobierno de Santiago Peña no mira a las miles de familias indígenas que viven en condiciones extremadamente precarias; solo un tercio de la población indígena accede a una “casa” según el último censo del 2022. El gobierno tiene hoy la obligación de explicar porqué casi dos millones de dólares que deben invertirse en paliar esta grave realidad duermen en las cuentas estatales y después terminan destinados a fines que nada tienen que ver con su propósito original.

“Quiero decirle al presidente que nos lastima mucho con lo que hace, así como nos lastiman los legisladores que dan sueldos a sus familiares, pero para nosotros los indígenas nunca hay nada, nunca nos alcanza” sentencia Anuncio Gómez, indígena de la Comunidad Makxawaiya, del Pueblo Enxet, al enterarse de la situación.

“Esta es la práctica de siempre de los políticos, ellos priorizan sus intereses y sólo lo que sobra, un pequeño resto, dan a los sectores más necesitados” señala también Martín Rojas de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco.

¿Por qué utilizar fondos dedicados justamente a la población indígena, el sector más vulnerable del país, para pagar un servicio que no resulta urgente ni imprescindible como el arreglo de un avión? Si bien se pretendió presentar como una simple movida administrativa, la verdad es que la intención de utilizar los fondos que deben estar dedicados a las comunidades y familias indígenas muestra que la decisión política del gobierno es continuar con la discriminación estructural hacia los Pueblos Indígenas. El mensaje claro es que cualquier cosa es más importante para el gobierno: hay dinero para todo, menos para los pueblos indígenas.

Dar cabida a la voz de los líderes y familias indígenas; escuchar el clamor de los Pueblos es el primer paso para romper con la exclusión sistemática a la que son sometidos por el Estado paraguayo. Garantizar los fondos necesarios para la aplicación de políticas públicas destinadas a atender sus principales necesidades es urgente.

La vida y la dignidad de las personas indígenas son y serán siempre más importantes que cualquier avión o cualquier viaje que realice el presidente.

19 de abril: Un día para exigir respuestas y valorar la resistencia

El 19 de abril se recuerda el Día del Indígena Americano, esta conmemoración evoca al primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México, el 19 de abril de 1940. Allí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente, para analizar su situación y buscar caminos en común, ante las adversidades que enfrentaban. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo OIT adoptó el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento que establece una serie de Derechos y Garantías para los Pueblos Indígenas, vale mencionar también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y finalmente de una extensa jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todos estos instrumentos jurídicos, aceptados por los Estados, entre ellos el paraguayo, buscaron comprometer a los gobiernos a aplicar políticas para garantizar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. En el mismo sentido, las tres sentencias de la Corte IDH contra el Estado paraguayo por haber violado derechos humanos de comunidades indígenas, más allá de la justicia y reparación para las comunidades directamente afectadas, buscaron principalmente dejar las bases para evitar que estas violaciones continúen afectando a las más de cien mil personas indígenas que habitan territorio paraguayo.

Atendiendo todos estos antecedentes, obligaciones e instrumentos internacionales es que resulta aún más lamentable la extensa lista de incumplimientos, deudas y postergaciones de las que son víctimas los Pueblos Indígenas en Paraguay. Según datos oficiales cerca del 30% de las comunidades indígenas no tienen acceso a tierra propia, el 63% de los niños y niñas indígenas viven bajo la línea de la pobreza y al menos 20 de cada 100 personas indígenas no acceden a la documentación oficial. 

A estos datos debemos agregar la política de discriminación estructural que ha establecido como norma el Estado paraguayo, lo que se traduce en que el 75% de las comunidades no accede a agua corriente, a caminos de todo tiempo -en el periodo de gobierno 2018-2023 se habilitaron más de 3200 km de rutas, sin embargo el camino de 33 km que requiere la comunidad Yakye Axa para un acceso permanente, nunca fue terminado en más de 5 años de iniciada la obra. En el ámbito de la salud y educación se dieron avances legislativos, la Ley de Educación Indígena y de Salud Indígena, sin embargo, la falta de cambios institucionales y de aplicación real de las políticas, a más de la falta de recursos convierten en letra muerta estás leyes. 

Dicha situación se traduce en que, por ejemplo, el promedio de años de estudios de la población indígena en Paraguay es de apenas 4,3 años, menos de la mitad del promedio de la población paraguaya, sin escuelas y colegios en las comunidades y la gran mayoría no cuenta con servicios de salud en sus territorios.

Ante esta situación resulta urgente que el Estado paraguayo y quienes lo gestionan, tomen conciencia de sus obligaciones y adopten medidas drásticas para transformar esta situación. El Instituto Paraguayo del Indígena, debe funcionar realmente como un órgano rector de la política indígena y de protección de los derechos de la población indígena. Para ello es clave que su presupuesto sea adecuado y apunte a resolver los problemas más acuciantes de las comunidades, como la falta de tierra, o el desmembramiento paulatino de su territorio, por el avance del agronegocio. 

Para cambiar la realidad lacerante de la población indígena, es fundamental que el Estado deje de lado su política de discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas; esto sólo podrá lograrse garantizando la participación protagónica de los mismos en las decisiones que los afectan, tal como establece el convenio 169 de la OIT. Las comunidades y organizaciones indígenas vienen realizando un enorme esfuerzo por ser escuchados y plantear sus demandas, siendo uno de los movimientos sociales más presentes en la vida política del país, pero hasta ahora, las respuestas de las autoridades no pasaron de entregar algunos víveres y realizar mesas de trabajo, sin brindar verdaderas alternativas a sus reclamos. 

La aplicación de políticas diseñadas y orientadas a satisfacer las carencias de la población indígena, redituará no solo en el cumplimiento de las obligaciones del Estado paraguayo, sino que permitirá mejorar la calidad de vida de toda la población. Como ejemplo vale mencionar que los territorios indígenas son el resguardo de los últimos remanentes boscosos que aportan a contener la crisis climática, garantizar el acceso a la tierra a más comunidades, significa más bosques y mayor capacidad de resiliencia ante la crisis climática.

Finalmente, si existe algo para celebrar en este 19 de abril, Día del Indígena Americano, es justamente esa lucha y resistencia de las comunidades, que se arraigan a su territorio y lo defienden, que promueven sus tradiciones y culturas, de una inmensa riqueza, esa lucha debe ser acompañada por la sociedad toda, para construir un país justo y verdaderamente democrático.

Socialización del Informe Niñas no Madres

Para construir desde el diálogo intercultural acciones efectivas para prevenir el embarazo infantil iniciamos hoy este espacio de intercambio con servidoras y servidores públicos de los sistemas de salud que atienden a las comunidades indígenas del Chaco.

En este primer encuentro Amnistía Internacional compartió el informe #NiñasNoMadres brindando datos relevantes que permiten visibilizar el alcance de la problemática.

El encuentro fue el punto de partida buscando construir un espacio de diálogo que permita una atención integral de la problemática desde los sistemas de salud y con la participación de las comunidades.

Agradecemos a las personas e instituciones que participaron del espacio; la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Niñez, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Presidente Hayes; la Directora y encargadas de Atención Primaria de la Salud de la XV Región Sanitaria; el Director y encargado de Atención a Pueblos Indígenas de la I Región Sanitaria, a la Unidad de Salud Familiar de la Comunidad El Estribo y representante docente de la Comunidad Xákmok Kásek.

Indígenas a prisión, otra muestra palpable de la discriminación estructural contra las personas indígenas

Dos jóvenes indígenas fueron enviados a prisión por haber intentado hurtar alimentos de dos locales comerciales ubicados en la ciudad de Luque, en ambos casos los alimentos fueron recuperados. Sin embargo, las agentes del Ministerio Público, Alicia Fernández Riquelme y Cecilia Inés Núñez Castillo, decidieron imputar a los jóvenes, además solicitaron la prisión de los mismos, solicitud que fue otorgada por la jueza Jennifer Insfrán.

La jueza Insfran tiempo atrás había otorgado una benevolente prisión domiciliaria a Ramón Gonzalez Daher, condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, además de haber sido parte de un clan que manejó durante años el poder judicial.  Sin embargo, en este caso actuó con una vara totalmente diferente, y decidió la prisión preventiva de los jóvenes indígenas señalando que existe un alto peligro de fuga ya que ambos  no tienen arraigo e indicó que hay una alta expectativa de pena.

Tanto la actuación del Ministerio Público como de la Jueza se dan en contrariedad a lo que señala el artículo 172 del Código Penal paraguayo que establece que en casos donde el valor de lo hurtado sea ínfimo se prescindirá de la persecución penal pública; además es parte de un patrón de actuación del Sistema de Justicia que actúa con particular celeridad y arbitrariedad contra la población más vulnerable mientras es benevolente con sectores vinculados al poder económico y político.

La abogada Natalia Rodríguez, integrante del Área de Casos y Litigios de Tierraviva, analizó los hechos y señaló que se trata de un caso claro y de patente discriminación contra personas indígenas; una muestra más de la deleznable discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas.

La abogada explica que al tratarse de hechos bagatelarios y no existir una denuncia por parte de los propietarios, el Ministerio Público podría prescindir de la persecución penal, además de indicar que la Dirección de Derechos Étnicos de la Fiscalía debió haber tomado intervención en el caso a fin de evitar que los dos jóvenes indígenas terminen en prisión.

“Vemos cómo las instituciones responsables de proteger a los Pueblos Indígenas fallan al no garantizar acceso a derechos básicos como la alimentación y a una vida digna” señala Rodríguez. Agrega que la situación en que viven los Pueblos Indígenas y en particular casos como este nos muestran la ausencia total de políticas públicas con presupuestos adecuados para garantizar los Derechos Humanos de las personas indígenas que deberían ser objeto de protección especial por parte del Estado.

Como un ejemplo de esta situación cabe mencionar que la falta de acceso a la tierra propia afecta a cerca del 30% de las comunidades indígenas lo que provoca el desarraigo y la migración en condiciones de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas hacia centros urbanos, donde tampoco reciben la atención mínima para una vida digna y en muchos casos ni siquiera acceden a alimentos y servicios básicos.

Según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura unas 182 personas indígenas se encuentran en prisión, la mayor parte de ellas se encontraría sin condena y en muchos casos los procesos judiciales no se llevan adelante con una mirada intercultural que permita la efectiva comprensión de la situación por parte de las personas indígenas.

Como uno de sus ejes estratégicos Tierraviva trabaja entorno a la no discriminación y acceso a la justicia para las personas indígenas, en ese marco monitorea, evalúa e interviene en las situaciones que afectan estos derechos, fundamentalmente en los territorios donde desempeña su labor.

Convocatoria para Contratación de Abogada/o

Tierraviva busca sumar a su equipo de trabajo a una/un abogada/o que tenga experiencia en el trabajo con personas, comunidades y organizaciones indígenas.

La persona contratada debe tener disponibilidad para viajar contar con alta capacidad de escucha y manejo de la temática de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.

Si estás interesada/o te invitamos a descargar los Términos de Referencia y envíar los documentos requeridos a casosylitigios@tierraviva.org.py y tierraviva@tierraviva.org.py

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